Un acuerdo de verdad
Un año después de que el Gobierno y las Farc se pusieran de acuerdo en los principios que regirían la discusión del quinto punto de la agenda, referente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se vio humo blanco en la mesa de diálogos de paz de Cuba. Las partes concretaron la creación de “la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, estrategia que constituye el primer gran acuerdo en esta materia, clave para el fin de la guerra.
El documento, de nueve páginas, se dio a conocer en uno de los salones de protocolo del Palacio de Convenciones de La Habana. La lectura la hicieron los delegados de los países garantes: Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega). El texto pone en claro la naturaleza, el mandato, los objetivos y los mecanismos de conformación, entre otros asuntos, de dicha comisión. El primer aspecto que debe ser resaltado es que ésta sólo empezará a ejercer una vez se firme el acuerdo final para el fin del conflicto.
“El Gobierno Nacional y las Farc hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, detalla el texto.
De igual forma, las partes advierten que este acuerdo por la comisión de la verdad no puede darse completamente por cerrado, pues está sujeto al resto de mecanismos que la mesa de diálogos acuerde para el fin del conflicto armado, y además, porque aún quedan algunos asuntos por precisar sobre su funcionamiento. Sin embargo, para las partes es claro que tendrá tres objetivos fundamentales.
El primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con motivo de la existencia del conflicto armado, ofreciendo una explicación amplia sobre su complejidad; el segundo es el reconocimiento, tanto de las víctimas como de las responsabilidades colectivas e individuales, de quienes tuvieron participación directa e indirecta en la confrontación; y el tercero, promover la convivencia en los territorios.
“El éxito de la comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el Gobierno como las Farc se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, dice el acuerdo.
De igual manera, las partes pactaron trece criterios orientadores del trabajo de la comisión, entre los que se destacan la centralidad en las víctimas, la imparcialidad, el carácter transitorio, la participación activa de la sociedad, el enfoque territorial, diferencial y de género, las garantías para los comisionados, el potencial reconciliador de la comisión, la metodología de equilibrio y contraste de información y la naturaleza extrajudicial de dicha medida.
El mandato trazado por los negociadores está discriminado en diez subpuntos que buscan que de este ejercicio se desprenda un reconocimiento cabal de lo sucedido, de los responsables y de los afectados. Por ejemplo, pretende el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas por los distintos actores del conflicto, poniendo especial énfasis en aquellas que han tenido un carácter masivo o sistemático.
El marco temporal que ocupará la comisión se ajustará a la duración del conflicto y podrá buscar sus orígenes y marcos en los trabajos elaborados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que entregó sus textos en diciembre pasado. Entre sus funciones estará investigar lo ocurrido en la larga confrontación, crear audiencias públicas con víctimas y distintos sectores sociales, concebir actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad y ofrecimiento de perdón, elaborar un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones y buscar mecanismos de difusión.
Las Farc y el Gobierno acordaron que la comisión estará integrada por once miembros, seleccionados por un comité tras postulación de la ciudadanía. Dicho comité estará integrado por nueve personas, seis escogidas por las partes y tres que representarán autoridades u organizaciones acordadas por la mesa de conversaciones. El comité tendrá tres meses, a partir del cierre de las postulaciones, para elegir los integrantes, que para ello necesitarán el apoyo de las dos terceras partes.
Finalmente, se pactó que la comisión tendrá una duración de tres años, con el compromiso del Estado y las Farc de aportar a la construcción de la verdad y al reconocimiento de sus responsabilidades. Igualmente, el acuerdo incluyó la preocupación por multiplicar esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y concluyó con la insistente frase de que el centro de la mesa de diálogos es la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Farc celebran Comisión de la Verdad pero rechazan normas penales unilaterales
Los negociadores de la guerrilla de las Farc celebraron este jueves la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo de “justicia y reparación”, pero reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el Gobierno.
El Gobierno de Colombia y la guerrilla anunciaron en el cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz en La Habana su decisión de poner en marcha una Comisión de la Verdad, una vez firmado un acuerdo definitivo de paz, que será un mecanismo “independiente e imparcial de carácter extrajudicial”.
“Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse”, señaló la guerrilla en un comunicado leído por el jefe negociador Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.
Para el buen funcionamiento de esa comisión, la guerrilla reiteró su reclamo para que se abran los archivos para “conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables” del conflicto armado.
“Necesitamos como el aire para respirar, la paz, y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”, subrayó.
El grupo insurgente señaló que, llegado el momento de enjuiciar los delitos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado, “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”.
También insistieron en que la guerrilla rechaza “normas penales diseñadas para un solo destinatario -derecho penal del enemigo- presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta en absoluto la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa” de negociación.
Defendieron que la guerrilla, cuando se alzó en armas “motivada por el altruismo y la solidaridad humana”, ejerció un derecho “natural y universal: el de la rebelión contra un régimen injusto”.
“Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades”, añadieron sobre la misión de esa comisión.
La Comisión de la Verdad no es para justificar los crímenes: Humberto de la Calle
Desde La Habana, Cuba, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, indicó que la Comisión de la Verdad servirá para abrir espacios en las regiones con el fin de que las víctimas sean reconocidas a través del esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El acuerdo fue divulgado al cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz este jueves.
Sin embargo, aclaró que la Comisión “no es para justificar los crímenes” ni para abonar un camino hacia la impunidad, puesto que la verdad que allí se esclarezca “no mata a la justicia”.
Además, su puesta en marcha será realidad una vez firmado el acuerdo final y con las Farc sin armas.
“El esclarecimiento de la verdad es una pieza fundamental de un sistema más amplio que incluirá también medidas judiciales. Cosa distinta es que como ha insistido el Presidente de la República, cualquier tratamiento penal especial deberá estar condicionado a la contribución al esclarecimiento de la verdad”, advirtió De la Calle.
Además, explicó que el organismo surge como respuesta a solicitudes hechas por víctimas, y manifestadas en las visitas de las cinco delegaciones que participaron en la mesa de conversaciones, por lo que promoverá la convivencia en los territorios y sectores sociales.
“El componente territorial de la Comisión es fundamental. La idea es que la Comisión pueda crear espacios a nivel regional, a nivel local, con el fin de que se oigan todas las voces, sin importar que tan disímiles sean”, detalló el Gobierno.
En materia de participación, dijo que priorizarán a quienes han sufrido el conflicto de manera directa, aunque también podrán participar quienes cometieron crímenes durante el conflicto para reconocer su responsabilidad, pedir perdón y ofrecer explicaciones sobre los actos realizados.
“Esta Comisión que hoy creamos no es una Comisión del Gobierno ni una de las Farc. No es una Comisión pactada para que cada parte se apropie de un pedazo de la verdad. No es para canjear impunidades. Es una Comisión para los colombianos. Es independiente. Es transparente”, concluyó De la Calle.
Como lo enuncia el acuerdo conjunto, el mecanismo de selección de los miembros de la Comisión “será imparcial, con el fin de asegurarles a los colombianos que esta tarea quedará en manos de personas con las más altas condiciones y que la misma sólo funcionará por un tiempo limitado de tres años”.
“También queremos, y esto es de fondo, superar la idea de que la mejor manera de vivir es ser víctima. Una sociedad victimizada permanentemente, es una sociedad enferma”, reiteró De la Calle.
Por Elena Llorente