Las cosas que empiezan mal, terminan mal
por Claudio Paolillo
búsqueda nº 1745
"Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario"
Con esa categórica afirmación, el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, concluía una conferencia de prensa a la que había convocado en la sede del Ministerio el 12 de febrero de 2007 para informar a la sociedad sobre la firma, ese día, del contrato entre el Estado uruguayo y la Sociedad Aeronáutica Oriental-Leadgate, por el cual la aerolínea PLUNA pasaba a ser mixta, con un control accionario de inversores privados (75%) y una participación minoritaria de directores estatales (25%).
Casi ocho años después, los tres principales directores privados de la ya desaparecida PLUNA, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, pasaron la Navidad en la cárcel, procesados por una jueza penal por haber cometido "un delito continuado de estafa especialmente agravado". A la vez, un escribano del Estado fue enjuiciado por el delito de "certificación falsa por un funcionario público" y dos altos jerarcas del gobierno mantienen pendientes pedidos de procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones".
Aquel 12 de febrero de 2007, Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch compartieron la mesa con el entonces presidente Tabaré Vázquez, quien con su presencia avaló la suscripción del acuerdo con Leadgate para operar PLUNA.
El convenio fue suscrito entonces por los tres hoy procesados (representados por un apoderado), los ministros Astori y Luis Lazo (que, como subsecretario, ejercía un interinato por ausencia momentánea del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi), Carlos Bouzas (presidente de PLUNA Ente Autónomo y presidente del Directorio de PLUNA SA), Carlos Galcerán (vicepresidente del Directorio de PLUNA SA) y María Esther Mallo de Mendoza (secretaria general de PLUNA Ente Autónomo).
El sábado 21, el presidente José Mujica, acompañado por Astori, leyó una breve declaración ante el desencadenamiento de los hechos judiciales que ya provocaron la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El presidente hizo allí dos afirmaciones que vale la pena comentar.
En primer lugar, luego de elogiar en toda la línea a Lorenzo y al otro implicado, el presidente del BROU, Fernando Calloia, Mujica afirmó que "la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales". Pues el Poder Judicial no existe para resolver sobre "errores instrumentales" de funcionarios públicos o privados.
El Poder Judicial existe para establecer si determinadas conductas están dentro o fuera de la ley y, en caso de que estén fuera de la ley, para decidir si configuran delitos previstos en los códigos respectivos
En segundo lugar, el presidente creyó del caso asegurar al pueblo uruguayo que su gobierno respetará "las decisiones que tome la Justicia, íntegramente". Fue un recordatorio completamente innecesario.
En una sociedad donde rige el Estado de derecho, sus integrantes no esperan otra cosa de los coyunturales miembros del Poder Ejecutivo sino que respeten "íntegramente" las decisiones de los jueces.
¿Qué otra alternativa tienen? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Para qué se recuerda lo que es, simplemente, un deber insoslayablemente obvio?
El fiscal Juan Gómez ha pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia —que, llamativamente, hasta ahora no ha seguido los pasos del ex ministro— luego de considerar que incurrieron en ilegalidades al conceder el Estado un aval de millones de dólares a una empresa fantasma que, supuestamente, compraría los aviones de la ex PLUNA, cosa que jamás hizo.
El fiscal dice que Lorenzo abusó de su "poder funcional" y reclamó a Calloia que el BROU emitiera un aval ilegal a pocas horas del remate de octubre de 2012, donde un ignoto personaje de la empresa fantasma ofertaría U$S 137 millones por los siete aviones de la ex PLUNA. Y dice que Calloia aceptó "esta situación irregular" e "instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval"
El fiscal también dice que no tiene siquiera "indicios" de que Lorenzo o Calloia hayan tenido alguna "intención de enriquecimiento personal" o que hayan procurado "provechos indebidos" al obrar como lo hicieron. No hay elementos para decir lo contrario, por lo que va de suyo que hay que asumir que así fue. Sin embargo, la corrupción no es solo meterse plata ajena en el bolsillo. Un gobernante puede corromperse, también, cuando se saltea la ley para conseguir un propósito, aunque proclame que lo hace con las más nobles finalidades
La jueza Adriana de los Santos no pudo pronunciarse sobre la solicitud del fiscal porque tanto Lorenzo como Calloia consideran que el delito de "abuso innominado de funciones" es inconstitucional y, por tanto, derivó esta situación a la Suprema Corte de Justicia para que se expida.
Cuando estaba en la oposición y jerarcas y funcionarios de los gobiernos anteriores eran procesados con y sin prisión por este mismo delito, el hoy gobernante Frente Amplio no exhibía mayor preocupación por la presunta inconstitucionalidad de esta figura penal.
Hay lecciones para aprender de este caso. Una, muy importante, es el papel ineludible de una prensa libre en la democracia.
Si los periodistas no hubieran informado a la población que el BROU había concedido un aval de modo irregular, si no hubieran fotografiado a casi todos los personajes de esta insólita trama negociando en un almuerzo y si no hubieran desenmascarado a la empresa fantasma y a su testaferro que mezclaba sus nombres para despistar con la complicidad de un escribano público, la justicia hubiera tenido, probablemente, muchos más problemas para llegar a sus conclusiones.
Y hay preguntas que emergen de la vista fiscal y del fallo de la jueza. La más importante de todas es: ¿quién trajo a Leadgate para que se hiciera cargo de PLUNA? ¿Quién infundió tanta tranquilidad en Astori como para vaticinar, en 2007, que no había ninguna duda acerca de que este proceso sería "coronado por el éxito"?
Tanto el fiscal Gómez como la jueza De los Santos recuerdan en sus dictámenes que el gobierno frenteamplista le pagó un millón de dólares al bróker Paul Elberse para que consiguiera un socio para PLUNA. Elberse consiguió a Campiani y compañía.
Al fiscal —y a los senadores blancos que pusieron en marcha este proceso judicial— les llamó la atención "la inexistencia de puja entre los eventuales oferentes (para asociarse a PLUNA) e incluso las vinculaciones familiares de algunos interesados, refiriéndose al padre de Matías Campiani"
¿Quién es Elberse? Elberse es el mismo que durante el último tramo del gobierno colorado presidido por el ex presidente Jorge Batlle fue nombrado director y gerente general del Nuevo Banco Comercial, luego de la espantosa crisis del 2002, que había fundido al Banco Comercial. Elberse fue despedido en el 2004 por el entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, luego de comprobar éste que Elberse se había votado bonos, para él y para otros gerentes, que le permitían a él cobrar un millón de dólares anuales, en un banco que había reprogramado los depósitos a seis años, pagando 2% de interés anual.
Y no sólo eso. Bajo la conducción de Elberse en el NBC, su Directorio estuvo integrado por el padre de Matías Campiani y el gerente de Riesgos del NBC era Javier Liberman
¿Quién es Javier Liberman?
El mismo que fue designado el 30 de julio de 2012 por el Poder Ejecutivo como fiduciario del Fideicomiso de Administración creado por el gobierno para adquirir los activos de PLUNA S.A. (los siete aviones) "con la finalidad de preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte y preservar fuentes de trabajo".
El entonces diputado Rossi fustigó duramente en 2004 la gestión de Elberse.
Pero, curiosamente, tres años después, como ministro de Transporte y Obras Públicas, aceptó la sugerencia de Elberse para asociar a PLUNA. Quien no era confiable en 2004, pasó a ser una garantía en 2007.
Rossi, cabe recordar, es el único actor relevante del gobierno de Tabaré Vázquez que ha dicho que la asociación del Estado con Leadgate no fue una equivocación
Da la sensación de que esto recién empieza
