El error del fiscal y el error del gobierno
Jaime Secco
23.12.2013
El fiscal Juan Bautista Gómez, en uso de sus funciones, ha perjudicado al país y a particulares, al cometer un error de apreciación en las varias causas que informó conjuntamente en relación a la empresa Pluna, su quiebra y hechos posteriores.
En las sentencias judiciales se suele ver una expresión pintoresca: "no es así como suceden las cosas". Si una persona es sorprendida de noche en la cocina de una casa ajena y dice que escuchó gotear la canilla y la quería cerrar porque es amante de la naturaleza, el juez probablemente utilice esa fórmula a la hora de procesarlo.
El fiscal Gómez hace una interpretación sobre los hechos relacionados con la actuación de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia que puede no ser imposible, como que aparezca un intruso ecologista o que una silla salga volando si por casualidad todos sus átomos vibran para el mismo lado, pero es poco verosímil. Queremos mostrar que su extraña interpretación no sólo no es la única posible, sino que no es siquiera verosímil. Las cosas no suceden así.
Los hechos
Los hechos públicos son conocidos.
1- Lorenzo llamó a Calloia pidiendo que se agilitara la concesión de un aval, cosa a la que se accedió. En el mismo momento el presidente del Fideicomiso estaba acompañando a otro oferente al BROU con igual fin. Es decir, todo el gobierno intentaba que hubiera el máximo de oferentes en el remate.
2- El remate se convocó en dos fases. En un primer momento quien superara la base podía llevarse los aviones sin más compromiso. En un segundo llamado, los oferentes que cotizaran por debajo de la base tenían como estímulo poder tener las frecuencias de Pluna si cumplían algunas condiciones, como mantenerlos para uso de una compañía de bandera, ocupar personal de la ex Pluna y aportar al pago de Ancap. Sólo uno ofreció sobre la base y no sabremos si algún otro pensaba ofertar en segunda instancia.
3- En seguida, el oferente y Juan Carlos López Mena piden reunirse con el ministro de Economía, reunión que se agenda en un lugar público. El fiscal acota que "desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político". No vemos claro qué aporta esa frase, ni a qué viene el "a consecuencia" ni el artículo determinado "el", pero son detalles.
4- Se supo días después por comunicado de Presidencia que López Mena estaba negociando arrendar los aviones a Cosmo y quería en forma definitiva las 90 líneas de Pluna, con 320 líneas semanales, "sin cargo ni costo"; es decir: sin la contrapartida de aportar para la deuda con Ancap ni tomar personal de Pluna. Públicamente el Director del MEF dijo que era "poco clara" la idea de que se acepte ese salteo de las condiciones. La respuesta la evaluó un grupo interministerial.
5- Cosmo decidió no adquirir los aviones, pero el BROU cobró la garantía, después de algunos tironeos que el fiscal detalla con minucia. Calloia siempre dijo que el BROU estaba cubierto aunque no podía agregar más por razones de secreto bancario.
La teoría del fiscal
Ante estos hechos, el fiscal aclara que la actuación de los jerarcas "no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico". También, "que en el decurso de toda la investigación cumplida no emergen siquiera indicios de que las diversas conductas cumplidas por funcionarios públicos... estuvieran motivadas en propósitos espúreos, en la búsqueda de provechos indebidos", y da un ejemplo de que nadie le pidió "ni siquiera un pasaje" a uno de los empresarios que declaran.
Ningún "fin específico", ¿entonces?
Supone que la llamada de Lorenzo pidiendo diligencia supuso un "aval verbal", lo que es obviamente un absurdo; eso no existe. Supone que el BROU no exigió contragarantías, lo que no explica por qué cobró. Supone que el tratamiento urgente dado al expediente por el BROU "no era habitual", pese a que él mismo, con inflamada hipérbaton habla de "un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional". Supone que el aval a Cosmo se produjo en detrimento de los demás, cuando en su propio escrito se menciona a otros oferentes que gestionaban en suyo. Supone -al tipificar abuso de funciones a Calloia-, que hubo detrimento para el estado o particulares, cuando ha de concluirse que no.
Supone, finalmente, que hubo "palmario desprestigio". El argumento, que no menciona en su lugar, parece ser el escandalete periodístico por una foto en un lugar público. Ese parece ser la única prueba, su opinión sobre qué es elegante o no, cuando se estaba intentando, al menos, los siguientes objetivos: evitar que los aviones nuevos fueran embargados por acreedores de la ex Varig, conseguir el dinero para pagarlos, conservar la conectividad del país en vísperas de una temporada turística y preservar en lo posible la fuente de trabajo de los funcionarios de la fallida aerolínea, recuperar al menos parte del dinero de Ancap.
Pero no. Así no es como suceden las cosas. No se sale de un embrollo como el que se vio envuelto el país sin hablar. No se intenta favorecer a quien al día siguiente intentará chantajearnos y terminará haciendo fracasar la salida elaborada. ¿Qué lógica tiene eso? No se hacen cosas de esta magnitud sin ningún "fin específico", por pura travesura.
El error del gobierno
En octubre de 2012, un funcionario del MEF me reconoció que "quizá estemos intentando lograr demasiados objetivos a la vez". Lorenzo, doctor en Economía, me había explicado un día que, como norma, "hay que usar un instrumento para cada objetivo".
En ese momento no se podía elegir qué dejar para atrás. Con el diario del lunes, se ve que no se pudo. ¿Hubiera sido mejor aceptar la oferta de BQB y dejar a los funcionarios para atrás? ¿Dejar que todo se derrumbe y vaya a concurso de acreedores? No se sabrá nunca. Pero hay que recordar que había una ley para cumplir, aprobada dos meses antes. El estado no puede negociar como un almacenero sin mirar normas, no sería "prestigioso", por decir lo menos
