15 ago 2014

Economías ilegales y territorialidad en Latinoamérica

Fernando Carrión M


Muy poca importancia se le ha asignado a los mercados ilegales dentro de la economía, quizás debido a la invisibilidad que producen sus metodologías, indicadores y fuentes, pero también a las implicaciones morales, legales, políticas y culturales nacidas en el marco de la política de la “guerra a las drogas”. 
Lo cierto es que existe una importante masa monetaria proveniente de los mercados ilícitos. Los datos a la mano nos muestran que en 1998 Michel Camdessus (Director del Fondo Monetario Internacional - FMI) estimó entre el 2% y el 5% de la economía mundial, mientras Moisés Naim estableció para el año 2004 un volumen del 10%. Esto significa que en 6 años se duplicó, lo cual evidencia una significativa tendencia alcista. Si este ritmo de crecimiento se mantiene hasta ahora ¿cuál sería en este momento el aporte de los mercados ilegales a la economía mundial? 

En América Latina se calculaba para el año 2002 una participación del 6,3% del PIB (alrededor de 75 mil millones de dólares). En un estudio que estamos llevando a cabo con el patrocinio del IDRC hemos detectado que la cifra regional debe ser superior a los 120 mil millones de dólares, una cantidad similar a los 137 mil millones de inversión externa que recibió la región en 2013 (CEPAL). 

¿Dónde están estos recursos? 

En América Latina no existen investigaciones que muestren donde se encuentran estos recursos; sin embargo, si seguimos los estudios de Forgione en Italia (2009), podemos afirmar que entre el 40% y el 50% sirven para reproducir el ilícito y dinamizar este segmento del mercado (corrupción, tecnología, armas, sueldos, sicariato); y entre el 60% y el 50% para ser blanqueado en la economía legal. 

La economía se dinamiza con el dinero destinado a reproducir el ilícito y con el que se invierte en los mercados legales menos regulados, con rápida liquidez y son funcionales a la reproducción de los ilícitos. Los enlaces con las áreas formales de la economía son evidentes, tanto que los límites entre los mercados legales y los ilegales son imperceptibles. 

Los sectores de la economía donde tienden a ubicarse estos capitales son muy variados, según la sociedad que se trate, aunque la mayoría de ellos son de base urbana. Por ejemplo, el sector inmobiliario es una actividad económica donde tiene mucha incidencia; en la actualidad en las ciudades más grandes de América Latina hay un crecimiento del sector que tiende a ser explicado como si existiera una burbuja, una sobre oferta o un boom inmobiliario. El sector comercial, automotor y de turismo son otros sectores atractivos para el lavado de activos provenientes de las economías ilegales. 

En la sociedad se desarrollan nuevas culturas vinculadas a la ganancia rápida y fácil, a las nuevas formas de consumo, a los contenidos de las narco novelas y de la música (narcocorridos) y, también, a la nueva capacidad de generación de empleo y de entrega de beneficios –que son buenos amortiguadores sociales– para contar con grupos de apoyo para sus fechorías. 

La reproducción de los ilícitos requiere de recursos económicos que financien el control de los territorios estratégicos, como son los lugares de producción o de traslado de narcóticos; así como también el financiamiento del mantenimiento de las fuerzas militares irregulares. 

Adicionalmente, la ilegalidad necesita dinero para enquistarse en las estructuras estatales de tal manera de hacerlas permisivas al delito mediante las modalidades de “plata” (corrupción), “plomo” (intimidación) y “democracia” (elecciones), con lo cual las políticas pierden eficacia y las instituciones se deslegitiman. De esta forma las instituciones estatales son minadas por la corrupción y por la creación de estructuras paralelas al poder constituido conduciendo, por un lado, a su debilitamiento para el control de estas actividades y, por otro lado, a la expresión de “Estado fallido”, que no es otra cosa que la “certificación” propia de la política de “guerra a las drogas”. 

Los territorios se modifican 

La producción social del espacio se transforma profundamente, según la nueva lógica de las economías legales e ilegales. En palabras de Sassen (1999): “los cambios en la geografía y en la composición de la economía global produjeron una compleja dualidad: una organización de la actividad económica espacialmente dispersa, pero a la vez globalmente integrada”. 

Esta economía se sustenta en la descomposición mundial de los procesos productivos, no solo en el territorio (espacios dispersos) sino también en las fases del proceso general. Los lugares de excepción son parte de un sistema organizacional compuesto por redes y nodos, que son articulados a nivel mundial por un comando central tipo holding (cártel de Sinaloa, N´drangueta). Esta estructura tiene una cualidad única: cuando las partes son atacadas el todo no se contamina ni se afecta, porque en los lugares dispersos actúan la tercerización y la franquicia, mientras en el contexto global lo hace el holding. De esta manera se cuenta con una estructura eficiente en lo administrativo e inmune frente a las acciones del sistema penal, porque la tercerización o la franquicia operan como válvulas o fusibles que saltan al momento de un embate policial. Cuando la policía desarticula una banda o una organización criminal, el propio holding lo reemplaza inmediatamente con otro grupo o con fracciones del mismo, gracias a su alta flexibilidad. 

Obviamente esta estructura tiene su contraparteen la territorialidad, que se expresa en tres lugares estratégicos: primero, las fronteras, que son el espacio donde las economías ilegales tienen un nivel de crecimiento asombroso, donde las tasas de homicidios son más altas que los promedios nacionales y donde existe una atracción-proyección desde-hacia el mundo (plataformas o hub). 

A partir de principios de este siglo, las regiones fronterizas se convierten en espacios estratégicos de los mercados ilegales más rentables: narcóticos, armas, trata de personas, precursores químicos y contrabando. Desde este momento, las fronteras se convierten en "sistemas globales" que cumplen funciones similares a las de un nodo de integración por donde ingresan y salen –en tiempo real– productos (narcóticos), insumos (precursores químicos) o servicios (salud, santuario) que vienen/van, desde/hacia distintos lugares del planeta. 

En segundo lugar están las ciudades, que son lugares preferidos para la nueva economía, en tanto son proclives a los negocios, producen riqueza, atraen inversión externa, concentran alta densidad de infraestructuras y servicios, son espacios de innovación y tienen una masa de consumidores concentrada. La vinculación de las economías ilegales con las legales encuentra en las ciudades el escenario perfecto, tal como se puede observar en los sectores inmobiliario o comercial que sirven para el lavado: pero también las ilegales se expresan directamente en el jogo de bicho en Brasil para el micro tráfico de drogas, las oficinas de cobro en Colombia para la venta de servicios de ajustes de cuentas o los múltiples mercados de venta de productos robados en la mayoría de las ciudades de la región. Por eso, en mercados como los que hemos visto, con alta presencia de ilegalidad, no es nada difícil que estos dineros formen parte de la economía urbana. 

También se debe destacar que las ciudades de frontera se convierten en nodos estructuradores de las regiones transfronterizas; tanto porque los mercados y los delitos conexos tienden a concentrarse en ellas, como porque asumen la función de plataformas universales. 

Y en tercer lugar, los paraísos fiscales que son el gran espacio donde los mercados ilegales y legales se encuentran, gracias al predominio de la lógica offshore (extraterritorialidad) que fortalece los beneficios y los servicios prestados por los paraísos fiscales. La OCDE estima en 7 billones de dólares el monto de dinero que mueven los 74 paraísos fiscales, de los cuales 1.6 billones proceden de los mercados ilegales. 

- Fernando Carrión M. es académico del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecuador.
Referencias:
- Forgione, Francesco (2010): Mafia export, Ed. Anagrama, Barcelona.
Sassen, Saskia (1999): La ciudad global, Ed. EUDEBA, Buenos Aires.
* Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No., 497 de julio de 2014, que trata sobre el tema de "La cuestión urbana hoy: Entre el mercado total y el buen vivir " -http://www.alainet.org/publica/497.phtml.

14 ago 2014

EEUU: El fantasma de la revuelta racial

LA JORNADA / 

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LA JORNADA – La noche del pasado domingo la localidad de Ferguson, Misuri, Estados Unidos, se vio envuelta en manifestaciones pacíficas, pero también en disturbios y saqueos que dejaron 32 detenidos y dos policías lesionados, tras el asesinato, el sábado, del adolescente negro Michael Brown a manos de un policía local, cuya identidad es mantenida en secreto por las autoridades. La inconformidad no sólo se genera por el homicidio, sino también por las perspectivas de impunidad para el agente policial, y orilló al gobierno federal a involucrarse, por medio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la investigación del asesinato.
Cabe recordar que en el país vecino es frecuente el encubrimiento y la obsecuencia institucionales ante abusos policiales extremos contra jóvenes negros. Entre los casos más documentados y comentados cabe recordar el ocurrido en 2012 en Stanford, Florida, cuando un agente de seguridad persiguió y mató a tiros a Trayvon Martin, un joven negro desarmado, y fue declarado inocente; la muerte de Amadou Diallo, quien en 1999 fue ultimado de 41 balazos por policías neoyorquinos que dijeron haber confudido a su víctima con un violador y fueron absueltos, o la paliza propinada por efectivos policiales de Los Ángeles al taxista negro Rodney King en 1992, suceso videograbado y difundido por los medios. La absolución de los agresores por un jurado compuesto exclusivamente por personas de raza blanca dio lugar a una oleada de violencia que se extendió durante seis días y dejó 53 muertos, cerca de dos mil heridos y pérdidas materiales por unos mil millones de dólares, y obligó al despliegue de una división de marines y de la Guardia Nacional de California.
Tales atropellos policiales y, sobre todo, la impunidad que los ha cubierto, constituyen una expresión del racismo estructural e institucional que persiste en Estados Unidos en pleno siglo XXI. Otra es la disriminación que se practica en los tribunales del país vecino contra negros y latinoamericanos, y que queda manifiesta en el hecho de que un delincuente perteneciente a esos grupos de población tiene muchas más probabilidades de ser sentenciado a la pena capital que un anglosajón que haya cometido el mismo delito.
El hecho es que, a cinco décadas del surgimiento del Movimiento por los Derechos Civiles y del asesinato de Martin Luther King, por más que un afroestadunidense ocupe la Casa Blanca desde hace seis años, y a contrapelo de una pregonada igualdad de todos los inividuos ante la ley, la discriminación racial sigue gravitando en la institucionalidad y en la sociedad de Estados Unidos.
A esa vieja e impresentable lacra debe agregarse el autoritarismo policial, reforzado en la década pasada durante los gobiernos de George W. Bush, con el pretexto de la defensa de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. En efecto, tras los atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, el principio de presunción de inocencia fue sustituido por el de presunción de culpabilidad, y muchas de las disposiciones legales emitidas entonces permanecen en vigor.
Por lo demás, la discriminación no sólo se pone en evidencia en los abusos policiales y judiciales, sino también en una sociedad desigual en que la pobreza y la marginación son más extendidas entre negros y latinos que en el resto de los sectores, y explican el surgimiento de estallidos de descontento como el ocurrido la noche del pasado domingo en Ferguson, Misuri.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/08/12/opinion/002a1edi

13 ago 2014

Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura

PRESENTACIÓN DEL LIBRO


08.08.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — Durante la presentación del libro "¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura" de Francesca Lessa, expositores plantearon que el Poder Judicial es parte de este problema.

Francesca Lessa es doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Se desempeña como invetigadora en el St. Anne College de la University of Oxford y como profesora adjunta en el curso de posgrado sobre derechos.
En el panel que presentó el libro participaron Dr.Felipe Michelini, Prof. Carlos Demassi, Dra. Mariana Mota Dr. Pablo Chargoñia y Raúl Olivera. El evento fue auspiciado por el Observatorio Luz Ibarburu y se realizó en la Facultad de Humanidades.
Michelini resaltó la rigurosidad técnica de la investigación hecha por Francesca Lessa. Finalizando su exposición, expresó "Hace veinte años, un periodista, avezado me decía que el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, era un tema saldado y que no sería noticia de forma alguna. Hoy, pasadas dos décadas, destaco cuatro noticias esta semana: 1)que en el día de ayer Estela de Carlotto rescató a su nieto, y llevan ciento catorce identidades recuperadas, 2) el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas el impuso a España un conjunto de recomendaciones contundentes para saldar los compromisos asumidos en la materia, 3) un Tribunal de Apelaciones en Uruguay explícitamente sostiene que la causa Perrini debe continuar y 4) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Memoria, Justicia y Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, le comunicó a Uruguay su documento preparatorio, en el que hace explícitas recomendaciones de cómo Uruguay debe cumplir en estos temas.
Por lo tanto, el tema está presente. Es cierto que nuestro país presenta déficits, también es cierto que no hay panaceas. En Chile hay buenas prácticas y soluciones y de las otras, los brasileños quisieran estar en los niveles de Uruguay, Argentina también tiene situaciones grises. Basta preguntarle a las organizaciones de derechos humanos de la región para que nos indiquen sus frustraciones.
La lucha contra la cultura de la impunidad es de avances y retrocesos. Siempre se podrá analizar los retrocesos, pero yo prefiero asumir los avances e impulsarme en ellos. Tenemos la voluntad de promover la causa de la justicia, la verdad, la memoria y la reconciliación -porque no creo que haya que dejar el concepto de la reconciliación para los que promueven la impunidad. Reconciliación, producto de leer todas las páginas del libro una y mil veces antes de darlas vuelta, basada en la verdad, la memoria y la justicia.
Nos consta que no alcanza con la voluntad. Se necesita que el Estado haga lo que tenga que hacer, a sabiendas que los gobiernos presentan contradicciones. Estas no nos deben inmovilizar, sino por el contrario, comprenderlas para avanzar. Yo prefiero éste gobierno que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo, que introdujo en la legislación el concepto de terrorismo de estado y de los crímenes de lesa humanidad, que en fin, tiene una política de derechos humanos que ha permitido entrar a los cuarteles, cosa que hace unos años parecía imposible.
Por cierto que el Poder Judicial es parte del problema, como lo han expresado otros panelistas. Creo que aún es más profundo el déficit en esta materia. Hace falta una real política pública en justicia, que incluso abarque al Poder Ejecutivo y la formación jurídica de los operadores en la materia".
Palabras de Felipe Michelini:
Ha sido un honor que Francesca Lessa me haya invitado a la presentación de este libro. La felicito por la obra extraordinaria, que ya conocía, en su original en inglés. Gracias a la perseverancia de Francesca, se ha podido traducir en tiempo casi record, e imprimir para tenerlo entre nosotros. ¡Felicitaciones por partida doble! Debería ser triple por la dificultad de encontrar una sala disponible, pero eso quedará como una anécdota, y nos alegra a todos que sea aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Quisiera dejar expresa constancia, del hecho que se me haya invitado a hablar sobre "¿Impunidad o Justicia?", en un panel integrado por Raúl Olivera, Mariana Mota, Carlos Demasi, Pablo Chargonia y la propia Francesca. Más aún, cuando la audiencia cuenta con la presencia de luchadores por los derechos humanos, que han dejado todo por la verdad, la memoria y la justicia.
Quisiera hacer unas breves observaciones sobre el libro, como tal. Primero por su presentación externa: ¡es celeste! Un celeste con matices, algunos grises que muestra y ejemplifica las distintas sensibilidades, así como que tiene planos de corte que muestran que la realidad puede ser percibida de diferentes maneras. En la tapa, el reloj, como algún otro panelista lo señalaba, dice que el tiempo cuenta en la pregunta que se contesta: "¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura".
La obra objetiviza las acciones de la lucha contra la cultura de la impunidad. Sistematiza las mismas, así como las documenta. Con rigor y método científico. Es un esfuerzo fundamental para todos aquellos que de una manera u otra, promovemos acciones para construir una sociedad sin impunidad. No estamos acostumbrados a analizar nuestra militancia y nuestras experiencias. Menos aún leernos.
Ello no quiere decir que sobre el contenido no se pueda discrepar. Por ejemplo, a mi no me parece que se pueda hablar de justicia transicional -se lo he expresado a la autora- pues hay justicia o injusticia. Se ha adoptado el criterio de los investigadores, en general estadounidenses, que adoptan esa especial perspectiva. Pero lo accesorio no quita lo esencial, que es cómo ha funcionado la justicia en los procesos de transición, o dicho de otra manera cómo se ha enfrentado a las políticas y medidas que intentan imponer la impunidad de crímenes gravísimos.
Es desde esta perspectiva que quisiera resaltar el talante con el cual Francesca aborda el objeto de su estudio, pues con el máximo rigor técnico y el método científico, no es imparcial. He leído, tal vez no todo lo necesario que se ha publicado sobre el tema, pero muchas veces me rechina un cierto aire de equidistancia en los académicos, cuando no es posible pretender que los hechos del terrorismo de estado nos sean indiferentes cuando se trata de ejecuciones, desapariciones, torturas de la peor especie. En el caso de Francesca eso no pasa. Siempre hay una empatía con las víctimas y sus familiares que hablan de su hermosa personalidad.
Asimismo, interpela al mundo académico uruguayo que no ha hecho el esfuerzo, salvo raras excepciones, de estudiar la lucha del terrorismo de estado. Creo que ello es también parte de la cultura de la impunidad que no nos permite explorar las consecuencias de esa época como las luchas que se ha seguido para hacer justicia en el país.
Quiero hacer un aporte, que no tenía planeado, pero como se han referido los otros expositores a cierto balance, utilizando esta presentación como excusa, no quiero ser omiso y voy a aprovechar la oportunidad.
Hace veinte años, un periodista, avezado me decía que el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, era un tema saldado y que no sería noticia de forma alguna. Hoy, pasadas dos décadas, destaco cuatro noticias esta semana: 1)que en el día de ayer Estela de Carlotto rescató a su nieto, y llevan ciento catorce identidades recuperadas, 2) el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas el impuso a España un conjunto de recomendaciones contundentes para saldar los compromisos asumidos en la materia, 3) un Tribunal de Apelaciones en Uruguay explícitamente sostiene que la causa Perrini debe continuar y 4) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Memoria, Justicia y Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, le comunicó a Uruguay su documento preparatorio, en el que hace explícitas recomendaciones de cómo Uruguay debe cumplir en estos temas.
Por lo tanto, el tema está presente. Es cierto que nuestro país presenta déficits, también es cierto que no hay panaceas. En Chile hay buenas prácticas y soluciones y de las otras, los brasileños quisieran estar en los niveles de Uruguay, Argentina también tiene situaciones grises. Basta preguntarle a las organizaciones de derechos humanos de la región para que nos indiquen sus frustraciones.
La lucha contra la cultura de la impunidad es de avances y retrocesos. Siempre se podrá analizar los retrocesos, pero yo prefiero asumir los avances e impulsarme en ellos. Tenemos la voluntad de promover la causa de la justicia, la verdad, la memoria y la reconciliación -porque no creo que haya que dejar el concepto de la reconciliación para los que promueven la impunidad. Reconciliación, producto de leer todas las páginas del libro una y mil veces antes de darlas vuelta, basada en la verdad, la memoria y la justicia.
Nos consta que no alcanza con la voluntad. Se necesita que el Estado haga lo que tenga que hacer, a sabiendas que los gobiernos presentan contradicciones. Estas no nos deben inmovilizar, sino por el contrario, comprenderlas para avanzar. Yo prefiero éste gobierno que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo, que introdujo en la legislación el concepto de terrorismo de estado y de los crímenes de lesa humanidad, que en fin, tiene una política de derechos humanos que ha permitido entrar a los cuarteles, cosa que hace unos años parecía imposible.
Por cierto que el Poder Judicial es parte del problema. Coincido con Chargonia sobre ello, pero creo que aún es más profundo el déficit en esta materia. Hace falta una real política pública en justicia, que incluso abarque al Poder Ejecutivo y la formación jurídica de los operadores en la materia.
¡Mucho se ha hecho! ¡Mucho falta aún por hacer! Francesca agradece que "le abrimos las puertas de nuestros hogares y de nuestras vidas". Nosotros todos, le agradecemos que nos haya abierto su corazón y brindado su talento.

Mapa de la juventud uruguaya

ATLAS SOCIODEMOGRÁFICO


12.08.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — Autoridades nacionales presentaron este martes el cuarto fascículo del Atlas sociodemográfico y de la desigualdad en Uruguay, esta vez aborda la temática: “Jóvenes en Uruguay: demografía, educación, mercado laboral y emancipación”.

Elaborado con datos brindados por el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), INJU e Inmujeres del Mides, el Ministerio de Trabajo, OPP y UNFPA, este nuevo fascículo brinda un panorama de la juventud en Uruguay, focalizado en el perfil sociodemográfico de la juventud, las desigualdades que tienen las y los jóvenes en el mercado laboral, el grado de emancipación que pueden lograr, el nivel educativo alcanzado.
Las autoridades hicieron la salvedad de que las fechas de los datos "no permiten evaluar el impacto de planes como 7 Zonas o programas como Jóvenes en Red", vigentes desde hace poco más de un año.
La publicación fue coordinada por Juan José Calvo, sumado al trabajo de Federico Araya, Cecilia Cristar, Mariana Ferrer, Mariana Melgar, Jimena Pandolfi, Santiago Soto, Ximena Vargas y Lucía Villamil.
La presentación tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, en el marco del Día Mundial de la Juventud y estuvieron presentes el titular del INJU, Matías Rodríguez; el representante del Área de Juventud de la Organización Iberoamericana de Juventudes (OIJ), Alejo Ramírez; el subdirector de OPP, Jerónimo Roca; el ministro de Trabajo, José Bayardi, y el de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
Desde la OIJ explicitaron su oposición al plebiscito que pretende conseguir los votos necesarios en octubre para lograr una reforma constitucional que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Ramírez dijo que la Organización ya se había manifestado en contra de la baja en otros países donde se sugirieron medidas similares, pero sostuvo que "tiene más sentido hacerlo en el marco de la campaña". Además, remarcó que la baja en el apoyo al plebiscito da cuenta de que "la mayoría de la población se da cuenta de que estigmatizar no es el camino".
Por su parte, Roca informó que en los próximos meses se realizará la primera encuesta nacional de Infancia, siendo la primera encuesta de panel en la que se podrán seguir casos y "estudiar la movilidad social".
El jerarca de la OPP sostuvo que, ante los datos censales que siguen marcando una baja tasa de crecimiento, "no hay que entrar en una histeria pronatalista", ni ver a los hijos como "costos".
El investigador Sebastián Soto fue quien presentó los principales datos del Atlas que estudia las y los jóvenes uruguayos: el 24% de la población total del país.
De este estudio se desprende que, de los 130 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, 90 mil son mujeres y, de éstas: 65 mil tienen dos hijos y 28 mil, tres hijos.
"No resolvemos la inclusión sin un sistema nacional de cuidados", remarcó Olesker.
Además, la mayor tasa de jóvenes se concentra en los departamentos del Norte del país (Artigas, Rivera y Cerro Largo) y en la periferia montevideana, además de estar en el departamento de Maldonado. "Aquí hay un problema de clase implícito", sostuvo el ministro Olesker al comentar algunos de los datos expuestos.
Seis de cada diez jóvenes no culmina la Educación Media. Sin embargo, en la presentación se destacó "el milagro silencioso" de la matrícula en educación Terciaria que se feminizó y quintuplicó en los últimos años. Esto redunda en que las mujeres tengan un nivel educativo más alto que los varones, aunque esto "no se ve traducido en los salarios".
Estos factores redundan en las cifras de desempleo o sublaudo e informalidad. La tasa de actividad y empleo crece según el nivel educativo alcanzado.
Mientras que se registra una baja tasa de actividad entre los 14 y 24 años, por tanto una "tasa deseable" porque implica que pueden estar formándose para obtener mejores empleos, la tasa de actividad amplía su brecha entre hombres y mujeres a medida que aumentan en edad y ellas tienen más hijos.
Aunque entre los 18 y 24 años la tasa de actividad es del 68%, si este total se desagrega por géneros esto representa al 76,7% de los varones y al 59,5% de las mujeres.
Las mujeres jóvenes con hijos participan menos que los varones con hijos: la tasa de empleo para aquellas que tienen un hijo es del 41,1%, mientras que llega al 58,8% de los varones que tienen un niño.
Estos datos se profundizan con dos niños: las mujeres solo alcanzan el 37% de la tasa de empleo; en cambio, el 60,4% de los varones con dos hijos están ocupados.
Emancipados
El 25% de los jóvenes son independientes: 34,2% viven en un hogar biparental con hijos; 20,3% en un hogar unipersonal y 18% son parejas sin hijos.
Los hogares unipersonales están mayormente compuesto por varones, mientras que los hogares jóvenes monoparentales están encabezados por mujeres. En el caso de Montevideo, los hogares compuestos se ubican sobre todo en la zona céntrica de la ciudad, y los hogares biparentales en la periferia de la capital.

Uruguay: Mujica quiere fomentar el arribo de extranjeros para frenar bajo índice de natalidad

13 agosto, 2014   

Mujica aseguró que es necesario facilitar la residencia de ciudadanos extranjeros en Uruguay

El presidente de la República, José Mujica, dijo que es necesario facilitar la residencia de ciudadanos extranjeros en el Uruguay, porque el sector pasivo crece en forma “desproporcionada” frente al activo, y ello es una amenaza para el crecimiento económico.
Mujca se refirió este martes en su audición de radio Uruguay al concepto de “evolución demográfica peligrosa: la baja natalidad”.
En tal sentido, explicó que cuando un país “empieza a vivir mejor, la gente tiene menos hijos y con ello se detiene el crecimiento demográfico y hay un aumento progresivo del promedio de edad”.
“El sector pasivo crece en forma desproporcionada frente al activo y esto es una amenaza para el crecimiento económico”, aseguró el mandatario, y agregó que ello es la “mayor interrogante del Uruguay”.
Mujica también indicó que siente con “dolor” que la evolución demográfica no se trate en la campaña electoral “porque como no se puede decretar la natalidad, queda como alternativa fomentar la inmigración”.
“Eso significa cambiar la legislación, aun desde el punto de vista constitucional”, expresó el mandatario.
En tal sentido confirmó su compromiso con un proyecto de Ley que “permita facilitar el otorgamiento de la residencia a ciudadanos del MERCOSUR”.
“Las dificultades que le ponemos en materia de residencia a los ciudadanos de países vecinos es un tiro contra nosotros mismos”, lamentó el jefe de Estado.
Aseguró que ello puede “arreglarse en parte” si se modifica el mecanismo legal. Aunque aclaró que “no se puede arreglar el problema de la ciudadanía, se necesitan cambios mucho más profundos”.
Baja natalidad, la mayor amenaza
Advirtió que se necesita un “acuerdo nacional” en un país cuya baja natalidad es “la mayor amenaza estratégica que tiene por delante”.
“No espero que se reconozca la cuestión de la pobreza o la indigencia, no espero que se reconozcan los derechos que hemos otorgados a la ‘pionada’ rural, pero espero que se reconozca el peligro que significa el congelamiento de la natalidad en Uruguay a tal punto que hoy los que nacen apenas equilibran los que se van de la vida”, manifestó.
El jerarca de gobierno remarcó que dicha “paridad es una amenaza a futuro para el crecimiento económico y sobre todo para la productividad promedio del país”.
“Los gobiernos pueden tomar alternativas que ayuden a paliar esto, y ello debería ser una preocupación de todos cualquiera fuera nuestra definición política”, sentenció Mujica.