Trece personas murieron ayer, entre ellas varios niños

Mueren más migrantes

21 septiembre de 2015


Trece personas murieron ayer, entre ellas varios niños, y otras 13 se hallan desaparecidas tras la colisión frente a las costas griegas de un ferry y un barco de migrantes que se dirigía a Grecia, informó la agencia de prensa Dogan.

El accidente se produjo frente a las costas de Canakkale, en el noroeste de Turquía, indicó la agencia.

En total 46 refugiados se encontraban en la lancha neumática que se hundió en el mar Egeo, agregó la agencia Dogan que no precisó la nacionalidad de las víctimas.

Los guardacostas pudieron salvar a 20 pasajeros de la lancha y seguían buscando otros posibles supervivientes. En los últimos meses, cada vez más migrantes, en su mayoría sirios, intentan llegar desde Turquía a las islas griegas más cercanas, puerta de entrada a la Unión Europea (UE).

Las condiciones de travesía del mar Egeo son peligrosas por lo cual los naufragios son cosa frecuente.

En total 274 migrantes murieron ahogados desde el inicio del año en las aguas marítimas turcas y 53.200 fueron socorridas por los guardacostas, anunció el viernes pasado el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus. Desde el 1 de enero de 2015, unos 310.000 refugiados ingresaron en el territorio de la Unión Europea a través de Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones.

El "Fino" Palacios, brazo operativo de la primera causa AMIA

Operativos frustrados, sospechosas llamadas y estrechos vínculos rodean la acusación sobre el ex jefe de operaciones de Drogas Peligrosas. Palacios, luego jefe de la Policía Metropolitana, enfrenta el juicio por encubrir la pista siria, tras una supuesta orden de Carlos Menem.

Gabriel A. Morini 21 de Septiembre de 2015 |





"Fui a la Embajada de Israel para preguntar si tenían alguna duda respecto de que Palacios pudiera haber encubierto o pudiera tener algo que ver con el atentado. Me respondieron que de ninguna manera, que Palacios era un amigo de Israel", decía el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el 23 de agosto de 2010, cuando fue interpelado en la Legislatura por la designación al frente de la Policía Metropolitana del ex comisario Jorge "Fino" Palacios. 

Era el momento de ebullición del escándalo por las escuchas ilegales a uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. El 2 de julio de 2009, Macri había firmado su designación al frente de la policía de proximidad luego de, según afirmó, haber pedido consejo a las embajadas de Estados Unidos, de Israel, a la CIA, a la DEA y al Mossad. 

Las representaciones diplomáticas lo negaron. Casi dos meses duró Palacios en el cargo: debió renunciar por la presión. El 1º de octubre de ese año –menos de 30 días después de su alejamiento– fue procesado por encubrir la investigación de la pista siria, tras una supuesta orden del ex presidente Carlos Menem, causa por la que está en el banquillo. El 17 de noviembre de ese mismo año quedó detenido como responsable de las pinchaduras ilegales.
Era el 1 de agosto de 1994 cuando una comisión policial se apostó a las 8 de la mañana en las inmediaciones de la calle Constitución 2633, 2695 y 2745, donde se encontraban tres domicilios pertenecientes a la familia Kanoore Edul, en la mira de la SIDE y del juzgado de Juan José Galeano por su posible vinculación con el ataque. El magistrado le había encomendado a Palacios –por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas– y a Carlos Castañeda, de Protección del Orden Constitucional de la Federal, que se encargaran del operativo de extrema sensibilidad, a 15 días de la voladura a la AMIA. 

Las horas transcurrieron y el primer ingreso a una de las viviendas se dio recién a las 17:40, nueve horas después de haber llegado; el segundo allanamiento fue a las 19:30. El tercero nunca se hizo. Dos llamados telefónicos salieron del celular de Palacios a los números de Kanoore Edul durante la espera. 

Eran teléfonos que no estaban incorporados a la causa y por ende, tampoco pinchados. En su declaración, Palacios primero no reconoció su teléfono como propio, y luego dijo que le prestó el celular a un subalterno ya que es de rutina llamar por teléfono a los lugares donde se va a hacer un allanamiento para saber si hay alguien o si hace falta convocar a un cerrajero. El celular personal de Palacios 411-5884 se comunicó a las 11:29 (por 86 segundos) y a las 11:36 (durante 46 segundos) justamente a las dos líneas que pertenecían a los domicilios donde luego no se encontraría nada de interés para la causa, y al que ni siquiera se allanaría.
Ya el 20 de julio de 1994, Palacios realizaba investigaciones en el Hotel Bisonte Palace, sobre dos extranjeros nativos de Qatar, a raíz de información de inteligencia. 

Días después, se embarcó en un viaje relámpago en el Tango 01 a Venezuela junto a una selecta delegación que tenía por objetivo entrevistar, junto a Galeano, a un ciudadano iraní que tenía supuesta información sobre el ataque. 

Apenas regresó la delegación fue a la quinta de Olivos a exponer sus resultados con Menem. Desde entonces, Palacios –pese a ser de Drogas Peligrosas– fue uno de los brazos ejecutores de la investigación. 

Tiempo más tarde, en 1997 y alrededor suyo, se creó la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA) que tuvo base en la Triple Frontera y analizó, en paralelo a la SIDE, todas las líneas investigativas que seguía Galeano. 

La historia le otorgaría un triste protagonismo en otro hecho: fue procesado y luego sobreseído en la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Al día de hoy nadie se explicó cómo fue que Palacios llegó a Plaza de Mayo ese día y apareció dando las órdenes del fallido operativo. Con esos antecedentes, en 2004, Néstor Kirchner lo expulsaría de la Federal por un llamado sospechoso que lo vinculaba a una persona relacionada con la banda de secuestradores del joven Axel Blumberg, pero el ex comisario sería reciclado como jefe de seguridad de Boca Juniors, club que presidía Macri. 

De la mano del alcalde porteño fue convocado a diseñar la nueva fuerza policial, la que marcó a fuego con su impronta: exonerados de la Federal, estructura preparada para inteligencia interna y polémico equipamiento.
A Palacios se le imputó, además, la sustracción u ocultación de las escuchas telefónicas realizadas por la SIDE a los teléfonos de los Kanoore Edul. La dependencia a su cargo recibió gran parte de los cassettes con las grabaciones de los abonados intervenidos desde el 26 de julio de 1994 hasta mediados de septiembre del mismo año. A la fecha, jamás fueron encontradas.
A partir de su designación en la Metropolitana, el macrismo hizo una defensa férrea de Palacios. El ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, llegó a decir que estaba "mal imputado" en la causa AMIA y que era el policía "más condecorado de los últimos 20 años". "El juez (Ariel Lijo) me dijo que creía que Palacios era inocente, que lo iba a citar y que después iba declarar la falta mérito, pero por la vuelta de la justicia, no fue así", indicó Macri en una charla exculpatoria en la Sociedad Hebraica ante dirigentes comunitarios. 

Con voz aguardentosa, pero firme, el ex comisario fue el primero en romper el silencio y prestarse a indagatoria, la semana pasada, en el marco del juicio oral. Obviamente, negó todos los cargos en su contra.
"Confiábamos ciegamente en él", sostuvo Sergio Burstein, familiar de las víctimas de AMIA y quien más alzó la voz en contra de la designación de Palacios al frente de la Metropolitana, luego de que el fiscal Alberto Nisman pidiera su procesamiento como encubridor del atentado. La justicia determinó luego que su teléfono fue pinchado en 2009 por una organización enquistada en el propio gobierno porteño, que tenía como protagonista a Palacios, quien irá a juicio en 2017 como responsable de las pinchaduras. El mismo ex comisario había investigado y brindado protección a Burstein cuando en 2002 intentaron secuestrar a su hijo menor.
De las seis líneas que Burstein tenía a su nombre, la única que estuvo intervenida fue el radio Nextel. Con esa línea se comunicaba con Nisman.Para la justicia, buscaba así enterarse antes si había cambios en su situación judicial. Tal vez suponía que el juicio que ahora enfrenta podía tornarse una realidad. «

Una gestion PRO-AMIGOS

Nuevo escándalo

Los otros casos Niembro que complican a Macri

Luego del escándalo con Fernando Niembro que llevó al candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires a bajarse de su postulación en el PRO, nuevos casos surgen a la luz y salpican al Gobierno de la Ciudad y al macrismo.

Uno de los casos más destacados de este accionar lo reveló el periodista Roberto Navarro en el programa Economía Política que se transmite por C5N. Se trata del alquiler que el Canal 13, propiedad del Grupo Clarín. La empresa paga unos $ 10 mil pesos al Gobierno de la Ciudad por el uso del predio de 1.250 metros cuadrados. Es en una zona donde cada cochera puede costar hasta $ 2.000 mensuales.

Sin embargo, cuando es la Ciudad que tiene pagarle al multimedio el caso es distinto. La administración porteña le paga u$s 115 mil de alquiler por unos galpones que son propiedad del grupo empresario y contratados bajo la modalidad "de urgencia".
Otro caso que genera sospechas es el de Ramiro Tagliaferro, Director Asociado en Poliarquía Consultores y esposo de Maria Eugenia Vidal, candidata a gobernadora de Buenos Aires por el PRO. Poliarquía recibe dinero de la Ciudad para realizar encuestas. Otro caso de autocontratación.

Otro ejemplo de las irregularidades del PRO se da en el Hospital Garrahan. Allí, Mauricio Macri recortó en los últimos seis años más de $ 500 millones del presupuesto. Incluso hay un fallo de la Justicia del año 2008 que obliga a la Ciudad a cumplir con las partidas presupuestarias previstas.

En el bario de Lugano, a metros de la Villa 20 funciona el club de golf José Jurado. Se trata de un predio de 46 hectáreas propiedad del Gobierno de la Ciudad. Su contrato venció hace cuatro años, sin embargo continúa operando gracias a un permiso que le otorgó la ciudad.El alquiler del lugar es de solamente $ 1.300 por héctarea. 

Guillermo Montenegro, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, està investigado por unos presuntos pagos a la empresa AR y Asociados que van desde los $ 45 mil a $ 120 mil mensuales. Esos desembolsos no cumplen con el régimen legal aplicable a esta clase de contrataciones. Según denunció Navarro, la firma es conducida por la madrina del hijo de Montenegro, lo que hace sospechar de la operación.

La Corte de Tucumán avaló las elecciones y proclamó ganador a Manzur

ARGENTINA : ELECCIONES 2015

El máximo tribunal provincial, integrado por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse, y los camaristas civiles elegidos por sorteo Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas, revocó el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que a pesar de no tener competencia en la materia había dictaminado la nulidad de las elecciones del 23 de agosto que había ganado el candidato del FpV, Juan Manzur, con más del 51 por ciento de los votos.

La integración de la Corte quedó firme por el rechazo de las recusaciones que había realizado el frente opositor Acuerdo para el Bicentenario para separar del caso a Posse y a Moisá. El primero había sido cuestionado por su carácter de hermano del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, y el segundo por ser exfuncionario del actual gobierno provincial.

Los jueces Ibáñez, Moisá y Bejas confirmaron a Posse con la disidencia de Goane, quien sostuvo que su par debía apartarse del juicio. Tampoco fue aceptada la pretensión de separar a Moisá, cuñado del legislador del Frente para la Victoria Sisto Terán Nougués, recusación que fue rechazada por unanimidad.

La fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira había dictaminado que las elecciones eran válidas y, en consecuencia, la Corte era la que debía revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Fuentes del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán un recurso extraordinario para que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, los dirigentes justicialistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron a los jueces que habían anulado las elecciones provinciales, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, y los acusaron por los delitos de sedición y prevaricato. Además solicitaron su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Lo del fraude

 Por Eduardo Aliverti

El fallo casi inverosímil del tribunal tucumano, que pretende anular las elecciones provinciales, viene a ser la versión macondiana de una táctica ya instalada desde la prensa opositora de alcance nacional. Hasta un marciano se daría cuenta de que la cuestión es convertir clientelismo y maniobras sucias en una perspectiva de fraude escandaloso y masivo. ¿Cuál es la penetración efectiva que puede tener un ardid tan grosero, en las elecciones de octubre?

En forma sistemática, la oposición se dedicó –más específicamente, el macrismo– a objetar la limpieza de casi todos los actos electorales en que perdió. Y a hacer mutis por el foro en los distritos donde obtuvo la victoria. Se supondría, entonces, que sólo hay irregularidades cuando vence el oficialismo, y que los sistemas de votación son válidos o no según sea quien gane. Por caso, la oposición no se quejó de las listas sábana en voto papel cuando consiguió el primer puesto. Pero en Salta, donde perdió y se votó con boleta electrónica, también denunció una fraudulencia gigantesca que, como es de rigor, se agotó a las pocas horas. Lo mismo hizo en Santa Fe, con cinco boletas únicas pero separadas por categoría y amenazas de recurrir a la Justicia cuando Miguel del Sel quedó atrás en el escrutinio provisorio. En Córdoba, en cambio, la boleta única engloba a todas las categorías en la misma papeleta, pero allí triunfaron el oficialismo provincial –enfrentado a Casa Rosada– y el segundo puesto fue para Cambiemos, de manera que no se les ocurrió impugnar nada ni pedir que rija la boleta electrónica. En síntesis empíricamente indesmentible, las denuncias de fraude son a gusto del consumidor derrotado. Y pasó a ser la estratagema no única pero sí preferente de las franjas opositoras, para invalidar lo que presumen como una derrota tal vez irreversible que las encuestas publicadas y conocidas en las últimas horas incluyendo a sus más amigables ratifican . Ese artificio muestra extremos que deberían calificarse como insólitos, si no fuera porque imputar y especular a la bartola produjo ya un acostumbramiento que achica la capacidad de asombro. Uno de ellos, bien que limitado al ámbito periodístico, fue el del periodista Joaquín Morales Solá, quien el domingo 13 de este mes llegó a afirmar que “el viejo sistema electoral (¿cuál de todos?) podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre”. El editorialista de La Nación sostuvo que “habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora (???) cuándo estará en condiciones de asumir”. Significa que el fraude se da por sentado o que no hay otro recurso que advertirlo para deslegitimar el voto popular. De esto último se trata, en definitiva: si ganamos, bien; si perdemos, que sea una batahola. Habría una tercera opción, que el comentarista firmante ya hipotetizó en otras oportunidades. ¿La oposición realmente quiere ganar, midiéndose desde el gobierno contra un rival como el peronismo y con minoría en ambas cámaras parlamentarias, o su negocio es desgastar a la espera de algún consenso más seguro del cambio de rumbo? ¿No le conviene, acaso, hacer tiempo, mientras además puede redituarle el deterioro de las experiencias regionales que permitieron salir de la tragedia neoliberal? ¿Con cuál liderazgo podría enfrentar la derecha, a corto y mediano plazo, una imagen como la que deja Cristina?

La sentencia judicial tucumana es otro de esos extremos alucinados a que se hacía referencia. De por sí, por su sola sonoridad, que un tribunal en lo Contencioso Administrativo se arrogue el derecho de anular elecciones de tamaño provincial y general es, a más de algo nunca visto, realismo mágico supremo. Uno de los fundamentos del fallo se apoya en la cobertura del programa televisivo de Jorge Lanata, y en declaraciones del gobernador actual y del electo acerca de que se entregaron bolsones de comida a cambio de votos. Si lo primero es desopilante, lo segundo directamente entra en colisión con cualquiera que esté en su sano juicio porque, aun si se juzgara que hubo votos producto de extorsión y que pudiera haberse chequeado la correspondencia entre vianda y sufragio, en unas mesas, no hay ningún otro fondo a considerar que no sea la validez del voto. Visto como el absurdo que es, no se trata de un fallo sino de una opinión. Estamos ante un hecho probablemente inédito a escala mundial, en términos de interpretación jurídica de un proceso electivo, y en nada se requiere conocimiento del Derecho para aseverarlo: jueces que, a la letra de la ley, anteponen su opinión sobre los efectos que prácticas perniciosas ejercen sobre sectores “desamparados”. ¿Cómo no coincidir con que la lógica estricta del fallo tucumano es que debe implementarse el voto calificado, ya que, de otra forma, es improbable que el pobrerío ignorante no sucumba ante el ejercicio extorsivo de la delincuencia punteril? Pero esto no es todo, aunque parezca mentira. Las urnas anuladas, al cabo del escrutinio definitivo, fueron 6 sobre más de 3600; y las 614 que observó la oposición estaban siendo recontadas bajo su propio control, hasta que retiraron los fiscales para impugnar todo el proceso ante los contenciosos amigables. Es decir que el fallo ignora la imposibilidad absoluta de que las mesas impugnadas por la oposición pudieran torcer en modo alguno el resultado final, para no hablar de que la quema de urnas denunciada fue promovida –según las pruebas obrantes– por bandoleros adherentes al postulante opositor. Se recorre este cuadro y en alguna medida es frustrante, porque no terminan de encontrarse ni los adjetivos ni las figuras retóricas que estén a la altura exacta de calificar este episodio. Y a los referentes nacionales subidos a semejante vandalismo jurídico para subrayar que toda vez que pierdan es fraude.

Lo que está y seguirá es una ristra de conjeturas sobre cómo resolver en tiempo y forma algo que, quizá, superaría a García Márquez. Desde las especulaciones técnico-judiciales hasta intervenir la provincia, todo resuena posible. Varios artículos periodísticos provinciales y de llegada nacional, entre el viernes y ayer, dieron cuenta de ese carácter macondiano en la integración de la Corte Suprema tucumana, con una serie –que pareciera interminable– de lazos familiares, amistades, enconos y actuaciones previas como causa de excusación entre los miembros del tribunal. El sábado, la Corte local quedó integrada con sólo dos de sus integrantes originales en pie. Los tres restantes surgieron de un sorteo en la Cámara Civil y Comercial Común. Se estima que fallará entre hoy y mañana, pero la causa seguirá abierta cualquiera sea la decisión porque oficialistas y opositores ya anticiparon que recurrirán el fallo ante la Corte Suprema de la Nación. Debe calcularse que mientras tanto corre el plazo de caducidad para todos los mandatos de los cargos electivos tucumanos, a fines de octubre, con el riesgo de que la provincia quede acéfala y haya que intervenirla. Sin embargo, mucho más agotador que este escenario es la certeza de que no importa tanto lo que vaya a suceder como el haber establecido que derrota es igual a fraude. Eso excede a Tucumán.

Puede emparentarse con el decurso del Niembrogate, en cuanto a las chicanas tan baratas como empiojadoras de que se valen. Finalmente, Macri le soltó la mano a su candidato y operador periodístico preferido. La denuncia por corrupción manifiesta o solapada ya sumaba probanzas abrumadoras, hasta el punto de que Clarín y La Nación se pusieron de acuerdo en exigir la renuncia de Niembro a su candidatura. Cabe la enorme sospecha de que no lo hicieron por razones morales sino porque el affaire estaba perjudicando las chances electorales del PRO, brindándole a Scioli lo que le falta para ganar en primera vuelta o lo que le resta para superar el 40 por ciento con más de diez puntos de ventaja sobre el segundo. Esto no contradice la hipótesis de una oposición renuente a ganar. En todo caso la reafirma, porque el tema sería perder por un margen que dé espacio a cuestionar el resultado. Lo cierto es que, como quien no quiere la cosa, el macrismo pretende ahora que el asunto se acabó y que la renuncia de Niembro –sólo cuándo no quedó otro remedio– es demostrativa de no ser lo mismo que los kirchneristas. Falta el pequeño detalle de que, como en el tango, para bailar hacen falta dos. Las figuras y funcionarios macristas que dejaron solo a Niembro, así como sus medios adictos, no se hacen cargo de la red del gobierno local que aprobó la operatoria revelada. Hay una diferencia sustancial con los casos de funcionarios nacionales denunciados, porque todos ellos estuvieron o están enfrentados a la Justicia. Por el contrario, en este hecho quedó ante ella sólo uno de los lados del mostrador. Pero parece que eso basta para marcar distinciones éticas.

La pregunta del comienzo, aunque aplicada a la Babel tucumana, era cuánto de este enchastre tendrá incidencia efectiva en las urnas de octubre. Cabrá reiterar que todos los antecedentes, tanto en elecciones presidenciales como de medio término, indican que estas jugarretas –sean basadas en denuncias serias, verosímiles o falsas– influyen entre poco y nada. Pero cada elección tiene lo suyo y debe comprobárselo a cada vez. Por lo pronto, sin mayores esperanzas de sacudones económicos trascendentales y agotado el impacto de las operetas constantes sobre putrefacción estatal a mansalva, tras el bluff del caso Nisman, lo único que parece quedar por delante es esta instalación de fraude. La perpetran los alarmados por la salud de las instituciones.

Cómo están hoy las cinco economías europeas rescatadas hace cinco años

Un informe de PWC analiza la evolución de varios indicadores clave de Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal y España. El derrotero que siguió cada país fue muy distinto. Y hay uno que se erige como claro protagonista.

por CRONISTA.COM


Evolución del PBI de las cinco economías rescatadas por la UE hace cinco años

Aunque este año el foco de atención entre las economías europeas estuvo concentrado de manera casi exclusiva en Grecia, hubo otras cuatro economías que hace cinco años debieron ser “rescatadas” por la Unión Europea (UE): Chipre, España, Irlanda y Portugal.

Un informe de PWC analizó la evolución de esas cinco economías desde 2007 –antes de la crisis- hasta ahora. Y el resultado arroja un claro protagonista en la senda del crecimiento, con otras tres economías en camino de recuperarse y una última –la griega- que está hoy muchísimo peor que entonces.

“Irlanda –apunta el reporte- ha liderado la reforma económica en las economías periféricas de Europa. Creció un 5,2% en términos reales en 2014 y se espera que la producción se expanda más allá del 3,9% este año”. De las cinco rescatadas hace cinco años, es la única que hoy tiene un PBI mayor al de 2007. Su tipo de cambio real (deflactado por precios y competitividad laboral) se depreció un 7,6%, ayudando a sus exportaciones. Y la tasa de desempleo cayó por debajo del 10%.

La segunda mejor performance punta a punta es para España. “La reestructuración del sector financiero está funcionando y se espera un fuerte crecimiento del PIB de alrededor del 3% para este año”. El informe menciona “políticas encaminadas a disminuir su alta tasa de desempleo” y dice que “se espera que supere el nivel del PIB anterior a la crisis en 2017”. Quiere decir que la recuperación le habrá tomado una década completa.

Evolución de la competitividad en las cinco economías europeas rescatadas hace cinco años (Fuente: PWC)

Para PWC, Portugal avanzó también, pero en menor medida, con una economía que en 2014 creció por primera vez desde 2010 pero que aún tiene “algunos problemas estructurales” como una deuda pública que representa el 130% de su PBI y, comparativamente, una mejora más chica en su competitividad cambiaria.

En cuanto al PBI, Chipre está casi igual que Portugal –algo por encima del 90% del PBI de 2007- y, tras anunciar un superávit primario de 2,9% del Producto, pasó de las reformas de las finanzas públicas a las estructurales en salud y telecomunicaciones. Sigue “en la etapa de reformas, pero progresando decentemente”, apunta el informe.

Grecia es la cenicienta del grupo. Con la profundización de la crisis, “ha vuelto al punto de partida”, pero con un PBI que no dejó de achicarse y que cerró el 2014 con una caída de más del 25% con respecto al 2007.