La evasión fiscal y la corrupción irrumpen de lleno en la precampaña electoral.
Roberto Montoya Desde Madrid
Campanas. Rodrigo Rato durante un acto de apertura de la financiera Bankia.
La explosión del caso Rato en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo y a siete meses de las generales, ha golpeado en plena cara al gobierno de Mariano Rajoy y lo ha dejado tambaleando. La escandalosa caída desde las alturas del que fuera ex vicepresidente de José María Aznar, dirigente del gubernamental Partido Popular (PP), ex presidente de Bankia y ex director del FMI, está suponiendo un verdadero via cruxis para Rajoy y su partido.
Las revelaciones sobre el fraude fiscal de millones de euros cometido por el ex gurú económico de la derecha ultraliberal española –que se suma a otras dos causas judiciales abiertas en su contra– ha abierto la “Caja de los Truenos” y el presidente de gobierno ya no sabe cómo cerrarla. Teme que arrastre al PP por el fango en un año electoral en el que ya de por sí las encuestas vaticinan su peor resultado en muchos años por la irrupción de Podemos y Ciudadanos (centro derecha) en la escena política y la ruptura del bipartidismo.
A pesar de la importancia e influencia del personaje, Rodrigo Rato es sólo una de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para blanquear dinero negro que tenían en otras tantas cuentas opacas en Suiza, Andorra, Gibraltar y otros paraísos fiscales. De esas 30.000 personas, 715 son “de gran influencia pública”, según reconoció ante el Congreso Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, banqueros, empresarios y directivos de multinacionales, jueces, políticos, etcétera.
La oposición criticó que fuera este funcionario y no el propio titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien compareciera en el hemiciclo. Equipo Económico, el despacho de asesoramiento a grandes empresas que creó Montoro en 2006, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por contratos millonarios sospechosos con Madrid Network, una sociedad que aglutina a 700 empresas y que es subvencionada por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM.
Los contratos que están bajo la lupa por no salir a concurso público se firmaron en 2008, sólo unos meses después de que Montoro dejara el despacho. Uno de sus actuales subordinados, el secretario de Estado Antonio Beteta, sí siguió en el despacho, fue precisamente presidente de Madrid Network hasta 2011.
Es un típico caso de “puertas giratorias”, personajes del gran capital privado que pasan a ocupar cargos políticos en las mismas áreas que actuaban antes, y viceversa, altos cargos, como Aznar, Felipe González y el propio Rato –hasta hace unos días era asesor de Telefónica– que al dejar sus puestos son contratados como “lobbistas” por grandes bancos, multinacionales o poderosos despachos de abogados.
El Partido Popular ha utilizado estos días su mayoría absoluta para rechazar la comparecencia de Rajoy y rechazar también la publicación de la identidad de las otras 714 personas “de gran influencia pública”, que junto con Rato defraudaron al fisco y luego se acogieron a la amnistía fiscal.
La no investigación sobre el origen de esos capitales podría haber permitido blanquear dinero procedente de casos de corrupción, tráfico de drogas o armas, trata de blancas o cualquier otro hecho delictivo, simplemente pagando una sanción del 10% del total defraudado.
Algunos partidos pidieron que no se limitara tampoco la investigación a esas 715 personas, sino que se extendiera a los 30.000 amnistiados.
Con esa medida de gracia de 2012 Hacienda recaudó sólo 1.200 millones de euros, y las críticas por los resultados obtenidos llevó al gobierno a añadir en 2013 el llamado Modelo 720, una declaración fiscal obligatoria para aquellos con capitales fuera de España, bajo pena de fuertes sanciones, que desde entonces han cumplimentado 197.000 personas haciendo aflorar un total de 124.000 millones de euros.
Según el director de la Agencia Tributaria, unos 20.000 contribuyentes españoles tienen cuentas en Suiza, 4.000 las tienen en Andorra y 260 en Gibraltar, por un importe total de 24.000 millones de euros.
Y los escándalos en los que aparecen políticos del PP involucrados no cesa. La Fiscalía investiga a altos cargos del Partido Popular en la región autónoma de Castilla y León, que podrían haber recibido 110 millones de euros en comisiones de grandes compañías eléctricas y constructoras por “agilizar” trámites para la construcción de grandes parques eólicos en esa comunidad, la que cuenta con más megavatios eólicos instalados de toda España.
Igualmente se habrían beneficiado de comisiones ilegales periódicas durante años en su carácter de “asesores” tres conocidos diputados del PP Federico Trillo –ex ministro de Defensa de Aznar y reconocida figura del Opus Dei–, Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme.
Es un goteo que no cesa, uno a uno van cayendo personajes del PP rodeados durante años de un aura de “honestidad” y “ejemplaridad” para desconcierto e ira de la población.
La “Lista Falciani” sigue deparando también sorpresas, con filtraciones diarias. Se calcula que pueden llegar a 4.000 las cuentas ocultas a nombres de españoles existentes en el HSBC. Entre los titulares estaba desde el fallecido fundador y presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el banquero más poderoso de España, hasta el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.
En Francia ya se está, sin embargo, en otra etapa de las investigaciones por la voluminosa “Lista Falciani”.
La primera persona de esa lista juzgada por la evasión de impuestos al fisco francés ha sido Arlette Ricci, de 74 años, la última de la dinastía de la famosa casa de modas y perfumes, que ha sido condenada a un año de cárcel, a una multa de un millón de euros y a la confiscación de sus lujosas casas en París y en Córcega, con un valor total de cuatro millones de euros.
Otras 50 personas están siendo juzgadas en este momento por la misma causa, las primeras de una lista de más de 3.000 evasores.
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