El financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se encubre a través de triangulaciones

Quito, 27 dic (Andes).-
La ONG Corporación Participación Ciudadana (PC) recibió cerca de dos millones y medio de dólares, en abril de 2003, según revela un documento obtenido gracias a la Ley de Libre Acceso a la Información de los EE.UU. (FOIA, por sus siglas en inglés), lo que demuestra que el financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se da también a través de triangulaciones.

Este documento, fechado el 04 de abril de 2003 y donde consta la firma del político opositor, el ex legislador, César Montufar, es una modificación a otro anterior en el que la mencionada corporación recibía una suma inferior, exactamente 55.000 dólares menos.

El investigador estadounidense Jeremy Bigwood afirmó que las vinculaciones que se generan entre estos grupos opositores, los medios de comunicación y las fundaciones que financian a la oposición de los gobiernos progresistas son complicadas de desentrañar puesto que incluso se valen de terceros países para hacer llegar los fondos.

En este documento al que tuvo acceso exclusivo la Agencia Andes, se revela que los fondos percibidos por Montufar a nombre de Participación Ciudadana pasan primero por la Oficina de Acuerdo Regional, domiciliada en Lima, Perú, antes de llegar a su destino final.

Junto a la firma de Montufar, al pie del documento aparece la de James J. Dunlap, oficial regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La USAID financia públicamente a la oposición de los países progresistas en América Latina. El mismo administrador adjunto para América Latina y el Caribe Mark Feierstein, lo ha confirmado.

El directivo de la Usaid para América Latina precisó que pese a los recortes realizados a esos tres países, durante este 2012, el apoyo sigue siendo importante, porque los recursos van destinados a la promoción y lucha por la “democracia”.

En el caso de Ecuador, las organizaciones no gubernamentales afincadas en el país que colaboran y reciben fondos de los proyectos “Ciudadanía Activa” y “Fortalecimiento de la Democracia”, que entre los dos suman $ 4,3 millones.

En la actualidad, Participación Ciudadana ha tenido constantes roces por el Ejecutivo que acusa a la organización de emitir informes sesgados sobre el gasto en publicidad oficial.

Con el anuncio de la salida de la USAID, directivos de varias ONG expresaron su preocupación al percibir que el gobierno supuestamente está tratando de asfixiarlos financieramente.

En contrario, el director de una conocida fundación dedicada -según ellos mismos- a la promoción y la protección de los derechos a las libertades de expresión, de prensa y a la asociación, manifestó off de record que no le preocupaba la salida de la oficina de Washington para la cooperación, pues el flujo de recursos económicos para su organización están asegurados a través de terceros.

La USAID anunció la semana pasada su salida de Ecuador pretextando que no había llegado a un acuerdo con el gobierno para el desarrollo de varios proyectos. No obstante, Quito adujo que no se había podido negociar un nuevo programa de cooperación con EEUU, requisito indispensable para la ejecución de proyectos en el país andino.

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) le ha informado a la organización estadounidense que no se pueden realizar ampliaciones de plazo a los proyectos, ni tampoco iniciar nuevos, hasta negociar un acuerdo.
El canciller Ricardo Patiño expuso algunos puntos que preocupaban al Ecuador sobre convenios que eran “poco transparentes” y que, en algunos casos, se hicieron de manera oculta. Por ejemplo, que EEUU, a través de la USAID pretendía enseñar a los diputados del ex Congreso de Ecuador a “ejercer la democracia” y a las organizaciones no gubernamentales las instruía para dar seguimiento al comportamiento frente al supuesto ambiente restrictivo frente a la libertad de asociación.

Gabriela Rosero, directora de la SETECI, dijo a Andes que algunos de los proyectos de cooperación estaban enfocados a “ciertos” gobiernos autónomos descentralizados (gobiernos locales) para que expertos foráneos promuevan procesos, en muchos casos, de incidencia política.

Relató que un denominador común del apoyo de la USAID es que los municipios con los que trabaja son de oposición a la línea del gobierno del presidente Rafael Correa. Añadió que la USAID tenía un trabajo sostenido en determinados territorios y había fortalecido grupos que tenían como característica su capacidad de movilización.

Rosero pone en duda el membrete de “fortalecimiento de la sociedad civil” pues los recursos de la cooperación iban dirigidos a un privilegiado número de ong. “Si usted lee los convenios, no trabajan con nadie más que con los mismos”, acotó

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