Mal pensados: Pinochet le dejó a su familia "sólo" 15 casas, departamentos y fundos y no 23. Sepa donde están esas propiedades
03/12/2013 |
Libro de la destacada periodista Alejandra Matus da a conocer las propiedades del clan Pinochet, las que obtuvo con dineros mal habidos.
Usó dos empresas de fachada para comprar las casas
Dentro del marco de las investigaciones del juez Manuel Valderrama en el caso Riggs, ordenó el embargo de las propiedades a su nombre, de sociedades creadas por él y de su familia.
En total son 23 las propiedades que el fisco tiene bajo su control.
Claro, esto incluye bodegas de departamentos y sus estacionamientos, o sea en total son 15 más estas bodegas y estacionamientos que también pagan contribuciones en la Tesorería General de la República.
La determinación del magistrado significa que la familia Pinochet no puede vender las propiedades, pero sí habitarlas y arrendarlas, como lo es el caso del fundo de El Melocotón en el Cajón del Maipo, que es arrendado a una universidad. Curioso.
Desde El Melocotón, Pinochet salió en su Mercedes Benz blindado rumbo a Santiago, cuando un grupo de jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentó asesinarlo en 1986.
La periodista Alejandra Matus dio a conocer el valor de las propiedades y su ubicación en las distintas comunas del país en su último libro "Doña Lucía", la biografía no autorizada de la viuda del general que con su sueldo de "militar", logró comprarse esos quince departamentos, fundos y casas.
La sociedad de Inversiones Belview y AbandaFinance son dos empresas de papel que eran usadas como "palo blanco" del fallecido dictador.
Este es parte del listado de las propiedades que Pinochet le dejó de herencia a su familia
Propiedad
Direcciones
Dueño
Valor
3 departamentos unidos, estacionamiento y bodega
Avenida Playa Chipana 2040, Iquique.
Sociedad de Inversiones Belview.
180 millones
Un departamento con estacionamiento
Bartolomé de las Casas 1747, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
90 millones
Un departamento con Bodega
Avenida Kennedy 9972, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
60 millones
Un departamento con 2 Bodegas y un estacionamiento
Las Golondrinas 1169, Viña del Mar.
AbandaFinance Ltda.
140 millones
Sitio Eriazo
Quintero
Augusto Pinochet
3.5 millones
Un departamento, 2 bodegas y un estacionamiento
Edificio Blanco 166, Valparaíso.
Augusto Pinochet
50 millones
Casa
Los Flamencos 3796, Lo Barnechea
Lucía Hiriart
850 Millones
Fundo
San José de Maipo Melocotón
Augusto Pinochet
Terreno Agrícola
Los Boldos
Lucía Hiriart
12.7 millones
31 dic 2013
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR I
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR
Escribe: Carlos Peláez (Siete Días/Maldonado)
Cuando era presidente de la República, Julio María Sanguinetti otorgó frecuencias de radio a su hijo Julio Luis; a la madre de un hijo del senador del Foro Batllista (el sector del Partido Colorado por él liderado) Wilson Sanabria; a su ex ministro de Turismo, Benito Stern y al evasor fiscal Aram Rupenian.
En los últimos días se conoció la preocupación sobre el futuro de la democracia y la libertad expresada por el líder del Foro Batllista y ex presidente, Julio María Sanguinetti y por el senador del mismo sector, Wilson Sanabria. Su preocupación ante la posibilidad de que un nuevo gobierno haga cumplir la ley de Radiocomunicaciones y/o eventualmente atente contra la libertad de prensa, nos propone profundizar una mirada crítica sobre el accionar de ambos en el pasado inmediato, para entender si la misma revela una sana intención o por el contrario se trata de un ardid con el que pretenden mantener los privilegios obtenidos desde el poder y la consecuente impunidad. Nada mejor que una campaña electoral para revelar la calidad humana de nuestros hombres públicos. El elector debería preguntarse si esos seres tan preocupados por la gente, por las libertades, por la democracia, son los mismos que desde alguna responsabilidad de gobierno han provocado el descrédito histórico del que gozan.
Haría bien en preguntarse el elector si es éticamente correcto que quienes son responsables de su hambre durante casi cinco años, en plena campaña electoral organicen actos asado con cuero mediante o repartan milanesas y refrescos antes de oír a su líder. Haría bien el Partido Colorado en preguntarse si la pérdida de las 2/3 partes de los votos que obtuvo en 999 - 649.000 entonces con los casi 200.000 que le adjudican hoy las encuestas - sólo tiene que ver con la devaluación brasileña, con la crisis argentina y el ingreso de la aftosa, o por el contrario tiene más que ver con el agotamiento de los ciudadanos ante el aprovechamiento personal que algunos dirigentes y gobernantes han hecho del ejercicio de la función pública.
No hace falta ningún documento para demostrarlo, sino mas bien memoria y
ojos: memoria para recordar como vivían antes de asumir y ojos para ver lo tanto que repuntaron económicamente durante el ejercicio de su cargo. Una injusticia evidente ante los ojos de tanto desocupado, de tanto hambriento, de tanto emigrado, de tanto despojado del dinero ahorrado con años de sacrificio. "Si no le decimos la verdad a la gente, horas difíciles van a venir para el futuro del país", reitera Sanabria una y otra vez en sus audiciones radiales emitidas por varias frecuencias. Pues bien, aceptemos el desafío del senador y reiteremos una verdad a prueba de cualquier desmentido, documentos en mano, para comprender qué es lo que está defendiendo realmente el cuestionado parlamentario forista. Y si de libertad de prensa se trata, veamos para qué la quieren.
AVENTURAS DE UN RADIOSENADOR
En 1999, poco antes de culminar su segundo mandato presidencial, Julio María Sanguinetti adjudicó decenas de nuevos permisos para operar frecuencias de radio, fundamentalmente en la banda de FM. Muchas de ellas terminaron en manos de personas indicadas por el entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté. Tal el caso de las adjudicadas al periodista Néber Araujo, las que exactamente cinco años después pasaron a manos de una Iglesia Adventista. El favorecimiento a amigos y correligionarios se multiplicó en todo el país. Pero Maldonado es un ejemplo de ese aprovechamiento inmoral del poder. Marche una para el Ministro de Turismo. Benito Stern, por entonces Ministro de Turismo y notorio dirigente nacional del Foro Batllista, integró junto a José Briano la empresa Ikunal S.A. a la que se adjudicó la frecuencia 93.5, cuyo nombre de fantasía fue Gorlero FM. Ubicada en un local de las Torres del Triángulo, la operaron apenas tres años y mucho antes de los cinco que marca la ley la vendieron a la familia Basso, propietarios de la montevideana Azul FM.
Otra para Rupenian. Al mismo tiempo se otorgó la frecuencia 94.3 a Berch Rupenian, hermano de Aram, ambos licenciatarios de la 94.5 en Montevideo, Concierto FM. Los Rupenian habían sido observados por lo menos dos veces por la ex Dirección de Comunicaciones por retransmitir Concierto FM de Montevideo en Punta del Este, empleando equipos no autorizados. Aún así se les premió con otra frecuencia para que pudieran realizar el duplex sin inconvenientes. Los Rupenian son propietarios además de Radio Independencia en AM, Radio Uno de Punta del Este y operan en sociedad otras FM en el interior. Tienen a su vez sociedad con los propietarios de la 89.5 Global FM y la 88.7 Milenium FM en Maldonado. Esto es un secreto a voces y ya fue denunciado por nosotros en un extenso informe sobre quienes son propietarios de radios en este departamento, difundido en el programa Cable a Tierra que se emitía por la entonces Láser FM, hoy Global. Esta situación está en conocimiento de la URSEC, así lo señalaron a éste cronista dos inspectores del organismo, pero "son tantas las presiones políticas que nada se puede hacer al respecto", dijeron las fuentes.
Sin embargo hay un dato de la realidad que no podía ser desconocido por el ex presidente Sanguinetti. Aram Rupenian era socio de Ernesto Laguardia - ex secretario privado del entonces primer mandatario - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
Entonces el expediente "se movió", apenas, y fue derivado a un juzgado adonde Rupenian tendrá que responder. Pero además se investiga un crédito de 700.000 dólares otorgado por el Banco República contra la garantía de una propiedad cuyo valor no supera los 200.000 dólares. Todo el mundo sabe que Berch y Aram son socios. Aún así se le otorga una frecuencia y se le permite vender otra a un evasor fiscal, según lo estableció el juez Balcaldi. Hasta hace dos años eran los operadores radiales más poderosos gracias a sus vínculos con el poder. Hoy, jaqueados por embargos varios y juicios civiles, se han insolventado aunque continúan controlando las emisoras de su propiedad a través de sociedades fantasmas. De acuerdo a la moda imperante de la "biblia junto al calefón" organizaron un par de fiestas de cumpleaños del intendente de Montevideo Mariano Arana, seguramente en acuerdo con el amigo de ambos Mario Arean. También pagaron 100 dólares por cabeza para almorzar con el "Pepe" Mujica. Pero no hace muchos años fueron socios en FM del Plata de Miguel Sofía, un ultraderechista ex integrante del Escuadrón de la Muerte, actualmente propietario de varias emisoras y cuya esposa está por ganarle al Estado un juicio por varios centenares de millones de dólares por otra adjudicación, en este caso para TV Cable, en el departamento de Canelones. Así se han construido fortunas.
Y ya que estamos, marchen otras para Sanabria. Si de fortunas hablamos, seguramente afortunada fue la señora Sandra Pérez San Martín, hija de un veterano periodista carolino. Primero conoció a Sanabria; después ocupó un cargo en el despacho senaturial de Hugo Fernández Faingold, actual embajador uruguayo en EE.UU.; después operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex Forista y ex presidente del BHU, Julio Kneit. En el medio la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de las elecciones de 1994. El 7 de agosto del año 2002, el diputado socialista Guillermo Chifflet cursó un pedido de informes al Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, con el que pretendía saber "la nómina de emisoras de AM y FM registradas en el país; el nombre de quienes figuran como concesionarios y fecha de las adjudicaciones y si se ha comprobado la nacionalidad de todos ellos, como indican las normas".
Fau respondió el 9 de enero del 2003 y la respuesta no tiene desperdicios. De ese documento surge que la frecuencia 90.1 FM Gente fue adjudicada a la empresa Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín. Esa frecuencia operó ilegalmente en Maldonado hasta el año 2003, ya que en principio había sido adjudicada a la ciudad de Piriápolis. Su presencia en la capital departamental provocó interferencias a varias emisoras locales, algo no permitido por la ley respectiva. Finalmente debieron trasladar los equipos a Pan de Azúcar, pero recién lo hicieron cuatro años después. Sandra Pérez se desempeñó durante tres años como gerente comercial de la radio, pero luego se retiro. Hoy la página web de la Ursec no dice nada respecto a un posible cambio en la sociedad adjudicataria.
Según fuentes familiares y documentación exhibida a este cronista, Sanabria se asoció en 1995 a FM Aspen, cuyo director es Eduardo Lamaison. Además, según las mismas fuentes, el senador "tiene intereses en FM Milenium". A su vez la FM News en la frecuencia 95.1, está a nombre del escribano Luis Malo y del contador Jorge De León Meneses, señalados por varias fuentes políticas coloradas como "testaferros de Sanabria". Finalmente la frecuencia 106. 5 Cadena del Mar, que transmite en simultáneo con FM Gente, figura como adjudicada a Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, este último responsable de la campaña propagandística del senador para las internas de 1999. Actualmente está contratado con un cargo 10C en la Dirección de Comunicaciones municipal y dirige un programa radial que se emite en las mañanas de FM Milenium. Pero no son pocas las fuentes que han establecido que al frente de Cadena del Mar, que posee otra frecuencia en Colonia, se encuentra Francisco Sanabria, hijo del parlamentario.
TRES PARA EL NENE.
En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt.
QUÉ DICE LA LEY
El artículo 161 de la ley 17.060, "referida al uso indebido del poder público (corrupción)", configura el delito de "conjunción del interés personal y del público", establece: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero". A partir de esta información corroborable con documentación vale preguntarse si Sanabria ¿estará genuinamente preocupado por el futuro de la libertad en general o sencillamente le preocupa su futuro y su libertad?
30 dic 2013
Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos
Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos
28/12/2013 |
Por María Elba Troncoso
Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.
A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.
Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.
Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva, han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes
El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.
El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.
En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".
Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".
Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".
La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.
Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".
Un continuo
Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.
En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".
Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".
Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".
Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".
El futuro
Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.
Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".
Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".
Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".
Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".
Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen
Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".
En conversación con Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".
Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".
Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".
Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.
Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei
A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.
Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".
Consultado por Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.
"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.
Los millones
Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:
"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.
Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".
Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos
El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.
Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.blogspot.com/
28/12/2013 |
Por María Elba Troncoso
Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.
A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.
Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.
Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva, han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes
El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.
El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.
En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".
Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".
Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".
La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.
Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".
Un continuo
Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.
En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".
Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".
Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".
Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".
El futuro
Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.
Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".
Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".
Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".
Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".
Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen
Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".
En conversación con Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".
Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".
Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".
Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.
Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei
A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.
Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".
Consultado por Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.
"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.
Los millones
Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:
"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.
Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".
Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos
El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.
Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.blogspot.com/
LA ENCRUCIJADA DEL PRESENTE
LA ENCRUCIJADA DEL PRESENTE
Por Constanza Moreira 24/12/13
*
La difícil deriva de PLUNA, luego de las reestructuraciones que llevaron a una empresa estatal a convertirse en privada con participación minoritaria del Estado, terminó en un caso judicial. La oposición -en particular el Partido Nacional, que presentó la denuncia- fue responsable de esta metamorfosis. Nosotros -el gobierno, el Frente Amplio, los Ministros- quedamos, de algún modo, a merced de esta operación política.
Lo primero es lo primero: la justicia está actuando, nosotros debemos respaldar a nuestros compañeros, reconocer los errores cometidos, e impedir que la “judicialización” del caso PLUNA se transforme en un buscado vía crucis para el Frente Amplio y nuestros gobiernos, en particular, y para la democracia y la política, en general.
En tal sentido, le hicimos llegar en su momento a la compañera Mónica Xavier nuestro apoyo, solidaridad, y disposición para con la difícil tarea que enfrenta la fuerza política hoy.
Demás está decir que como representante del gobierno en el Senado, antes que como candidata, me competen todas las responsabilidades de la votación del fideicomiso primero y del cierre de PLUNA en consecuencia. Cuando se está en política, la responsabilización colectiva por las decisiones es la regla de oro, y lo es también en este caso.
También quiero decir que el cierre de nuestra línea aérea, y la incapacidad de haber encontrado una alternativa propia en tiempo y forma, me llenan de pesar y parecen confirmar, una vez más, las dificultades para realizar privatizaciones “virtuosas”, donde interés público y privado se potencien mutuamente.
Puede o no haber sido inevitable el cierre, dados los resultados finales de la gestión de LEADGATE sumado a las interpretaciones respectos de dictámenes judiciales que en Brasil involucraban a las empresas asociadas con VARIG; en todo caso fue una decisión muy difícil, produjo innumerables pérdidas, y desató consecuencias y acciones de las cuales el famoso “aval” es solo un hecho más
Todos los casos judiciales terminan, finalmente, asumiendo la forma: ¿es culpable ó inocente?
Por esa vía, transforman un hecho político -donde las responsabilidades son públicas, compartidas y colectivas- en un hecho donde las responsabilidades terminan siendo individuales.
Cuando el Partido Nacional lleva el caso a los tribunales, renuncia a un modo de hacer política, y empieza otro.
No creo que eso le haga nada bien a la democracia, pero la judicialización hace tiempo empezó
El caso PLUNA es solo un ejemplo.
En primer lugar, se declaró inconstitucional el fideicomiso.
Al hacerlo, el poco patrimonio “público” que retuvimos, se evapora. Las razones de la inconstitucionalidad, merecen ser estudiadas detenidamente: se habla muchísimo sobre el “interés general”, que es la razón “excepcional” sobre la cual se puede ir contra el interés privado (los derechos de los acreedores, en este caso). La primera consecuencia de este proceso obtura la posibilidad de una salida al caso PLUNA.
En segundo lugar, se inició un proceso judicial para buscar “responsables”.
Pero los que buscan responsables son los mismos que tomaron las primeras decisiones que condujeron a esta situación (la privatización de PLUNA a manos de VARIG y un gerenciamiento lleno de irregularidades y problemas que se arrastró por años).
¿Quién es culpable? ¿VARIG? ¿Los partidos Nacional y Colorado que en su momento lo llevaron a cabo?
La resultante de las dos etapas de la judicialización del caso PLUNA culminó con la renuncia del Ministro Fernando Lorenzo, quien decidió someterse a la justicia como un “ciudadano común”, lo cual es encomiable.
Sin embargo, la oposición no podrá vanagloriarse de haber “volteado un ministro”, porque era el ministro con mayor prestigio. Y lo era, entre otras cosas, porque muchos electores blancos y colorados lo consideraban así.
El Frente Amplio y el gobierno atraviesan un fin de año difícil. Pero saldremos adelante. Otras, en cambio, serán las consecuencias de todo este periplo para la aerolínea cooperativa que trata de despegar y aguarda los resultados de todas estas acciones.
O para los aviones que restaban, que aún vemos en el aeropuerto, y cuya suerte parece hoy más incierta que nunca.
Nada para festejar. No para la democracia, la navegación aérea en Uruguay, o la suerte de nuestra conectividad futura.
¿Alguien ganó de todo esto? Es bueno darnos un tiempo de reflexión sobre esto. No se trata de no querer el imprescindible control del Poder Judicial, en el marco de las leyes, sobre los gobernantes, o de no acatar las decisiones resultantes de los procesos judiciales.
Pero es necesario decir que llevar la política a los tribunales puede volverse una estrategia que no es buena para la democracia. Y significa, en buena medida, renunciar a la política.
*(Pre-candidata a Presidente por el Frente Amplio)
Uruguay
ANTECEDENTES
Esta crisis se da después de un largo proceso de liquidación de PLUNA, que incluyó una Ley especial, que intentó esquivar el concurso de acreedores y que finalmente cae por inconstitucional el mes pasado, poniendo nuevamente el tema al orden del día.
Esa ley planteó rematar los aviones, lo que se llevó adelante de forma tal en que se expusieron los manejos turbios de Lorenzo y Calloia en permanente contacto y acuerdo con López Mena, dueño de Buquebus y la empresa aérea BQB, gran favorecido por la liquidación de PLUNA, ya que era un competidor y finalmente se quedó con varias de sus frecuencias.
Esto incluía, como registró la famosa foto, al propio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”, testaferro de López Mena y único oferente en el remate, a nombre de la desconocida aerolínea COSMO, mediante un aval por 13,6 millones de dólares, otorgado de apuro por el BROU a instancia de Calloia y por pedido expreso de Lorenzo.
Es también procesado sin prisión el escribano Seitún, quien labró el acta del remate, en esas condiciones
El gobierno de Tabaré Vázquez –Astori, fue responsable de haber continuado el camino privatizador y de haber elegido conscientemente, en el 2007, al operador financiero holandés Paul Elberse, y contratarlo por 1 millón de dólares, para conseguir la empresa asociada, que resultó ser LEADGATE.
Este personaje era plenamente conocido por haber sido destituido por el gobierno de Batlle, cuando siendo gerente general del Nuevo Banco Comercial llegó a cobrar hasta millón de dólares por año, cuando este recién salía de una gran crisis.
En dicho banco casualmente era directivo, el padre de M. CAMPIANI, casualmente también vinculado a la empresa canadiense que fabrica los aviones Bombardier y a la que se le adquirieron los 13 aviones por parte de PLUNA.
Casualmente, el también canadiense Scotiabank, que es actualmente el dueño del Nuevo Banco Comercial, es el acreedor por alrededor de 137 millones de dólares, por la citada compra, realizada con garantía estatal.
Por Constanza Moreira 24/12/13
*
La difícil deriva de PLUNA, luego de las reestructuraciones que llevaron a una empresa estatal a convertirse en privada con participación minoritaria del Estado, terminó en un caso judicial. La oposición -en particular el Partido Nacional, que presentó la denuncia- fue responsable de esta metamorfosis. Nosotros -el gobierno, el Frente Amplio, los Ministros- quedamos, de algún modo, a merced de esta operación política.
Lo primero es lo primero: la justicia está actuando, nosotros debemos respaldar a nuestros compañeros, reconocer los errores cometidos, e impedir que la “judicialización” del caso PLUNA se transforme en un buscado vía crucis para el Frente Amplio y nuestros gobiernos, en particular, y para la democracia y la política, en general.
En tal sentido, le hicimos llegar en su momento a la compañera Mónica Xavier nuestro apoyo, solidaridad, y disposición para con la difícil tarea que enfrenta la fuerza política hoy.
Demás está decir que como representante del gobierno en el Senado, antes que como candidata, me competen todas las responsabilidades de la votación del fideicomiso primero y del cierre de PLUNA en consecuencia. Cuando se está en política, la responsabilización colectiva por las decisiones es la regla de oro, y lo es también en este caso.
También quiero decir que el cierre de nuestra línea aérea, y la incapacidad de haber encontrado una alternativa propia en tiempo y forma, me llenan de pesar y parecen confirmar, una vez más, las dificultades para realizar privatizaciones “virtuosas”, donde interés público y privado se potencien mutuamente.
Puede o no haber sido inevitable el cierre, dados los resultados finales de la gestión de LEADGATE sumado a las interpretaciones respectos de dictámenes judiciales que en Brasil involucraban a las empresas asociadas con VARIG; en todo caso fue una decisión muy difícil, produjo innumerables pérdidas, y desató consecuencias y acciones de las cuales el famoso “aval” es solo un hecho más
Todos los casos judiciales terminan, finalmente, asumiendo la forma: ¿es culpable ó inocente?
Por esa vía, transforman un hecho político -donde las responsabilidades son públicas, compartidas y colectivas- en un hecho donde las responsabilidades terminan siendo individuales.
Cuando el Partido Nacional lleva el caso a los tribunales, renuncia a un modo de hacer política, y empieza otro.
No creo que eso le haga nada bien a la democracia, pero la judicialización hace tiempo empezó
El caso PLUNA es solo un ejemplo.
En primer lugar, se declaró inconstitucional el fideicomiso.
Al hacerlo, el poco patrimonio “público” que retuvimos, se evapora. Las razones de la inconstitucionalidad, merecen ser estudiadas detenidamente: se habla muchísimo sobre el “interés general”, que es la razón “excepcional” sobre la cual se puede ir contra el interés privado (los derechos de los acreedores, en este caso). La primera consecuencia de este proceso obtura la posibilidad de una salida al caso PLUNA.
En segundo lugar, se inició un proceso judicial para buscar “responsables”.
Pero los que buscan responsables son los mismos que tomaron las primeras decisiones que condujeron a esta situación (la privatización de PLUNA a manos de VARIG y un gerenciamiento lleno de irregularidades y problemas que se arrastró por años).
¿Quién es culpable? ¿VARIG? ¿Los partidos Nacional y Colorado que en su momento lo llevaron a cabo?
La resultante de las dos etapas de la judicialización del caso PLUNA culminó con la renuncia del Ministro Fernando Lorenzo, quien decidió someterse a la justicia como un “ciudadano común”, lo cual es encomiable.
Sin embargo, la oposición no podrá vanagloriarse de haber “volteado un ministro”, porque era el ministro con mayor prestigio. Y lo era, entre otras cosas, porque muchos electores blancos y colorados lo consideraban así.
El Frente Amplio y el gobierno atraviesan un fin de año difícil. Pero saldremos adelante. Otras, en cambio, serán las consecuencias de todo este periplo para la aerolínea cooperativa que trata de despegar y aguarda los resultados de todas estas acciones.
O para los aviones que restaban, que aún vemos en el aeropuerto, y cuya suerte parece hoy más incierta que nunca.
Nada para festejar. No para la democracia, la navegación aérea en Uruguay, o la suerte de nuestra conectividad futura.
¿Alguien ganó de todo esto? Es bueno darnos un tiempo de reflexión sobre esto. No se trata de no querer el imprescindible control del Poder Judicial, en el marco de las leyes, sobre los gobernantes, o de no acatar las decisiones resultantes de los procesos judiciales.
Pero es necesario decir que llevar la política a los tribunales puede volverse una estrategia que no es buena para la democracia. Y significa, en buena medida, renunciar a la política.
*(Pre-candidata a Presidente por el Frente Amplio)
Uruguay
ANTECEDENTES
Esta crisis se da después de un largo proceso de liquidación de PLUNA, que incluyó una Ley especial, que intentó esquivar el concurso de acreedores y que finalmente cae por inconstitucional el mes pasado, poniendo nuevamente el tema al orden del día.
Esa ley planteó rematar los aviones, lo que se llevó adelante de forma tal en que se expusieron los manejos turbios de Lorenzo y Calloia en permanente contacto y acuerdo con López Mena, dueño de Buquebus y la empresa aérea BQB, gran favorecido por la liquidación de PLUNA, ya que era un competidor y finalmente se quedó con varias de sus frecuencias.
Esto incluía, como registró la famosa foto, al propio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”, testaferro de López Mena y único oferente en el remate, a nombre de la desconocida aerolínea COSMO, mediante un aval por 13,6 millones de dólares, otorgado de apuro por el BROU a instancia de Calloia y por pedido expreso de Lorenzo.
Es también procesado sin prisión el escribano Seitún, quien labró el acta del remate, en esas condiciones
El gobierno de Tabaré Vázquez –Astori, fue responsable de haber continuado el camino privatizador y de haber elegido conscientemente, en el 2007, al operador financiero holandés Paul Elberse, y contratarlo por 1 millón de dólares, para conseguir la empresa asociada, que resultó ser LEADGATE.
Este personaje era plenamente conocido por haber sido destituido por el gobierno de Batlle, cuando siendo gerente general del Nuevo Banco Comercial llegó a cobrar hasta millón de dólares por año, cuando este recién salía de una gran crisis.
En dicho banco casualmente era directivo, el padre de M. CAMPIANI, casualmente también vinculado a la empresa canadiense que fabrica los aviones Bombardier y a la que se le adquirieron los 13 aviones por parte de PLUNA.
Casualmente, el también canadiense Scotiabank, que es actualmente el dueño del Nuevo Banco Comercial, es el acreedor por alrededor de 137 millones de dólares, por la citada compra, realizada con garantía estatal.
Bienes apropiados, represores prófugos
Bienes apropiados, represores prófugos
Una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura cívico-militar
"A cara lavada", programa conducido por Cynthia García, y el equipo de Investigación Nacional, coordinado por Ari Lijalad presentan una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura militar y las complicidades civiles y militares necesarias para que decenas de represores continúen prófugos
Esta investigación revela, por un lado, cómo funcionó el sistema de apropiación de bienes de desaparecidos por parte de las jerarquías militares, cómo ese dinero se recicló en democracia y las actuales posibilidades de juzgar por financiamiento del terrorismo a las estructuras empresariales que actúan como sostén económico de represores. Por el otro, revela por primera vez un listado con datos sobre cómo, a pesar de tener pedido de captura, los represores prófugos tienen cuentas bancarias, aportes previsionales, jubilaciones, registros laborales e incluso tarjetas de consumo de determinadas marcas con sus nombres reales. Los últimos movimientos financieros de estos represores indican el uso cotidiano de estas cuentas.
Sobre la apropiación sistemática de bienes y su destino, el caso del Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza es ilustrador desde el lado militar. Vildoza fue Jefe del EM G.T.3.3 en la ESMA, donde estuvo desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 2 de mayo de 1979. En democracia, fue investigado en 3 causas. Una, por la apropiación de Javier Gonzalo Penino, llevada adelante por la jueza Servini de Cubría, por la cuál Vildoza y su mujer están prófugos desde 1998. Dos, por su desempeño en la ESMA, en el marco de la causa en manos del juez Torres. Tres, por las concesiones de casinos en Tierra del Fuego. Pero todas se relacionan ya que, por un lado, está prófugo desde 1998 cuando se lo investigaba por la apropiación. Además, está vinculado a la apropiación de bienes de desaparecidos que, en su caso, fueron a parar a casinos y empresas vinculadas al juego. Y, por último, estos negocios producto de la apropiación de bienes a desaparecidos le brindaron el sostén económico y logístico para mantenerse prófugo durante más de 20 años.
La parábola iniciada en la noche dictatorial es la siguiente: la desaparición forzada, seguida por el robo de bienes a los desaparecidos con objetivos políticos y económicos, el lavado de dinero por la utilización de esos bienes para la conformación de empresas que siguieron generado ingresos, y el uso de esos ingresos para sostener la economía y la logística de los represores prófugos. Como los delitos de los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, cobra vigencia la Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, que considera terroristas a los represores acusados por delitos de lesa humanidad y permite, en este caso, investigar cómo se produce el financiamiento actual de esos terroristas.
Esta investigación abarca también la contracara del militar apropiador de bienes: los desaparecidos o secuestrados víctimas de esta apropiación. El caso del saqueo de las empresas de la familia Iaccarino es la punta de un ovillo que desenredaremos a lo largo del año, que incluye alrededor de 600 casos de apropiación de bienes de desaparecidos y secuestrados que conforman un plan sistemático con objetivos concretos.
El otro pilar de esta investigación son los represores prófugos. La mayoría no tenían rango jerárquico en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Unos hicieron carrera militar a partir de esos años. Un ejemplo es Eduardo Alfonso, Teniente en 1977, que ascendió a Coronel en 1993, a General en 1999 y pasó a retiro en 2003, luego de desempeñarse como Secretario del Ejército bajo el Comando del General Ricardo Brinzoni durante las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. Alfonso tiene pedido de captura desde el 23 de mayo del 2012.
Pero esta investigación también revela por primera vez que, si bien la mayoría de los represores no cuentan con una estructura económica y/o logística como la de Vildoza ni hicieron carrera como Alfonso, llevan años prófugos a pesar de que cuentan con tarjetas bancarias y de otros tipos y registros laborales y previsionales con sus nombres reales. Es decir, no ocultan su identidad, pero siguen prófugos a pesar de sus vinculaciones a causas que recaen en juzgados de todo el país.
Este listado, muchos de cuyos datos se conocen por primer vez, incluye represores que ya fueron detenidos y otros que con trámite de extradición abierto.
También incluye civiles cómplices de la represión, como el caso de Raúl Arturo Viglizzo, que formó parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), prófugo desde el 30 de noviembre de 2010, que llegó incluso a trabajar en la Universidad de Buenos Aires (1992 - 1994; 1994-2005), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1990 -1994; 1994 – 2007) y el Ministerio de Educación (1994).
En este link, todas las personas buscadas por delitos de lesa humanidad
http://www.jus.gov.ar/la-justicia-argentina/personas-buscadas/personas-buscadas-por-delitos-de-lesa-humanidad.aspx
Domingo, 17 de Febrero de 2013 01:13
Una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura cívico-militar
"A cara lavada", programa conducido por Cynthia García, y el equipo de Investigación Nacional, coordinado por Ari Lijalad presentan una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura militar y las complicidades civiles y militares necesarias para que decenas de represores continúen prófugos
Esta investigación revela, por un lado, cómo funcionó el sistema de apropiación de bienes de desaparecidos por parte de las jerarquías militares, cómo ese dinero se recicló en democracia y las actuales posibilidades de juzgar por financiamiento del terrorismo a las estructuras empresariales que actúan como sostén económico de represores. Por el otro, revela por primera vez un listado con datos sobre cómo, a pesar de tener pedido de captura, los represores prófugos tienen cuentas bancarias, aportes previsionales, jubilaciones, registros laborales e incluso tarjetas de consumo de determinadas marcas con sus nombres reales. Los últimos movimientos financieros de estos represores indican el uso cotidiano de estas cuentas.
Sobre la apropiación sistemática de bienes y su destino, el caso del Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza es ilustrador desde el lado militar. Vildoza fue Jefe del EM G.T.3.3 en la ESMA, donde estuvo desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 2 de mayo de 1979. En democracia, fue investigado en 3 causas. Una, por la apropiación de Javier Gonzalo Penino, llevada adelante por la jueza Servini de Cubría, por la cuál Vildoza y su mujer están prófugos desde 1998. Dos, por su desempeño en la ESMA, en el marco de la causa en manos del juez Torres. Tres, por las concesiones de casinos en Tierra del Fuego. Pero todas se relacionan ya que, por un lado, está prófugo desde 1998 cuando se lo investigaba por la apropiación. Además, está vinculado a la apropiación de bienes de desaparecidos que, en su caso, fueron a parar a casinos y empresas vinculadas al juego. Y, por último, estos negocios producto de la apropiación de bienes a desaparecidos le brindaron el sostén económico y logístico para mantenerse prófugo durante más de 20 años.
La parábola iniciada en la noche dictatorial es la siguiente: la desaparición forzada, seguida por el robo de bienes a los desaparecidos con objetivos políticos y económicos, el lavado de dinero por la utilización de esos bienes para la conformación de empresas que siguieron generado ingresos, y el uso de esos ingresos para sostener la economía y la logística de los represores prófugos. Como los delitos de los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, cobra vigencia la Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, que considera terroristas a los represores acusados por delitos de lesa humanidad y permite, en este caso, investigar cómo se produce el financiamiento actual de esos terroristas.
Esta investigación abarca también la contracara del militar apropiador de bienes: los desaparecidos o secuestrados víctimas de esta apropiación. El caso del saqueo de las empresas de la familia Iaccarino es la punta de un ovillo que desenredaremos a lo largo del año, que incluye alrededor de 600 casos de apropiación de bienes de desaparecidos y secuestrados que conforman un plan sistemático con objetivos concretos.
El otro pilar de esta investigación son los represores prófugos. La mayoría no tenían rango jerárquico en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Unos hicieron carrera militar a partir de esos años. Un ejemplo es Eduardo Alfonso, Teniente en 1977, que ascendió a Coronel en 1993, a General en 1999 y pasó a retiro en 2003, luego de desempeñarse como Secretario del Ejército bajo el Comando del General Ricardo Brinzoni durante las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. Alfonso tiene pedido de captura desde el 23 de mayo del 2012.
Pero esta investigación también revela por primera vez que, si bien la mayoría de los represores no cuentan con una estructura económica y/o logística como la de Vildoza ni hicieron carrera como Alfonso, llevan años prófugos a pesar de que cuentan con tarjetas bancarias y de otros tipos y registros laborales y previsionales con sus nombres reales. Es decir, no ocultan su identidad, pero siguen prófugos a pesar de sus vinculaciones a causas que recaen en juzgados de todo el país.
Este listado, muchos de cuyos datos se conocen por primer vez, incluye represores que ya fueron detenidos y otros que con trámite de extradición abierto.
También incluye civiles cómplices de la represión, como el caso de Raúl Arturo Viglizzo, que formó parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), prófugo desde el 30 de noviembre de 2010, que llegó incluso a trabajar en la Universidad de Buenos Aires (1992 - 1994; 1994-2005), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1990 -1994; 1994 – 2007) y el Ministerio de Educación (1994).
En este link, todas las personas buscadas por delitos de lesa humanidad
http://www.jus.gov.ar/la-justicia-argentina/personas-buscadas/personas-buscadas-por-delitos-de-lesa-humanidad.aspx
Domingo, 17 de Febrero de 2013 01:13
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