El descontento se ha estado acumulando durante años en Chile en torno a pensiones tan bajas que la mayoría de la gente trabaja más allá de la edad del retiro.
THE NEW YORK TIMES
19 sep 2016
Gran aglomeración de gente en rechazo al sistema previsional en vigencia. Foto: El Marcurio (GDA)
La ira estalló en julio, cuando los chilenos se enteraron de que la ex esposa de un líder del Partido Socialista estaba recibiendo una pensión mensual de casi 7.800 dólares tras retirarse del departamento carcelario de la policía. Esa cifra empequeñece la pensión mensual promedio de 315 dólares, que equivale incluso a menos que el salario mínimo mensual, de 384 dolares. En un país de por sí vapuleado por corrupción política y corporativa, esta fue la última gota. Cientos de miles de personas marcharon a través de Santiago, la capital, y otras ciudades para protestar por el privatizado sistema de pensiones. Más de 1,3 millones de personas, con base en organizadores, se presentaron en agosto, la mayor manifestación desde el regreso de Chile al gobierno civil en 1990.
En 1981 la dictadura del General Augusto Pinochet privatizó el viejo sistema de pensiones en el que se pagaba conforme usaba, en el cual contribuían en su totalidad trabajadores, empleadores y el gobierno. Bajo el sistema privatizado, los trabajadores deben pagar 10% de sus ingresos a cuentas operadas por empresas privadas conocidas como administradoras de fondos de pensión, o AFP. Estas invierten el dinero y cobran a los trabajadores una comisión por transacciones u otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no hacen contribución alguna a las cuentas de los trabajadores.
A los chilenos se les dio la opción de mantener su viejo plan o cambiarse al nuevo sistema. La mayoría se cambió. Sin embargo, aquéllos que ingresaron a la fuerza laboral después de 1981 tuvieron que invertir en el sistema privatizado.
El dinero invertido por las administradoras apuntaló los mercados de capital, lo que estimuló el crecimiento económico y produjo rendimientos razonables. Actualmente seis AFP, la mitad perteneciente a empresas extranjeras, administran US$ 171.000 millones en fondos de pensión, equivalentes a 71% del PIB nacional. Sin embargo, para la mayoría de los jubilados, el pionero sistema privatizado no ha logrado suministrar pensiones con las que puedan vivir. Si el mercado accionario cae o salen mal las inversiones, bajan los ahorros de los trabajadores y la pensión de jubilados.
Una comisión sobre la reforma a las pensiones, nombrada en 2014 por la Presidenta Bachelet, encontró que la pensión media de las AFP equivalía a 34% del último salario promedio del jubilado (24% en el caso de mujeres y 48% para los hombres).
Después de haber advertido que el sistema de pensiones estaba "en crisis", su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de alrededor de US$ 140, financiada por el Estado, para quienes no fueran capaces de ahorrar para el retiro durante sus vidas laborales, y pagos adicionales para jubilados cuyas pensiones no llegaran a esa suma. Más de 1,3 millones de chilenos, dos tercios de ellos mujeres, reciben esas prestaciones.
Pero, cuando se estudian proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación empeora. El informe explicando opciones estratégicas languideció en un cajón durante casi un año antes de que las recientes marchas en protesta capturaran la atención del gobierno. A comienzos de agosto, Bachelet anunció un contorno general para reformar el sistema de pensiones sin regresar a un sistema manejado por el Estado, una de las principales demandas de los manifestantes.
Los fondos de pensiones muestran irritación ante las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dicen desde la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino una consecuencia de muchos factores. Incluyen contribuciones insuficientes o irregulares por parte de los muchos trabajadores autoempleados y aquéllos con empleos inestables, temporales o de baja paga, así como el hecho de que algunos empleadores no envían dinero deducido de salarios de los empleados. Un estudio llevado a cabo por la asociación arrojó que solo una cuarta parte de quienes se retiraron el año pasado había hecho sus contribuciones al sistema de pensiones durante más de 25 años, y que 62% de las mujeres había hecho contribuciones a sus cuentas durante menos de 15 años.
