LA ENCRUCIJADA DEL PRESENTE
Por Constanza Moreira 24/12/13
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La difícil deriva de PLUNA, luego de las reestructuraciones que llevaron a una empresa estatal a convertirse en privada con participación minoritaria del Estado, terminó en un caso judicial. La oposición -en particular el Partido Nacional, que presentó la denuncia- fue responsable de esta metamorfosis. Nosotros -el gobierno, el Frente Amplio, los Ministros- quedamos, de algún modo, a merced de esta operación política.
Lo primero es lo primero: la justicia está actuando, nosotros debemos respaldar a nuestros compañeros, reconocer los errores cometidos, e impedir que la “judicialización” del caso PLUNA se transforme en un buscado vía crucis para el Frente Amplio y nuestros gobiernos, en particular, y para la democracia y la política, en general.
En tal sentido, le hicimos llegar en su momento a la compañera Mónica Xavier nuestro apoyo, solidaridad, y disposición para con la difícil tarea que enfrenta la fuerza política hoy.
Demás está decir que como representante del gobierno en el Senado, antes que como candidata, me competen todas las responsabilidades de la votación del fideicomiso primero y del cierre de PLUNA en consecuencia. Cuando se está en política, la responsabilización colectiva por las decisiones es la regla de oro, y lo es también en este caso.
También quiero decir que el cierre de nuestra línea aérea, y la incapacidad de haber encontrado una alternativa propia en tiempo y forma, me llenan de pesar y parecen confirmar, una vez más, las dificultades para realizar privatizaciones “virtuosas”, donde interés público y privado se potencien mutuamente.
Puede o no haber sido inevitable el cierre, dados los resultados finales de la gestión de LEADGATE sumado a las interpretaciones respectos de dictámenes judiciales que en Brasil involucraban a las empresas asociadas con VARIG; en todo caso fue una decisión muy difícil, produjo innumerables pérdidas, y desató consecuencias y acciones de las cuales el famoso “aval” es solo un hecho más
Todos los casos judiciales terminan, finalmente, asumiendo la forma: ¿es culpable ó inocente?
Por esa vía, transforman un hecho político -donde las responsabilidades son públicas, compartidas y colectivas- en un hecho donde las responsabilidades terminan siendo individuales.
Cuando el Partido Nacional lleva el caso a los tribunales, renuncia a un modo de hacer política, y empieza otro.
No creo que eso le haga nada bien a la democracia, pero la judicialización hace tiempo empezó
El caso PLUNA es solo un ejemplo.
En primer lugar, se declaró inconstitucional el fideicomiso.
Al hacerlo, el poco patrimonio “público” que retuvimos, se evapora. Las razones de la inconstitucionalidad, merecen ser estudiadas detenidamente: se habla muchísimo sobre el “interés general”, que es la razón “excepcional” sobre la cual se puede ir contra el interés privado (los derechos de los acreedores, en este caso). La primera consecuencia de este proceso obtura la posibilidad de una salida al caso PLUNA.
En segundo lugar, se inició un proceso judicial para buscar “responsables”.
Pero los que buscan responsables son los mismos que tomaron las primeras decisiones que condujeron a esta situación (la privatización de PLUNA a manos de VARIG y un gerenciamiento lleno de irregularidades y problemas que se arrastró por años).
¿Quién es culpable? ¿VARIG? ¿Los partidos Nacional y Colorado que en su momento lo llevaron a cabo?
La resultante de las dos etapas de la judicialización del caso PLUNA culminó con la renuncia del Ministro Fernando Lorenzo, quien decidió someterse a la justicia como un “ciudadano común”, lo cual es encomiable.
Sin embargo, la oposición no podrá vanagloriarse de haber “volteado un ministro”, porque era el ministro con mayor prestigio. Y lo era, entre otras cosas, porque muchos electores blancos y colorados lo consideraban así.
El Frente Amplio y el gobierno atraviesan un fin de año difícil. Pero saldremos adelante. Otras, en cambio, serán las consecuencias de todo este periplo para la aerolínea cooperativa que trata de despegar y aguarda los resultados de todas estas acciones.
O para los aviones que restaban, que aún vemos en el aeropuerto, y cuya suerte parece hoy más incierta que nunca.
Nada para festejar. No para la democracia, la navegación aérea en Uruguay, o la suerte de nuestra conectividad futura.
¿Alguien ganó de todo esto? Es bueno darnos un tiempo de reflexión sobre esto. No se trata de no querer el imprescindible control del Poder Judicial, en el marco de las leyes, sobre los gobernantes, o de no acatar las decisiones resultantes de los procesos judiciales.
Pero es necesario decir que llevar la política a los tribunales puede volverse una estrategia que no es buena para la democracia. Y significa, en buena medida, renunciar a la política.
*(Pre-candidata a Presidente por el Frente Amplio)
Uruguay
ANTECEDENTES
Esta crisis se da después de un largo proceso de liquidación de PLUNA, que incluyó una Ley especial, que intentó esquivar el concurso de acreedores y que finalmente cae por inconstitucional el mes pasado, poniendo nuevamente el tema al orden del día.
Esa ley planteó rematar los aviones, lo que se llevó adelante de forma tal en que se expusieron los manejos turbios de Lorenzo y Calloia en permanente contacto y acuerdo con López Mena, dueño de Buquebus y la empresa aérea BQB, gran favorecido por la liquidación de PLUNA, ya que era un competidor y finalmente se quedó con varias de sus frecuencias.
Esto incluía, como registró la famosa foto, al propio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”, testaferro de López Mena y único oferente en el remate, a nombre de la desconocida aerolínea COSMO, mediante un aval por 13,6 millones de dólares, otorgado de apuro por el BROU a instancia de Calloia y por pedido expreso de Lorenzo.
Es también procesado sin prisión el escribano Seitún, quien labró el acta del remate, en esas condiciones
El gobierno de Tabaré Vázquez –Astori, fue responsable de haber continuado el camino privatizador y de haber elegido conscientemente, en el 2007, al operador financiero holandés Paul Elberse, y contratarlo por 1 millón de dólares, para conseguir la empresa asociada, que resultó ser LEADGATE.
Este personaje era plenamente conocido por haber sido destituido por el gobierno de Batlle, cuando siendo gerente general del Nuevo Banco Comercial llegó a cobrar hasta millón de dólares por año, cuando este recién salía de una gran crisis.
En dicho banco casualmente era directivo, el padre de M. CAMPIANI, casualmente también vinculado a la empresa canadiense que fabrica los aviones Bombardier y a la que se le adquirieron los 13 aviones por parte de PLUNA.
Casualmente, el también canadiense Scotiabank, que es actualmente el dueño del Nuevo Banco Comercial, es el acreedor por alrededor de 137 millones de dólares, por la citada compra, realizada con garantía estatal.