PAUL KRUGMAN | DESDE NUEVA YORK
Por qué la desigualdad es importante
El aumento de la desigualdad no es un problema nuevo. Wall Street, la película de Oliver Stone que retrata a una plutocracia en ascenso empeñada en que la codicia es buena, se estrenó en 1987. Pero los políticos, intimidados por los gritos de "lucha de clases", han evitado dar más importancia a la brecha cada vez mayor entre los ricos y el resto.
Sin embargo, podría ser que las cosas estuviesen cambiando. Podemos hablar de la trascendencia de la victoria de Bill de Blasio en la carrera por la alcaldía de Nueva York o del respaldo de Elizabeth Warren a la ampliación de la Seguridad Social. También habrá que ver si la declaración de Barack Obama de que la desigualdad es "el desafío que caracteriza a nuestra era" se traduce en cambios en la política. En todo caso, el debate se ha animado lo bastante como para provocar una airada reacción de los expertos que afirman que la desigualdad no es para tanto.
Se equivocan.
El mejor argumento para restar importancia a la desigualdad es el estado de depresión de la economía. ¿Acaso no es más importante recuperar el crecimiento económico que preocuparse de cómo se distribuyen sus beneficios?
Pues no. Para empezar, aunque solo se tenga en cuenta el impacto directo de la desigualdad creciente en los estadounidenses de clase media, no cabe duda de que el problema es grande. Además, es probable que la desigualdad haya desempeñado un papel importante a la hora de crear el caos económico en que nos encontramos, y crucial en nuestro fracaso para salir de él.
Empecemos por las cifras. En términos medios, los estadounidenses siguen siendo mucho más pobres ahora que antes de la crisis. Para el 90% de las familias que están en lo más bajo, este empobrecimiento refleja que el pastel económico se está reduciendo y, al mismo tiempo, que la participación en él es cada vez menor. ¿Qué es más importante? Sorprendentemente, la respuesta es que las dos cosas son más o menos comparables. Es decir, la desigualdad está aumentando con tal rapidez que a lo largo de los últimos seis años ha reducido tanto los ingresos del estadounidense medio como pobres han sido los resultados de la economía, si bien el periodo incluye la peor depresión económica después de la década de 1930.
Desde una perspectiva más a largo plazo, el aumento de la desigualdad pasa a ser, por lejos, el factor individual más decisivo para explicar la caída de los ingresos de la clase media.
Aparte de eso, cuando se intenta entender la Gran Recesión y la no tan grande recuperación que siguió, el impacto económico, y sobre todo, político de la desigualdad proyecta una larga sombra.
Ahora hay un amplio acuerdo en que el endeudamiento creciente de las familias contribuyó a preparar el terreno para nuestra crisis económica. La explosión de la deuda coincidió con el aumento de la desigualdad, y es probable que ambas cosas estén relacionadas (aunque no es irrebatible). Después de que estallase la crisis, la transferencia continua de los ingresos de la clase media a una pequeña élite deprimió la demanda de los consumidores, de manera que la desigualdad tiene que ver tanto con la crisis económica como con la debilidad de la recuperación posterior.
Ahora bien, en mi opinión, el papel verdaderamente fundamental de la desigualdad en la catástrofe económica ha sido de carácter político.
En los años que precedieron a la crisis, en Washington existía un notable consenso de ambos partidos a favor de la liberalización financiera, un consenso que no justificaban ni la teoría ni la historia. Al irrumpir la crisis, corrieron a rescatar a los bancos. Pero en cuanto la cosa estuvo hecha, apareció un nuevo consenso que suponía dar la espalda a la creación de empleo y concentrarse en la supuesta amenaza del déficit presupuestal.
¿Qué tienen en común los consensos anterior y posterior a la crisis? Los dos han sido económicamente destructivos: la liberalización contribuyó a hacer posible la crisis, y el giro prematuro hacia la austeridad fiscal ha conseguido sobre todo entorpecer la recuperación. No obstante, los dos corresponden a los intereses y prejuicios de una élite económica cuya influencia política se ha disparado al mismo tiempo que su riqueza.
Esto es especialmente evidente cuando se intenta comprender por qué en medio de una sempiterna crisis de empleo, Washington se obsesionó por algún motivo con la supuesta necesidad de aplicar recortes a la Seguridad Social y al Medicare. Esta obsesión nunca ha tenido sentido económico: en una economía deprimida con las tasas de interés más bajas de la historia, el Gobierno debería estar gastando más, y no menos, y una época de desempleo masivo no es momento para andar fijándose en hipotéticos problemas fiscales a décadas vista. Ni tampoco los ataques contra estos programas reflejan lo que quieren los ciudadanos.
Los sondeos entre los muy ricos, en cambio, muestran que, a diferencia de la mayoría, consideran los déficits presupuestales como un asunto crucial y que están a favor de los grandes recortes en los programas sociales. Y no hay duda de que las prioridades de esas élites han tomado el control del discurso político en nuestro país.
Lo cual me lleva a una última consideración. Creo que tras la reacción en contra del argumento de la desigualdad, se oculta el deseo de algunos expertos de despolitizar el discurso económico y hacerlo tecnocrático y no partidista. Pero eso es una quimera. Hasta en las cuestiones que pueden parecer puramente técnicas, la clase social y la desigualdad terminan por modelar -y distorsionar- el debate.
Así que el presidente tenía razón. La desigualdad es, sin lugar a dudas, el desafío que caracteriza a nuestra era. ¿Vamos a hacer algo para enfrentarnos a él?
7 ene 2014
LEONARDO BOFF / El funesto imperio mundial de las corporaciones
LEONARDO BOFF /
Publicado el 1/05/14
LEONARDO BOFF – Los buenos deseos de un año feliz son rituales. No pasan de ser simples deseos, pues no consiguen cambiar el curso del mundo donde los superpoderosos siguen su estrategia de dominación global. Sobre esto necesitamos pensar y hasta rezar, pues las consecuencias económicas, sociales, culturales, espirituales y para el futuro de la especie y de la naturaleza pueden ser nefastas.
Muchos como J. Stiglitz y P. Krugman esperaban que el legado de la crisis de 2008 sería un gran debate sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Se equivocaron de medio a medio. La discusión no se dio. Al contrario, la lógica que provocó la crisis ha sido retomada con más furor. Richard Wilkinson, uno de los mayores especialistas sobre el tema desigualdad, estuvo más atento y dijo hace ya tiempo en una entrevista al periódico Die Zeit de Alemania: “la pregunta fundamental es ésta: ¿queremos o no queremos realmente vivir según el principio de que el más fuerte se apropia de casi todo y el más débil se queda atrás?
Los super-ricos y super-poderosos decidieron que quieren vivir según el principio darwinista del más fuerte, y que los mas débiles se aguanten. Pero comenta Wilkinson: «creo que todos tenemos necesidad de mayor cooperación y reciprocidad, pues la personas desean una mayor igualdad social». Este deseo es negado intencionadamente por esos epulones.
Por lo general, la lógica capitalista es feroz: una empresa se come a otra (eufemísticamente se dice que se fusionaron). Cuando se llega a un punto en que sólo quedan algunas grandes, cambian de lógica: en vez de guerrear, hacen entre sí una alianza de lobos y se comportan mutuamente como corderos. Así articuladas detentan más poder, acumulan con más seguridad para sí y para sus accionistas, sin tener en cuenta para nada el bien de la sociedad.
La influencia política y económica que ejercen sobre los gobiernos, la mayoría de ellos mucho más débiles que ellas, es extremadamente coercitiva, interfiriendo en el precio de las commodities, en la reducción de las inversiones sociales, en la salud, educación, transporte y seguridad. Los miles de personas que ocupan las calles en el mundo y en Brasil intuyeron esa dominación de un nuevo tipo de imperio, cuyo lema es: «la avaricia es buena» (greed is good) y «devoremos lo que podamos devorar».
Hay excelentes estudios sobre la dominación del mundo por parte de las grandes corporaciones multilaterales. Es conocido el de David Korten Cuando las corporaciones rigen el mundo (When the Corporations rule the World) . Pero hacía falta un estudio de síntesis, y éste ha sido realizado por la Escuela Politécnica Federal Suiza (ETH), en Zurich, en 2011, que se cuenta entre los más respetados centros de investigación, compitiendo con el MIT. El documento ha implicado a grandes nombres, es corto, no más de 10 páginas, y otras 26 sobre su metodología, para mostrar la total transparencia de los resultados. Ha sido resumido por el Prof. de economía de la PUC-SP Ladislau Dowbor en su página web (http://dowbor.org). Nos basamos en él.
De entre los 30 millones de corporaciones existentes, el ETH seleccionó 43 mil para estudiar mejor su lógica de funcionamiento. El esquema simplificado se articula así: hay un pequeño núcleo financiero central que tiene dos lados: de un lado están las corporaciones que componen el núcleo y del otro, aquellas que son controladas por él. Tal articulación crea una red de control corporativo global. Ese pequeño núcleo (core) constituye una super-entidad (super entity). De él emanan los controles en red, lo que facilita la reducción de los costos, la protección de los riesgos, el aumento de la confianza y, lo que es principal, la definición de las líneas de la economía global que deben ser fortalecidas y dónde.
Ese pequeño núcleo, fundamentalmente de grandes bancos, detenta la mayor parte de las participaciones en las otras corporaciones. La cúpula controla el 80% de toda la red de corporaciones. Son apenas 737 actores, presentes en 147 grandes empresas. Ahí están el Deutsche Bank, el J.P. Morgan Chase, el UBS, el Santander, el Goldman Sachs, el BNP Paribas (entre otros muchos). Al final menos del 1% de las empresas controla el 40% de toda red.
Este dato nos permite entender ahora la indignación de los Occupies y de otros que acusan al 1% de las empresas de hacer lo que quieren con los recursos procedentes del sudor del 99% de la población. Ellos no trabajan ni producen nada. Solamente hacen más dinero con el dinero lanzado en el mercado de la especulación.
Fue esta absurda voracidad de acumular ilimitadamente la que gestó la crisis sistémica de 2008. Esta lógica profundiza cada vez más la desigualdad y hace más difícil la salida de la crisis. ¿Cuánto de inhumanidad aguanta el estómago de los pueblos? Todo tiene su límite y la economía no lo es todo. Pero ahora nos es dado ver las entrañas del monstruo. Como dice Dowbor: «La verdad es que hemos ignorado al elefante que está en el centro de la sala». Está rompiendo todo, los cristales, la vajilla y pisoteando a las personas. ¿Pero hasta cuándo? El sentido ético mundial nos asegura que una sociedad no puede subsistir por mucho tiempo asentada sobre la sobreexplotación, la mentira y la antivida.
EL PAIS (Costa Rica
Publicado el 1/05/14
LEONARDO BOFF – Los buenos deseos de un año feliz son rituales. No pasan de ser simples deseos, pues no consiguen cambiar el curso del mundo donde los superpoderosos siguen su estrategia de dominación global. Sobre esto necesitamos pensar y hasta rezar, pues las consecuencias económicas, sociales, culturales, espirituales y para el futuro de la especie y de la naturaleza pueden ser nefastas.
Muchos como J. Stiglitz y P. Krugman esperaban que el legado de la crisis de 2008 sería un gran debate sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Se equivocaron de medio a medio. La discusión no se dio. Al contrario, la lógica que provocó la crisis ha sido retomada con más furor. Richard Wilkinson, uno de los mayores especialistas sobre el tema desigualdad, estuvo más atento y dijo hace ya tiempo en una entrevista al periódico Die Zeit de Alemania: “la pregunta fundamental es ésta: ¿queremos o no queremos realmente vivir según el principio de que el más fuerte se apropia de casi todo y el más débil se queda atrás?
Los super-ricos y super-poderosos decidieron que quieren vivir según el principio darwinista del más fuerte, y que los mas débiles se aguanten. Pero comenta Wilkinson: «creo que todos tenemos necesidad de mayor cooperación y reciprocidad, pues la personas desean una mayor igualdad social». Este deseo es negado intencionadamente por esos epulones.
Por lo general, la lógica capitalista es feroz: una empresa se come a otra (eufemísticamente se dice que se fusionaron). Cuando se llega a un punto en que sólo quedan algunas grandes, cambian de lógica: en vez de guerrear, hacen entre sí una alianza de lobos y se comportan mutuamente como corderos. Así articuladas detentan más poder, acumulan con más seguridad para sí y para sus accionistas, sin tener en cuenta para nada el bien de la sociedad.
La influencia política y económica que ejercen sobre los gobiernos, la mayoría de ellos mucho más débiles que ellas, es extremadamente coercitiva, interfiriendo en el precio de las commodities, en la reducción de las inversiones sociales, en la salud, educación, transporte y seguridad. Los miles de personas que ocupan las calles en el mundo y en Brasil intuyeron esa dominación de un nuevo tipo de imperio, cuyo lema es: «la avaricia es buena» (greed is good) y «devoremos lo que podamos devorar».
Hay excelentes estudios sobre la dominación del mundo por parte de las grandes corporaciones multilaterales. Es conocido el de David Korten Cuando las corporaciones rigen el mundo (When the Corporations rule the World) . Pero hacía falta un estudio de síntesis, y éste ha sido realizado por la Escuela Politécnica Federal Suiza (ETH), en Zurich, en 2011, que se cuenta entre los más respetados centros de investigación, compitiendo con el MIT. El documento ha implicado a grandes nombres, es corto, no más de 10 páginas, y otras 26 sobre su metodología, para mostrar la total transparencia de los resultados. Ha sido resumido por el Prof. de economía de la PUC-SP Ladislau Dowbor en su página web (http://dowbor.org). Nos basamos en él.
De entre los 30 millones de corporaciones existentes, el ETH seleccionó 43 mil para estudiar mejor su lógica de funcionamiento. El esquema simplificado se articula así: hay un pequeño núcleo financiero central que tiene dos lados: de un lado están las corporaciones que componen el núcleo y del otro, aquellas que son controladas por él. Tal articulación crea una red de control corporativo global. Ese pequeño núcleo (core) constituye una super-entidad (super entity). De él emanan los controles en red, lo que facilita la reducción de los costos, la protección de los riesgos, el aumento de la confianza y, lo que es principal, la definición de las líneas de la economía global que deben ser fortalecidas y dónde.
Ese pequeño núcleo, fundamentalmente de grandes bancos, detenta la mayor parte de las participaciones en las otras corporaciones. La cúpula controla el 80% de toda la red de corporaciones. Son apenas 737 actores, presentes en 147 grandes empresas. Ahí están el Deutsche Bank, el J.P. Morgan Chase, el UBS, el Santander, el Goldman Sachs, el BNP Paribas (entre otros muchos). Al final menos del 1% de las empresas controla el 40% de toda red.
Este dato nos permite entender ahora la indignación de los Occupies y de otros que acusan al 1% de las empresas de hacer lo que quieren con los recursos procedentes del sudor del 99% de la población. Ellos no trabajan ni producen nada. Solamente hacen más dinero con el dinero lanzado en el mercado de la especulación.
Fue esta absurda voracidad de acumular ilimitadamente la que gestó la crisis sistémica de 2008. Esta lógica profundiza cada vez más la desigualdad y hace más difícil la salida de la crisis. ¿Cuánto de inhumanidad aguanta el estómago de los pueblos? Todo tiene su límite y la economía no lo es todo. Pero ahora nos es dado ver las entrañas del monstruo. Como dice Dowbor: «La verdad es que hemos ignorado al elefante que está en el centro de la sala». Está rompiendo todo, los cristales, la vajilla y pisoteando a las personas. ¿Pero hasta cuándo? El sentido ético mundial nos asegura que una sociedad no puede subsistir por mucho tiempo asentada sobre la sobreexplotación, la mentira y la antivida.
EL PAIS (Costa Rica
5 ene 2014
El año en que Brasil rompió con Estados Unidos
El año en que Brasil rompió con Estados Unidos
Ofendida por la violación de la “soberanía nacional” perpetrada por Estados Unidos, Rousseff solicitó una reunión urgente con Obama, en la que éste no pudo brindarle las explicaciones exigidas. Ahí cambió la historia.
› Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
Fue el año diplomático menos pensado. El 31 de mayo de 2013, cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, desembarcó en Brasilia para definir la letra chica de los acuerdos a ser firmados durante la cumbre entre Dilma Rousseff y Barack Obama, nadie, posiblemente ni la presidenta, imaginaba cuál sería el descenlace de esa aproximación a Washington, sin precedentes en once años de gobiernos del Partido de los Trabajadores.
“No hay obstáculo que no pueda ser superado por nuestros países... estamos ansiosos por recibirla (a Dilma) en octubre en Washington”, aseguraba Joe Biden al dejar el Palacio del Planalto con su sonrisa invicta.
Es inusual que Dilma reciba a vicepresidentes en su despacho y si lo hace es para cumplir algún protocolo rápido: el haberle concedido 90 minutos de su tiempo al número dos de la Casa Blanca alimentó especulaciones fundamentadas sobre el tamaño de los pactos que se estaban gestando. Portavoces anónimos del gobierno, posiblemente alguna fuente militar interesada, dejaron trascender que luego de la conversación con el emisario de Obama, la presidenta había resuelto comprar 36 cazas F-18 Super Hornet fabricados por Boeing, una de las empresas que forman el complejo industrial militar norteamericano, cuyo poderío gigantesco creció aún más desde la declaración de guerra al terror anunciada en 2001 por George Walker Bush, luego de los atentados contra las Torres Gemelas neoyorquinas.
La sonrisa, ahora victoriosa, de Joe Biden al estrechar la mano del siempre contenido canciller Antonio Patriota sellaba el momento más regresivo de la política externa brasileña desde 2003, con el virtual derrumbe de la posición “altiva” ante la Casa Blanca mantenida bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, secundado por su ministro de Exteriores Celso Amorim y el asesor especial Marco Aurélio García, una troika que se completaba con Samuel Pinheiro Guimaraes, el “enfant terrible” de Itamaraty, a quien le cupo la tarea de revisar planes de estudio y sistemas de admisión en la inexpugnable estructura del Servicio Exterior.
Autor de libros a menudo citados por Hugo Chávez, Pinheiro Guimaraes había sido condenado al ostracismo por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en los ‘90, como escarmiento por haber denunciado el Area de Libre Comercio de las Américas.
Dilma, conocida por sus posiciones nacionalistas de izquierda, no parecía totalmente convencida con el acercamiento abusivo a Estados Unidos, enhebrado desde 2011 por su canciller Antonio Patriota. A fin de establecer comparaciones, podríamos situar a Patriota en las antípodas de Amorim y Pinheiro Guimarães: diplomático sumiso a los poderes establecidos en Itamaraty, muy bien relacionado en Washington, donde se desempeñó como embajador, y uno de los brasileños predilectos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que suele nombrarlo como “mi amigo Antonio”. Afecto que es recíproco.
Rousseff suele pronunciarse a través de gestos y con frecuencia su cara parecía la de una mujer obligada a calzar zapatos dos números menores a los de su horma cada vez que aparecía en público junto a Patriota, eso especialmente luego de la incompetencia con que éste actuó frente al golpe que derrocó al ex mandatario paraguayo Fernando Lugo, en junio de 2012.
En rigor, Patriota fue algo así como el canciller de una nota sola, la de Washington, a despecho de la agenda sudamericana, en la que luego de la gafe paraguaya de 2012 ocurrió el escándalo con Bolivia en agosto de 2013, cuando los responsables de la embajada brasileña facilitaron la fuga de un dirigente opositor acusado de desestabilizar al presidente Evo Morales.
Esa asimetría diplomática a favor de Estados Unidos era lo deseado por las facciones del Palacio Itamaraty (Cancillería) nostálgicas del mandato de Fernando Henrique Cardoso, que debieron soportar con disgusto la heterodoxia y el latinoamericanismo que imperaron durante los 8 años de Lula-Amorim-García.
Lo cierto es que en agosto de 2014, la política externa de Dilma, siguiendo los postulados de la vieja guardia de Itamaraty, era criticada por lo bajo en el PT mientras parecía encaminarse hacia un pacto de subordinación relativa con Washington, a ser rubricado en la visita de Estado a la Casa Blanca prevista para el 23 de octubre.
Fue entonces, entre julio y septiembre, que se conocieron cientos de documentos obtenidos por el ex analista de la NSA Edward Snowden, revelando que bajo el pretexto de dar caza a terroristas imaginarios, esa agencia instaló una central de operaciones clandestinas en Brasilia desde la cual fueron violadas las comunicaciones de Dilma y robados datos, probablemente sensibles, de la petrolera estatal Petrobras.
Ofendida por la violación de la “soberanía nacional” perpetrada por Estados Unidos, Rousseff solicitó una reunión urgente con Obama, en la que éste no pudo brindarle las explicaciones exigidas al tiempo que admitió ser impotente frente al poder de la comunidad de informaciones, prima hermana del complejo industrial militar.
La fracasada conversación con Obama y, en menor medida, la caída de Patriota, hechos ocurridos en el lapso de un mes, certificaron la defunción de la política externa inaugurada en 2011, y señalaron el reencuentro con varias de las tesis acuñadas desde 2003.
A partir de ese corte, inesperado y drástico, Dilma asumió en septiembre del año pasado el comando de las relaciones exteriores, desplegando una batería de movimientos convergentes. Suspendió la visita de Estado a Washington pese a los esfuerzos en contrario realizados por el sonriente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry, también enviado a Brasilia para reparar los daños causados por el dossier Snowden.
Propuso y obtuvo el acuerdo de los países del Mercosur para elaborar de una estrategia conjunta contra el espionaje electrónico, iniciativa que posteriormente formuló, con algunas modificaciones, ante la Asamblea de Naciones Unidas, que el mes pasado la aprobó con el apoyo conjunto de los países emergentes y varias potencias como Alemania, a pesar de las reservas iniciales de Angela Merkel.
Poco después de asumir, el nuevo canciller, Luiz Alberto Figueireido, emprendió en septiembre una gira por varios países en la que calificó al espionaje norteamericano como “inaceptable” y “violatorio de los derechos humanos”. Un simple análisis contrafactual autoriza suponer que si Dilma hubiera realizado la tan anunciada visita a Washington, probablemente las petroleras norteamericanas habrían sido fuertes candidatas en la subasta del megapozo Libra, con 15.000 millones de barriles, y los aviones Super Hornet de la Boeing podrían haber sido escogidos por la Fuerza Aérea para modernizar su flota de guerra.
Como se sabe, ninguna petrolera estadounidense se inscribió para disputar el yacimiento de Libra, en la licitación ganada en octubre por un consorcio encabezado por Petrobras asociada a dos compañías chinas, una francesa y una anglo-holandesa. Y en diciembre, el ahora ministro de Defensa, el diplomático de carrera Celso Amorim, siguiendo instrucciones del Planalto, finalmente optó por comprar 36 cazabombarderos Gripen NG, de fabricación sueca, desechando los norteamericanos F-18, que antes del data-gate parecían imbatibles.
Fueron dos medidas de Estado que trascienden lo coyuntural, en las que se materializa un giro ventajoso para la autonomía nacional y antipático para grupos hegemónicos de las industrias petrolera y militar, lo cual genera resonancias en las grandes empresas mediáticas.
Quien repase la línea editorial de la CNN, The Economist o The Financial Times advertirá cómo ha mutando el tratamiento dado a Rousseff. Dejó de ser aquella estadista de 2011 para tornarse una presidenta “intervencionista y contraria al libre juego de las fuerzas del mercado”, un modelo inconveniente para los demás países latinoamericanos, a los que se recomienda, desde esas usinas de opinión global, desechar el ejemplo de Brasil y seguir el aplicado en México por el presidente Enrique Peña Nieto.
Ofendida por la violación de la “soberanía nacional” perpetrada por Estados Unidos, Rousseff solicitó una reunión urgente con Obama, en la que éste no pudo brindarle las explicaciones exigidas. Ahí cambió la historia.
› Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
Fue el año diplomático menos pensado. El 31 de mayo de 2013, cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, desembarcó en Brasilia para definir la letra chica de los acuerdos a ser firmados durante la cumbre entre Dilma Rousseff y Barack Obama, nadie, posiblemente ni la presidenta, imaginaba cuál sería el descenlace de esa aproximación a Washington, sin precedentes en once años de gobiernos del Partido de los Trabajadores.
“No hay obstáculo que no pueda ser superado por nuestros países... estamos ansiosos por recibirla (a Dilma) en octubre en Washington”, aseguraba Joe Biden al dejar el Palacio del Planalto con su sonrisa invicta.
Es inusual que Dilma reciba a vicepresidentes en su despacho y si lo hace es para cumplir algún protocolo rápido: el haberle concedido 90 minutos de su tiempo al número dos de la Casa Blanca alimentó especulaciones fundamentadas sobre el tamaño de los pactos que se estaban gestando. Portavoces anónimos del gobierno, posiblemente alguna fuente militar interesada, dejaron trascender que luego de la conversación con el emisario de Obama, la presidenta había resuelto comprar 36 cazas F-18 Super Hornet fabricados por Boeing, una de las empresas que forman el complejo industrial militar norteamericano, cuyo poderío gigantesco creció aún más desde la declaración de guerra al terror anunciada en 2001 por George Walker Bush, luego de los atentados contra las Torres Gemelas neoyorquinas.
La sonrisa, ahora victoriosa, de Joe Biden al estrechar la mano del siempre contenido canciller Antonio Patriota sellaba el momento más regresivo de la política externa brasileña desde 2003, con el virtual derrumbe de la posición “altiva” ante la Casa Blanca mantenida bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, secundado por su ministro de Exteriores Celso Amorim y el asesor especial Marco Aurélio García, una troika que se completaba con Samuel Pinheiro Guimaraes, el “enfant terrible” de Itamaraty, a quien le cupo la tarea de revisar planes de estudio y sistemas de admisión en la inexpugnable estructura del Servicio Exterior.
Autor de libros a menudo citados por Hugo Chávez, Pinheiro Guimaraes había sido condenado al ostracismo por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en los ‘90, como escarmiento por haber denunciado el Area de Libre Comercio de las Américas.
Dilma, conocida por sus posiciones nacionalistas de izquierda, no parecía totalmente convencida con el acercamiento abusivo a Estados Unidos, enhebrado desde 2011 por su canciller Antonio Patriota. A fin de establecer comparaciones, podríamos situar a Patriota en las antípodas de Amorim y Pinheiro Guimarães: diplomático sumiso a los poderes establecidos en Itamaraty, muy bien relacionado en Washington, donde se desempeñó como embajador, y uno de los brasileños predilectos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que suele nombrarlo como “mi amigo Antonio”. Afecto que es recíproco.
Rousseff suele pronunciarse a través de gestos y con frecuencia su cara parecía la de una mujer obligada a calzar zapatos dos números menores a los de su horma cada vez que aparecía en público junto a Patriota, eso especialmente luego de la incompetencia con que éste actuó frente al golpe que derrocó al ex mandatario paraguayo Fernando Lugo, en junio de 2012.
En rigor, Patriota fue algo así como el canciller de una nota sola, la de Washington, a despecho de la agenda sudamericana, en la que luego de la gafe paraguaya de 2012 ocurrió el escándalo con Bolivia en agosto de 2013, cuando los responsables de la embajada brasileña facilitaron la fuga de un dirigente opositor acusado de desestabilizar al presidente Evo Morales.
Esa asimetría diplomática a favor de Estados Unidos era lo deseado por las facciones del Palacio Itamaraty (Cancillería) nostálgicas del mandato de Fernando Henrique Cardoso, que debieron soportar con disgusto la heterodoxia y el latinoamericanismo que imperaron durante los 8 años de Lula-Amorim-García.
Lo cierto es que en agosto de 2014, la política externa de Dilma, siguiendo los postulados de la vieja guardia de Itamaraty, era criticada por lo bajo en el PT mientras parecía encaminarse hacia un pacto de subordinación relativa con Washington, a ser rubricado en la visita de Estado a la Casa Blanca prevista para el 23 de octubre.
Fue entonces, entre julio y septiembre, que se conocieron cientos de documentos obtenidos por el ex analista de la NSA Edward Snowden, revelando que bajo el pretexto de dar caza a terroristas imaginarios, esa agencia instaló una central de operaciones clandestinas en Brasilia desde la cual fueron violadas las comunicaciones de Dilma y robados datos, probablemente sensibles, de la petrolera estatal Petrobras.
Ofendida por la violación de la “soberanía nacional” perpetrada por Estados Unidos, Rousseff solicitó una reunión urgente con Obama, en la que éste no pudo brindarle las explicaciones exigidas al tiempo que admitió ser impotente frente al poder de la comunidad de informaciones, prima hermana del complejo industrial militar.
La fracasada conversación con Obama y, en menor medida, la caída de Patriota, hechos ocurridos en el lapso de un mes, certificaron la defunción de la política externa inaugurada en 2011, y señalaron el reencuentro con varias de las tesis acuñadas desde 2003.
A partir de ese corte, inesperado y drástico, Dilma asumió en septiembre del año pasado el comando de las relaciones exteriores, desplegando una batería de movimientos convergentes. Suspendió la visita de Estado a Washington pese a los esfuerzos en contrario realizados por el sonriente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry, también enviado a Brasilia para reparar los daños causados por el dossier Snowden.
Propuso y obtuvo el acuerdo de los países del Mercosur para elaborar de una estrategia conjunta contra el espionaje electrónico, iniciativa que posteriormente formuló, con algunas modificaciones, ante la Asamblea de Naciones Unidas, que el mes pasado la aprobó con el apoyo conjunto de los países emergentes y varias potencias como Alemania, a pesar de las reservas iniciales de Angela Merkel.
Poco después de asumir, el nuevo canciller, Luiz Alberto Figueireido, emprendió en septiembre una gira por varios países en la que calificó al espionaje norteamericano como “inaceptable” y “violatorio de los derechos humanos”. Un simple análisis contrafactual autoriza suponer que si Dilma hubiera realizado la tan anunciada visita a Washington, probablemente las petroleras norteamericanas habrían sido fuertes candidatas en la subasta del megapozo Libra, con 15.000 millones de barriles, y los aviones Super Hornet de la Boeing podrían haber sido escogidos por la Fuerza Aérea para modernizar su flota de guerra.
Como se sabe, ninguna petrolera estadounidense se inscribió para disputar el yacimiento de Libra, en la licitación ganada en octubre por un consorcio encabezado por Petrobras asociada a dos compañías chinas, una francesa y una anglo-holandesa. Y en diciembre, el ahora ministro de Defensa, el diplomático de carrera Celso Amorim, siguiendo instrucciones del Planalto, finalmente optó por comprar 36 cazabombarderos Gripen NG, de fabricación sueca, desechando los norteamericanos F-18, que antes del data-gate parecían imbatibles.
Fueron dos medidas de Estado que trascienden lo coyuntural, en las que se materializa un giro ventajoso para la autonomía nacional y antipático para grupos hegemónicos de las industrias petrolera y militar, lo cual genera resonancias en las grandes empresas mediáticas.
Quien repase la línea editorial de la CNN, The Economist o The Financial Times advertirá cómo ha mutando el tratamiento dado a Rousseff. Dejó de ser aquella estadista de 2011 para tornarse una presidenta “intervencionista y contraria al libre juego de las fuerzas del mercado”, un modelo inconveniente para los demás países latinoamericanos, a los que se recomienda, desde esas usinas de opinión global, desechar el ejemplo de Brasil y seguir el aplicado en México por el presidente Enrique Peña Nieto.
Perú: Humala plantea debatir monopolio mediático de El Comercio
Perú: Humala plantea debatir monopolio mediático de El Comercio
Publicado el 1/04/14
EL TELEGRAFO – “El tema de la concentración de medios debe ir al Congreso, que es un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo”, dijo el jueves el presidente peruano, Ollanta Humala, en declaraciones a periodistas en el Palacio de Justicia.
Los comentarios de Humala, en respaldo a unas declaraciones en el mismo sentido del novelista peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, generó una ola de críticas de la oposición, así como del Grupo El Comercio, el gigante de la prensa peruana que controla nueve diarios y dos canales de televisión.
Las críticas vinieron de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori; el escritor Álvaro Vargas Llosa, y también de la excandidata presidencial y conservadora Lourdes Flores, entre otros.
Humala rechazó que su gobierno esté en contra de la libertad de prensa: “Yo preguntaría al país quién amenaza realmente la libertad de expresión, ¿aquel grupo empresarial que compra los medios de comunicación o el Presidente?”, manifestó.
El gobernante peruano ya había calificado en una entrevista, hace unos días, de “peligroso” y hasta de “una vergüenza” que un sólo grupo, en referencia a El Comercio, sea dueño de la mayor parte de los medios en el país tras comprar el año pasado a Epensa, otro importante conglomerado de diarios. Fue la primera vez que el presidente se metió de lleno en la polémica sobre la concentración de medios.
La concreción de una asociación entre estos dos grupos se dio a conocer en agosto pasado. El acuerdo establecía que el Grupo Agois Banchero tenía el derecho mayoritario sobre las acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa), nacida a comienzos de 1962, la misma que edita los diarios Correo, Ojo y El Bocón, aparte de una serie de revistas y suplementos especiales.
También editaba el diario Ajá, que el 30 de diciembre publicó su último número, luego de 19 años de existencia. Un informe de la revista Caretas reveló que la directiva del grupo decidió cerrar el diario porque era competidor directo de Trome, periódico popular de El Comercio.
El acuerdo, según se difundió entonces, contemplaba también la separación de los negocios de Epensa en dos empresas: una dedicada a los contenidos periodísticos, en la que la familia Agois Banchero tenía la totalidad de las acciones, y otra dedicada a brindar servicios de impresión y comercialización de los diarios y la publicidad, donde la familia tiene el 46% de las acciones, dejando el otro 56% en manos del Grupo El Comercio, el cual, de acuerdo a expertos comunicacionales, antes de este acuerdo controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, pudiendo acercarse a un control del 70% una vez ejecutada esta asociación.
Actualmente, el grupo El Comercio encara un litigio por este caso con el grupo La República, otra de las grandes empresas periodísticas, que también intentó comprar el control de Epensa. Éste último asegura que el control del primero es de casi el 80 por ciento.
La operación se encuentra bloqueada a la espera que la justicia peruana se pronuncie luego que ocho periodistas presentaron en noviembre una demanda para impedir la compra, alegando una posición de dominio de El Comercio. Se trata de: Enrique Zileri Gibson, director de Caretas; Luz Helguero Seminario, directora del diario El Tiempo-Piura; Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República; Fernando Valencia Osorio, director de Diario 16; y los periodistas Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Rosa María Palacios y Mario Saavedra-Pinón.
La Constitución de Perú señala que los medios de comunicación no pueden ser objeto de monopolio.
El 24 de octubre pasado, El Comercio publicó un editorial con su posición ante lo que denominó como “campaña en contra de la asociación” con Epensa. “La única manera en que un medio puede alcanzar sosteniblemente un porcentaje dado del mercado de prensa escrita es mediante la elección de las personas que lo leen. Luego, no es posible limitar el derecho de un medio a alcanzar tal o cual porcentaje del mercado sin limitar al mismo tiempo el derecho de los consumidores a elegirlo. Dicho de otra forma: la libertad de crecimiento de los medios no es más que la otra cara del derecho de las personas de elegir sus fuentes de información”, indicaba el editorial.
Ayer, el presidente Humala expresó su disposición a que el tema de la concentración de medios sea discutida por la sociedad, como ha propuesto el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), una ONG de periodistas, aunque insistió en que el Congreso debe dar la última palabra.
El Ipys propuso el lunes un amplio debate público y que sea la justicia la que decida el tema de la concentración de medios.
Según esa entidad, “la concentración de la propiedad de los medios encierra potenciales amenazas contra la libertad de expresión” por lo que es necesario “medidas que impidan, democráticamente, la concentración de la propiedad de los medios o su monopolio, conforme al mandato constitucional”.
ANTECEDENES
Perú teme monopolio de información
Grupo El Comercio controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, ahora en un acuerdo realizado junto a Grupo Agois Banchero, su poder podría acercarse a un manejo del 70% de empresas de comunicación, una vez que se ejecute esta asociación
Victor Vimos, corresponsal de Lima de El Telégrafo
Una fuerte ola de críticas ha generado el reciente acuerdo comercial protagonizado por el Grupo El Comercio y el Grupo Agois Banchero, empresas dedicadas a la generación y difusión de información en Perú. Una serie de negociaciones desarrolladas en meses pasados, llegaron a su fin el 22 de agosto cuando, mediante un comunicado, se informó de la concreción de un acuerdo de asociación entre estos dos grupos.
El Grupo Agois Banchero tiene el derecho mayoritario sobre las acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA), nacida a comienzos de 1962, la misma que edita los diarios Correo, Ajá, Ojo y El Bocón, aparte de una serie de revistas y suplementos especiales.
El acuerdo, según el comunicado, contempla la separación de los negocios de EPENSA en dos empresas: una dedicada a los contenidos periodísticos, en la que la familia Agois Banchero tendrá la totalidad de las acciones, y otra dedicada a brindar servicios de impresión y comercialización de los diarios y la publicidad, donde la familia tendrá el 46% de las acciones, dejando el otro 56% en manos del Grupo El Comercio, el cual, de acuerdo a expertos comunicacionales, antes de este acuerdo controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, pudiendo acercarse a un control del 70% una vez ejecutada esta asociación.
Esa situación preocupa a quienes miran en esas cifras una falta total a la libertad de expresión. De acuerdo al artículo 66 de la Constitución del Perú, el Estado deberá facilitar y vigilar la libre competencia, evitando la formación de monopolios que obstaculicen la misma.
Dice: “(El Estado) combate toda práctica que la limite (a la libertad de expresión) y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social. Y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.
Para Rosa María Alfaro, investigadora en el campo de la comunicación, ese tipo de control mayoritario afecta por completo a la democracia. “La democracia supone variedad empresarial. La gente y el periodismo son fuertes cuando critican al gobierno, pero si nadie toca a las empresas, hacen lo que quieren. El negocio pesa más que la ciudadanía. La ciudadanía es crítica, cuestiona, plantea propuestas. Si no hay diversidad de voces, no hay democracia”, indica.
De acuerdo a su visión lo que se pierde con estas acciones es la pluralidad, y se cede el peso total al lado económico de la información. Advirtiendo ese tipo de miradas, la Familia Agoins Banchero anunció que el acuerdo respetará la línea editorial que mantenían en sus publicaciones, y que serviría, en general, para enfocar el crecimiento de EPENSA en las nuevas plataformas.
Gustavo Gorriti director de IDL-Reporteros, mira esto como una evolución negativa frente a la amplitud que debería tener el tema comunicacional dentro del Estado.
“Es una situación en la que se puede decir que la prensa peruana que ya estaba mal, ahora pierde varios peldaños y no creo para nada que sea una evolución positiva”, justificó. La posición de dominio de un grupo sobre el resto es, de acuerdo a su visión, una situación peligrosa, pues se requiere una plataforma adecuada de debate para que un país pueda tener pluralidad de información.
El comunicador recordó que ya en la última campaña presidencial se pusieron en evidencia mecanismos que reflejaban un alto grado de parcialidad en la prensa, buscando afectar los comicios, razón por la que este tipo de asociaciones renuevan esa preocupación.
Para Rosa María Alfaro, el panorama apunta a la disminución de opciones que tiene la gente a la hora de informarse. “No sé con claridad si su posición económica va a ser también una posición política, cultural y educativa. No sabemos. Un medio tiene derecho a tener una opinión frente a lo que pasa, pero el miedo es que esta concentración de medios signifique una cierta unidad al momento de dar las noticias, opinar o debatir”, apunta.
Las voces de reconocidos periodistas del medio se han hecho sentir en el cuestionamiento de esta situación. Foros y publicaciones han contrastado con el silencio oficial que desde las instituciones del Estado se prodiga a esta transacción.
Luis Agois, representante de EPENSA, resaltó, en respuesta a la inconformidad de los periodistas, que “no hay monopolio porque los otros diarios tienen mucha lectoría también, como los regionales que generan mucha mercancía. Hay oferta informativa para todos los gustos”, señaló.
De este modo se ha puesto en evidencia las fracturas profundas que existen en el tema comunicacional peruano, permitiendo que la reflexión señale problemas crónicos, como el monopolio de los medios y la dirección que estos entregan a la información.
Queda por delante esperar la voz de los sectores estatales, que hasta el momento han visto esta contienda desde lejos.
Publicado el 1/04/14
EL TELEGRAFO – “El tema de la concentración de medios debe ir al Congreso, que es un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo”, dijo el jueves el presidente peruano, Ollanta Humala, en declaraciones a periodistas en el Palacio de Justicia.
Los comentarios de Humala, en respaldo a unas declaraciones en el mismo sentido del novelista peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, generó una ola de críticas de la oposición, así como del Grupo El Comercio, el gigante de la prensa peruana que controla nueve diarios y dos canales de televisión.
Las críticas vinieron de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori; el escritor Álvaro Vargas Llosa, y también de la excandidata presidencial y conservadora Lourdes Flores, entre otros.
Humala rechazó que su gobierno esté en contra de la libertad de prensa: “Yo preguntaría al país quién amenaza realmente la libertad de expresión, ¿aquel grupo empresarial que compra los medios de comunicación o el Presidente?”, manifestó.
El gobernante peruano ya había calificado en una entrevista, hace unos días, de “peligroso” y hasta de “una vergüenza” que un sólo grupo, en referencia a El Comercio, sea dueño de la mayor parte de los medios en el país tras comprar el año pasado a Epensa, otro importante conglomerado de diarios. Fue la primera vez que el presidente se metió de lleno en la polémica sobre la concentración de medios.
La concreción de una asociación entre estos dos grupos se dio a conocer en agosto pasado. El acuerdo establecía que el Grupo Agois Banchero tenía el derecho mayoritario sobre las acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa), nacida a comienzos de 1962, la misma que edita los diarios Correo, Ojo y El Bocón, aparte de una serie de revistas y suplementos especiales.
También editaba el diario Ajá, que el 30 de diciembre publicó su último número, luego de 19 años de existencia. Un informe de la revista Caretas reveló que la directiva del grupo decidió cerrar el diario porque era competidor directo de Trome, periódico popular de El Comercio.
El acuerdo, según se difundió entonces, contemplaba también la separación de los negocios de Epensa en dos empresas: una dedicada a los contenidos periodísticos, en la que la familia Agois Banchero tenía la totalidad de las acciones, y otra dedicada a brindar servicios de impresión y comercialización de los diarios y la publicidad, donde la familia tiene el 46% de las acciones, dejando el otro 56% en manos del Grupo El Comercio, el cual, de acuerdo a expertos comunicacionales, antes de este acuerdo controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, pudiendo acercarse a un control del 70% una vez ejecutada esta asociación.
Actualmente, el grupo El Comercio encara un litigio por este caso con el grupo La República, otra de las grandes empresas periodísticas, que también intentó comprar el control de Epensa. Éste último asegura que el control del primero es de casi el 80 por ciento.
La operación se encuentra bloqueada a la espera que la justicia peruana se pronuncie luego que ocho periodistas presentaron en noviembre una demanda para impedir la compra, alegando una posición de dominio de El Comercio. Se trata de: Enrique Zileri Gibson, director de Caretas; Luz Helguero Seminario, directora del diario El Tiempo-Piura; Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República; Fernando Valencia Osorio, director de Diario 16; y los periodistas Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Rosa María Palacios y Mario Saavedra-Pinón.
La Constitución de Perú señala que los medios de comunicación no pueden ser objeto de monopolio.
El 24 de octubre pasado, El Comercio publicó un editorial con su posición ante lo que denominó como “campaña en contra de la asociación” con Epensa. “La única manera en que un medio puede alcanzar sosteniblemente un porcentaje dado del mercado de prensa escrita es mediante la elección de las personas que lo leen. Luego, no es posible limitar el derecho de un medio a alcanzar tal o cual porcentaje del mercado sin limitar al mismo tiempo el derecho de los consumidores a elegirlo. Dicho de otra forma: la libertad de crecimiento de los medios no es más que la otra cara del derecho de las personas de elegir sus fuentes de información”, indicaba el editorial.
Ayer, el presidente Humala expresó su disposición a que el tema de la concentración de medios sea discutida por la sociedad, como ha propuesto el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), una ONG de periodistas, aunque insistió en que el Congreso debe dar la última palabra.
El Ipys propuso el lunes un amplio debate público y que sea la justicia la que decida el tema de la concentración de medios.
Según esa entidad, “la concentración de la propiedad de los medios encierra potenciales amenazas contra la libertad de expresión” por lo que es necesario “medidas que impidan, democráticamente, la concentración de la propiedad de los medios o su monopolio, conforme al mandato constitucional”.
ANTECEDENES
Perú teme monopolio de información
Grupo El Comercio controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, ahora en un acuerdo realizado junto a Grupo Agois Banchero, su poder podría acercarse a un manejo del 70% de empresas de comunicación, una vez que se ejecute esta asociación
Victor Vimos, corresponsal de Lima de El Telégrafo
Una fuerte ola de críticas ha generado el reciente acuerdo comercial protagonizado por el Grupo El Comercio y el Grupo Agois Banchero, empresas dedicadas a la generación y difusión de información en Perú. Una serie de negociaciones desarrolladas en meses pasados, llegaron a su fin el 22 de agosto cuando, mediante un comunicado, se informó de la concreción de un acuerdo de asociación entre estos dos grupos.
El Grupo Agois Banchero tiene el derecho mayoritario sobre las acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA), nacida a comienzos de 1962, la misma que edita los diarios Correo, Ajá, Ojo y El Bocón, aparte de una serie de revistas y suplementos especiales.
El acuerdo, según el comunicado, contempla la separación de los negocios de EPENSA en dos empresas: una dedicada a los contenidos periodísticos, en la que la familia Agois Banchero tendrá la totalidad de las acciones, y otra dedicada a brindar servicios de impresión y comercialización de los diarios y la publicidad, donde la familia tendrá el 46% de las acciones, dejando el otro 56% en manos del Grupo El Comercio, el cual, de acuerdo a expertos comunicacionales, antes de este acuerdo controlaba el 40% de los medios escritos y audiovisuales del país, pudiendo acercarse a un control del 70% una vez ejecutada esta asociación.
Esa situación preocupa a quienes miran en esas cifras una falta total a la libertad de expresión. De acuerdo al artículo 66 de la Constitución del Perú, el Estado deberá facilitar y vigilar la libre competencia, evitando la formación de monopolios que obstaculicen la misma.
Dice: “(El Estado) combate toda práctica que la limite (a la libertad de expresión) y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social. Y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.
Para Rosa María Alfaro, investigadora en el campo de la comunicación, ese tipo de control mayoritario afecta por completo a la democracia. “La democracia supone variedad empresarial. La gente y el periodismo son fuertes cuando critican al gobierno, pero si nadie toca a las empresas, hacen lo que quieren. El negocio pesa más que la ciudadanía. La ciudadanía es crítica, cuestiona, plantea propuestas. Si no hay diversidad de voces, no hay democracia”, indica.
De acuerdo a su visión lo que se pierde con estas acciones es la pluralidad, y se cede el peso total al lado económico de la información. Advirtiendo ese tipo de miradas, la Familia Agoins Banchero anunció que el acuerdo respetará la línea editorial que mantenían en sus publicaciones, y que serviría, en general, para enfocar el crecimiento de EPENSA en las nuevas plataformas.
Gustavo Gorriti director de IDL-Reporteros, mira esto como una evolución negativa frente a la amplitud que debería tener el tema comunicacional dentro del Estado.
“Es una situación en la que se puede decir que la prensa peruana que ya estaba mal, ahora pierde varios peldaños y no creo para nada que sea una evolución positiva”, justificó. La posición de dominio de un grupo sobre el resto es, de acuerdo a su visión, una situación peligrosa, pues se requiere una plataforma adecuada de debate para que un país pueda tener pluralidad de información.
El comunicador recordó que ya en la última campaña presidencial se pusieron en evidencia mecanismos que reflejaban un alto grado de parcialidad en la prensa, buscando afectar los comicios, razón por la que este tipo de asociaciones renuevan esa preocupación.
Para Rosa María Alfaro, el panorama apunta a la disminución de opciones que tiene la gente a la hora de informarse. “No sé con claridad si su posición económica va a ser también una posición política, cultural y educativa. No sabemos. Un medio tiene derecho a tener una opinión frente a lo que pasa, pero el miedo es que esta concentración de medios signifique una cierta unidad al momento de dar las noticias, opinar o debatir”, apunta.
Las voces de reconocidos periodistas del medio se han hecho sentir en el cuestionamiento de esta situación. Foros y publicaciones han contrastado con el silencio oficial que desde las instituciones del Estado se prodiga a esta transacción.
Luis Agois, representante de EPENSA, resaltó, en respuesta a la inconformidad de los periodistas, que “no hay monopolio porque los otros diarios tienen mucha lectoría también, como los regionales que generan mucha mercancía. Hay oferta informativa para todos los gustos”, señaló.
De este modo se ha puesto en evidencia las fracturas profundas que existen en el tema comunicacional peruano, permitiendo que la reflexión señale problemas crónicos, como el monopolio de los medios y la dirección que estos entregan a la información.
Queda por delante esperar la voz de los sectores estatales, que hasta el momento han visto esta contienda desde lejos.
La inteligencia española, a la sombra de la NSA yanqui
La inteligencia española, a la sombra de la NSA yanqui
Publicado el 1/03/14
MERCE MOLIST / LA MAREA –
“Todos los gobiernos lo hacen”. Esta fue la primera respuesta del Gobierno norteamericano cuando Edward Snowden reveló que los servicios secretos de aquel país estaban monitorizando las telecomunicaciones de medio mundo. Todos los gobiernos lo hacen, sí, desde los sumerios y mucho antes, pero ninguno tiene ni ha tenido el poder de Estados Unidos a la hora de recolectar, procesar y guardar estos datos.
El nuevo mundo conectado y digitalizado ha convertido a nuestra sociedad en la más transparente y fácilmente espiable de la historia. Todo pasa por las redes: quiénes son nuestros amigos, nuestra familia, dónde vivimos, dónde estudiamos, qué películas nos gustan, nuestras afiliaciones políticas, nuestro estado de salud… Para colmo, la mayor parte de esta información es pública, la ponemos nosotros mismos en las redes sociales, cuyo negocio consiste en vender estos datos a empresas. Y, si un gobierno se los pide, se los dan sin rechistar. De hecho, una de las empresas fundadoras de Facebook pertenece a la CIA.
En cuanto a nuestra información más privada, la que no contamos tan alegremente, también puede ser espiada por terceros, seamos ciudadanía, empresas o gobiernos. No es tan fácil, pero los cables de fibra óptica pueden ser pinchados y los programas y algoritmos de cifrado que se venden como inexpugnables incluyen puertas traseras, desconocidas por los usuarios, que permiten la entrada a los gobiernos. Por no hablar del rizo rizado: hackers a sueldo de los gobiernos robando informaciones de otros gobiernos y empresas.
Ante este panorama, no hay muchos sitios donde el ciudadano y la ciudadana puedan esconderse. Impotentes, se consuelan con la manida frase: “No tengo nada que esconder”. ¿Seguro? ¿Seguro que no les importa que el Gobierno conozca qué tipo de pornografía miran por Internet y deduzca sus pulsiones sexuales? ¿O cuánto dinero tienen y cuánto declaran? En el mundo digital no hay nada que no pueda ser hackeado, escudriñado y descubierto. Los hackers suelen decir: “Lo que ha hecho un hombre, otro puede deshacerlo”. Es sólo cuestión de tiempo y dinero, algo que los gobiernos poderosos tienen a espuertas. En cuanto a los normalitos, tipo España, hacen lo que pueden en su vida doméstica y no olvidan servir a los grandes, dejándoles paso franco y pasándoles los datos que haga falta. Esta es la pequeña historia del espionaje electrónico masivo en España.
Todo empezó con Echelon
En las alcantarillas del espionaje nunca se sabe, quizás fue Echelon la primera red de monitorización masiva, quizás no. Lo seguro y cierto es que la primera vez que el mundo escuchó el concepto electronic surveillance (vigilancia electrónica) fue cuando un periodista británico desveló la existencia de Echelon, en los años 70. Echelon era –y algunos dicen que sigue siendo– una red de espionaje que creó la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) después de la II Guerra Mundial, compartida con los servicios de inteligencia de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La labor de Echelon era interceptar las comunicaciones por radio y satélite de telex, teléfono y fax. Más adelante, cuando el mundo analógico se hizo digital, la red Echelon amplió el abanico de objetivos a espiar, incluyendo las comunicaciones por teléfono móvil e Internet.
En 1998, la oficina del Parlamento Europeo bautizada como Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA, por sus siglas en inglés) presentaba el informe Una aproximación a las tecnologías de control político donde se desvelaba por primera vez y de forma oficial a los gobiernos europeos la existencia de Echelon. Para entonces, la red había evolucionado y tenía múltiples tentáculos, como el uso de inteligencia artificial para procesar los datos capturados o Carnivore, un programa que se instala en los proveedores de Internet para monitorizar a sus usuarios. Europa se llevó las manos a la cabeza cuando supo, a través del informe, que EEUU había usado Echelon para espiar a empresas europeas y hacerles perder contratos frente a las norteamericanas. En la Wikipedia hay algunos ejemplos: “En 1994, el grupo francés Thompson-CSF habría perdido un contrato con Brasil por valor de 1.300 millones de dólares en favor de la estadounidense Raytheon. Ese mismo año, Airbus habría perdido un contrato de 6.000 millones de dólares con Arabia Saudí en favor de las empresas estadounidenses Boeing y McDonnell Douglas, gracias a que las negociaciones entre Airbus y sus interlocutores árabes habrían sido interceptadas por Echelon”.
La sombra de Echelon llega a España desde distintos frentes, siendo el más controvertido el espionaje al que se sometió al ingeniero español José Ignacio López de Arriortúa, que trabajaba en General Motors: la NSA llegó a grabar una videoconferencia de Arriortúa, más conocido como Superlópez, con un directivo de la empresa alemana Volkswagen. General Motors tuvo acceso al contenido de la videoconferencia y acusó al vasco de espionaje industrial y robo de documentos confidenciales. Más adelante, en los 90, cuando José María Aznar y George Bush eran super amigos, Echelon y Carnivore propiciaron la detención de varios comandos de ETA.
La élite del mundo telecomunicado
La respuesta de Europa a estas graves revelaciones fue unirse a la fiesta del espionaje en masa: en 1991, se puso en marcha ENFOPOL, llamado también Sistema EU-FBI para enfatizar que se trataba de una colaboración entre Europa y Estados Unidos. De cara al público, ENFOPOL era un plan de estandarización de los requisitos técnicos que debían cumplir las operadoras de teléfono fijo, móvil e Internet para que sus sistemas fuesen fácilmente “pinchables” por la policía.
Pero, según la oficina STOA, bajo Echelon, ENFOPOL e iniciativas parecidas se escondían “reuniones de las fuerzas operativas de un nuevo estado global de inteligencia militar y policial”. En llano: una élite que tiene el control absoluto del mundo telecomunicado, con Estados Unidos al frente, y Australia y Europa a los lados. Lo nuevo de estas redes de espionaje es que la vigilancia pasa de los targets u objetivos puntuales (disidentes, activistas, gobiernos..) a toda la ciudadanía, al estilo de la KGB, la Gestapo o la Stasi.
Para que esta vigilancia masiva funcione es preciso crear lobbies que presionen a los parlamentos, de forma que las leyes permitan una monitorización impune y fácil. En esta clave deben leerse las normativas que restringen el cifrado, que obligan a los fabricantes de programas informáticos a incluir puertas traseras para las fuerzas de la ley, o que conminan a los proveedores de telefonía e internet a que sus equipos sean fácilmente interceptables y a guardar los datos de las comunicaciones de sus clientes durante meses.
De eso va la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas aprobada en España en 2007, a partir de una directiva de la Unión Europea. Esta ley, muy discutida por abogados y activistas, tanto en España como en Europa, obliga a las operadoras a guardar los datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas de sus clientes entre 6 y 24 meses, de forma que la policía pueda consultarlos, previa autorización judicial.
El hecho de que sea necesaria la autorización de un juez para que las fuerzas de la ley puedan espiar las comunicaciones de la ciudadanía suele acallar las críticas de los defensores de la privacidad. Se sobreentiende que la participación de un juez impedirá que se produzcan abusos. El problema llega cuando nos enteramos de que las autorizaciones para el “pinchazo” se han convertido en una burla.
Según el abogado Gonzalo Boye Tuset, las demandas de intercepciones telefónicas o de Internet han llegado a ser tantas en los juzgados españoles que han escapado a todo control. Según Boye, en estos momentos hay un millón de líneas telefónicas intervenidas con autorización judicial. Esto significa que a cada juez le toca controlar una media de 597 “pinchazos” diarios.
Se supone a los jueces la suficiente inteligencia como para ver que es imposible controlar tanta interceptación. Pero, según Boye, “se sigue actuando así porque cada día la jurisprudencia es más laxa en cuanto a los criterios para autorizar esas intervenciones y, también, para asumir lo que es un control efectivo de las medidas”. Para colmo, denuncia el abogado, la policía lleva a cabo turbias prácticas que desembocan en algo tan curioso como las interceptaciones ilegales dentro de la legalidad.
Estas consisten en pedir al juez que autorice la intervención de diversos números dentro de una investigación. Son números sin nombres, descritos como “usuario desconocido” o “persona de acento extranjero”, que al poco tiempo se retiran “por carecer de relevancia”. Pero, en realidad, se trasladan a otra investigación y así siguen estando intervenidos. De esta forma se van “paseando” los mismos teléfonos de un proceso a otro, consiguiendo que estén “pinchados” durante largo tiempo. Boye asegura que ha habido casos en los que un juicio a seis personas ha requerido la monitorización de más de 100 líneas telefónicas: “Son intervenciones que cuentan con respaldos judiciales pero que, técnicamente, son ilegales”.
Según Boye, los responsables de haber llegado a esta situación son “los jueces y tribunales, especialmente el Tribunal Supremo y las salas de enjuiciamiento, los que no hacen lo que deberían: ser rigurosos con este tipo de irregularidades y no crear tantos espacios para la impunidad de tales prácticas”. Si los jueces fuesen más estrictos a la hora de evaluar las demandas de interceptaciones, y éstas no dependiesen de criterios tan laxos, la policía no podría actuar de esta forma.
El gran hermano SITEL
Pero,¿cómo llevan a cabo los cuerpos de seguridad tal cantidad de intervenciones telefónicas? Estamos en terreno oscuro y pantanoso. El nombre que más suena cuando se habla de estos temas es SITEL, siglas de Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones. Desde 2004, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, los servicios secretos españoles) usan este sistema informático que puede interceptar llamadas telefónicas fijas, móviles y SMS.
Se sabe muy poco de SITEL y sólo han trascendido algunas informaciones desveladas por investigadores como el periodista Fernando Rueda, quien explica que la interceptación se hace “pinchando” directamente los sistemas informáticos de las operadoras, que ya están preparadas para ello: “La policía debe presentar la correspondiente orden judicial a la operadora y ésta le da una clave para entrar en SITEL”, explica Rueda. Los datos llegan en tiempo real a la policía, que puede monitorizarlos desde el mismo portátil del agente que está llevando a cabo la investigación. Además, todo va acompañado de metadatos sobre quién inició la comunicación y quién la recibió.
En concreto estos metadatos serían el DNI del interlocutor, su domicilio, su teléfono u ordenador, localización geográfica de emisor y receptor, tráfico de llamadas, SMS y MMS. Ellos fueron la causa de una polémica que en 2009 enfrentó al PP y al PSOE por la legalidad o no del sistema. El Partido Popular denunció entonces que SITEL “aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza una interceptación”.
Hubo incluso quien denunció a SITEL ante los tribunales pero, como recuerda Rueda, todas las sentencias fueron favorables a este sistema. El PP se comprometió entonces a regular SITEL cuando llegase al poder, mediante una ley que de momento no se ha desarrollado, y que tampoco la oposición ha pedido. Hoy el mutismo es absoluto sobre SITEL. De hecho, todos los gobiernos han participado en la implantación de este sistema, que nació durante la etapa en que era presidente José María Aznar y Mariano Rajoy, ministro de Interior. El sistema se compró a la empresa Ericsson por 10 millones de euros en 2001, pero no se puso en funcionamiento de inmediato por dudas sobre su legalidad. Finalmente, en 2004, bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, SITEL vio la luz.
Abusos del sistema ‘SIGO’
SITEL es sólo la punta del iceberg, el más conocido de los sistemas de vigilancia ciudadana que utilizan las fuerzas de la ley españolas. Fernando Rueda afirma no tener ninguna duda de que “los cuerpos policiales tienen otros sistemas ahora mismo para monitorizar internet”. La Guardia Civil ha sorprendido más de una vez con programas de este estilo, como “Hispalis”, que rastrea las redes P2P. Otro sistema informático destinado al espionaje usado por este cuerpo policial es el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO). En concreto, SIGO es una base de datos que guarda y cruza la información capturada por diversas vías. El sindicato Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que en SIGO se almacenan identificaciones indiscriminadas de personas sin antecedentes.
Si con esto no fuese suficiente, las fuerzas de seguridad pueden pedir datos personales directamente a las empresas, con un mandato judicial. Recientemente se ha sabido que España es el tercer país que más peticiones de información ha mandado a la empresa Apple, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Según estadísticas facilitadas por la propia compañía, sólo en el primer semestre de 2013 España hizo 102 peticiones sobre datos de personas y 308 de dispositivos.
El Ejército español tampoco se queda corto en esta carrera por saber más y tiene sus propios programas dedicados a la monitorización de la población. Trasciende muy poca información de los mismos pero en 2007 se supo que el Ministerio de Defensa trabajaba en OSEMINTI, siglas de Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional, un proyecto de los servicios de Inteligencia Militar españoles, italianos y franceses para identificar frases en las grabaciones telefónicas y textos de Internet.
CESICAT: espías de andar por casa
El 27 de octubre, los activistas de Anonymous desvelaba un escándalo de espías en la Generalitat de Catalunya que le ha costado el puesto al director del Centro de Seguridad de la Información (CESICAT), el convergente Carles Flamerich. Cabe decir que era un espionaje muy de estar por casa, pues el centro trabajaba con fuentes de información públicas: la web y las redes sociales. A partir de las mismas, realizaba seguimientos de activistas como el veterano Isaac Hacksimov, abogados como Carlos Sánchez Almeida, periodistas como Esther Vivas y medios de comunicación como La Directa y Media.cat.
Los informes resultantes y que Anonymous filtró a la opinión pública tenían un evidente tono policial, tanto en el lenguaje como en el seguimiento de algunas cuentas de Twitter, enfatizando quién inventaba las consignas (los trending topics) y quién llamaba a la violencia. Pero en la forma se parecían más a las monitorizaciones de marca que realiza un community manager, con sus estadísticas y gráficos de colorines, que a una investigación seria de espionaje. Aun así, son de gran valor, pues han servido para demostrar por, primera vez, al movimiento activista y hacktivista español que están siendo monitorizados en Internet.
Según las filtraciones de Anonymous, CESICAT montó operativos especiales de seguimiento de personas y grupos activistas a raíz de diferentes eventos como las campañas contra Bankia y La Caixa, la rebelión contra los peajes, el no a EuroVegas, el 15-M y otros. Además, se realizaban informes con todo lujo de detalles sobre personas concretas, como el fotoperiodista Jordi Borràs, quien lo ha denunciado a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. También fueron objeto de un informe especial cuatro adolescentes de un grupo de música ya desaparecido. Su delito: llamar a poner una bomba en La Caixa, desde su cuenta de Twitter.
Días después, a mediados de noviembre, Anonymous llevó a cabo una nueva tanda de filtraciones. En esta ocasión, los documentos liberados mostraban una nueva faceta de la labor de espionaje de CESICAT, esta vez no dirigida al movimiento activista sino a los propios políticos y sus escoltas, a los que se les habrían facilitado teléfonos móviles con programas espía. Por supuesto, las víctimas no habrían sabido que su móvil tenía un programa oculto que monitorizaba no sólo sus llamadas telefónicas, sino que también podía convertirse en un micrófono de ambiente por control remoto, para captar las conversaciones en el entorno físico, usando incluso la webcam para coger imágenes.
Según los documentos filtrados y las fuentes consultadas por El Confidencial, el medio que dio la exclusiva, se habrían repartido 500 teléfonos a miembros de los Mossos d’Esquadra, mandos de este cuerpo y escoltas. Otra tarea del CESICAT, según las filtraciones, era crear programas a medida para ocultarlos en los teléfonos de activistas, aprovechando posiblemente una detención temporal.
A partir de aquí, el escándalo ha llegado a tales dimensiones que, al cierre de esta edición, no parece que haya habido suficiente con la dimisión de Carles Flamerich, y algunos dedos empiezan a apuntar a Felip Puig, conseller d’Interior cuando sucedieron los hechos, según las fechas de los documentos filtrados por Anonymous. Puig es ahora consejero de Empresa i Ocupació, el departamento del cual ahora depende el CESICAT.
El diputado socialista en el Parlament Ferran Pedret pidió recientemente explicaciones públicas a Puig por este escándalo, que el conseller no desmintió, limitándose a decir que no había que creer lo que publicasen “confidenciales de la red”. Ante esta respuesta, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha anunciado que llevará el caso CESICAT ante la Fiscalía del Gobierno catalán.
Mientras esto sucedía, Anonymous filtraba una nueva remesa de documentos donde se mostraban las dificultades económicas por las que pasaba CESICAT en 2012, cuando tuvieron lugar los hechos ahora desvelados; los planes de convertir este organismo en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) catalana, y la propuesta de entrenar a sus trabajadores con expertos en inteligencia y ciberseguridad de Israel. Los documentos muestran también como CESICAT impartía cursos intensivos a los Mossos d’Esquadra, para enseñarles a investigar a personas, grupos y eventos en internet, incluidas estrategias y tácticas, programas específicos para la monitorización o el descubrimiento de metadatos y otros.
Un paso por delante
Sin embargo, aunque nos llevemos las manos a la cabeza cuando descubrimos de cuántas formas diferentes y desde cuántos cuerpos policiales pueden controlarnos, lo cierto es que los espías suelen ir un paso por delante. En la actualidad, el problema para ellos no es recopilar la información. El problema es procesar esas cantidades ingentes de datos y poder sacar “inteligencia” de ellos o, lo que es lo mismo: entenderlos. Y a ser posible que no tengan que hacerlo humanos sino máquinas.
Se dice que los ordenadores donde la NSA estadounidense guarda todo lo que monitoriza ocuparían cinco edificios tan grandes como una tienda Ikea. Cantidades astronómicas de información en bruto repleta de oro para quien sepa cribarla. En lo que se refiere a los metadatos, los datos de tráfico, son fácilmente procesables. Pero lo más interesante está en los contenidos de las llamadas y correos electrónicos interceptados… ¿Existe un sistema que pueda leerlos, entenderlos, contextualizarlos, que pueda comprender lo espiado, más allá del simple y burdo reconocimiento de palabras y frases sueltas? Es posible que sí, que ya esté inventado, pero que aún no haya trascendido su nombre ni otros detalles. Por el estado de la cuestión de las ciencias informáticas, el reconocimiento de voz, la inteligencia artificial y la computación semántica, posiblemente no sea aún el sistema perfecto, pero poco le quedará, pues militares, empresas, policías y servicios secretos están trabajando con ahínco en ello.
Una vez llegados a este nivel y cruzando bien los datos recopilados, no sería extraño que viviésemos situaciones como la que inventada recientemente en el blog Security By Default, donde alguien llama para pedir una pizza y le piden que se identifique con su DNI. A partir de este dato, la pizzería tiene todo tipo de información sobre esta persona, su estado de salud, familia, historial penal, últimos pagos realizados con tarjeta bancaria… Cuando encarga dos pizzas especiales y una coca-cola, la pizzería no se lo permite porque sus informes médicos delatan que tiene hipertensión, diabetes y colesterol.
REBELION
Publicado el 1/03/14
MERCE MOLIST / LA MAREA –
“Todos los gobiernos lo hacen”. Esta fue la primera respuesta del Gobierno norteamericano cuando Edward Snowden reveló que los servicios secretos de aquel país estaban monitorizando las telecomunicaciones de medio mundo. Todos los gobiernos lo hacen, sí, desde los sumerios y mucho antes, pero ninguno tiene ni ha tenido el poder de Estados Unidos a la hora de recolectar, procesar y guardar estos datos.
El nuevo mundo conectado y digitalizado ha convertido a nuestra sociedad en la más transparente y fácilmente espiable de la historia. Todo pasa por las redes: quiénes son nuestros amigos, nuestra familia, dónde vivimos, dónde estudiamos, qué películas nos gustan, nuestras afiliaciones políticas, nuestro estado de salud… Para colmo, la mayor parte de esta información es pública, la ponemos nosotros mismos en las redes sociales, cuyo negocio consiste en vender estos datos a empresas. Y, si un gobierno se los pide, se los dan sin rechistar. De hecho, una de las empresas fundadoras de Facebook pertenece a la CIA.
En cuanto a nuestra información más privada, la que no contamos tan alegremente, también puede ser espiada por terceros, seamos ciudadanía, empresas o gobiernos. No es tan fácil, pero los cables de fibra óptica pueden ser pinchados y los programas y algoritmos de cifrado que se venden como inexpugnables incluyen puertas traseras, desconocidas por los usuarios, que permiten la entrada a los gobiernos. Por no hablar del rizo rizado: hackers a sueldo de los gobiernos robando informaciones de otros gobiernos y empresas.
Ante este panorama, no hay muchos sitios donde el ciudadano y la ciudadana puedan esconderse. Impotentes, se consuelan con la manida frase: “No tengo nada que esconder”. ¿Seguro? ¿Seguro que no les importa que el Gobierno conozca qué tipo de pornografía miran por Internet y deduzca sus pulsiones sexuales? ¿O cuánto dinero tienen y cuánto declaran? En el mundo digital no hay nada que no pueda ser hackeado, escudriñado y descubierto. Los hackers suelen decir: “Lo que ha hecho un hombre, otro puede deshacerlo”. Es sólo cuestión de tiempo y dinero, algo que los gobiernos poderosos tienen a espuertas. En cuanto a los normalitos, tipo España, hacen lo que pueden en su vida doméstica y no olvidan servir a los grandes, dejándoles paso franco y pasándoles los datos que haga falta. Esta es la pequeña historia del espionaje electrónico masivo en España.
Todo empezó con Echelon
En las alcantarillas del espionaje nunca se sabe, quizás fue Echelon la primera red de monitorización masiva, quizás no. Lo seguro y cierto es que la primera vez que el mundo escuchó el concepto electronic surveillance (vigilancia electrónica) fue cuando un periodista británico desveló la existencia de Echelon, en los años 70. Echelon era –y algunos dicen que sigue siendo– una red de espionaje que creó la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) después de la II Guerra Mundial, compartida con los servicios de inteligencia de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La labor de Echelon era interceptar las comunicaciones por radio y satélite de telex, teléfono y fax. Más adelante, cuando el mundo analógico se hizo digital, la red Echelon amplió el abanico de objetivos a espiar, incluyendo las comunicaciones por teléfono móvil e Internet.
En 1998, la oficina del Parlamento Europeo bautizada como Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA, por sus siglas en inglés) presentaba el informe Una aproximación a las tecnologías de control político donde se desvelaba por primera vez y de forma oficial a los gobiernos europeos la existencia de Echelon. Para entonces, la red había evolucionado y tenía múltiples tentáculos, como el uso de inteligencia artificial para procesar los datos capturados o Carnivore, un programa que se instala en los proveedores de Internet para monitorizar a sus usuarios. Europa se llevó las manos a la cabeza cuando supo, a través del informe, que EEUU había usado Echelon para espiar a empresas europeas y hacerles perder contratos frente a las norteamericanas. En la Wikipedia hay algunos ejemplos: “En 1994, el grupo francés Thompson-CSF habría perdido un contrato con Brasil por valor de 1.300 millones de dólares en favor de la estadounidense Raytheon. Ese mismo año, Airbus habría perdido un contrato de 6.000 millones de dólares con Arabia Saudí en favor de las empresas estadounidenses Boeing y McDonnell Douglas, gracias a que las negociaciones entre Airbus y sus interlocutores árabes habrían sido interceptadas por Echelon”.
La sombra de Echelon llega a España desde distintos frentes, siendo el más controvertido el espionaje al que se sometió al ingeniero español José Ignacio López de Arriortúa, que trabajaba en General Motors: la NSA llegó a grabar una videoconferencia de Arriortúa, más conocido como Superlópez, con un directivo de la empresa alemana Volkswagen. General Motors tuvo acceso al contenido de la videoconferencia y acusó al vasco de espionaje industrial y robo de documentos confidenciales. Más adelante, en los 90, cuando José María Aznar y George Bush eran super amigos, Echelon y Carnivore propiciaron la detención de varios comandos de ETA.
La élite del mundo telecomunicado
La respuesta de Europa a estas graves revelaciones fue unirse a la fiesta del espionaje en masa: en 1991, se puso en marcha ENFOPOL, llamado también Sistema EU-FBI para enfatizar que se trataba de una colaboración entre Europa y Estados Unidos. De cara al público, ENFOPOL era un plan de estandarización de los requisitos técnicos que debían cumplir las operadoras de teléfono fijo, móvil e Internet para que sus sistemas fuesen fácilmente “pinchables” por la policía.
Pero, según la oficina STOA, bajo Echelon, ENFOPOL e iniciativas parecidas se escondían “reuniones de las fuerzas operativas de un nuevo estado global de inteligencia militar y policial”. En llano: una élite que tiene el control absoluto del mundo telecomunicado, con Estados Unidos al frente, y Australia y Europa a los lados. Lo nuevo de estas redes de espionaje es que la vigilancia pasa de los targets u objetivos puntuales (disidentes, activistas, gobiernos..) a toda la ciudadanía, al estilo de la KGB, la Gestapo o la Stasi.
Para que esta vigilancia masiva funcione es preciso crear lobbies que presionen a los parlamentos, de forma que las leyes permitan una monitorización impune y fácil. En esta clave deben leerse las normativas que restringen el cifrado, que obligan a los fabricantes de programas informáticos a incluir puertas traseras para las fuerzas de la ley, o que conminan a los proveedores de telefonía e internet a que sus equipos sean fácilmente interceptables y a guardar los datos de las comunicaciones de sus clientes durante meses.
De eso va la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas aprobada en España en 2007, a partir de una directiva de la Unión Europea. Esta ley, muy discutida por abogados y activistas, tanto en España como en Europa, obliga a las operadoras a guardar los datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas de sus clientes entre 6 y 24 meses, de forma que la policía pueda consultarlos, previa autorización judicial.
El hecho de que sea necesaria la autorización de un juez para que las fuerzas de la ley puedan espiar las comunicaciones de la ciudadanía suele acallar las críticas de los defensores de la privacidad. Se sobreentiende que la participación de un juez impedirá que se produzcan abusos. El problema llega cuando nos enteramos de que las autorizaciones para el “pinchazo” se han convertido en una burla.
Según el abogado Gonzalo Boye Tuset, las demandas de intercepciones telefónicas o de Internet han llegado a ser tantas en los juzgados españoles que han escapado a todo control. Según Boye, en estos momentos hay un millón de líneas telefónicas intervenidas con autorización judicial. Esto significa que a cada juez le toca controlar una media de 597 “pinchazos” diarios.
Se supone a los jueces la suficiente inteligencia como para ver que es imposible controlar tanta interceptación. Pero, según Boye, “se sigue actuando así porque cada día la jurisprudencia es más laxa en cuanto a los criterios para autorizar esas intervenciones y, también, para asumir lo que es un control efectivo de las medidas”. Para colmo, denuncia el abogado, la policía lleva a cabo turbias prácticas que desembocan en algo tan curioso como las interceptaciones ilegales dentro de la legalidad.
Estas consisten en pedir al juez que autorice la intervención de diversos números dentro de una investigación. Son números sin nombres, descritos como “usuario desconocido” o “persona de acento extranjero”, que al poco tiempo se retiran “por carecer de relevancia”. Pero, en realidad, se trasladan a otra investigación y así siguen estando intervenidos. De esta forma se van “paseando” los mismos teléfonos de un proceso a otro, consiguiendo que estén “pinchados” durante largo tiempo. Boye asegura que ha habido casos en los que un juicio a seis personas ha requerido la monitorización de más de 100 líneas telefónicas: “Son intervenciones que cuentan con respaldos judiciales pero que, técnicamente, son ilegales”.
Según Boye, los responsables de haber llegado a esta situación son “los jueces y tribunales, especialmente el Tribunal Supremo y las salas de enjuiciamiento, los que no hacen lo que deberían: ser rigurosos con este tipo de irregularidades y no crear tantos espacios para la impunidad de tales prácticas”. Si los jueces fuesen más estrictos a la hora de evaluar las demandas de interceptaciones, y éstas no dependiesen de criterios tan laxos, la policía no podría actuar de esta forma.
El gran hermano SITEL
Pero,¿cómo llevan a cabo los cuerpos de seguridad tal cantidad de intervenciones telefónicas? Estamos en terreno oscuro y pantanoso. El nombre que más suena cuando se habla de estos temas es SITEL, siglas de Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones. Desde 2004, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, los servicios secretos españoles) usan este sistema informático que puede interceptar llamadas telefónicas fijas, móviles y SMS.
Se sabe muy poco de SITEL y sólo han trascendido algunas informaciones desveladas por investigadores como el periodista Fernando Rueda, quien explica que la interceptación se hace “pinchando” directamente los sistemas informáticos de las operadoras, que ya están preparadas para ello: “La policía debe presentar la correspondiente orden judicial a la operadora y ésta le da una clave para entrar en SITEL”, explica Rueda. Los datos llegan en tiempo real a la policía, que puede monitorizarlos desde el mismo portátil del agente que está llevando a cabo la investigación. Además, todo va acompañado de metadatos sobre quién inició la comunicación y quién la recibió.
En concreto estos metadatos serían el DNI del interlocutor, su domicilio, su teléfono u ordenador, localización geográfica de emisor y receptor, tráfico de llamadas, SMS y MMS. Ellos fueron la causa de una polémica que en 2009 enfrentó al PP y al PSOE por la legalidad o no del sistema. El Partido Popular denunció entonces que SITEL “aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza una interceptación”.
Hubo incluso quien denunció a SITEL ante los tribunales pero, como recuerda Rueda, todas las sentencias fueron favorables a este sistema. El PP se comprometió entonces a regular SITEL cuando llegase al poder, mediante una ley que de momento no se ha desarrollado, y que tampoco la oposición ha pedido. Hoy el mutismo es absoluto sobre SITEL. De hecho, todos los gobiernos han participado en la implantación de este sistema, que nació durante la etapa en que era presidente José María Aznar y Mariano Rajoy, ministro de Interior. El sistema se compró a la empresa Ericsson por 10 millones de euros en 2001, pero no se puso en funcionamiento de inmediato por dudas sobre su legalidad. Finalmente, en 2004, bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, SITEL vio la luz.
Abusos del sistema ‘SIGO’
SITEL es sólo la punta del iceberg, el más conocido de los sistemas de vigilancia ciudadana que utilizan las fuerzas de la ley españolas. Fernando Rueda afirma no tener ninguna duda de que “los cuerpos policiales tienen otros sistemas ahora mismo para monitorizar internet”. La Guardia Civil ha sorprendido más de una vez con programas de este estilo, como “Hispalis”, que rastrea las redes P2P. Otro sistema informático destinado al espionaje usado por este cuerpo policial es el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO). En concreto, SIGO es una base de datos que guarda y cruza la información capturada por diversas vías. El sindicato Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que en SIGO se almacenan identificaciones indiscriminadas de personas sin antecedentes.
Si con esto no fuese suficiente, las fuerzas de seguridad pueden pedir datos personales directamente a las empresas, con un mandato judicial. Recientemente se ha sabido que España es el tercer país que más peticiones de información ha mandado a la empresa Apple, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Según estadísticas facilitadas por la propia compañía, sólo en el primer semestre de 2013 España hizo 102 peticiones sobre datos de personas y 308 de dispositivos.
El Ejército español tampoco se queda corto en esta carrera por saber más y tiene sus propios programas dedicados a la monitorización de la población. Trasciende muy poca información de los mismos pero en 2007 se supo que el Ministerio de Defensa trabajaba en OSEMINTI, siglas de Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional, un proyecto de los servicios de Inteligencia Militar españoles, italianos y franceses para identificar frases en las grabaciones telefónicas y textos de Internet.
CESICAT: espías de andar por casa
El 27 de octubre, los activistas de Anonymous desvelaba un escándalo de espías en la Generalitat de Catalunya que le ha costado el puesto al director del Centro de Seguridad de la Información (CESICAT), el convergente Carles Flamerich. Cabe decir que era un espionaje muy de estar por casa, pues el centro trabajaba con fuentes de información públicas: la web y las redes sociales. A partir de las mismas, realizaba seguimientos de activistas como el veterano Isaac Hacksimov, abogados como Carlos Sánchez Almeida, periodistas como Esther Vivas y medios de comunicación como La Directa y Media.cat.
Los informes resultantes y que Anonymous filtró a la opinión pública tenían un evidente tono policial, tanto en el lenguaje como en el seguimiento de algunas cuentas de Twitter, enfatizando quién inventaba las consignas (los trending topics) y quién llamaba a la violencia. Pero en la forma se parecían más a las monitorizaciones de marca que realiza un community manager, con sus estadísticas y gráficos de colorines, que a una investigación seria de espionaje. Aun así, son de gran valor, pues han servido para demostrar por, primera vez, al movimiento activista y hacktivista español que están siendo monitorizados en Internet.
Según las filtraciones de Anonymous, CESICAT montó operativos especiales de seguimiento de personas y grupos activistas a raíz de diferentes eventos como las campañas contra Bankia y La Caixa, la rebelión contra los peajes, el no a EuroVegas, el 15-M y otros. Además, se realizaban informes con todo lujo de detalles sobre personas concretas, como el fotoperiodista Jordi Borràs, quien lo ha denunciado a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. También fueron objeto de un informe especial cuatro adolescentes de un grupo de música ya desaparecido. Su delito: llamar a poner una bomba en La Caixa, desde su cuenta de Twitter.
Días después, a mediados de noviembre, Anonymous llevó a cabo una nueva tanda de filtraciones. En esta ocasión, los documentos liberados mostraban una nueva faceta de la labor de espionaje de CESICAT, esta vez no dirigida al movimiento activista sino a los propios políticos y sus escoltas, a los que se les habrían facilitado teléfonos móviles con programas espía. Por supuesto, las víctimas no habrían sabido que su móvil tenía un programa oculto que monitorizaba no sólo sus llamadas telefónicas, sino que también podía convertirse en un micrófono de ambiente por control remoto, para captar las conversaciones en el entorno físico, usando incluso la webcam para coger imágenes.
Según los documentos filtrados y las fuentes consultadas por El Confidencial, el medio que dio la exclusiva, se habrían repartido 500 teléfonos a miembros de los Mossos d’Esquadra, mandos de este cuerpo y escoltas. Otra tarea del CESICAT, según las filtraciones, era crear programas a medida para ocultarlos en los teléfonos de activistas, aprovechando posiblemente una detención temporal.
A partir de aquí, el escándalo ha llegado a tales dimensiones que, al cierre de esta edición, no parece que haya habido suficiente con la dimisión de Carles Flamerich, y algunos dedos empiezan a apuntar a Felip Puig, conseller d’Interior cuando sucedieron los hechos, según las fechas de los documentos filtrados por Anonymous. Puig es ahora consejero de Empresa i Ocupació, el departamento del cual ahora depende el CESICAT.
El diputado socialista en el Parlament Ferran Pedret pidió recientemente explicaciones públicas a Puig por este escándalo, que el conseller no desmintió, limitándose a decir que no había que creer lo que publicasen “confidenciales de la red”. Ante esta respuesta, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha anunciado que llevará el caso CESICAT ante la Fiscalía del Gobierno catalán.
Mientras esto sucedía, Anonymous filtraba una nueva remesa de documentos donde se mostraban las dificultades económicas por las que pasaba CESICAT en 2012, cuando tuvieron lugar los hechos ahora desvelados; los planes de convertir este organismo en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) catalana, y la propuesta de entrenar a sus trabajadores con expertos en inteligencia y ciberseguridad de Israel. Los documentos muestran también como CESICAT impartía cursos intensivos a los Mossos d’Esquadra, para enseñarles a investigar a personas, grupos y eventos en internet, incluidas estrategias y tácticas, programas específicos para la monitorización o el descubrimiento de metadatos y otros.
Un paso por delante
Sin embargo, aunque nos llevemos las manos a la cabeza cuando descubrimos de cuántas formas diferentes y desde cuántos cuerpos policiales pueden controlarnos, lo cierto es que los espías suelen ir un paso por delante. En la actualidad, el problema para ellos no es recopilar la información. El problema es procesar esas cantidades ingentes de datos y poder sacar “inteligencia” de ellos o, lo que es lo mismo: entenderlos. Y a ser posible que no tengan que hacerlo humanos sino máquinas.
Se dice que los ordenadores donde la NSA estadounidense guarda todo lo que monitoriza ocuparían cinco edificios tan grandes como una tienda Ikea. Cantidades astronómicas de información en bruto repleta de oro para quien sepa cribarla. En lo que se refiere a los metadatos, los datos de tráfico, son fácilmente procesables. Pero lo más interesante está en los contenidos de las llamadas y correos electrónicos interceptados… ¿Existe un sistema que pueda leerlos, entenderlos, contextualizarlos, que pueda comprender lo espiado, más allá del simple y burdo reconocimiento de palabras y frases sueltas? Es posible que sí, que ya esté inventado, pero que aún no haya trascendido su nombre ni otros detalles. Por el estado de la cuestión de las ciencias informáticas, el reconocimiento de voz, la inteligencia artificial y la computación semántica, posiblemente no sea aún el sistema perfecto, pero poco le quedará, pues militares, empresas, policías y servicios secretos están trabajando con ahínco en ello.
Una vez llegados a este nivel y cruzando bien los datos recopilados, no sería extraño que viviésemos situaciones como la que inventada recientemente en el blog Security By Default, donde alguien llama para pedir una pizza y le piden que se identifique con su DNI. A partir de este dato, la pizzería tiene todo tipo de información sobre esta persona, su estado de salud, familia, historial penal, últimos pagos realizados con tarjeta bancaria… Cuando encarga dos pizzas especiales y una coca-cola, la pizzería no se lo permite porque sus informes médicos delatan que tiene hipertensión, diabetes y colesterol.
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