13 abr 2015

CRUZANDO EL CHARCO

Infringiría la Ley de Medios de ese país

Uruguay: cuestionan que Hadad controle Radio Colonia















Radio Colonia, la radio uruguaya escuchada en nuestro país durante la dictadura militar para eludir la censura informativa, fue recientemente adquirida por Daniel Hadad, dueño del portal de noticias Infobae, según informan en el país vecino.

Sin embargo, muchos creen que la movida del empresario no encaja con la Ley de Medios vigente allí.

Hadad compró la emisora a los herederos de Gustavo Andrés "Andy" Deutsch, expropietario de las aerolíneas LAPA, quien murió el último año luego de estrellarse con su aeronave en el barrio de Nordelta.

De acuerdo con la revista uruguaya Búsqueda, una segunda emisora denominada Radio Mágica también está incluida en la operación.

Gustavo Gómez, exdirector de Telecomunicaciones durante la presidencia de José "Pepe" Mujica, dijo al diario Buenos Aires Herald que la documentación no estaría en orden.

"Tenemos una personas que oficialmente no es dueño de la radio pero que actualmente está tomando las decisiones clave y anunciado inversiones" declaró Gómez. "La administración uruguaya debe tomar una decisión porque las dos estaciones de radio están funcionando de facto", agregó.

En declaraciones al semanario El Eco, Hadad reconoció que había comprado Radio Colonia y que tenía la intención de modificar su programación. Fuentes citadas por Gómez creen que la operación ascendió aentre u$s 3 y u$s 5 millones, una cifra pequeña considerando que las dos radios tienen una cómoda recepción en el mercado de Buenos Aires. 

Algunos de los programas más escuchados, encabezados por Oscar Gómez Castañón (desde Buenos Aires) y Enrique Llamas de Madariaga (desde Punta del Este) continuarían, según las fuentes.

Daniel Lema, titular de la Asociación Uruguaya de Prensa, y José Imaz, al frente del centro de acceso a la información Cainfo, presentaron una denuncia ante la Unidad de Regulación de Servicios de Comunicación (organismo similar al AFSCA).

"Hadad empezó a administrar Radio Colonia y a hacer cambios en la programación sin la debida autorización del Poder Ejecutivo," advirtió Imaz al programa No toquen nada. "De acuerdo a las leyes uruguayas, se puede firmar un acuerdo de futura compraventa, pero no se puede asumir funciones hasta que el Gobierno apruebe la operación", explicó.

El gobierno podría revocar la licencia, de acuerdo con los dictados del artículo 183 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=786191

Reflexiones sobre el No al ALCA y la cumbre de Mar del Plata

El punto de partida del nuevo reordenamiento regional que se verificó en la Cumbre de las Américas, en Panamá, este fin de semana, fue la de 2005 en Mar del Plata, cuando se rechazó el ALCA.


 Por Jorge Taiana

Hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI se produce una serie de fenómenos que contextualizan, en el escenario global, el rumbo adoptado por los estados de América latina con relación con la propuesta del ALCA. Entre éstos se destacan la reacción organizada frente a la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Seattle de 1999, preparatoria de la Ronda Doha de 2001: 50.000 personas manifestándose –sorpresivamente para los medios internacionales y el establishment– en contra del proceso de liberalización comercial, neoliberal, impulsado por la OMC. Fue ésa la primera aparición masiva de los globalofóbicos convocados, por primera vez, mediante nuevas tecnologías. Por su parte, los Estados Unidos, que había convivido con el multilateralismo de los ’90, comienzan a tener un rol más unilateral y George W. Bush desarrolla su acción externa mediante tres elementos característicos de la política republicana de ese momento: el unilateralismo, la mentira y la fuerza. Estas estrategias se hacen patentes en la segunda guerra de Irak.
Mientras tanto, América latina experimenta extremos: el caso de Argentina con la crisis del 2001 y el “que se vayan todos”, y el de México con el levantamiento zapatista tras su adhesión al NAFTA (North American Free Trade Agreement) impulsado por Estados Unidos y Canadá. La fuerte crítica hacia la política y hacia las reformas económicas del neoliberalismo llevó a que en otros países, tales como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, también se reprodujeran las reacciones sociales y la aparición de nuevos partidos políticos y el triunfo de otros ya existentes en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Estos nuevos liderazgos tienen tres puntos en común: la búsqueda y el fortalecimiento de los mecanismos de participación popular y de legitimidad ante la sociedad; la visión crítica del neoliberalismo, del que buscan apartarse; la importancia y la necesidad de la integración regional. Estas coincidencias llevan a los líderes de entonces al entendimiento mutuo.
Es en este escenario que aparece la propuesta del ALCA con su pretensión de convertir el territorio que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego en un solo mercado, como repuesta a la desaparición del mundo bipolar. Se trata de la primera respuesta estratégica de los Estados Unidos en la región: una propuesta de integración con hegemonía estadounidense. Es claro que la propuesta demuestra comprensión del momento estratégico que se vivía: un mundo en el que las asociaciones en bloque están a la orden del día. Pero dicha asociación no consistía simplemente en un acuerdo de libre comercio sino que resultaba más bien una propuesta de inserción política, económica, social y cultural en el mundo. Más que una negociación de libre comercio constituye una respuesta de inserción estratégica.
Se trata de una visión no muy distinta de la propuesta por los Estados Unidos más de un siglo antes, en la Primera Conferencia Panamericana celebrada en 1889, en Washington DC. Esto ya tenía antecedentes. En aquella Conferencia Panamericana –en la cual la Argentina estuvo representada por Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana– los Estados Unidos plantearon lo mismo: una unión monetaria, una caída de aranceles y avanzar en una propuesta común frente a otros estados de la comunidad internacional. Sáenz Peña respondió a esa propuesta con un discurso en el cual –dejando de lado la Doctrina Monroe de “América para los americanos”– dice la famosa frase “América para la humanidad”.
La oposición al concepto que anima al ALCA, entonces, no es algo novedoso sino que más bien da continuidad a la tradición nacional.
Mediante un mecanismo de cumbres presidenciales, las dos primeras en Miami (1994) y Santiago (1998), se pone en marcha el proceso de negociación del ALCA. Los 34 presidentes de los estados que integran la OEA –con excepción de Cuba– no sólo asistieron a ambas citas sino que no expresaron posición alguna al acuerdo. En una tercera cumbre celebrada en 2001 en Quebec, Hugo Chávez, que había asumido la presidencia de Venezuela en diciembre de 1998, fue el primer jefe de Estado en señalar su intención de no sumarse al consenso a favor del acuerdo. Asimismo, como en Seattle, miles de globalofóbicos y antineoliberales se manifestaron mediante una contracumbre al ALCA en las afueras de Quebec, fuertemente reprimida con gases lacrimógenos. Después de esta cumbre comienza el estancamiento de las negociaciones.
Tras la elección de Néstor Kirchner en 2003, la Argentina debía aún honrar el compromiso asumido por Fernando de la Rúa en Quebec de organizar la siguiente Cumbre de las Américas, en la cual se planeaba firmar el acuerdo del ALCA. En aquel momento, se dudaba de si la Argentina estaría en condiciones de organizar el evento en razón de la situación de recuperación de la crisis de 2001. Adicionalmente, algunos estados también abrigaban sospechas sobre si el nuevo gobierno de la Argentina estaba dispuesto a apoyar el proceso de liberalización, por lo que no era conveniente a sus intereses que organizáramos la cumbre. Con eso en mente, organizaron una cumbre extraordinaria en Monterrey, donde sólo se adoptó un documento que buscó más que nada mantener viva la llama del ALCA, por si acaso los argentinos decidían que no se podía hacer la cumbre consagratoria del ALCA. Finalmente la Argentina decidió organizar la cumbre y demostrar su capacidad de recuperación y organización.
En cuanto al tema central de la cumbre, se buscó una fórmula enteramente vinculada con los desafíos que enfrentábamos entonces con relación con la desocupación en la Argentina. Se decidió entonces que el trabajo fuera el tema central de nuestro planteo a la región y al mundo. Fuera de la labor de la OIT, el tema del trabajo fue el gran ausente de las cumbres celebradas en los años ’90 en el marco de las Naciones Unidas y de los organismos multilaterales. El trabajo desaparece del escenario de los temas multilaterales en una época dominada por la flexibilización laboral y la pérdida de empleo. Por eso el lema de la cumbre fue “crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia”. El lema fue bien recibido por los demás estados y quedó claro que estábamos frente a una etapa de cambio, y que el neoliberalismo puro y duro estaba llegando a su fin.
Tras el fracaso de la reunión ministerial de la OMC en Cancún, los estados decidieron crear el Grupo de los 20, integrado por países en desarrollo, productores y exportadores de granos (entre ellos Argentina, Brasil, etc.), en el marco de la OMC –distinto del G-20 creado en 1998 inicialmente a instancias del ministro de Hacienda de Canadá–. El Grupo de los 20 de la OMC no logró avanzar en las negociaciones, lo cual era reflejo de lo que transcurría a nivel técnico en el ALCA: si no había espacio para un acuerdo multilateral de liberalización comercial en el marco de la Ronda Doha, era poco probable que avanzara un acuerdo regional con hegemonía estadounidense en el ALCA. En suma, las expectativas de negociaciones balanceadas y equilibradas cada vez se alejaban más tanto en el ámbito multilateral amplio de la OMC como en el de los ámbitos multilaterales regionales.
Finalmente, el escenario era el siguiente: 29 países a favor del ALCA y cinco no dispuestos a acordar.
En el caso de la Argentina, el ingreso al ALCA –junto a Chile y México, que ya habían ingresado en 2001 y 2002– no era conveniente a sus intereses, en vista de que los Estados Unidos compiten en materia de producción de alimentos y bienes agrícolas y podía poner en peligro la poca recuperación que se había logrado tras la liberalización de los ‘90. Tampoco les convenía a Brasil, Uruguay y Paraguay –los demás integrantes de Mercosur– también por el factor agrícola y, en el caso de los dos últimos, porque su economía se encuentra más ligada a Brasil y Argentina que a los Estados Unidos. Eso hará que el Mercosur tenga una posición contraria al Acuerdo de Libre Comercio. En el caso de Venezuela, el grueso de las exportaciones petroleras son hacia Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Chávez deseaba cambiar esa ecuación y adquirir cada vez más bienes en el sur en vez de en el norte, a fin de evitar la dependencia comercial de su país respecto de los EE.UU.
Se establecieron estrategias para cambiar los mecanismos de negociación y todo eso fracasó en la esfera comercial. Lo que la Argentina estaba dispuesta a hacer y decir en la esfera política era contrario al ALCA, lo cual no era aceptable para todos. En el debate final, luego de año y medio de negociación, la palabra ALCA seguía sin existir en el documento.
Durante una reunión en Washington, cuando todavía faltaban dos meses para la cumbre, le expresé a Néstor Kirchner: “Mirá, está todo bien pero esto no da más. Te van a empezar a llamar a vos para decirte que pongamos algo del ALCA porque yo niego, niego, niego, pero ya este nivel lo van a pasar. Van a empezar a llamarte”. En ese momento habló con Hugo Chávez y con Lula, y los tres acordaron ser firmes en mantener el NO al ALCA. Las presiones no sólo eran cuestión de los Estados Unidos y Canadá. Los países que ya habían hecho acuerdos –México y Chile– tenían mucho interés político en que el resto de los estados se sumaran a una posición pro ALCA. Decían: “No nos dejen solos. Porque si no estamos solos vamos a ser más fuertes”. En respuesta les dijimos: “Ustedes se metieron en el foso de los leones. Nosotros estamos fuera del foso de los leones. Salgan del foso de los leones, no nos lleven a nosotros del foso de los leones a que nos coman los leones”.
En la última semana de septiembre en Nueva York, en momentos de gran presión política, mantuve una conversación con Néstor en la que le confirmé que me mantendría en la negativa, en mi rol de canciller. El respondió con una frase que lo pinta de cuerpo entero y jamás olvidaré: “Mirá, Jorge, yo no voy a hacer nada que vaya contra los intereses del pueblo, ni voy a hacer nada que me pueda reprochar la historia. Así que vos mantenete firme, y no aflojes”. Así mantuvimos nuestra posición; no hubo acuerdo y se llegó al plenario, donde nos quedamos hasta las doce de la noche. Llegamos con un párrafo que señalaba que “algunos países creen que sería bueno culminar el acuerdo de liberalización y firmar el acta, y otros países creen que no están dadas las condiciones para firmar un acuerdo equilibrado, etc., etc.”. Este explicitaba la diferencia de puntos de vista y marcó el final del ALCA.
Las fuerzas de seguridad y todos los criterios de seguridad aconsejaban celebrar la cumbre en Bariloche. Allí se contaba con la infraestructura necesaria para hospedar a todos los jefes de Estado y mantener la reunión aislada y evitar la cercanía de manifestantes por varios kilómetros. Sin embargo, Néstor eligió hacerla en Mar del Plata para que estuviera “más cerca de nuestra gente”. Si bien celebrar la cumbre fue una decisión de Estado, ésta fue acompañada por una enorme movilización popular, un tren que partió de Buenos Aires y un acto paralelo con figuras de gran importancia, incluyendo a Evo Morales, quien aún no era presidente. Esa presencia tuvo su peso para fortalecer una decisión de cinco países que enfrentaban la voluntad de los otros 29 en el marco de las reglas del consenso.
Durante el debate en Mar del Plata, Néstor estuvo muy firme y también Lula, Duarte Frutos y Tabaré. Si bien Fox intentó declarar el tema del libre comercio como fuera de orden, Ricardo Lagos –por su parte– prefirió no intervenir en el debate. George W. Bush pidió la palabra. Estaba molesto y señaló: “Yo no sé por qué hay tanta discusión con esto del ALCA. Simplemente se trata de defendernos de los chinos”. El tenía más claridad que el resto de nosotros sobre el verdadero propósito de esa jornada. Ese fue el momento en el que se desmoronó el ALCA. El acuerdo no se aprobó ni tampoco prosperaron los planes para llamar a una nueva reunión que permitiera su aprobación.
Este año se cumplen diez años del NO al ALCA. A medida que pasa el tiempo se hace más notorio el carácter estratégico de esa decisión. No fue sólo una negativa al libre comercio, sino que constituye un rechazo a cierto modelo de inserción y el apoyo a otro modelo de inserción: un modelo de inserción mundial que tuvo como paso previo una integración regional entre iguales, en la región, con los países en desarrollo, con nuestras propias posibilidades, prioridades y defensas de la autonomía política, económica y de la identidad cultural.
Queda claro, mirándolo con diez años de perspectiva, que de no haber desafiado al ALCA no hubiera habido Unasur. Tampoco las reuniones de Cochabamba, Isla Margarita y finalmente Río hubieran sucedido sin el NO al ALCA. Tampoco hubiera existido la Celac, que es una construcción posterior, que comienza en la reunión del fin del 2008, sigue en la reunión de Cancún del 2010 y se hace realidad en Caracas en 2011. Por lo tanto, no sólo fue una decisión correcta a favor de la integración y el desarrollo entre iguales, sino que concibió un mundo en el que el unilateralismo deja paso al multipolarismo.
Es decir, ese mundo con una sola potencia económica –además de política y militar– va dejando paso a un mundo donde lo económico es multipolar y lo político lo es también en parte y eso explica en buena medida por qué había que decirle NO al ALCA, porque no era en nuestro interés común subordinarnos a Estados Unidos y existían motivos claros para ganar y preservar autonomía y fortalecer los vínculos Sur-Sur.
Néstor fue a China por primera vez en el 2004. El fortalecimiento del vínculo de toda la región con China, con India, con Rusia, como los grandes emergentes, y con todos los países árabes se apoya en decisiones que no hubieran sido posibles de habernos subordinado al esquema ALCA.
Estas decisiones son las que hoy en la Argentina –frente a los fondos buitre y a Griesa, que dice que el Citi no puede pagar bonos argentinos– nos da la opción de contar con financiamiento de países emergentes y buscar tecnología y transferencia tecnológica en condiciones que no hubieran sido posibles si nos hubiéramos atado a una potencia que sigue siendo la potencia más poderosa del mundo, pero un mundo que está en transformación. De haber aceptado el ALCA, hubiéramos cometido –en el caso de Argentina– nuevamente el error del Pacto Roca-Runciman, al que Jauretche denominó el “Estatuto del coloniaje”, y que reafirmó los lazos de dependencia con el Reino Unido, en un momento en el cual el Reino Unido comenzaba en la década del 30 a ser una potencia en declinación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270386-2015-04-13.html

“El Ingenio Ledesma no fue un actor más”

LAS ANTROPOLOGAS GABRIELA KARASIK Y LIZ GOMEZ EXAMINAN EL ROL DE LA EMPRESA DE BLAQUIER EN LA REPRESION

Las investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy analizan las relaciones de poder que la empresa había extendido sobre el territorio y cómo esa red se puso al servicio del terrorismo de Estado, aportando listados, inteligencia y recursos.


Gabriela Karasik y Liz Gómez, investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.
 Por Alejandra Dandan

Las antropólogas Gabriela Karasik y Liz Gómez, de la Universidad Nacional de Jujuy, analizaron el Ingenio Ledesma en busca de evidencias de la represión de los años ’70. Ahora que la Cámara de Casación admitió la participación de camionetas de la empresa en los operativos, pero señaló que la contribución de Carlos Blaquier con los secuestros no implica su conocimiento, las antropólogas plantean la necesidad de repensar al ingenio en el marco de un “territorio” que se fue constituyendo bajo su dominio. Analizaron los secuestros y confirmaron –en contra de los argumentos de la defensa– que las víctimas tenían en su abrumadora mayoría relaciones con la empresa: o porque provenían de “hogares de condición obrera” o eran médicos o maestros de los lotes rurales más combativos. Sin embargo, el aporte más importante no son los datos sino un cambio de enfoque: una propuesta que intenta producir un puente entre la lógica de los “aparatos organizados de poder”, con la que el derecho estudia la intervención de las Fuerzas Armadas en las causas de lesa humanidad, y una que permita pensar la participación de las empresas. Piensan los secuestros y los “hechos” de un modo diferente a como suele pensarlos el derecho. Los “hechos” son un “hecho social”, producto de un contexto atravesado por relaciones sociales, económicas y de poder.
“Cuando uno piensa en el embate que ha habido en las causas donde se investiga a los civiles, no sólo por el fallo de Casación, vemos lo difícil que es aún indagar esto y nos parece que hay que dar un giro”, señala Karasik. “Pensar cómo pensar. No pretendemos meternos con los acuerdos y debates sobre las nociones de verdad y objetividad de las ciencias sociales, pero sí aportar a la Justicia para que siga haciendo cambios: así como se impuso con los juicios de lesa humanidad la idea de no perder de vista la totalidad de las relaciones sociales, de ‘plan sistemático’, nos parece que para los juicios sobre actores civiles, en particular las empresas, hay que reconsiderar la definición de contexto. Hay gente que está trabajando esto en otros lados. La clave está ahí, nos parece.”
–Ustedes hablan de “sistema fabril con villa obrera” como central en todo esto. ¿Qué entienden por eso y cuál es la utilidad en el caso de Ledesma?
Karasik: Hay muchos investigadores que trabajan clase obrera o historia de las empresas que aplican este concepto u otros afines. Esto permite pensar el emplazamiento en un territorio de ciertas empresas que se instalan en zonas donde deben crear las condiciones para funcionar. Donde hay que crear una población trabajadora; donde hay que dar condiciones para que la población se reproduzca; donde hay que controlar la disciplina y demás. Es un concepto que permite pensar un emplazamiento como sistema de relaciones sociales. Tiene varios aspectos. Una dimensión económica, ligada a los trabajadores, vivienda, alimentos. Pero también otra dimensión que permite ver esto como un sistema de disciplinamiento, dado que interviene en la esfera del trabajo, del orden de lo público, pero también regula la vida privada.
–¿Cuál es el efecto de esta clave de lectura en este territorio específico?
Gómez: Para nosotras el sistema fabril con villa obrera (SFVO) no es una clave de lectura, sino una forma de análisis que nos permite acceder al conocimiento de esta realidad. Intentamos un abordaje conceptual, pero que nos permitiera desarrollar conocimiento empírico sobre la realidad. El SFVO da cuenta de un tipo de ejercicio de poder y nos permite dar cuenta de ese poder. Es decir, el SFVO se desarrolla allí donde hay empresas que se apropian de un territorio: de un espacio con todo lo que eso conlleva, su población, sus recursos y donde imponen un orden. Un orden fabril, industrial, social. Lo que hicimos es ir desgranando las características de ese proceso en este territorio, y ver qué características tenía en la década de 1970.
–¿Qué lugar ocupa Ledesma en ese territorio?
Karasik: En ese territorio, Ledesma no es un actor más. No solamente porque lo fue configurando a través del tiempo, sino porque en los ’70 seguía sosteniendo las relaciones sociales y territoriales clave.
–¿Cómo llegan de ahí a las camionetas?
Gómez: Empezamos queriendo mostrar un proceso histórico más amplio. Vimos la necesidad de señalar que era posible aportar el conocimiento histórico de manera que se constituya en una herramienta de análisis y probatoria, que pudiera aportar en los juicios. Desde el principio, la defensa insistía con que la “verdadera historia” de Ledesma demostraba su inocencia. A partir de eso empezamos a conceptualizar más finamente las ideas de “hecho” y “contexto” en el ámbito jurídico y “hecho” y “contexto” en el marco de la ciencias sociales. En ese sentido decimos que no es posible entender el accionar de la empresa fuera de la consideración de una serie de trasformaciones estructurales en el orden nacional, pero también en el orden local. Y a la vez ir desentrañando los encadenamientos causales que ponen o pusieron en relación esos órdenes.
Karasik: En el caso específico de la empresa, de su accionar represivo, decimos: no se puede pensar esto en función de si prestó o no prestó camionetas o cuáles serían las pruebas de eso. Este es un recorte arbitrario. Delinear estas herramientas de análisis nos permitió empezar a demostrar la arbitrariedad de ese recorte. No se entienden las camionetas ni la presencia de una sección de Gendarmería en Ledesma si no se consideran formas específicas de apropiación del territorio, de ejercicio del poder a ese nivel. Esa es la clave. Los “hechos” no son una cosa, un fetiche, son parte integral de hechos y procesos sociales más amplios. Por lo tanto, tampoco pueden aceptarse las nociones fetichistas de prueba, que digan que el “contexto” es “exterior”, porque ahí es donde los “hechos” bajo juicio cobran sentido.
–Y para ustedes esta mirada es la que le está faltando al derecho.
Karasik: Nos parece que esta línea puede dialogar con otra, habitual para la lógica jurídica, como son los “aparatos organizados de poder” que sirven básicamente para pensar la estructura de tipo militar. Nos pareció que el SFVO podía servir cuando se está frente al poder civil, fáctico y económico –como es el caso de algunas empresas con este tipo de presencia en sus territorios, no todos, pero sí Ledesma, Mina El Aguilar o Acindar, donde están entramadas territorialmente las historias de poder social, político–. Este concepto permite articular bien con el de aparatos organizados de poder.
–Ledesma dice que hizo las viviendas como una acción social, ¿qué vieron ustedes?
Gómez: Blaquier presenta muchos de los “hechos”, como la construcción de viviendas, como producto de su voluntad. Pero si uno hace un análisis sobre qué es lo que llevó a la construcción de viviendas, se ve un proceso en el que la organización sindical y la lucha de los obreros ya apuntaba a cuestionar las condiciones de trabajo y en ese momento se consideró las viviendas como una victoria obrera. De hecho, fueron producto de una ley que estaba vigente y no se aplicaba. Producto de la lucha obrera y la acción gubernamental se logró la construcción de viviendas. Ampliamos el marco para analizar algo que Blaquier muestra en un solo punto, pero en el que existen determinantes más amplios.
Karasik: En Ledesma pudimos mostrar, en la articulación con el sistema de fábrica, que por un lado había problemas por el manejo de los zafreros y de los lotes rurales y el gremio estaba pidiendo mejores condiciones de trabajo y de vida. Y por otro lado, la empresa decide mecanizar la zafra, borrar los lotes y empezar la urbanización y las viviendas. No es que sea mentira lo que plantea Blaquier, pero las razones que plantea son muy distintas. Es decir, trata de desarmar esta movida que estaba teniendo lugar entre los trabajadores rurales y los de fábrica, pero no solamente esto: con la mecanización echan a la gente, por lo tanto intentan atemorizarla. Esta mirada, que ve cómo coexisten los procesos, permite observar que Ledesma no hizo “acción social”. Y en realidad, éste fue nuestro punto de partida.
–La empresa dice que la persecución no fue sobre los militantes o sindicalistas. Ustedes prueban lo contrario.
Gómez: Elaboramos la lista de los secuestrados y desaparecidos. Los ubicamos primero en un marco temporal y luego según el origen y la condición social de las víctimas. En el marco temporal vimos que la acción represiva –como seguramente en todo el país– venía desde mucho antes. Hay víctimas de secuestros y acciones represivas en el ’74 y ’75. Y cuando analizamos origen, todos están vinculados con familias obreras.
–¿Sindicalizados?
Karasik: Tenemos casos de obreros directamente empleados de Ledesma y militantes vinculados a la acción sindical de Ledesma, aunque algunos no son trabajadores de la empresa, otros son militantes y activistas en este territorio.
Gómez: Vimos que en un primer momento la acción represiva va sobre estos militantes que tienen una acción sindical dentro de la empresa. Pero después se extiende a un conjunto social más amplio. Y cuando uno mira condición obrera va más allá de la relación contractual de un individuo para ver el “hogar” en el que se reproducen esos trabajadores. Y entonces ves que involucra a un conjunto social más amplio. No mira sólo la relación contractual con la empresa, sino un conjunto del núcleo familiar en el que reproduce la vida.
Karasik: Lo vimos con médicos, maestros o los estudiantes de Ledesma que estudiaban en Tucumán: en un caso, un chico es hijo de un chofer del sindicato. Es decir, cuando uno mira más allá del individuo, de la relación contractual, se abre un panorama donde los relaciones con la empresa son abrumadoramente mayoritarias. Ellos convivían con otros en un mismo espacio, un mismo territorio organizado bajo el dominio de la empresa.
–Frente a estas relaciones, ¿puede decirse que el dueño de la empresa administradora de ese territorio no sabía para qué iban a ser usadas sus camionetas?
Karasik: Creo que el análisis a este nivel no sólo confirmaría la responsabilidad en función del conocimiento, sino que confirma que la empresa brindó inteligencia, listados y recursos a fuerzas –aparatos organizados de poder– sobre las que también mantenía ascendiente y mando en el nivel local.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270400-2015-04-13.html

El siempre vidrioso caso Greco

 PRISION A CUATRO EX FUNCIONARIOS POR BENEFICIOS A UN GRUPO EMPRESARIO


La demanda del grupo propietario del Banco de los Andes por una indemnización recién prosperó cuando funcionarios de Economía abandonaron la defensa del Estado. La Justicia los condenó a prisión por haber intentado favorecer al grupo.
 Por Raúl Dellatorre


El fallecido ex titular del holding Héctor Greco, en una foto de época con custodia policial.

Cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía fueron condenados por intentar favorecer, por acción y por omisión, en una millonaria suma al grupo Greco, ex propietario del Banco de los Andes y dueño, en su momento, de más de cuarenta empresas ligadas a la alimentación. Ese gran momento fue, precisamente, en la dictadura empresarial-militar de los ’70, durante la cual el grupo se convirtió en un emblema de cómo se enriquecieron algunas firmas al amparo de las condiciones creadas por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Pero esos grupos crecieron casi tan rápido como cayeron. Retornada la democracia, los hermanos Héctor y José Greco pretendieron recuperar los activos perdidos demandando al Estado la compensación por “los bienes apropiados”. Los funcionarios ahora condenados fueron señalados como los que le dieron vida a la demanda y estuvieron a punto de convertir en exigible la millonaria indemnización reclamada, al no haber ejercido como correspondía la defensa del Estado.
La característica identificatoria de entidades como el Banco de los Andes, el Banco de Intercambio Regional o el Banco Oddone fue que nacieron con una ley que les permitió absorber depósitos del público ofreciendo altas tasas, para después declararse en “insolvencia” haciendo que las finanzas públicas respondieran ante el público. Durante 1980, varias de estas entidades cayeron en bloque; sus empresas fueron expropiadas y varios de sus responsables terminaron en prisión. Con la llegada de la democracia, algunos de ellos, como los hermanos Greco, iniciaron una causa contra el Estado por la recuperación de sus activos, obviando la forma en que los obtuvieron. Esta pretensión, sucesivamente rechazada desde el gobierno de Raúl Alfonsín en adelante, logró en cambio cabida durante la gestión de Roberto Lavagna, ministro de Economía primero bajo el mando del presidente provisional Eduardo Duhalde y a partir de mayo de 2003 ya con el presidente electo Néstor Kirchner.
El grupo Greco había llegado a convertirse, entre 1976 y 1979, en un poderoso holding que, además del Banco de los Andes, controlaba las bodegas Resero, Arizu, Aguas Villavicencio y otras 40 firmas que le permitían, por ejemplo, concentrar más de la mitad de la producción vitivinícola del país. Pero en 1980, como se señaló, fue a la quiebra y terminó intervenido por la misma dictadura. Los hermanos Greco aseguran que el gobierno de Alfonsín se comprometió, en 1987, a restituirle parte de sus empresas, pero años más tarde reclamaron judicialmente por supuesto incumplimiento del convenio.
Héctor Miguel Osvaldo Greco, quien fuera presidente del holding, había muerto en un accidente automovilístico en la mañana del 14 de diciembre de 1988, en la ciudad de Buenos Aires, a los 60 años, en un día en el que pensaba entrevistarse con el ministro Juan Sourrouille para seguir negociando en la misma causa. Su hermano menor y sus ex socios siguieron adelante con la “empresa”.
Este reclamo corrió poca suerte hasta que en el año 2003, la abogada Beatriz Pernas reemplazó a la doctora María Eugenia Martínez en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo las órdenes de los directores Daniel Alberto García y Yolanda Eggink, el subsecretario Osvaldo Siseles y el secretario Eduardo Pérez, este último hombre de confianza del ministro Lavagna. Según un dictamen elaborado en su oportunidad por la doctora Martínez, “no existe un solo documento” que respaldara la pretensión de los Greco. “Por el contrario, ellos están en deuda con el Estado”, sostenía Martínez en aquel escrito que pasó a formar parte del expediente.
Sin embargo, la posterior actuación de los funcionarios del departamento jurídico del Palacio de Hacienda terminó convalidando el reclamo, dejando caer los plazos de presentación de contrapruebas y descargos ante la Justicia, incluso respecto de un fallo del juez Juan Francisco Soto del año 2005, que no sólo convalidó una cifra de 600 millones de pesos demandada por los Greco, sino que ni siquiera le descontó los compromisos adeudados al Estado por el demandante. La indefensión del Estado había sido tal que la propia sucesora de Lavagna, Felisa Miceli, presentó la denuncia contra los empleados a cargo del área ante la Justicia.
La indemnización no llegó a pagarse, pero la Justicia consideró a cuatro de los funcionarios involucrados (la imputación no alcanzó al secretario, Eduardo Pérez) en una maniobra defraudatoria destinada a favorecer al grupo Greco en 600 millones de pesos.
Esta semana, un tribunal oral federal condenó a Osvaldo Siseles a cuatro años de prisión. En 2008, cuando fue citado a indagatoria, Siseles se desempeñaba como asesor del Instituto de la Vivienda de la CABA, a las órdenes de Roberto Apelbaum, ya con la gestión de Mauricio Macri. Yolanda Eggink fue condenada a tres años de prisión, con ejecución (de la pena) en suspenso; a Daniel García le dio dos años y ocho meses, y a la abogada Beatriz Pernas, dos años y seis meses.

Los “blancos” predilectos de Israel

Afirmar que Israel aplica un sistema represivo planificado y permanente contra la población palestina es repetir lo que se observa desde hace más de sesenta años, cuando Naciones Unidas aprobó la partición de Palestina para la creación del Estado judío. La pregunta es: ¿Cuál será el punto máximo en la escalada represiva de Israel contra Palestina? Cuesta imaginar una invasión más terrorífica que “Margen Protector” en 2014 contra la Franja de Gaza, en la cual fueron asesinados más de 2.000 palestinos y palestinas, incluyendo 447 niños y niñas.

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LEANDRO ALBANI/Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2015 -
Con la reelección de Benjamín Netanyahu como presidente un nuevo ataque masivo contra la población gazatí se encuentra latente. Por más que el “laborismo”, con Issac Herzog y Tzipi Livni, fuera presentado como una “alternativa” a Netanyahu, las políticas israelíes contra Palestina son calcadas, sean “halcones” o “palomas” quienes gobiernen. Un alerta sobre una posible invasión a Gaza la dio en estos días el canal 2 de Israel, que anunció el comienzo de “la cuenta regresiva hacia la próxima guerra del ejército israelí contra Hamas en la Franja de Gaza”.
Por eso, los “blancos” de Israel para justificar sus ataques son variados y siempre están al alcance de la mano de quienes dirigen al país.
El plan de expansión israelí sobre Medio Oriente es parte fundamental del sionismo, ideología que rige a ese Estado nacido de un mito bíblico. Pero si dijimos que hace sesenta años el poder político y militar israelí aplica una guerra de exterminio contra Palestina –buscando “blancos” a los cuales combatir-, la fuerza de la realidad confirma que hace sesenta años los palestinos y las palestinas resisten sin abandonar sus tierras.
Los blancos móviles
Una nueva denuncia demuestra la capacidad represiva de Israel contra los palestinos y las palestinas. A los bombardeos masivos, asesinatos selectivos, controles militares, bloqueos económicos, destrucciones de viviendas y expulsión de civiles, ahora se conoce que el tiro al blanco es uno de los pasatiempos de los soldados israelíes.
Así lo confirmó días atrás Yaron Kaplan, un ex uniformado hebreo en declaraciones al diario Haaretz. “Después de dos años comprendí que no podía seguir con el ejército israelí porque tras cada entrenamiento siempre realizamos una especie de juego a través del cual disparamos contra los civiles palestinos como si se tratase de una práctica de tiro al blanco para acabar con la vida de ellos”, reveló el ex soldado. Kaplan, quien abandonó el Ejército y por eso fue calificado como “soldado fugitivo”, afirmó que al comenzar sus entrenamientos militares “me di cuenta de la dimensión de la violencia que aplican las fuerzas israelíes contra los civiles palestinos”.
Que los soldados israelíes hagan blanco en civiles palestinos no es algo nuevo. Se cuentan por decenas las denuncias sobre los ataques con fusiles a los pescadores de la Franja de Gaza, que tienen la posibilidad de adentrarse unos pocos kilómetros en el mar Mediterráneo para realizar sus labores. Como también se cuentan por cientos los ataques y asesinatos cometidos por los uniformados hebreos contra los campesinos palestinos que trabajan sus campos de oliva.
Los blancos parlamentarios
En la madrugada del 2 de abril la puerta de la casa de Khalida Jarrar estalló en pedazos. Un grupo de agentes de seguridad israelíes ingresaron con la furia que los caracterizan, desbarataron el lugar y se llevaron prisionera a Jarrar, actual diputada del Consejo Legislativo Palestino e integrante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
El peregrinar de la diputada luego de su detención fue frenético: en un principio la llevaron a la colonia Beit El, para después ser trasladada a una base militar cerca de Jaba’ en Jerusalén Este. Cuando amanecía, fue nuevamente trasladada a Ofer, cerca de Ramala, donde la interrogaron durante más de cuatro horas, y por último encerrada en la cárcel de HaSharon.
Jarrar, que también se desempeña como dirigente feminista y es la ex directora de la Asociación de Derechos Humanos Addameer, fue condenada por un tribunal militar israelí a cuatro meses de “detención administrativa”, fórmula que permite a Israel encarcelar a los palestinos sin cargos concretos.
En la actualidad, 16 miembros electos del Parlamento palestinos se encuentran bajo arresto por el Estado israelí, de los cuales nueve tienen “detención administrativa”.
Los blancos infantiles
La última cifra conocida es escalofriante: 182 palestinos menores de edad se encuentran prisioneros en las cárceles de Israel. El dato, difundido por la organización no gubernamental Vigilancia de Tribunales Militares (VTM), es una nueva muestra de la violación por parte del Estado hebreo a todas las convenciones internacionales que protegen el derecho a la niñez. Del total de niños y niñas prisioneros, 25 tienen entre 14 y 15 años de edad, y 157 no sobrepasan los 17, subraya el informe de VTM. Como siempre, las acusaciones oscilan entre “lanzar piedras” a los uniformados israelíes o “colaborar” con organizaciones políticas que Tel Aviv califica como “terroristas”. El encarcelamiento de los menores de edad es acompañado por la prohibición a ver a sus familiares o tener un abogado defensor.
A finales de 2014, el Club de Presos Palestinos (CPP), con sede en Ramalá, reveló que el 40 % de los niños y las niñas detenidas por Israel en Jerusalén fueron víctima de abuso sexual por parte de la policía hebrea. Según la ONG Defensa Internacional de los Niños, en la última década unos 7.500 menores de edad estuvieron en las cárceles israelíes. En marzo de 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirmó algo que es un secreto a voces: las agresiones y malos tratos hacia los menores encarcelados por Israel son “generalizados, sistemáticos e institucionalizados”.
El plan israelí contra Palestina es meticuloso y no quedan dudas cuáles son los “blancos” predilectos para el poder represivo desatado por Tel Aviv desde hace sesenta años.