9 sept 2014

Argentina: tras la quiebra, la empresa Donnelley es recuperada por sus trabajadores

Por Adriana Meyer

Después de que la imprenta que manejaba el mercado local (con parte de capital buitre) cerrara sus puertas, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Al otro día, a las seis de la mañana, los trabajadores ingresaron a la imprenta. Infojus Noticias es el primer medio nacional que entra a la planta recuperada por los obreros.
No fue necesario romper puertas ni candados. El 12 de agosto, un día después de encontrar la fábrica cerrada, los trabajadores de RR Donnelley pidieron las llaves del portón a los guardias, que se las dieron y se fueron para ya no volver. Habían decidido en asamblea que las rotativas de la imprenta -ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Panamericana- volvieran a imprimir. “Lamentamos tener que comunicarle que, afrontados (sic) a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país”, decía un cartel dejado por la empresa el día anterior. Debajo, un 0800 para que las 400 familias pudieran obtener “más detalles” de su destino.
“El día que salió el primer camión con nuestra producción de revistas, aplaudimos todos”, dice Alcira Landeira, enfermera desde hace una década en Donnelley. “Lo que acaparó la atención es que pusimos a producir la planta”, apunta el operario Hernando Charles. Se refiere al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo que los dueños habían conseguido en la justicia una “quiebra exprés”, que parte de su capital tenía origen buitre y que iniciarían acciones legales para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. Sin bien estos obreros gráficos apuntan a obtener la expropiación de la fábrica y su estatización para autogestionarla (“ponerla al servicio de la sociedad imprimiendo libros y manuales”, dicen), están dispuestos a aceptar otras variantes, como podría ser, también, otro comprador, que garantice sus empleos. Por el momento, para facturar y cobrar el trabajo que producen, en la asamblea del miércoles a la noche votaron: conformarán una cooperativa. La bautizaron Madygraf, en homenaje a la hija de uno de los trabajadores.
“Nuestros brazos y las máquinas estaban ahí”
Infojus Noticias es el primer medio nacional que entra a la planta recuperada. Más allá de la puerta de ingreso hay una salita con los ficheros en desuso. Charles, del área de calidad, 15 años en la imprenta, será guía y fuente en este recorrido. En los pasillos anchos hay orgullo porque se generaron 2 millones de pesos en estas semanas de producción, pero también cierta incertidumbre. “El dinero por ahora va al juzgado que tiene la denuncia por quiebra fraudulenta. Nosotros cobrábamos el último día de cada mes y ahora es duro no ver un peso. Con la cooperativa esperamos avanzar en eso”, explica, y mira al abogado Agustín Comas, a su lado. Los tranquiliza bastante que sus abogados están dedicados a pleno a resolver esta cuestión que no es menor.
Compran insumos y piezas de maquinarias con el fondo de lucha, que activa la comisión de mujeres de Donnelley (surgida durante el conflicto por los despidos en 2011, entre las familias de los trabajadores). De los 400 trabajadores, sólo cinco son mujeres, en los sectores de limpieza, calidad y enfermería.
Charles vive con su mujer y dos hijas en Cabot, un barrio obrero de Garín. Recortó gastos: “Mi mujer trabaja en un kiosko y tengo casa propia. Otros compañeros son sostén de familia y pagan alquiler, están más complicados”, dice. Landeira, la enfermera, recuerda el día que cerró la imprenta: “Pasamos de la etapa de la incertidumbre a organizarnos, lo estoy viviendo con mucha alegría. Funciona y se puede. Bajó muchísimo el nivel de estrés, que generaba ausentismo y accidentes. Somos gente de muchos años de trabajo y especialistas”, dice la enfermera.
Hasta el sábado 9 todos ellos estuvieron trabajando. Aquel lunes encontraron el papel de quiebra en la puerta. “No sabíamos si nos iban a sacar con la Infantería, la sensación fue ‘me dejaron sin trabajo y ni siquiera pagaron una indemnización’, un vacío total”, dice esta mujer que vive a 10 cuadras de la fábrica, es madre de siete hijos, y tiene 17 nietos.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y al otro día, a las seis de la mañana, los trabajadores ingresaron a la imprenta. “Volvimos a nuestros puestos de trabajo como establece esa medida, esté o no el patrón. Nos repartimos las tareas, y retomamos los trabajos pendientes”, relata Charles. El modelo que inspira las prácticas es Zanon. “Nunca imaginamos que esta planta, que no daba pérdidas, iba a cerrar. Hay un compañero de Zanon, que ya no vive más allá, que nos está orientando”, dice el operario.
Landeira recuerda que “cuando se tomó la decisión de entrar, nos dimos cuenta de que el trabajo estaba adentro, nuestros brazos y las máquinas estaban ahí. Sabíamos que podíamos, sólo teníamos que probarlo. Arrancaron las primeras máquinas, y si faltaba uno iban de otro sector a colaborar”.
A fin de mes se hizo una asamblea: decidieron que con la ayuda recolectada en el fondo de lucha, podían cobrar 4 mil pesos cada uno. Landeira mira a Charles. ” Aunque nosotros, que no estamos con tanta urgencia, no cobramos, vamos a esperar. Está la solidaridad y el compañerismo, está la planta produciendo, las revistas salen, está creyendo el cliente con calidad y fecha, pero nos faltaba la plata”, dice la enfermera y sonríe.
La reina del mercado local
Los más veteranos conocen la historia. En 1864, Richard R.Donnelley comenzó su propia imprenta en Chicago, RR Donnelley & Sons. La empresa creció rápidamente con la impresión de Time y Life. En los ‘60 era la número uno de impresión comercial. Se instaló en Argentina en 1992, al comprar la editorial Atlántida Cochrane S.A.. Hasta el cierre, junto a Morvillo y AGR, dominaba el 80 por ciento del mercado local. A nivel internacional, tiene más de 40 plantas, emplea 57 mil trabajadores, y su facturación anual en 2013 ascendió a 218 millones de dólares.
En la última década, con Donnelley como patrón, los trabajadores enfrentaron la implementación de las doce horas de trabajo y el turno americano, denominado 6 x 2, que los obligaba a trabajar sábados y domingos. Ese conflicto provocó en 2001 unos 50 despidos. Dos años más tarde desplazaron a los sectores burocráticos de la comisión interna, y Donnelley comenzó a estar presente en los conflictos del cordón industrial de zona norte. Es una de las pocas fábricas que hizo paro de una hora por la condena a los petroleros de Las Heras. Aunque actualmente la interna está en su mayoría integrada por militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), los operarios destacan que en la asamblea tienen activa presencia sectores diversos.
Este año los trabajadores denunciaron que la empresa no debía recibir un subsidio oficial, convencidos de que los números para fundamentar una crisis eran “un dibujo”. En julio Donnelley presentó en el ministerio de Trabajo un recurso preventivo de crisis: 123 despidos y reducción del 40 por ciento en salarios. Fue rechazado por la cartera laboral y por el sindicato gráfico.
“Hubo muchas maniobras hasta llegar al cierre, pero pensamos que por algo no nos cortaron el suministro de gas, quizá sea porque Atlántida no tiene dónde hacer estos trabajos. Los dueños bloquearon la pre impresión computarizada, pero los compañeros la desbloquearon con ayuda de técnicos de universidades. En Zanon, sin gas, tuvieron que esperar seis meses para producir, nosotros al segundo día ya empezamos”, dice Charles.
“La semana pasada nos movilizamos al juzgado de Gerardo Santicchia porque en sus manos está la decisión de liberar el dinero de los cheques que nos pagó Atlántida por nuestro trabajo, pero se los llevó el síndico de la quiebra”, explica Charles. Este juez comercial recibió el planteo de los dueños de Donnelley, que hace un mes pidieron su propia quiebra. Ahora tanto el gobierno como los trabajadores, con sus abogados, buscan que el magistrado anule el pedido de quiebra patronal y lo transforme en “quiebra fraudulenta”. De ese modo, los empleados podrían cobrar su primer sueldo con lo producido con la autogestión que comenzó el 12 de agosto.
Donnelley ante la Justicia
“El discurso de la Presidenta nos favoreció, pero alguien se tiene que hacer cargo de que podamos cobrar, seguimos trabajando para no cortar la relación con el cliente, que la empresa dejó colgado. El ministro (de Trabajo Carlos) Tomada nos prometió el Repro (Programa de Recuperación Productiva, un subsidio a las empresas a través del cual el Estado se hace cargo del pago de una parte del salario a los trabajadores)”, agrega.
La AFIP hizo tres presentaciones contra Donnelley. Pidió a la Justicia comercial que deje sin efecto la quiebra concedida a la multinacional. Hizo una denuncia penal acusando a Donnelley de “alteración del orden económico y financiero” según prevé el artículo 309 inciso 1 de la ley 26.733, de delitos económicos, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Y su titular Ricardo Echegaray pidió a la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) que investigue los motivos que llevaron a Donnelley a cerrar su filial en Argentina y declarar una pérdida de más de 20 millones de dólares que los balances no reflejan.
Parecen veinte autos frenando juntos. Así suena la puesta en marcha de una de las máquinas rotativas. “Estamos produciendo Billiken y Para Ti y buscamos nuevos clientes. En Atlántida nos elogiaron porque la calidad del producto es mejor, ahora cuando vemos errores paramos y volvemos a empezar”, dice el operario-guía. Y muestra la oficina del gerente Claudio Vergara, cerrada. Quedó su chaleco colgado de una silla. En la puerta hay un cartel que anuncia que a las 16.30 hay asamblea, como en otras partes de la planta. Según cuenta el trabajador, “es el mismo gerente que fundió la gráfica ex Conforti”. Vergara tiene prohibida la salida del país por parte del juzgado ante el cual los dueños de Donnelley pidieron su propia quiebra, junto al sueco Luiz Jarlsson Bring y Roberto Rivas.
Miguel está haciendo mantenimiento a una de las rotativas. “Soy primer maquinista con 22 años en la empresa”, se presenta. “La única seguridad que tenemos es que sabemos imprimir y le ponemos pila, queremos conservar nuestra fuente laboral, queremos un producto de calidad. Se trabaja con más tranquilidad y si avanza, vamos a tener sueldos igualitarios”, dice sobre la autogestión. “Con Donnelley ellos decían que estaban en rojo, Nos decían que habíamos perdido el trabajo cuando ellos lo estaban tercerizando y así nos negaban aumentos”, agrega.
¿Cómo es que el caso Donnelley llegó al discurso presidencial? “Lo que acaparó la atención es que pusimos a producir la planta, es un granito de arena, un ejemplo para los desocupados, hay que luchar por los puestos aunque te cierren la planta”, responde Charles. “El problema de Donnelley se mencionó para el problema con los buitres, el gobierno dijo que garantizaba los puestos de trabajo así que esperamos que así sea”, dice Landeira
Los trabajadores denuncian que la quiebra es fraudulenta porque hubo desvío de la producción a otros talleres y préstamos y créditos a su casa matriz. Y en el mismo sentido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había precisado que el anuncio de quiebra buscó “crear el temor” en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en Donnelley. Como sucedió con la mayoría de las fábricas recuperadas, la llave para que los autogestivos puedan seguir llevando el pan a sus casas depende de decisiones tanto políticas como judiciales.
En este caso, si el juez falla en sintonía con lo que le están pidiendo los trabajadores y el gobierno, se destrabaría el dinero que necesitan. Mientras tanto, decidieron darse la forma de cooperativa para poder facturar ellos mismos lo que producen. No hay una receta, avanzan día a día.

Lejos de la recuperación, Europa procura redireccionar su camino


PARA ESTADOS UNIDOS, EL MAL MOMENTO DEL VIEJO CONTINENTE ES UNA GRAN PREOCUPACIÓN

Alemania defiende el programa de austeridad, lo que para otros estados europeos resulta contraproducente

THE NEW YORK TIMESlun sep 8 2014

Seis años después de haber sido golpeada por la crisis económica, Europa enfrenta una nueva crisis, con pocas ideas nuevas sobre la mesa para reencender el crecimiento y divisiones políticas que se profundizan en torno a las políticas de austeridad, a las que muchos culpan de haber empeorado el malestar.

Incluso a medida que la economía estadounidense repunta de su peor recesión desde los años 30, Europa va en la dirección opuesta. Una recuperación vacilante que se afianzó el año pasado en el bloque de 18 naciones que comparte el euro ahora ya va en reversa, a medida que Alemania, Francia e Italia, sus tres economías más grandes, tropiezan de nuevo. Algunos analistas dicen que la región podría dirigirse a otra recesión plena.
ALEMANIA.

El motor económico del Viejo Continente, se contrajo en el segundo trimestre del año, al tiempo que el bloque de 18 naciones de la Unión Europea que usa el euro no logró crecer ni en lo más mínimo. Inestabilidad política y financiera relacionada con el enfrentamiento de Rusia con Ucrania y los efectos de sanciones económicas en aumento entre Europa y Rusia han nublado incluso más el panorama económico.

La tasa de desempleo, que en Estados Unidos se ha desplomado a 6,2% respecto de un pico de 10% en 2009, ha bajado solo marginalmente en Europa, a 11,5% en julio respecto de un pico de 12% el año pasado. "Europa enfrenta el riesgo del estancamiento secular", dijo Lawrence H. Summers, un ex secretario del Tesoro estadounidense y ex asesor económico del Presidente Barack Obama, refiriéndose a una situación en la cual crecimiento muy lento en la economía se convierte en la nueva norma. A menos que los gobiernos encuentren una solución, agregó, "son pocas las probabilidades de que el crecimiento razonable y rápido vaya a regresar a la Eurozona".
RELACIONES TENSAS.



El nuevo descenso ha empeorado las tensiones entre líderes europeos y la Canciller alemana, Angela Merkel. Ella sigue defendiendo un programa de austeridad que considera esencial para la estabilidad financiera, pero que muchos detractores ahora dicen que solo está profundizando los pesares de Europa y dejándola en riesgo de perder una generación de crecimiento.

La situación ha puesto presión adicional sobre Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, para una acción más decisiva, de manera muy similar a como ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos, a fin de estimular a la economía mediante compras de bonos. En un discurso de fines de agosto ante una conferencia de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, Draghi desafió por primera vez el consenso de austeridad, sugiriendo que gobiernos europeos pudieran tener que relajar sus apretados presupuestos a corto plazo para darle un buen impulso a sus economías. La acción por parte del Banco Central Europeo se ha vuelto más urgente en vista de señales de otra amenaza potencial: la deflación, una espiral descendente en precios y salarios que pudiera opacar más las perspectivas de recuperación de Europa. La agencia de estadística de Europa informó que la inflación había bajado de nuevo en agosto, hasta su nivel más bajo desde 2009.

"Esto es una importante luz roja" para Europa, dijo Jean-Paul Fitoussi, catedrático de economía en el Institut d`Études Politiques de París. "Necesitamos cambiar la dirección de política para evitar una situación con potencial de consecuencias inquietantes para la sociedad y la política".

No está en claro que ese solo cambio en política monetaria pueda revigorizar a las economías europeas. El presidente de Francia, François Hollande, se pronunció por una "cumbre de la Eurozona" para restablecer el crecimiento y la inversión en el área del euro "tan pronto como sea posible".

Se necesita un nuevo enfoque -dijo Hollande- porque "la recuperación es demasiado débil, la inflación es demasiado baja, el euro es demasiado fuerte, y Europa está amenazada por un largo y posiblemente interminable estancamiento, si no actuamos".

Hollande ha demostrado escasa voluntad para romper decisivamente con Alemania en torno a la insistencia de Merkel en el sentido que mantener bajo control la deuda del gobierno es la precondición para la prosperidad a largo plazo.

De cualquier forma, Francia, Italia y varios países más probablemente presionen dentro de la Unión Europea en los meses próximos por un relajamiento de objetivos de reducción del déficit para los próximos años.
AJUSTES.

El programa de austeridad ha ayudado a España, Irlanda y otras economías en aprietos a recuperar su capacidad de pedir dinero prestado en los mercados de bonos. Sin embargo, sus detractores dicen que obligar a los países a reducir el gasto y aumentar impuestos para cubrir objetivos fiscales mientras están en recesión también demoró y debilitó la recuperación económica, impidiendo la creación de empleos y el crecimiento de ingresos.

Merkel, si bien coincide en que el crecimiento es importante, sigue rechazando llamados por un cambio en la política alemana. "Podemos hablar sobre si hacen 2 o 3% más deuda, o 1%, o, como nosotros, un presupuesto equilibrado", dijo. "Sin embargo, uno debe cuestionarse realmente si podemos seguir recibiendo menos de lo que gastamos, de forma que nuestras deudas siguen creciendo. De hecho, toda una crisis de confianza ha surgido de eso".
PUNTOS DÉBILES.

Los detractores de Merkel aún no pueden conmoverla, incluso a medida que la economía alemana se ha desacelerado y ha sido desafiada por nuevas presiones como el enfrentamiento con Rusia en torno a Ucrania. En cierta medida, la desaceleración en Alemania está siendo impulsada por una falta de demanda para sus exportaciones de vecinos como Francia e Italia, los cuales, a falta de la capacidad para usar gasto gubernamental para impulsar el crecimiento, han luchado por ganar tracción económica. Italia, la tercera economía más grande de la Eurozona, ha regresado a la recesión y sigue abrumada por una deuda equivalente a 136% del PIB, el mayor porcentaje en la Eurozona después de Grecia. Varios analistas destacaron que una nueva crisis en Italia podría renovar temores de que la Eurozona se venga abajo.

Alemania es más vulnerable a la trifulca en Ucrania. Las ventas de maquinaria a Rusia, el quinto mercado de exportación más grande de la industria, cayeron 19% en los primeros seis meses del año. Alemania también está luchando con su tensa relación con Francia, donde Hollande está teniendo dificultades para mantener unido a su partido conforme aumentan llamados por un desafío a la supremacía de la política económica de Alemania. Si bien las dos recesiones que han golpeado a Francia en los últimos cinco años no han sido tan profundas como las de otros países, el crecimiento no ha logrado revivir de manera significativa.

A los alemanes les preocupa el desequilibrio entre las dos potencias esenciales del Continente, en tanto dirigentes franceses se sienten minimizados por Merkel, quien "quiere darnos lecciones", dijo Jean-Christophe Cambadélis, prominente socialista francés.

"Somos una gran nación intentando ponernos en orden. No somos uno de los länder alemanes", agregó, usando la definición alemana para sus 16 estados.

"Alemania es un país fuerte, pero es demasiado débil para conducir sola al Continente", dijo Guntram Wolff, alemán que encabeza la organización Bruegel en Bruselas. Si bien el comercio con Francia es importante, sus proyectos en común -unión monetaria, la misma Unión Europea, siglos de historia compartida- cuentan mucho más, destacó. Una prolongada desaceleración en Europa, si ocurriera, pudiera pesar sobre la recuperación de Estados Unidos y tener extensas consecuencias para la sociedad y política europea en momentos en que fuerzas de la derecha extrema han surgido como desafiantes en Francia, Holanda, Grecia y otras partes, coinciden los expertos.

Empresas de maletín e importaciones fantasmas

LUIS BRITTO GARCIA 

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LUIS BRITTO GARCIA  – Pesado golpe asestó a Venezuela el fraude de las empresas de maletín que para realizar importaciones ficticias solicitaron, obtuvieron y desaparecieron unos 20.000 millones de dólares a tasa preferencial, según Edmée Betancourt, o 60.000 millones de divisas en varios años, según el presidente Maduro.
¿Quiénes obtuvieron tan colosales sumas, y para qué?
Luis Enrique Gavazut, en rueda de prensa de 28 de agosto de 2014 sobre “Las listas de ‘empresas de maletín’ publicadas por el MP y CENCOEX”, señala que en la mayoría de los casos las firmas ni eran de maletín ni estaban vinculadas al gobierno bolivariano, y ofrece datos elocuentes (http://www.aporrea.org/ideologia/n256778.html).
Las 15 empresas que recibieron más dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 fueron, en orden de magnitud: Una importadora de automóviles, General Motors Venezolana C.A. con 5.910.439.377 dólares; una metalúrgica del Estado, SIDOR C.A, con 4.731.508.369; una empresa importadora de telefonía celular, TELCEL C.A. con 3.784.071.474: otra importadora de vehículos, TOYOTA DE VENEZUELA C.A. con 2.958.628.451; una transnacional de alimentos, Cargill de Venezuela S.R.L. con 2.012.237.681; otra importadora de automóviles, Chrysler de Venezuela U.C. con 1.973.764.842; una procesadora de cereales del grupo Polar, Provencesa, con 1.898.326.767; una transnacional aérea estadounidense, American Airlines, con 1.862.644.921, otra importadora de celulares, Digitel, con 1.848.880.390.
Entre 2004 y 2012, de las cien firmas más favorecidas con divisas preferenciales, el 45% estaba constituido por empresas de comunicaciones, servicios y transporte, que recibieron $ 5.514 millones (68,13% del total) mientras que las empresas de agricultura e industria venezolanas recibieron sólo $ 25.925 millones (31,78% del total).
De las 15 empresas más favorecidas con divisas preferenciales, diez son transnacionales, o enclaves de transnacionales. Entre las cien más privilegiadas, 79,22% son firmas con capital accionario extranjero, y sólo 15, 64% son de capital nacional. ¿Deben las limitadas divisas obtenidas con la venta de un bien público como los hidrocarburos, auxiliar las importaciones del gran capital internacional? Subsidiar transnacionales y accionistas extranjeros no son nuestras primeras necesidades.
La Polar y sus empresas afiliadas, tales como Provencesa, Cervecería Polar C.A. , Pepsi Cola de Venezuela y Alimentos Polar C.A. recibieron en conjunto $ 3.022.465.869, convirtiéndose así en el cuarto grupo empresarial en recibir más divisas en 9 años. ¿Es imperativo favorecer con tal subsidio a firmas vendedoras de licor y agua azucarada, que con su participación en el cierre patronal de 2002 cortaron el suministro de alimentos para forzar al pueblo a sublevarse por hambre?
No discutimos aquí el otorgamiento alegre de cupos de remesas para supuestos parientes en el exterior ni la francachela de dólares asignados a raspacupos que nunca viajaron, ni el diluvio de divisas que se fueron para pagar importaciones inexistentes de empresas fantasmas.
De esta lista de asignaciones a empresas reales se desprende un orden de prioridades. Un dólar concedido a tasa privilegiada, muy inferior con respecto a la del mercado, debe ser apropiado para necesidades prioritarias y fundamentales. Pero entre estas quince empresas favorecidas con las mayores cantidades de dólares preferenciales figuran cinco importadoras de automotores, esencialmente de vehículos individuales ¿Se puede aceptar que, en un país ya congestionado de vehículos, la primera prioridad sea subsidiar un bien reservado para consumo personal de la clase media y alta? En el hit parade de las empresas más favorecidas figuran también cinco de telecomunicaciones, y sobre todo de telefonía celular ¿Es indispensable para el desarrollo de una economía socialista una importación masiva de celulares, a pesar de que en Venezuela hay ya más celulares que habitantes?
Llama la atención que una empresa pública, Siderúrgica del Orinoco, reciba 4.731.508.369 dólares, cuando más bien debería estar produciéndolos.
Llama todavía más la atención que las firmas favorecidas con divisas preferenciales para importar productos, los revendan luego en el mercado con sobreprecios atroces, mayores que los que cabría esperar si hubieran sido adquiridos con dólares de mercado negro.
Las divisas obtenidas de la explotación de hidrocarburos son el instrumento fundamental de las autoridades venezolanas para cumplir sus políticas sociales y de desarrollo. Éstas difícilmente se cumplirán si se desvían hacia transnacionales importadoras de bienes suntuarios.
Es imprescindible revisar en forma integral estas políticas. Hace tiempo avanzamos en propuestas que coinciden con las ahora formuladas por Luis Enrique Gavazuts: auditoría pública integral de los otorgamientos de divisas, y asunción por el Estado de la importación de bienes esenciales para la subsistencia y el desarrollo del país.
Transnacionales y empresas extranjeras, celulares y automóviles de paseo no son nuestras primeras necesidades. Si estos errores no se corrigen, el pueblo corregirá a quienes los cometen. Moral y luces son nuestras primeras necesidades.
APORREA.ORG

Argentina: presentan querella contra grupo empresario por desaparición de trabajadores durante la dictadura

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.

El CELS presentó una querella en la causa por la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata para que se determine la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales.
“Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico”, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de “trabajador” y “trabajador organizado”. En ese contexto, explica que “las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder”.
“El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico”, señala el CELS. “Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos.”
El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.
El caso
A mediados del año pasado, tres hijos de desaparecidos de Molinos acompañados por una profesora de historia reunieron sus historias, material de archivo y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Presentaron ese material en la Justicia acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda y de una niña. Hoy la presentación del CELS reúne 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las cinco y seis de la mañana, hora de ingreso del turno mañana. Tres camiones del Ejército estacionaron sobre la calle Deán Funes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores que, de acuerdo con los relatos, va de 20 a de 80. Tres están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos.
Desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de la disputa entre capital-trabajo. Y el CELS retoma ahora esta línea. Todos las víctimas pertenecían, o estaban cerca, a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Dos eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas “brigadas de control de precios” para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. Y sumaron los efectos del secuestro de los Born.
“A lo relatado se agrega un hecho altamente relevante para vincular la desaparición y persecución de los trabajadores con la empresa. Nos referimos al secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born el 19 septiembre de 1974 por la organización Montoneros”, dice el escrito. “Juan y Jorge Born eran el gerente y el director general del grupo económico Bunge & Born, propietario de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. entre otras empresas. Entre los pedidos de la organización Montoneros para liberarlos se planteaban reivindicaciones laborales para los trabajadores de las empresas que pertenecían al grupo (Molinos, Grafa, Alba, Compañía Química y Centenera), las que eran coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados. Otra de las condiciones para la liberación era la entrega de mercaderías por la suma de un millón de dólares para ser repartida en barrios carenciados. Producida la liberación de los empresarios, esa mercadería se distribuyó a través de militantes de la organización y en algunos casos a través de los mismos trabajadores de la empresa, como el caso de Héctor Dadin Vasere y Santos Ojeda en la planta de Molinos. Este hecho le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios. Los hechos mencionados produjeron el recrudecimiento de la persecución a los trabajadores con mayor activismo por parte de la empresa.”
La presentación
Desde hace años el CELS sigue las causas de complicidad empresaria. En 2002, se presentó como querella en la causa Mercedes-Benz, pero no volvió a hacerlo hasta ahora. Sí –y como parte de este mismo camino–, se presentó como “amicus curiae” en la causa Ledesma, estuvo en Rosario con la historiadora y especialista en el movimiento obrero Victoria Basualdo para acompañarla institucionalmente en su declaración en el juzgado que investiga la causa Acindar y el eje de Villa Constitución. “Pero más allá de estas presentaciones queríamos hacer un acompañamiento institucional, como organismo: es esto lo que estaban pidiendo los querellantes”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigios del CELS.
Uno de los ejes del escrito es que el tema de la responsabilidad empresarial no es nuevo, sino que se viene señalando desde el comienzo del proceso de justicia. La intervención de empresarios en algún tramo del plan sistemático está presente en los relatos de los sobrevivientes y familiares desde el Juicio a las Juntas. En ese contexto, la presentación da cuenta de esa microhistoria política: recuerda las primeras causas como Mercedes-Benz, Ford y Papel Prensa y se detiene sobre todo a repasar las de los dos últimos años, donde los empresarios tienen algún grado de participación señalado con procesamientos o elevación a juicio como el caso Ledesma, La Veloz del Norte y Ford. También agregan aspectos internacionales de la relación entre empresas y regímenes dictatoriales.
“En las investigaciones en curso, se ha planteado que el accionar criminal de las empresas no fue aislado sino sistemático y dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto. Como titular del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz lideró las transformaciones del modelo económico que derivaron en la reducción de los derechos de los trabajadores y en la concentración de la propiedad en pocos grupos –explican–. Esas regresiones implicaban la represión de cualquier modo de resistencia, lo que demuestra una permanente conexión entre ‘el proyecto de apropiación de la riqueza y de apropiación de la vida’”, señalan.
En línea con el informe de la CNV, señalan que pueden diferenciarse dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto. La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical. La segunda, dicen, tuvo como objetivo el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro.
Y al analizar más sistemáticamente los casos, logran trazar patrones en común: “En las resoluciones en las que se ha procesado a directivos en empresas por crímenes de lesa humanidad se ha tenido en cuenta distintos aspectos: el interés que puede tener un empresario en el secuestro y desaparición de un delegado, el vínculo cercano entre los dueños de las empresas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la presencia de personal de esas fuerzas en las instalaciones de las fábricas, la evidencia de que las empresas entregaron listas con nombres de empleados que debían ser secuestrados”.
Pero acaso el aporte más importante de este escrito radica en la perspectiva de análisis: la posibilidad de pensar en una narración jurídica la dimensión económica del plan sistemático no sólo desde el lado del “capital”, sino de los efectos sobre el mundo del “trabajo”. Esta perspectiva mira las confrontaciones no sólo en términos políticos, como dice el escrito, sino también “desde las transformaciones económicas y sociales”: rasgos que, como explica, “quedaban ocultos o subestimados desde miradas predominantemente políticas”.
En la querella se analiza cómo las organizaciones del sindicalismo combativo constituían una herramienta fundamental en la disputa por la distribución del ingreso y estaban atravesadas por las luchas y debates sobre el grado de profundidad y el tipo de las transformaciones que se intentaban promover en la estructura económica y social argentina. “Fue justamente debido a estas razones que las patronales las consideraban una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales” (ver recuadro).
Hace dos 24 de marzo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó un informe que fue estructural en las causas para pensar la complicidad empresaria. A través de una serie de documentos, el informe mostraba desapoderamientos a empresarios en un análisis que hacía foco en los efectos que tuvo la imbricación del aparato represivo con la alianza cívico militar destinada a la implementar un modelo económico, basado en la especulación financiera que destruyó el aparato productivo mientras iba aniquilando las demandas obreras. Ahora bien, el escrito del CELS puede pensarse como la contracara de aquel informe que ponía el acento en el capital; como un segundo tiempo, dado que se pone a trazar una narración en términos jurídicos de lo que fue pasando sistemáticamente con los trabajadores y el movimiento sindical.
“Para comprender lo que estaba en juego entonces en el proceso de organización de los trabajadores de la empresa Molinos es necesario comprender que el nivel de confrontación económica, política y social alcanzó, a mediados de los años ‘70, un pico inédito en términos históricos”, señala. “La clase trabajadora, que había conquistado en la década peronista una estructura sindical de gran alcance y fortaleza y una posición central en la economía y la sociedad, no tuvo un papel marginal en esta confrontación, sino que desempeñó un papel central en el ascenso de la conflictividad que, lejos de ser únicamente una pugna política, tuvo como trasfondo la confrontación creciente entre el capital y el trabajo. El poder de la clase trabajadora, que puede visualizarse, por ejemplo, en los niveles de participación de los asalariados en el ingreso que alcanzaron los 47 puntos en 1974, tenía sus raíces no sólo en las características del modelo de industrialización y en el papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, sino también en los mecanismos de representación y organización de los que disponía y en su vinculación (parcial, contradictoria, conflictiva, pero fundamental) con un arco de organizaciones políticas radicalizadas. El desarrollo y la vitalidad de los delegados y las comisiones internas durante esta etapa es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo frente al capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales.”
El período que se abre con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un hito de enorme importancia en esta historia, señala. “Las medidas aplicadas a partir del golpe, aunque marcadas por múltiples contradicciones y tensiones, tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” Uno de los aportes de esta presentación lo hizo Victoria Basualdo. El CELS hizo además un convenio con Flacso destinado a trabajar sobre la relación entre empresas y terrorismo de Estado, un proceso en el que se fueron acercando a Molinos.
“Uno está acostumbrado a ver organizaciones políticas porque las fuerzas de seguridad secuestran a integrantes de Montoneros, o al militante del ERP. Pero cuando tenés al empresario enfrente, tenés que poner de relevancia la identidad gremial”, explica en este caso Palmas Zaldúa. “¿Bunge & Born qué quería? ¿A Montoneros? Sí, probablemente haya habido una predisposición pero quería perseguir a los trabajadores que se revelan con planes de lucha y generaban problemas dentro de la planta. La idea es la de un disciplinamiento y esto es lo que se ve en todas las causas donde se ve la responsabilidad de los empresarios.”
Molinos es un capítulo de todo esto.

“Fondos buitre”: la ONU debatirá por primera vez un marco legal para reestructuración de deudas

El conflicto entre Argentina y los fondos buitre llegará a las Naciones Unidas

fondosbuitres
El canciller Héctor Timerman encabezará mañana la comitiva argentina que participará en Nueva York de un histórico debate en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la necesidad de la instauración de un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana.
Según Tiempo Argentino, la implementación de una Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa argentina que busca frenar las maniobras de los fondos buitre, y que cuenta con el respaldo del G77 + China, un grupo conformado por 133 países.
En este sentido, durante la jornada de mañana se discutirá y se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco, sobre la pauta inicial de que el nuevo esquema estaría creado en el lapso de un año. Según adelantó Timerman, Argentina presentará su propuesta concreta, antes de fin de año, adelantó Timerman hace un par de semanas.
El proyecto plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66% de los tenedores de bonos, el otro 33% debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial, precisó Kicillof durante la presentación, semanas atrás.
El G77 determinó de manera unánime que a fines de agosto elevará al ámbito de Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva Convención para el tratamiento de los pasivos de países, un tópico que históricamente había sido delegado por los países al ámbito de los organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, el caso judicial que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre en Estados Unidos y los coletazos de crisis de 2008, aún vigentes, fueron motivo de preocupación de este Grupo, que teme que el fallo del juez Thomas Griesa tenga un impacto nocivo en otro países. La deuda de países a nivel global alcanza la suma de 75 billones de dólares.
Luego de 12 años de litigio contra estos fondos especulativos que enfrenta Argentina, y de pedidos del gobierno argentino en varios foros internacionales, incluido el G20 y el FMI, el G77 logró trasladar el debate a Naciones Unidas, bajo la preocupación respecto del impacto económico, social, y en los Derechos Humanos de los países que podría tener la réplica del fallo de Griesa.
Se trata de un grupo mayoritario de países emergentes, pero que cada vez tiene más peso en el ámbito internacional. Por caso, los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), componen el Grupo, y también se expresaron en contra del accionar de los fondos buitre.
Según las previsiones, el debate en el seno de la ONU será acalorado, y si bien hay cierto consenso generalizado de que hay que ponerle un freno a los fondos buitre, existen países que ponen resistencia y quieren que el FMI siga con el monopolio de la tarea de conducir y condicionar las reestructuraciones.
Por estas razones y al ser la primera vez que se lleva el tema deuda a este foro, se esperan para las próximas horas, contactos y gestiones de encuentros con distintas delegaciones, antes de la votación que se producirá el martes por la tarde.
Quienes quieren llevar el tema de la deuda de países al ámbito de Naciones Unidas, argumentan que el FMI no pudo hacer nada en estos años, y que intentos de propuestas de sistemas de quiebras de países –como el de la ex del organismo, Anne Krueger–, fueron descartados por el FMI y por el gobierno de Estados Unidos.

Diputados convertirá en ley el proyecto de pago soberano este miércoles

La Cámara de Diputados se encamina a convertir en ley el miércoles el proyecto de ley de pago soberano de deuda a los bonistas con títulos reestructurados, con el fin de evitar que esos recursos  puedan ser bloqueados por el juez neoyorquino Thomas Griesa en el marco del litigio que el país mantiene con fondos buitre.

La secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Teresa García, confirmó que la iniciativa será debatida en una sesión especial que se realizará el próximo miércoles desde el mediodía y consideró que la iniciativa para defender el pago soberano de la deuda tendrá “un amplio consenso”.

Para conseguir ese objetivo,  el oficialismo convocó para el martes a las 12 una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto, de Finanzas, y Peticiones Poderes y Reglamento, que conducirá el economista Roberto Feletti, con el fin de firmar el dictamen que deberá ser analizado por el pleno del cuerpo.

De este modo, los diputados darán el último paso para tener sancionada esta ley que declara de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
El proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.

Sobre el respaldo que esa iniciativa tendrá en la sesión del miércoles, la diputada bonaerense Teresa García vaticinó que  habrá un “respaldo contundente” a la propuesta del gobierno para lograr que los bonistas pueden percibir el dinero que les corresponde.

“Los diputados darán un fuerte respaldo en la votación al proyecto impulsado por el Gobierno para que los bonistas que ingresaron en los canjes 2005 y 2010 puedan cobrar en la sede que elijan”, apuntó la legisladora.

En ese sentido, en declaraciones a Télam, García cuestionó a los dirigentes opositores que rechazan esta iniciativa y dijo “que van a tener que explicar a la sociedad los motivos por los cuales no apoyaron esta iniciativa que busca la defensa nacional de la deuda soberana”.

De hecho, los bloques opositores volvieron a exhibir sus diferencias al no poder encolumnarse detrás de una sola iniciativa, como aspiraba el líder del Frente Renovador Sergio Massa, con lo cual algunos votarán con el oficialismo, otros lo harán en contra y algunos se abstendrán.

En tanto, el diputado radical Eduardo Santín ratificó a Télam que votará “a favor del proyecto del gobierno porque la reestructuración de la deuda es una política de Estado” y dijo que “es una buena propuesta cambiar la sede pago” para que los bonistas pueden percibir su dinero.

De todos modos, el Frente para la Victoria tiene garantizada la votación del proyecto dado que cuenta  117 diputados propios-dado que tiene uno de licencia- siete legisladores del Frente Cívico de Santiago del Estero, tres de Nuevo Encuentro, tres del Movimiento Popular Neuquino, uno del Pj La Pampa, otro del Movimiento Solidario Popular.

A esos 132 votos se sumarán el radical Santín, y hay expectativa que también puedan pronunciarse a favor el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, y el sindicalista Omar Plaini.

En tanto, la oposición puede reunir unos ochenta votos de los cuales 20 serán aportados por el macrismo, veintidós por los massistas, y unos 35 por el radicalismo, dado que la Coalición Cívica y el Fap aun no definieron si se abstendrán o votarán en contra.

En cambio, la bancada Unidad Popular, que conduce el economista Claudio Lozano, señaló que “no darán quórum y en la votación se abstendrán” dado que consideran que no hace falta una ley para poder cambiar la jurisdicción de pago.

La iniciativa que se votará el miércoles también crea en el  crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.

La Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.