Rodrigo Rato y la cueva de Alí Babá

España

La evasión fiscal y la corrupción irrumpen de lleno en la precampaña electoral.

Roberto Montoya Desde Madrid

Campanas. Rodrigo Rato durante un acto de apertura de la financiera Bankia.

La explosión del caso Rato en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo y a siete meses de las generales, ha golpeado en plena cara al gobierno de Mariano Rajoy y lo ha dejado tambaleando. La escandalosa caída desde las alturas del que fuera ex vicepresidente de José María Aznar, dirigente del gubernamental Partido Popular (PP), ex presidente de Bankia y ex director del FMI, está suponiendo un verdadero via cruxis para Rajoy y su partido.
Las revelaciones sobre el fraude fiscal de millones de euros cometido por el ex gurú económico de la derecha ultraliberal española –que se suma a otras dos causas judiciales abiertas en su contra– ha abierto la “Caja de los Truenos” y el presidente de gobierno ya no sabe cómo cerrarla. Teme que arrastre al PP por el fango en un año electoral en el que ya de por sí las encuestas vaticinan su peor resultado en muchos años por la irrupción de Podemos y Ciudadanos (centro derecha) en la escena política y la ruptura del bipartidismo.
A pesar de la importancia e influencia del personaje, Rodrigo Rato es sólo una de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para blanquear dinero negro que tenían en otras tantas cuentas opacas en Suiza, Andorra, Gibraltar y otros paraísos fiscales. De esas 30.000 personas, 715 son “de gran influencia pública”, según reconoció ante el Congreso Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, banqueros, empresarios y directivos de multinacionales, jueces, políticos, etcétera.
La oposición criticó que fuera este funcionario y no el propio titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien compareciera en el hemiciclo. Equipo Económico, el despacho de asesoramiento a grandes empresas que creó Montoro en 2006, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por contratos millonarios sospechosos con Madrid Network, una sociedad que aglutina a 700 empresas y que es subvencionada por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM.
Los contratos que están bajo la lupa por no salir a concurso público se firmaron en 2008, sólo unos meses después de que Montoro dejara el despacho. Uno de sus actuales subordinados, el secretario de Estado Antonio Beteta, sí siguió en el despacho, fue precisamente presidente de Madrid Network hasta 2011.
Es un típico caso de “puertas giratorias”, personajes del gran capital privado que pasan a ocupar cargos políticos en las mismas áreas que actuaban antes, y viceversa, altos cargos, como Aznar, Felipe González y el propio Rato –hasta hace unos días era asesor de Telefónica– que al dejar sus puestos son contratados como “lobbistas” por grandes bancos, multinacionales o poderosos despachos de abogados.
El Partido Popular ha utilizado estos días su mayoría absoluta para rechazar la comparecencia de Rajoy y rechazar también la publicación de la identidad de las otras 714 personas “de gran influencia pública”, que junto con Rato defraudaron al fisco y luego se acogieron a la amnistía fiscal.
La no investigación sobre el origen de esos capitales podría haber permitido blanquear dinero procedente de casos de corrupción, tráfico de drogas o armas, trata de blancas o cualquier otro hecho delictivo, simplemente pagando una sanción del 10% del total defraudado.
Algunos partidos pidieron que no se limitara tampoco la investigación a esas 715 personas, sino que se extendiera a los 30.000 amnistiados.
Con esa medida de gracia de 2012 Hacienda recaudó sólo 1.200 millones de euros, y las críticas por los resultados obtenidos llevó al gobierno a añadir en 2013 el llamado Modelo 720, una declaración fiscal obligatoria para aquellos con capitales fuera de España, bajo pena de fuertes sanciones, que desde entonces han cumplimentado 197.000 personas haciendo aflorar un total de 124.000 millones de euros.
Según el director de la Agencia Tributaria, unos 20.000 contribuyentes españoles tienen cuentas en Suiza, 4.000 las tienen en Andorra y 260 en Gibraltar, por un importe total de 24.000 millones de euros.
Y los escándalos en los que aparecen políticos del PP involucrados no cesa. La Fiscalía investiga a altos cargos del Partido Popular en la región autónoma de Castilla y León, que podrían haber recibido 110 millones de euros en comisiones de grandes compañías eléctricas y constructoras por “agilizar” trámites para la construcción de grandes parques eólicos en esa comunidad, la que cuenta con más megavatios eólicos instalados de toda España.
Igualmente se habrían beneficiado de comisiones ilegales periódicas durante años en su carácter de “asesores” tres conocidos diputados del PP Federico Trillo –ex ministro de Defensa de Aznar y reconocida figura del Opus Dei–, Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme.
Es un goteo que no cesa, uno a uno van cayendo personajes del PP rodeados durante años de un aura de “honestidad” y “ejemplaridad” para desconcierto e ira de la población.
La “Lista Falciani” sigue deparando también sorpresas, con filtraciones diarias. Se calcula que pueden llegar a 4.000 las cuentas ocultas a nombres de españoles existentes en el HSBC. Entre los titulares estaba desde el fallecido fundador y presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el banquero más poderoso de España, hasta el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.
En Francia ya se está, sin embargo, en otra etapa de las investigaciones por la voluminosa “Lista Falciani”.
La primera persona de esa lista juzgada por la evasión de impuestos al fisco francés ha sido Arlette Ricci, de 74 años, la última de la dinastía de la famosa casa de modas y perfumes, que ha sido condenada a un año de cárcel, a una multa de un millón de euros y a la confiscación de sus lujosas casas en París y en Córcega, con un valor total de cuatro millones de euros.
Otras 50 personas están siendo juzgadas en este momento por la misma causa, las primeras de una lista de más de 3.000 evasores.

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La evolución del Cóndor

 EL TESTIMONIO DEL ESPECIALISTA CARLOS OSORIO CON DOCUMENTOS QUE ARRANCAN EN 1972

Director del prestigioso Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, habló en el juicio en Buenos Aires. Trajo decenas de documentos que muestran el rol de EE.UU. y la CIA en la coordinación entre países de la represión, que arrancó mucho antes de lo pensado.

 Por Alejandra Dandan

Carlos Osorio es el director del Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington. Este archivo es uno de los lugares que guarda los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las dictaduras de la región. Osorio declaró diez horas en el juicio oral por el Cóndor que se hace en Buenos Aires y que la semana próxima entra en la etapa de alegatos. El investigador presentó un Excel de 900 documentos, 40 por ciento de los cuales provienen del acervo norteamericano y otro tanto del Archivo del Terror paraguayo. De los 900, seleccionó 100 para la audiencia. Su serie no empieza en 1975 con la sabida conferencia de Inteligencia en Chile, en la que se instituyó formalmente la coordinación de las fuerzas represivas bajo el nombre de Cóndor. Empieza en 1972, algo que es su clave de lectura sobre ese proceso. Cuando los defensores vieron en la pantalla de la sala la primera pieza, uno levantó la mano alarmado y objetó lo que le parecía fuera del objeto de juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 Oscar Amirante lo interrumpió: “Usted tiene conocimiento de cuándo empezó el Plan Cóndor –le dijo el juez–, el tribunal todavía no”.

La escena encierra una de las preguntas de este juicio. “¿Todo esto está vinculado con lo que se llamó Plan Cóndor?”, le preguntaron al investigador. “Pienso que sí”, fue la respuesta. “Si uno establece metodologías y los nombres que comienzan a intervenir en el primer período, verá que todo es parte de la misma materia que aparecerá investigada mas adelante.”

Esta mirada cronológica de los documentos le permitió a Osorio leer a 1975 como la institucionalización de un proceso previo, sostenido en convenios y acciones bilaterales. La progresión muestra acuerdos puntuales, informales y hasta sostenidos por relaciones personales entre agentes de inteligencia y entre oficiales. También encuentros que comienzan a hacerse más frecuentes y periódicos a medida que los tiempos se hacían más calientes. Muestran cómo se aceleraron las comunicaciones. Cómo y quiénes estaban bajo la lupa. Hay nombres de líderes de las organizaciones políticas y armadas. Internas en los servicios de inteligencia. Pero además, o especialmente, dan cuenta del rol de Estados Unidos.

La progresión

Del enorme caudal de documentos, pueden tomarse dos para explicar de qué habla Osorio cuando habla de un proceso en evolución. El primero, menos conocido, es del 12 de septiembre de 1972 un acuerdo secreto bilateral de Inteligencia entre las fuerzas armadas de Paraguay y el Ejército argentino. El texto llama a “aunar esfuerzos de las agencias de Inteligencia sobre grupos u organizaciones”. Y a “prestar colaboración mutua en la lucha contra la subversión mediante medidas oportunas, desalentando elementos presentes en uno u otro país”. Argentina presenta un informe sobre los grupos “insurreccionales paraguayos o extranjeros” que detectó en la zona del nordeste. Señala que “la región del nordeste del país no puede sustraerse de la presión marxista”. Describe la presencia de tupamaros en esa región, ingreso de armamentos, movimientos en el ámbito estudiantil de alumnos paraguayos. Menciona que los “sacerdotes y laicos para el Tercer Mundo tienen vigencia y presencia en casi todas las provincias” bajo esa brigada. Hablan del ERP y Montoneros. Y de altos dirigentes de las organizaciones de Paraguay que “actúan en nuestro país” y “han desaparecido del ámbito” luego de haber “sufrido”, aparentemente, “un golpe con la internación de estos dirigentes y la estrecha vigilancia sobre ellos”. Hay un anexo de boletín del Servicio de Inteligencia de Uruguay sobre los tupas. Mas adelante otro documento del agregado militar de la Embajada de Brasil.

Los datos, las referencias y el concierto de países del documento permiten entender por qué Osorio lo incorporó. Pero más allá de lo que dice, el investigador valoró lo que el documento no dice: “Este documento está mostrando que esta es una última reunión de una serie de reuniones que se vienen desarrollando de modo periódico. Muestra también que es un acuerdo que, como muestran otros documentos más adelante, continuarán desarrollándose a futuro”. Y agregó: “Sólo quería mostrarlo como una primera muestra de un tipo de patrón que más adelante podemos identificar que es esta colaboración bastante íntima. Es interesante ver que no se hace referencia a ningún patrón de ‘cooperación’ entre los dos países. Sino que lo que se observa es una práctica de camaradería entre los dos ejércitos. No hay ninguna mención a un marco legal que limite actividades y que esté operando. Quería sólo mostrar esto”.

Munido de una pantalla, su Excel y el enlace interactivo a los documentos, todo lo que decía se veía en tiempo real ampliado en la pantalla grande de la sala. A continuación mostró otros documentos del año siguiente, 1973, que con el final del gobierno de Salvador Allende y el fantasma de la “invasión marxista” en la región es un año que Osorio entiende como “el momento en el que en el Cono Sur se empiezan a estrechar las relaciones entre estos organismos. En el ’75 esto se coagula”. Entre los papeles hay piezas como los documentos de Arancibia Clavel que van relatando las espinosas internas en Argentina entre el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y la SIDE.

El segundo documento destacable es más conocido, es del 28 de noviembre de 1975 durante la clausura de la primera reunión de Inteligencia Nacional celebrada en Chile desde el 25 de noviembre. Fue varias veces publicado porque la reunión le da al “sistema” el nombre de Cóndor. Lleva la firma de los responsables de Inteligencia de cinco países: Jorge Casas, capitán de navío, jefe de la delegación argentina y quien según Osorio era vox populi entre los investigadores su adscripción a la SIDE; Carlos Mena, mayor del ejército, jefe de la delegación Bolivia; Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA chilena; José Fons, coronel del ejército, jefe de la delegación de Uruguay; Benito Guanes Serrano, coronel del ejército y jefe de la delegación paraguaya.

Este documento formaliza eso que hasta entonces no aparecía con claridad: la “cooperación”. En las conclusiones señala que “se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”. Los presentes asumen como tarea formar “una oficina coordinadora destinada a proporcionar antecedentes de personas y/o organizaciones conectadas con la subversión”. Generar un directorio completo de nombres que trabajan en inteligencia “para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el marxismo”.

Hay recomendaciones. Entre ellas, contacto muy directo y rápido cuando se expulsa del país a un individuo o viaja un sospechoso para alertar a los servicios de Inteligencia. Colocar a disposición del equipo técnico los antecedentes que posee la Inteligencia. Habilitación en las embajadas para personal de Inteligencia nacional o similares como enlaces directos y personales plenamente acreditados ante los servicios. Facilitar los medios para publicar información destinada a atacar “la subversión”. Agregan datos para una próxima reunión una semana antes de la reunión de comandantes del Ejército. Y finalmente disponen el nombre y formas de incorporación: “El presente organismo se denominará Cóndor aprobado por unanimidad conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede. La inclusión de países del sistema Cóndor deberá contar con la aprobación de los países de la primera conferencia”.

Osorio volvió a decir en la audiencia que esto parte de una práctica más larga. “Este documento lista muchas actividades, relaciones, prácticas, que ya estaban desarrolladas de modo bilateral por muchos años. Lo que hizo este encuentro es darle una institucionalidad, un reconocimiento, y decir que de alguna manera había que blindar esas prácticas.”

“Como dice la CIA, ya en el ’74 conversaron sobre la necesidad de generar una coordinación. Se ve que las redes militares ya son muy estrechas. Hay comunicaciones muy fluidas. Y venían viendo la necesidad desde entonces, pero en 1975 se formaliza cuando sí nace la Operación Cóndor. En la práctica lo que hace no es solamente reconocer lo que ya se está haciendo sino sentar las bases. Es como construir un edificio para que tengamos todos nuestras oficinas. En lugar de estar todos dispersos, dicen juntémonos y hagamos funcionar más todo esto. Es un edifico. El edificio es todo el lineamiento.”

Estados Unidos

Una pregunta que late en el juicio es el rol de Estados Unidos. Cómo probar la presencia, coordinación o participación de acuerdo a los parámetros de un juicio. No hay un sólo documento que muestre eso con todas las palabras, pero la serie y el contexto con la Escuela de las Américas y el Comando Sur en funcionamiento aportaron datos para ver rol y ambivalencias. Dos documentos dan cuenta de lo último.

El primero es muy conocido entre quienes saben del Cóndor. Es del 10 de junio de 1976, tiene forma de relatoría y da cuenta de una conversación entre el secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina César Augusto Guzzetti. En el documento, Guzzetti describe la coordinación de Inteligencia con las dictaduras del Cono Sur. Explica que el problema del terrorismo está generalizado. Señala que para combatir “el problema” están tratando de unir esfuerzos con Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Kissinger le responde con una frase muy conocida: “Si hay cosas que tengan que ser hechas, deben hacerlas rápido. Pero deben volver rápido a procedimientos normales”.

El 13 de agosto de 1976 el Departamento de Estado emite un documento muy protocolar y una posición bien distinta. “El gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta del plan de los países Cóndor de participar en una cooperación para asesinar subversivos y exiliados políticos dentro y fuera de los países que pertenecen a la Operación Cóndor”, indicó Osorio en su traducción. “Y el Departamento de Estado elabora un borrador en el que ordena a sus embajadas conseguir citas con los niveles más altos, lo más pronto posible. Deben expresar que ‘mientras aprobamos el intercambio de Inteligencia e información, los planes de asesinatos internacionales son muy serios y crearían problemas en las relaciones con los Estados Unidos’.” El punto 10 dice a las embajadas del Cono Sur que “deben por supuesto tener en claro que ninguna agencia del gobierno de los EE.UU. sea implicada de ninguna manera en intercambiar información o datos sobre un individuo subversivo con los gobiernos locales, incluso en esos países donde proponemos expandir nuestro intercambio de información. Es esencial que de ninguna manera nosotros pongamos o apuntemos el dedo sobre individuos que pueden ser candidatos de intentos de asesinato”.

Este documento no es Kissinger, dijo Osorio a modo ilustrativo: es el Departamento de Estado. “Realmente el Departamento de Estado tiene dos voces en esta época –dijo– y esto es tema de discusión en libros enteros.” De hecho, en investigaciones sobre Cóndor se habla de “la luz verde y la luz roja”. Lo que se ve es que “el Departamento de Estado le está diciendo a los ejércitos de la región que no podían continuar con este nivel de asesinatos. Están diciendo: ya sabemos que Cóndor está matando gente. Y líderes. Eso no puede ser. Noso-tros queremos parar eso. Podemos cooperar pero es éticamente imposible de sostener”.

Ahora bien, agregó Osorio, “Kissinger le dice a Guzzetti otra cosa, les da el guiño a los militares argentinos en particular, pero también lo hizo en Chile y en otras partes. La política oficial del Departamento de Estado está marcada por el Congreso de Estados Unidos que tiene un debate en ese momento sobre las violaciones a los derechos humanos que está recorriendo el mundo debido a la influencia de las agencias de Inteligencia y las agencias militares. El Departamento de Estado asume como política oficial la promoción de los derechos humanos en ese momento”.

Desde el TIAR hasta Nisman

Posiciones geopolíticas

Neutralidad nacional. La neutralidad argentina y la tercera posición de Perón no son lo mismo, pero ambas resultaron mala praxis para la política norteamericana, que sólo aceptaba amigos o enemigos.

Eduardo Anguita

¡Cóndor! una de las víctimas fatales de las relaciones carnales con Estados Unidos.

La neutralidad argentina en las dos guerras mundiales, con todos los matices diferenciales de cada momento, estuvo ligada a la provisión de alimentos para el Viejo Mundo. Durante la Gran Guerra, Bunge & Born y Weil Hermanos se ocuparon de llevar granos a distintos puertos para que no faltaran provisiones al Imperio Prusiano. Los poderosos intereses británicos socavaron esas relaciones pero admitían la neutralidad de Victorino de la Plaza primero y de Hipólito Yrigoyen después. El afianzamiento de Gran Bretaña en el Río de la Plata durante la crisis del 30 tuvo el punto más alto de alineamiento con ese imperio con la firma del tratado Roca-Runciman. La provisión de carnes baratas a Inglaterra mostró la incapacidad de tener una política nacional soberana de los sectores dirigenciales. Sin embargo, al emerger Estados Unidos como el gran líder de Occidente y desplazar a Gran Bretaña del liderazgo colonialista en Argentina, se encontró con la aparición de Juan Domingo Perón y el intento más serio de tener una política autónoma en el nuevo orden mundial creado a partir del fin del nazismo en un mundo signado por la Guerra Fría y los alineamientos a Moscú o a Washington. Dicho sucintamente, Perón logró vencer a una oposición deslumbrada por la idea de sumarse a las políticas del Departamento de Estado. Pero no sólo eso: Perón tuvo gestos claros de tomar distancia de la política militar de Estados Unidos. Cuando todos los países firmaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, Perón se tomó su tiempo para agregar la firma argentina. En efecto, Argentina firmó recién tres años después, cuando se produjo la Guerra de Corea. Pero el país se negó a mandar tropas, como sí lo hizo Brasil, que con un presidente popular como Getulio Vargas no logró mantener la neutralidad en la segunda guerra y hasta mandó un contingente a combatir bajo el mando de los aliados.
La neutralidad argentina y la tercera posición de Perón no son lo mismo, pero ambas resultaron mala praxis para la política norteamericana que sólo aceptaba amigos o enemigos. El golpe de Estado de 1955 mostró a una dirigencia local, civil y militar, dispuesta a alinearse sin ninguna pretensión de soberanía. Pero el propio proceso político y la resistencia popular llevaron al pacto Perón-Frondizi y a que, durante la presidencia de éste, se ensayaran algunas políticas que podían estar en sintonía con John Kennedy pero que chocaban con los intereses del Pentágono y el Departamento de Estado. Frondizi fue eyectado por los sectores más gorilas y pronorteamericanos. Pero tiempo después, quedó más patente que la voluntad de someterse de la dirigencia no era suficiente: los golpes de Estado en Brasil (1965) y en Argentina (1966) pusieron en evidencia que Washington quería industrializar un país que podía convertirse en un subimperio mientras que prefería desarticular la Argentina aunque al frente de la dictadura estuvieran generales estrechamente ligados a los monopolios, como dejara en evidencia el gran investigador Rogelio García Lupo.
Ni la ferocidad del proceso abierto en 1976 resultó confiable para Washington. Quizá a Estados Unidos no les preocuparan demasiado los convenios para proveer de granos a la URSS. Pero la aventura de Malvinas, encabezada por Galtieri, alguien que soñaba con ser Patton o Westmoreland, condenó a la Argentina a quedar bajo la celosa lupa de Occidente. Aunque resulte demasiado compacta la narración de los hechos, es imprescindible tener la perspectiva del tiempo para tomar dimensión de que las relaciones carnales de Guido Di Tella, la destrucción del Cóndor II y la adhesión a la invasión norteamericana a Irak en la primera guerra del golfo (1990-91) fueron algunas de las decisiones de Carlos Menem, no sólo para ponerse a tono con el Consenso de Washington sino que pretendían tirar por tierra cualquier memoria de políticas autónomas de la hegemonía norteamericana. En definitiva, la memoria de aquel peronismo tercerista, era barrida por ese peronismo arrodillado que pregonaba pizza con champagne.
Hay una buena parte de la intelectualidad argentina, que pretende ser liberal y sensible, que no puede rescatar ninguna idea ni lección de la historia que se aleje del alineamiento con Estados Unidos. De cara a las elecciones de octubre, ninguno de los precandidatos bien posicionados se exhibe con posibles cancilleres dispuestos a aprovechar las experiencias de estos años a las que, con desprecio, llaman populistas. Juan Manuel Santos, un liberal consumado, buscó al ex tupamaro José Mujica para mediar entre su gobierno y las FARC, la última guerrilla del continente. Brasil, pese a tener a Joaquim Levy como ministro de Economía, un neoliberal formado en la Escuela de Chicago, mantiene al ex canciller Celso Amorim al frente de la cartera de Defensa con una doctrina que se diferencia mucho de aquel alineamiento automático con Estados Unidos. Es más, Brasil hoy fabrica aviones de uso militar en Embraer cuyos componentes más sofisticados llegan de Suecia o de otras naciones y no del complejo militar tecnológico norteamericano. Cuando la derecha vernácula se espanta de la relación entre Venezuela e Irán parece desconocer que el país de esta región más integrado con el gobierno de Teherán es precisamente Brasil, que tiene sus propios programas de uranio enriquecido y tiene un tratado nuclear con Irán firmado por Lula y Ajmadineyad en 2010. La foto de ambos presidentes producía escozor en los ambientes pronorteamericanos que ahora deben ver en Barack Obama a un peligroso afroamericano capaz de promover un acuerdo con la República Islámica de Irán y juntarles la cabeza para ese fin a las principales potencias del mundo.
En la Argentina son muy pocos los ámbitos académicos y formadores de opinión que escapan a la estrecha visión de alinearse con Estados Unidos y hasta temen que la Casa Blanca se haya teñido de rojo.
La investigación sobre la muerte de Alberto Nisman merecería el mayor celo investigativo. Son demasiadas las intrigas alrededor de ello y no debe mezclarse con la historia de calamidades sobre la no investigación del atentado a la AMIA. Si la denuncia preparada por el fiscal muerto es inconsistente mucho más preocupante es la cantidad de aspirantes a recrear las relaciones carnales..

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La vía islandesa ante la crisis financiera

«No escuchar a los mercados financieros sino al pueblo»

por Werner Wüthrich

Ha declarado el presidente de Islandia, Olaf Ragnar Grimsson, refiriéndose a la opción aplicada en su país ante la grave crisis financiera de 2008. Ante la crisis similar que hoy enfrenta la Unión Europea y el rápido restablecimiento de la economía islandesa, ¿no sería lógico preguntarse si las soluciones que necesitan los pueblos europeos también pueden ser similares a las que impuso la ciudadanía en la «Tierra del Hielo».

RED VOLTAIRE | ZÚRICH (SUIZA) | 1RO DE MAYO DE 2015





 

Manifestación popular ante la sede del Parlamento islandés en 2008. En Islandia, la movilización popular impidió la aplicación de las medidas neoliberales que la Unión Europea y el FMI están imponiendo a los pueblos europeos víctimas de la crisis financiera.

El gobierno de Islandia anunció recientemente a la Comisión Europea y al Consejo Europeo el retiro de su pedido de adhesión à la Unión Europea [1].

El gobierno de los socialdemócratas y los verdes había solicitado dicha adhesión en abril de 2009, después de que la crisis financiera de Estados Unidos afectara catastróficamente a los bancos islandeses. Pero las negociaciones fueron congeladas luego del restablecimiento –sorprendentemente rápido– de Islandia de esa crisis y a raíz de la elección de un nuevo gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gunnar Bragi Sveinsson, señaló en su sitio web que: «Los intereses de Islandia están mejor fuera de la Unión Europea.» Y la población islandesa no aprobaría la incorporación del país a la Unión Europea ya que los últimos años le han permitido darse cuenta de lo que ha sido capaz de lograr por sus propios medios.

Islandia es una isla con 350 000 habitantes situada en el Océano Atlántico. Dispone de abundantes zonas de pesca. Su población practica algo de agricultura con mucha cría de ovejas y el país está recibiendo cada vez más turistas, que llegan al país atraídos por sus bellezas naturales y sus fuentes de aguas termales. Una vida agradable.

En muchos sentidos, Islandia ocupó un lugar importante en los titulares durante la última crisis. La crisis golpeó a ese país con mucha más fuerza que a otros. En 2008, la acumulación de deudas –en el apogeo de la crisis– era mucho más grande que en los países del sur de la Unión Europea. Mientras que en Grecia la deudas se elevaban al 175% del Producto Interno Bruto (PIB), las deudas de Islandia –principalmente las de los bancos– eran 10 veces superiores al PIB, o sea 1000%, conformando un escenario realmente catastrófico. Sin embargo, 7 años después, Islandia presenta nuevamente una economía relativamente saludable. ¿Cómo se explica eso?

Durante los años finales del anterior milenio, Islandia se caracterizaba por sus muy altas tasas de crecimiento. Aquello no tenía nada que ver con los resultados de la pesca sino con los tres grandes bancos de Islandia, que se habían implicado en un arriesgado juego y habían convertido la isla en una plaza financiera global. Estos tres grandes bancos islandeses atraían, por ejemplo, diversos fondos de ahorros extranjeros proponiéndoles tasas de interés elevadísimas y con aquel dinero emprendían inversiones de alto riesgo en el mundo entero. Al principio, lo hicieron con éxito. Los responsables de aquellos bancos asumieron una imagen de «modernos» y «abiertos» y rompieron con las tradiciones de sus propios bancos y de la profesión bancaria, hasta que se cumplió el proverbio que dice que «tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe».

La ruptura y la caída se produjeron hace 7 años, desembocando rápidamente en la quiebra de los tres grandes bancos de Islandia.
El pueblo mostró el camino a seguir frente al problema de la deuda

Existía una controversia en cuanto a la manera de enfrentar las deudas exteriores de los tres bancos islandeses. Según la doctrina occidental, el Estado y los contribuyentes tenían que asumir la responsabilidad, al menos en parte. Se trataba principalmente de los fondos llamados Icesave. Como filial online de la nacionalizada Landsbanki, durante años Icesave había atraído con elevadas tasas de interés a numerosos pequeños ahorristas extranjeros cuyo dinero no estaba cubierto por el seguro de depósitos islandés.

Principalmente Gran Bretaña y los Países Bajos, de donde venían la mayor parte de los fondos extranjeros, exigieron que el Estado islandés reembolsara esos fondos. Eran unos 4 000 millones de euros: alrededor de 12 000 euros por cada habitante de Islandia. El gobierno islandés negoció con ambos países y estos concedieron tasas bajas y alargaron los plazos para el reembolso. El Parlamento islandés aceptó el resultado de las negociaciones y adoptó, el 30 de diciembre de 2009, una ley que regulaba las modalidades de reembolso.

Pero entonces el pueblo islandés salió a las calles con sus cacerolas y expresó su inconformidad por tener que echarse a cuestas una responsabilidad que no era suya. Los especuladores extranjeros tenían que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. En definitiva, esos especuladores habían obtenido como mínimo un 10% de su dinero.

Las pancartas y pasquines de los manifestantes planteaban la siguiente interrogante: «¿Es moral y jurídicamente justificable atribuir simplemente el riesgo al Estado y los contribuyentes?». La inicitiava ciudadana Defence organizó manifestaciones oponiéndose a la medida. Recogió más de 60 000 firmas –entre 350 habitantes– y exigió un referéndum popular. La ciudadanía asedió la residencia presidencial encendiendo bengalas rojas, para dar de la manera más visible posible una señal de «Alto» a aquella 

política.

 

El presidente de la República de Islandia, Olaf Ragnar Grimsson.

El presidente de la República, Olaf Ragnar Grimsson, oyó la voz del pueblo y ordenó la organización del referéndum. «La base de nuestro Estado islandés consiste en que el Pueblo es el juez supremo de la validez de las leyes. Por tanto he decidido, de conformidad con la Constitución, transferir la decisión sobre la ley en cuestión al pueblo», anunció el presidente de la República. En marzo de 2010, el 93% de los votantes dijeron «No» al pago de las deudas bancarias por el Estado islandés.

Gran Bretaña y los Países Bajos aceptaron entonces, a falta de algo mejor, la renegociación del pago de las deudas de los bancos. En un nuevo acuerdo, Islandia obtuvo concesiones suplementarias y mejores condiciones de pago. El pago se alargó hasta 2046, lo cual implicaba que la próxima generación también tendría que asumirlo. El Parlamento islandés aceptó, el presidente de la República convocó un nuevo referéndum popular. En abril de 2011, el pueblo rechazó también la nueva proposición. ¿Qué hacer?

Los islandeses resolvieron el problema de los bancos de la siguiente manera:
los 3 grandes bancos tuvieron que anunciar su quiebra;

Landsbanki y su banco online fueron nacionalizados;

los dos otros bancos fueron divididos en un «Nuevo Banco» y un «Viejo Banco»;

el «Nuevo Banco» –dotado de nuevos capitales– asumió actividades necesarias dentro del país, como las operaciones de pago, el funcionamiento de los cajeros automáticos (ATM), un servicio de otorgamiento de créditos, etc.;

el «Viejo Banco» heredó montones de deudas y todos los negocios extranjeros con una gran cantidad de activos tóxicos, cuya liquidación se concretó mediante un procedimiento de quiebra.

De esa manera, se mantuvo el acceso de la población a sus ahorros y los cajeros automáticos siguieron funcionando en todo momento. Los bancos fueron rebautizados. El banco Kaupthing hoy se llama Arion y el banco Glitinir ahora se llama Islandsbanki. Los tres bancos, hoy parcialmente en manos extranjeras, ahora se limitan a la realización de operaciones bancarias tradicionales dentro del país.

Este proceso de bancarrota nos recuerda el desastre de Swissair, que dio lugar a la rápida fundación de una nueva pequeña empresa –Swiss–, hoy bajo control de Lufthansa, mediante la cual los activos que quedaban de la primera compañía y la importante acumulación de deudas fueron objeto de una liquidación total durante el proceso de quiebra.

Garantizar la normalidad y el proceso de recuperación

La vida se había hecho difícil en Islandia desde el inicio de la crisis. La corona islandesa perdió su valor. Aumentaron los precios y disminuyó el salario real. Se disparó el costo de la vida. Aumentó el desempleo. Los resultados económicos ya habían disminuido en un 7% en 2009. El gobierno necesitó un préstamo del FMI, ascendente a 10 000 millones de dólares, para sobrevivir en aquellos tiempos difíciles. Y, como de costumbre, el FMI puso condiciones. Pero el gobierno de los socialistas y verdes rechazó una política de liquidación en el sector social. A pesar de ello logró cumplir el programa del FMI.

Países amigos, como Noruega y Suecia, ayudaron aportando dinero. Hubo aumentos de los impuestos para la población, se acentuó la progresión del impuesto sobre los ingresos y se aplicó una serie de medidas poco ortodoxas para reducir las deudas. Por ejemplo, todos los créditos vinculados a monedas extranjeras fueron declarados ilegales. El gobierno ofreció a las empresas programas especiales de restructuración de sus deudas. Hubo reducciones de deudas para los créditos inmobiliarios. Los pequeños propietarios obtuvieron reducciones de los pagos que debían realizar. Para proteger la moneda e impedir la fuga de capitales, el gobierno introdujo controles de la circulación de los capitales, controles que aún se mantienen en vigor. Las personas que salen del país sólo pueden cambiar una cantidad limitada de euros.

El FMI respetó las medidas que el gobierno islandés adoptó. Incluso propuso al ministro islandés de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, convertirse en principal responsable del FMI para la cuestión griega, proposición que Sigfusson rechazó [2].

La crisis no duró mucho en Islandia. La política enérgica, respaldada por el pueblo, arrojó resultados rápidamente. El turismo y la industria pesquera se beneficiaron grandemente con la reducción de la moneda islandesa. Islandia se volvió barata. Importó menos bienes de consumo caros pero aumentó la producción nacional. Tres años después de la caída en un 7% que se había registrado en 2009, se produjo un aumento de 3% –más que la media de la Unión Europea. Desapareció la inflación y la tasa de desempleo es hoy de un 4% –como en Suiza. Ya no hay desempleo entre los jóvenes, contrariamente a lo que sucede en otros países. La agencia Fitch aumentó de nuevo la nota de solvencia de Islandia, lo cual justificó resaltando «el éxito alcanzado mediante respuestas poco ortodoxas a la crisis».

Por otro lado, la decisión tomada en 2013 por el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio –que por una vez se pronunció a favor del pueblo– fue de gran utilidad ya que fue rechazada la responsabilidad del Estado en las deudas bancarias extranjeras.
Un éxito de la soberanía y de la democracia directa

¿Por qué Islandia se recuperó con tanta rapidez? La voz del pueblo fue un factor decisivo. Los islandeses no sólo tomaron las decisiones correctas en los dos referendos. La población también participó activamente en los acontecimientos y siempre lo hizo de forma no violenta. Creando sitios web originales, la ciudadanía se defendió de los intentos de Gran Bretaña tendientes a presentar a los islandeses como terroristas para poder congelar sus cuentas bancarias en territorio británico. Además, los islandeses pusieron manos a la obra y lograron meter en cintura su economía nacional.

Los tres «nuevos» bancos, drásticamente reducidos, ahora cumplen en el país su tarea tradicional.

La población también impidió que los responsables de los malos manejos de los bancos recibiesen, como en otros países, enormes sumas de dinero al dejar sus cargos. Muchos de ellos hoy enfrentan graves acusaciones ante los tribunales. Una comisión investigadora del Parlamento publicó un informe de 2 000 páginas que señala a una treintena de dirigentes de bancos, miembros del gobierno y del Banco Central como principales responsables de la debacle financiera. La Corte Suprema juzgó recientemente a 4 de ellos condenándolos a penas de entre 5 y 6 años de cárcel por haber realizado manipulaciones fraudulentas del mercado y por abuso de confianza, siendo estos los castigos más duros que se hayan pronunciado nunca antes en Islandia en materia de criminalidad económica.

La propia moneda fue decisiva en el salvamento del país. El drástico descenso de la corona islandesa no condujo al naufragio que auguraban algunos profetas financieros sino que fue la condición previa decisiva para el rápido restablecimiento. Actualmente, la corona islandesa se ha estabilizado en alrededor de un 30% por debajo de su valor anterior a la crisis. ¡Otros países podrían inspirarse en ese resultado! Para un miembro de la eurozona, abandonar la moneda común europea abriría un camino similar.

El éxito de la vía islandesa para salir de la crisis bancaria se diferencia radicalmente de la vía centralista de la Unión Europea, dirigida desde arriba, que consiste en salvar los bancos y «administrar las deudas» y que mantiene artificialmente vivos los bancos quebrados y hace caer la responsabilidad sobre los hombros de los contribuyentes.

Islandia contradice claramente la idea de que no existe otra alternativa que el salvamento de los grandes bancos, considerados como «Too big to fail» [Demasiado grandes para quebrar]. Pero si otros países no pueden copiar exactamente la vía de Islandia, esta los inspira a buscar valientemente nuevos caminos. Y también muestra cómo un pequeño país puede, con su propia moneda, conservar con orgullo su lugar en el mundo globalizado de la finanza.

Los problemas financieros no pueden ser resueltos por una pequeña élite y a puertas cerradas. La población y los contribuyentes pueden ayudar de manera constructiva a encontrar el camino del éxito. El hecho que el FMI haya pedido al ministro islandés de Finanzas que ayude a controlar la crisis de la deuda en Grecia habla por sí mismo.

Werner Wüthrich

Fuente

Horizons et débats (Suiza)

[1] Cf. Horizons et débats, 23 de marzo de 2015.

[2] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 de febrero de 15.

Los escándalos que no conocerías si se prohibieran las filtraciones a la prensa

ESPAÑA

El ministro de Justicia ha reabierto la polémica sobre si los medios están legitimados para publicar documentos que están bajo secreto o custodia judicial. Rafael Catalá sugirió este miércoles que no hay que descartar que  se estudien sanciones a los periódicos, radios o televisiones que publiquen informacionessobre investigaciones en curso.

01 May 2015 

• Las palabras del ministro de Justicia en las que insinuaba multas a medios que publicasen informaciones sobre causas bajo investigación judicial provoca una catarata de reacciones de rechazo.

• Detalles importantes del caso Gürtel o la trama Púnica se conocieron gracias a las filtraciones a las que tuvo acceso la prensa.

• Otros escándalos destapados por los medios han servido para que la justicia actúe, como con las tarjetas ‘black’ o el caso Cooperación.

Jesús Travieso⎮El Diario⎮

El ministro de Justicia ha reabierto la polémica sobre si los medios están legitimados para publicar documentos que están bajo secreto o custodia judicial. Rafael Catalá sugirió este miércoles que no hay que descartar que  se estudien sanciones a los periódicos, radios o televisiones que publiquen informacionessobre investigaciones en curso. Unas palabras que coinciden con la celebración el próximo domingo del Día Internacional de la Libertad de Prensa y que han escandalizado al sector de los medios de comunicación, al calificarlas de “censura”. La  Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado la medida de “barbaridad”. Y que han sido rechazadas hasta por el PP, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. De nada le ha servido al ministro rectificar diciendo que su propuesta solo era una “reflexión” que “nada tiene que ver con sancionar a los medios de comunicación”.

De aplicarse esta “reflexión” de Catalá, los medios tendrían que responder ante las administraciones e incluso los jueces por publicar información que en la mayoría de ocasiones ha servido para destapar los entresijos de casos muy graves. Y que incluso han servido a los partidos para descubrir cuáles de sus miembros se encontraban implicados en ciertas causas. Una paradoja de cara a las consecuencias que tienen estas filtraciones en la esfera pública, ya que no son pocos los políticos que aseguran que se enteran de casos que afectan a sus ámbitos próximos por la prensa.

Las manifestaciones del titular de Justicia no fueron concretas. La ambigüedad de Catalá no permite aclarar si el ministro propone abrir el debate de las sanciones a los que publiquen filtraciones sobre causas que están judicializadas y bajo secreto de sumario o si se refería a cualquier tipo de revelación. La Ley ya contempla que miembros de la administración respondan ante la justicia si revelan información de la que disponen, por medio del delito de revelación de secretos contemplado en el Artículo 197 del Código Penal.

¿Cuáles serían los casos destapados por la prensa que, según la postura de Catalá, deberían contemplar una sanción solo por publicarse?

Caso Gürtel

La investigación de la trama corrupta liderada por  Francisco Correa fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y acabó en manos del juez Garzón cuando aún era titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional. Las filtraciones del sumario a la prensa comenzaron en febrero de 2009 y permitieron saber quiénes eran los principales implicados en el caso. Las informaciones publicadas por El País o El Mundo desvelaron, por ejemplo, la implicación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El también dirigente del PP acabó dimitiendo por las acusaciones de haber recibido dádivas de la trama, de las que finalmente fue absuelto en la conocida ‘causa de los trajes’. El caso tuvo su otro foco principal en la Comunidad de Madrid, salpicando a alcaldes y diputados autonómicos de los ‘populares’.

Caso ERE

El diario ABC  publicó unas grabaciones en las que se escuchaba a dos directivos de Mercasevilla extorsionar a unos empresarios para que les diesen 450.000 euros a cambio de una subvención de 900.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía para así poder abrir una escuela de Hostelería. Fue en 2009, y esto dio origen al caso de los ERE fraudulentos en la comunidad andaluza y al caso Mercasevilla. Estas grabaciones llegaron al gobierno andaluz que presidía Manuel Chaves, que las entregó a la Fiscalía. Otra de las revelaciones conocidas gracias a la prensa fue que el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero gastó 25.000 euros de fondos de los ERE en cocaína. La causa sigue en instrucción en los juzgados de Sevilla y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, tras la imputación, entre otros, de los expresidentes Chaves y José Antonio Griñán por su supuesta implicación.

Caso Cooperación

La  desviación de fondos públicos destinados al tercer mundo por la consejería de Solidaridad de la Generalitat Valenciana fue otro de los casos destapados gracias a una filtración a la prensa. Rafael Blasco, consejero de Francisco Camps entre 2008 y 2010, autorizó adjudicaciones por 1,66 millones a la Fundación Cyes para hacer trabajos de cooperación en Nicaragua. Solo 43.000 euros de todo el dinero llegaron a América Latina y el resto fue utilizado para adquirir suelo y garajes en Valencia. Dos diputadas de PSOE y Compromís lo denunciaron ante la Fiscalía, iniciándose el también conocido como ‘caso Blasco’. El Tribunal Superior de Justicia valenciano condenó al exconseller en 2014 a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los papeles de Bárcenas

Los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas revelaron que el partido del Gobierno dispuso de una contabilidad paralela alimentada por donaciones de empresarios y que servía para pagar sobresueldos a los dirigentes de la formación. Los papeles de Bárcenas fueron destapados por el diario El País y dispararon las sospechas sobre la cúpula del PP. Finalmente, el caso Bárcenas acabó siendo una pieza separada de la causa de Gürtel, donde el exsenador también estaba imputado. Durante la instrucción del juez Pablo Ruz, la prensa difundió los informes policiales de la causa, que confirmaban la caja B de Génova, 13. Esa financiación irregular durante dos décadas ha sido acreditada finalmente por el juez de instrucción.

Los correos de Blesa

eldiario.es publicó  la correspondencia a través de email que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa mantuvo con directivos de la entidad o empresarios durante su gestión al frente de la caja. La filtración de estos correos permitió conocer que Blesa avaló la comercialización de las preferentes, el dispendio en viajes con dinero de la entidad o que los consejeros y directivos de Caja Madrid disponían de una tarjeta en negro a efectos fiscales. Esto último dio pie a una pieza separada del caso Bankia en octubre de 2014.

Las tarjetas ‘black’

La existencia de una  tarjeta ‘black’ a efectos fiscales fue conocida gracias al contenido de uno de esos correos de Blesa publicado en exclusiva por eldiario.es. Los extractos de las tarjetas no declaradas a Hacienda de políticos y sindicalistas que cobraban de la caja desvelaron la vida de lujo que llevaban muchos de ellos. Entre los gastos había joyas, hoteles, viajes, alcohol, fiestas o ropa. Todo a espaldas de la Agencia Tributaria. Otro de los usos que le dieron a la ‘black’ los implicados fue el de sacar dinero de los cajeros automáticos. El más ‘destacado’ en este aspecto fue José Antonio Moral Santín, que en sus últimos meses en la entidad sacaba 600 euros a la semana. El otro que más gastó fue el director financiero de la caja,Ildefonso Sánchez-Barcoj. Rodrigo Rato, que afronta actualmente investigaciones por su patrimonio no declarado,  pagó una cena con su ‘black’ el mismo día que se anunció el rescate de Bankia.

La trama Púnica

El mismo día que Rafael Catalá expuso su “reflexión” se difundieron datos relevantes de la investigación sobre la trama de corrupción Púnica. Estas informaciones se conocieron a las pocas horas de que las decenas de imputados tuvieran acceso a la causa. Esta causa, en la que el juez Eloy Velasco investiga las adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, supuso la entrada en prisión preventiva del ex número 2 de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por “pertenencia a una organización criminal”. También están implicados varios alcaldes de distintos municipios madrileños, como Parla o Collado Villalba, además de empresarios y cargos municipales.

Entre las dimisiones o renuncias por el caso está la del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que no va en la listas del PP a las municipales después de que un imputado le vinculase al caso cuando el sumario aún era secreto. Las ramificaciones de la trama también llegaron a Castilla y León y Murcia, donde se produjeron detenciones. Los interrogatorios a los imputados y testigos, publicados por varios medios, permitieron conocer el contenido de la declaración del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el control que el empresario David Marjaliza tenía sobre varios pueblos de Madrid. O incluso cómo los pliegos de los contratos municipales venían redactados por las propias compañías de Marjaliza.

Fuente:  http://www.eldiario.es/sociedad/sabemos-gracias-filtraciones-disgustan-Catala