Albarracín lleva años trabajando en la cuestión de la deuda soberana y las deudas, tanto privadas como públicas a diferentes niveles, como investigador y activista en movimientos sociales, “tratando de popularizar la realidad, causas, orígenes y consecuencias que tiene el proceso de endeudamiento y los procesos de financiarización que hay detrás”. Denuncia el “embarrancamiento” al que han llevado las políticas de austeridad en Grecia y la “complicidad entre gobiernos y grandes empresas, especialmente de la banca privada”, en el proceso de sobreendeudamiento de las economías periféricas europeas. A principios de mes visitó Atenas junto al resto de miembros del Comité para entrevistarse con los ministros del Gobierno heleno y diferentes instituciones del país. El apoyo a la iniciativa que lidera el politólogo belga Éric Toussaint fue “unánime”.
¿Cómo surge y en qué consiste este comité?
Surge al calor de una demanda popular que han escuchado diferentes actores políticos dentro del cambio que se ha producido en Grecia. Dos personas concretas han dinamizado la iniciativa: la eurodiputada Sofia Sakorafa, que estuvo en el Pasok y tras abandonarlo en 2010 pasó a defender la necesidad de cuestionar los memoránda de entendimiento firmados por Grecia y la losa de la deuda; y Zoé Konstantopoulou, presidenta del Parlamento griego, que ha sabido darle cuerpo al comité y ha obtenido el respaldo del Gobierno en pleno. En él se da una responsabilidad muy importante al coordinador científico, Éric Toussaint, una persona de prestigio que lleva tiempo trabajando en esta materia, especialmente como portavoz del comité por la anulación de la deuda del tercer mundo, y que ha participado asesorando a Gobiernos en otras iniciativas, la más reciente, no la única, la de Ecuador [en 2007].
El comité está compuesto por un equipo de quince personas del ámbito internacional, académico, de la investigación y de los movimientos sociales comprometidas con este foco de atención: determinar qué parte de la deuda es ilegítima, cuál es odiosa, cuál es ilegal, cuál socialmente insostenible. A ese equipo de quince auditores se suman otros quince expertos griegos, de diferentes instituciones o del ámbito académico. Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad griega e intercambiado perspectivas y metodologías para emprender una auditoría que no tiene un papel vinculante pero sí el de mostrar diagnósticos que puedan servir de instrumento al Gobierno, que es el que tiene que decidir qué va a hacer sobre esta cuestión.
Hay un plan de trabajo muy exhaustivo. Esto va a tener una temporalidad concreta y todos vamos a estar trabajando desde el minuto uno. La idea es tener un informe preliminar, con sustancia suficiente, en junio, y vamos a buscar que personalidades del ámbito internacional vengan a respaldarlo a Atenas cuando demos cuenta de las principales conclusiones. Dado el tiempo tan limitado, vamos a focalizarnos en algunos aspectos y posiblemente la auditoría tenga que proseguir hasta finales de año.
¿Cómo le llega la invitación?
La invitación me llega directamente a través de Éric Toussaint, pero no voy solamente de manera personal a esta tarea, que para mí es un honor. Lo hago con el pleno respaldo y el apoyo de la dirección de Podemos. Soy miembro del partido y ahora mismo formo parte del staff del GUE en el Parlamento Europeo, con cuyo apoyo político también contamos. Voy también como una pieza instrumental que ofrece el GUE a esta tarea, de manera generosa, en el espacio de solidaridad internacional en el que se va a abrigar esta iniciativa para el pueblo griego. También he contado con el apoyo y colaboración del eurodiputado Miguel Urbán [Podemos], que está llevando a cabo iniciativas muy comprometidas con propuestas concretas a nivel internacional como el Foro Social Mundial que se ha celebrado hace días en Túnez, para que la auditoría no sea solamente una iniciativa en el estrecho marco de Grecia, al fin y al cabo un país pequeñito de Europa. Esto es una crisis europea y se busca el apoyo de diferentes parlamentos, los nacionales y el europeo, y de la sociedad civil europea. Con varios propósitos: dar a conocer los resultados de esta experiencia e invitar al apoyo popular y que se pueda replicar en otros países de Europa. No sólo en los del sur. Invitamos a que las iniciativas de evaluación de políticas públicas, de auditoría, tengan lugar en cualquier país, también por ejemplo del centro de Europa, para indagar estas deudas contraídas en circunstancias que deben estudiarse.
¿Cómo se reparte el trabajo entre los miembros del comité?
Hay diferentes grupos de trabajo y algunos subgrupos todavía están en fase de determinación. Hay que asignar las funciones de 30 personas, al equipo griego lo hemos conocido en estos días pasados y hay analistas que pueden solaparse en su área de especialización. Un grupo de trabajo va a analizar las políticas del periodo 2010-2015. Aunque luego se estudiará el periodo anterior, vamos a acotar porque no nos daría tiempo a estudiar toda la realidad. Ese primer grupo va a analizar el marco macroeconómico, las políticas que se han desarrollado en este periodo, dando cuenta de la condicionalidad de los memoranda de entendimiento (MOU), qué hubiera pasado si no se hubieran aplicado las políticas de austeridad y ver cuál fue su impacto en el incremento tan notable de la deuda del Estado griego, que ha pasado del 103% al 185% del PIB. Hay muchas causas: políticas de austeridad que han empobrecido a la población, gastos onerosos en armamento, casos de corrupción evidentes, episodios muy sonados como el de Siemens, que han tenido repercusión en el gasto público en materia armamentística… Siemens estaba financiando directamente a los dos grandes partidos en su momento y hay sospechas de corrupción en esta materia. También hay estudios que se refieren al periodo anterior: qué sucedió en los años 70 con el Gobierno de los Coroneles, que creó una deuda odiosa, los sobregastos de los Juegos Olímpicos de 2004, que supusieron unas previsiones que casi multiplicaban por veinte la financiación inicial… por una cuestión de acotar y tener la auditoría en tiempo y forma, en junio nos vamos a circunscribir a este periodo más reciente.
Ahí entra Goldman Sachs.
Va a haber nueve grupos de trabajo. Hay un equipo macroeconómico, otro que estudiará las consecuencias sociales de las políticas económicas y habrá algún analista que se centrará en el falseamiento de estadísticas. Y uno de los episodios será ese. Se tendrán que utilizar informes precedentes, para analizar también el impacto de la incorporación al euro. Habrá un equipo legal que cotejará el derecho griego, europeo e internacional para ver si ha habido una colisión de las políticas desarrolladas con los derechos fundamentales en materia de sanidad, educación, pensiones, libertades civiles… Un estudio reciente del Parlamento Europeo daba cuenta de un impacto dolorosísimo para la sociedad griega. Otro equipo indagará sobre los aspectos financieros, políticas del BCE, que no olvidemos es el principal acreedor financiero de Grecia en este momento. En los últimos MOU ha habido un proceso de conversión de los acreedores: el BCE y los Estados miembros han sustituido a acreedores privados, librando del riesgo fundamentalmente a la banca centroeuropea. Un ejercicio del que las instituciones deberían rendir cuentas. Que el BCE y el FMI hayan sustituido a esos acreedores ha hecho que la responsabilidad del sector privado pase a ser un riesgo socializado. Todos los analistas saben que Grecia no puede abordar, más tarde o más temprano, el pago de la deuda en su conjunto, y esto se va a soportar sobre las espaldas de la población europea. Con lo cual, aquí hay que determinar las responsabilidades de los anteriores gobernantes, las oligarquías griegas, los bancos privados centroeuropeos y las instituciones europeas que parece que han estado al servicio de estos últimos. Son unas líneas de investigación que hay que estudiar y por el camino vamos a contar con información de primera mano de los diferentes ministerios griegos, el cuerpo científico del parlamento heleno, del Banco Central griego… para poder llegar a conclusiones que sean de utilidad a los poderes públicos griegos en un momento completamente desesperado como el que se vive allí ahora mismo.
¿No hay tensión con el Ejecutivo griego? De forma paralela a esta iniciativa, el ministro Varoufakis insiste en que Grecia va a pagar sus deudas.
Estamos gratamente sorprendidos y enormemente satisfechos porque en el proceso de deliberación de estos días ha habido un apoyo unánime del Ejecutivo griego, incluso del propio Varoufakis. Es cierto que ha habido en parte del Gobierno heleno dudas. Había simpatía sobre una iniciativa de estas características, pero había dudas. Posiblemente el contexto, tanto la presión social como las dificultades que atraviesan las cuentas públicas griegas, estén empujando a una nueva circunstancia, a nuevas decisiones. Aunque evidentemente, insisto, no se deduce de la comisión de auditoría ninguna decisión. Es una comisión de investigación y el Gobierno griego seguirá teniendo en su mano, como es natural, la decisión que se derive de todo esto. Lo que me traigo de la experiencia allí es un respaldo público, televisado, de uno tras otro de los ministros a esta iniciativa, una colaboración plena del Estado griego y de todas las instituciones y organizaciones helenas.
También ha habido cierta polémica con el asunto del perdón de la deuda alemana por parte de Grecia tras la II Guerra Mundial.
En principio, no está dentro de nuestra agenda de trabajo. Evidentemente, el Gobierno heleno ha estudiado el alcance que podría tener, la deuda que Alemania podría haber contraído con Grecia por aquella razón. Se habla de 279.000 millones, una cifra superior a la deuda que ahora mismo tiene el Estado griego con sus acreedores. No es nuestro foco de atención ahora mismo, aunque evidentemente el Gobierno heleno lo está manejando como un elemento de presión y me parece bien. Pero nosotros no estamos en condiciones de dar respuesta a esto porque el tiempo es muy exiguo.
En el comité hay personas que han participado en experiencias similares, como la de Ecuador. ¿Cómo fueron?
No hay modelos únicos y universales de auditoría, depende del contexto social y político en cada caso. No tiene nada que ver la experiencia islandesa con la ecuatoriana, ni con la que va a tener Grecia, en una crisis europea e inserta en la eurozona. Es un país mucho más grande económicamente que Ecuador y en un contexto diferente. En el comité hay tres miembros que vivieron aquella experiencia: Maria Lucia Fatorelli, brasileña, Diego Borja, ex ministro de Cooperación de Política Económica de Ecuador, y el propio Toussaint. En aquel caso los acreedores eran muy distintos. Eran acreedores privados y esto cambia extraordinariamente las circunstancias. En Ecuador fue una operación de mercado, de conversión de bonos, en la que primero se jugó al “vamos a no pagar”, pasaron unos meses y luego dijeron que pagarían un 30% de los bonos que habían decidido impagar. Se devaluó la deuda contraída en un 70%. La jugada fue muy buena. Durante un tiempo, hubo un cortocircuito financiero internacional, pero la liberación del yugo permitió que en muy poco tiempo Ecuador remontase económicamente y tuviese una experiencia extraordinariamente positiva que ha hecho que haya prosperidad en el país. El caso griego es muy distinto, los acreedores son instituciones europeas. Va a ser una operación política en la que tiene que haber una negociación lo más internacional posible, en la que necesitamos el respaldo social de los pueblos europeos y que se entienda que están en tela de juicio las políticas que han llevado a esta situación y que por tanto la solución es política. Desde muchos de vista, la macroeconomía hace tiempo que habló: la deuda griega es insostenible, el que se siga pagando responde a una decisión de las instituciones europeas de seguir suministrando financiación no para salvar ni rescatar al pueblo o al Estado griego, sino para que en su día pudiesen ir pagando a los acreedores privados y, después, a las propias instituciones europeas, algo completamente irregular. Todo ello, en unas circunstancias en las que es imposible materialmente librarse de la deuda, dadas las condicionalidades impuestas de políticas de austeridad, que hacen inviable una recuperación económica en Grecia.
¿Se puede trasladar esta experiencia de auditoría a España?
Evidentemente, la experiencia griega se puede replicar en otros países europeos. Se trata de remover dos cosas: las diferentes políticas y las redes clientelares y de favores que se han tejido entre distintas instituciones, algo que se puede hacer a escala municipal, autonómica y del Estado. Es muy importante que gobiernos de ciudadanos que estén ligados al pueblo lo lleven adelante para cuestionar todo lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar esas relaciones de corrupción y clientelismo. Y cuestionar esas políticas que nos han llevado a esta situación de endeudamiento y conversión de deudas privadas en públicas. Es importante extender este tipo de auditorías a escala nacional e internacional, y también tendrían que ser trasladadas a las instituciones europeas para negociar un cambio de reglas del juego en Europa y caminar hacia políticas de redistribución que permitan salir adelante a las economías periféricas hasta ahora muy castigadas. Dado lo delicado de esta iniciativa en Grecia, se necesita que más de un país lo haga para tener reconocimiento y viabilidad y evitar las consecuencias negativas que puede tener hacerlo en solitario.
En España hay una deuda cuestionada en algunos sectores, que no es pública pero que está endosada a los consumidores y que, además, tiene aval del Estado: el famoso déficit de tarifa eléctrico.
Eso no está previsto en la auditoría griega aunque algunas de las personas que han visitado Atenas lo han propuesto al ministro de energía. Sin duda alguna, en el caso de una auditoría en el Estado español, sería un capítulo a contemplar, dada la situación de emergencia energética, la necesidad de desarrollar una transición energética por razones medioambientales y de sostenibilidad ecológica, y para tratar de cuestionar los oligopolios energéticos y darle la vuelta a lo que nos han dicho que es el déficit tarifario, que esconde una subvención implícita a las compañías energéticas y no es una pérdida que estén sufriendo las empresas.
