Este lunes, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la detención del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, por su participación en los crímenes ocurridos durante la dictadura en el regimiento de Tejas Verdes.
La magistrada encausó al ex coronel de Ejército junto a otros nueve ex agentes por trece casos de secuestro, tortura, muerte y desaparición ocurridos en el regimiento Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio.
El ex alcalde ha participado en varias diligencias por el caso. Este 2014 fue careado con dos ex detenidos, Anatolio Zárate y Héctor Salvo, quienes lo acusaron de haber participado de torturas durante su permanencia en el recinto militar.
Según el documento de procesamiento, “aparecen presunciones fundadas para estimar que Cristián Labbé Galilea ha tenido participación, en calidad de autor, en el delito de asociación ilícita (…) por haber tomado parte en su ejecución de manera inmediata y directa”.
Además de Labbé, Klaudio Kossiel Hornig, Raúl Quintana Salazar, el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky, a Rodolfo Vargas Contreras, Ramón Carriel Espinoza y Nelson Valdés Cornejo, fueron procesados en calidad de autores de asociación ilícita, secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos. La ministra también encausó a Carlos Silva Salinas, en calidad de autor de homicidio calificado, y el médico Bernardo Purto Yarcho, como autor de secuestro y torturas.
A pocos minutos de conocerse la noticia, vinieron las primeras reacciones. Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile destacó la resolución considerada por la justicia. “Lo que hoy está pasando es que los responsables de los crímenes cometidos en Tejas Verdes deben empezar a pagar por sus crímenes”.
Desde el Gobierno, el vocero Álvaro Elizalde declaró esperan que todos los crímenes de lesa humanidad sean esclarecidos, pero que quien debe determinar esas responsabilidades son los tribunales de justicia.
El Partido Socialista también se sumó a las reacciones. Su secretaria general, Carola Rivero, cuestionó la permanencia tanto de éste en la UDI como del desaforado diputado, Rosauro Martínez en RN ya que, a su juicio, es“una afrenta para el sistema democrático y las víctimas y familiares de DDHH”.
“Este es un motivo más que suficiente para que la UDI y RN tengan una reacción de repudio. Esperar a que la justicia de su veredicto de si puede comprobarse si jalaron el gatillo, dieron la orden o aplicaron tormento, no cambiara la cobardía y el horror de sus funciones. Es hora de terminar también con sus cómplices pasivos”, concluyó la representante del PS.
En tanto, en el gremialismo, el secretario general, Javier Macaya entregó un “apoyo en lo humano para el ex alcalde y su familia. En el entendimiento que hay una situación que está en desarrollo y que se debe esclarecer judicialmente”, explicó.
Según los datos entregados, la detención ocurre como consecuencia de la solicitud realizada por el Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El cargo por el que se los imputaría es de asociación ilícita.
Desde esa repartición pública, Rodrigo Lledó, jefe del área jurídica indicó que además van a solicitar antecedentes a Brasil a efecto de conocer qué tipo de cursos y de técnicas se enseñaban en ese territorio y que después fueron replicadas en Chile. Respecto del alcance jurídico de la demanda, el abogado precisó que esta condena está vinculada a los delitos de base que están siendo investigados, la que arriesga una pena mayor en cualquiera de sus grados (de cinco años y un día hasta presidio perpetuo por secuestro, tortura y secuestro).
En cuando a la decisión judicial, Lledó dijo que apelarán a la justicia para su rectificación por no estar dictada según los méritos del proceso, indicó y explicó que los imputados formaron parte de esta asociación ilicita, esto independiente de haber o no cometido un delito en concreto: “según la Ministra, Labbé no cometió delitos en concreto, según nosotros sí, hay testimonios que lo condenan. No torturó directamente, pero lo que está totalmente establecido es que mientras había personas que torturaban él se paseaba asesorando esas torturas”.
En el caso del ex edil, sus defensores estarían trabajando para conseguir su libertad. Sin embargo, mientras eso se concreta, Labbé deberá pasar al menos 48 horas en prisión en el batallón de Policía Militar en Peñalolén, al interior del Regimiento de Telecomunicaciones.
