Bienes apropiados, represores prófugos
Una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura cívico-militar
"A cara lavada", programa conducido por Cynthia García, y el equipo de Investigación Nacional, coordinado por Ari Lijalad presentan una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura militar y las complicidades civiles y militares necesarias para que decenas de represores continúen prófugos
Esta investigación revela, por un lado, cómo funcionó el sistema de apropiación de bienes de desaparecidos por parte de las jerarquías militares, cómo ese dinero se recicló en democracia y las actuales posibilidades de juzgar por financiamiento del terrorismo a las estructuras empresariales que actúan como sostén económico de represores. Por el otro, revela por primera vez un listado con datos sobre cómo, a pesar de tener pedido de captura, los represores prófugos tienen cuentas bancarias, aportes previsionales, jubilaciones, registros laborales e incluso tarjetas de consumo de determinadas marcas con sus nombres reales. Los últimos movimientos financieros de estos represores indican el uso cotidiano de estas cuentas.
Sobre la apropiación sistemática de bienes y su destino, el caso del Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza es ilustrador desde el lado militar. Vildoza fue Jefe del EM G.T.3.3 en la ESMA, donde estuvo desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 2 de mayo de 1979. En democracia, fue investigado en 3 causas. Una, por la apropiación de Javier Gonzalo Penino, llevada adelante por la jueza Servini de Cubría, por la cuál Vildoza y su mujer están prófugos desde 1998. Dos, por su desempeño en la ESMA, en el marco de la causa en manos del juez Torres. Tres, por las concesiones de casinos en Tierra del Fuego. Pero todas se relacionan ya que, por un lado, está prófugo desde 1998 cuando se lo investigaba por la apropiación. Además, está vinculado a la apropiación de bienes de desaparecidos que, en su caso, fueron a parar a casinos y empresas vinculadas al juego. Y, por último, estos negocios producto de la apropiación de bienes a desaparecidos le brindaron el sostén económico y logístico para mantenerse prófugo durante más de 20 años.
La parábola iniciada en la noche dictatorial es la siguiente: la desaparición forzada, seguida por el robo de bienes a los desaparecidos con objetivos políticos y económicos, el lavado de dinero por la utilización de esos bienes para la conformación de empresas que siguieron generado ingresos, y el uso de esos ingresos para sostener la economía y la logística de los represores prófugos. Como los delitos de los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, cobra vigencia la Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, que considera terroristas a los represores acusados por delitos de lesa humanidad y permite, en este caso, investigar cómo se produce el financiamiento actual de esos terroristas.
Esta investigación abarca también la contracara del militar apropiador de bienes: los desaparecidos o secuestrados víctimas de esta apropiación. El caso del saqueo de las empresas de la familia Iaccarino es la punta de un ovillo que desenredaremos a lo largo del año, que incluye alrededor de 600 casos de apropiación de bienes de desaparecidos y secuestrados que conforman un plan sistemático con objetivos concretos.
El otro pilar de esta investigación son los represores prófugos. La mayoría no tenían rango jerárquico en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Unos hicieron carrera militar a partir de esos años. Un ejemplo es Eduardo Alfonso, Teniente en 1977, que ascendió a Coronel en 1993, a General en 1999 y pasó a retiro en 2003, luego de desempeñarse como Secretario del Ejército bajo el Comando del General Ricardo Brinzoni durante las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. Alfonso tiene pedido de captura desde el 23 de mayo del 2012.
Pero esta investigación también revela por primera vez que, si bien la mayoría de los represores no cuentan con una estructura económica y/o logística como la de Vildoza ni hicieron carrera como Alfonso, llevan años prófugos a pesar de que cuentan con tarjetas bancarias y de otros tipos y registros laborales y previsionales con sus nombres reales. Es decir, no ocultan su identidad, pero siguen prófugos a pesar de sus vinculaciones a causas que recaen en juzgados de todo el país.
Este listado, muchos de cuyos datos se conocen por primer vez, incluye represores que ya fueron detenidos y otros que con trámite de extradición abierto.
También incluye civiles cómplices de la represión, como el caso de Raúl Arturo Viglizzo, que formó parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), prófugo desde el 30 de noviembre de 2010, que llegó incluso a trabajar en la Universidad de Buenos Aires (1992 - 1994; 1994-2005), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1990 -1994; 1994 – 2007) y el Ministerio de Educación (1994).
En este link, todas las personas buscadas por delitos de lesa humanidad
http://www.jus.gov.ar/la-justicia-argentina/personas-buscadas/personas-buscadas-por-delitos-de-lesa-humanidad.aspx
Domingo, 17 de Febrero de 2013 01:13
