19 SEP, 2016
En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de países No Alineados, MNOAL, en la isla de Margarita, Venezuela, el presidente Rafael Correa denunció lo que considera que es un nuevo Plan Cóndor. Esta vez, según el mandatario, las víctimas no son los grupos disidentes durante las dictaduras militares en países sudamericanos en las décadas de los años 70 y 80, sino los actuales gobiernos progresistas de la región.
El presidente Correa sustenta este pronunciamiento en el caso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto de este año por el Senado de su país, algo considerado por sus partidarios como un “golpe de estado parlamentario”. Otros dos casos son los de los expresidentes Lula da Silva, de Brasil, y Cristina Fernández, de Argentina, quienes afrontan juicios en sus países, además del intento de revocatoria del mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Diferente del Plan Cóndor de las dictaduras militares sudamericanas con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que sirvió para torturar, desaparecer y matar a opositores considerados subversivos, el actual, según Correa, busca afectar a los gobiernos progresistas con métodos como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democraticamente elegidos, jueces venales, entre otros, con el objetivo de recuperar espacios políticos.
En Ecuador, aparte de que esté o no en funcionamiento este nuevo Plan Cóndor, siempre han existido políticos y grupos que, por mantener o recuperar el poder, han tomado acciones alejadas de la legalidad y la ética. La política ecuatoriana debería ser manejada con apego a las leyes y con un respeto profundo a la democracia; los votantes deben rechazar a quienes se desvían de este camino. Respetar la decisión del pueblo, por parte de los políticos, es parte fundamental de la democracia.
El Tiempo
