RICARDO PÉREZ MANRIQUE
El ministro de la Suprema Corte de Justicia aseguró en El País TV que hasta que se dio el golpe de Estado, en 1973, los militares estaban “al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que le había delegado la Ley de Seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva”.
22 sep 2015
El ministro Pérez Manrique dijo que no podía opinar sobre el fallo que procesó con prisión a Amodio Pérez, pero descartó que las detenciones fueran ilegales.
—¿Qué consideraciones hace la Suprema Corte de Justicia del presupuesto que envió el Ejecutivo al Parlamento?
—La Constitución establece que el Poder Judicial prepara su propio proyecto de presupuesto, lo remite al Poder Ejecutivo, y este lo que hace es tomar las previsiones del Poder Judicial e incorporarlo a su propio presupuesto de acuerdo a los límites de política económica. Cuando el Parlamento lo estudia tiene que optar entre lo que incluyó el Poder Ejecutivo y lo que propuso el Poder Judicial, que en general es más. En este presupuesto, el Poder Judicial no existe como tal. Hay un inciso que se llama Poder Judicial que ni siquiera existe en el Presupuesto. El Poder Ejecutivo entiende que hay que trabajar los próximos dos años con el presupuesto que terminó de regir en 2015 porque no previó ni un centésimo de gastos para el Poder Judicial.
—¿Ustedes enviaron en tiempo y forma su presupuesto?
—Por supuesto, y no se incluyó ni una norma. El Poder Legislativo va a tener que optar entre el proyecto nuestro y la nada que ofrece el Poder Ejecutivo; pero para elegir nuestro proyecto no tienen fuente de financiación, entonces van a tener que hacer una reasignación de fondos. Nosotros vamos a ir el 28 (de septiembre) al Parlamento a plantear nuestras necesidades. Hay cosas que son elementales como todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento.
—El nuevo Código del Proceso Penal supone una importante inversión...
—Sí. Aparentemente el Poder Ejecutivo estaría manejando un proyecto de ley que pondría en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal sin gasto, lo cual no es totalmente cierto porque nos va a implicar gastos. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista presupuestal. Los rubros que tenemos para gastos de funcionamiento, compra de papel, luz, gas, repuestos de computadoras, están subfinanciados. O sea que si se mantiene este presupuesto va a haber serios problemas de funcionamiento.
—¿Y de la deuda que hay con el Poder Judicial no se habla?
—En el subproyecto hay un artículo que establece un sistema de pago para las deudas salariales de todo el Estado y esto altera sustancialmente las reglas de juego porque determina que, una vez que hay sentencia firme, el juez debe comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas que incluya la deuda en la próxima Rendición de Cuentas que va a empezar a regir dos años después. Esto significa que usted va a tener un crédito liquidado por salarios que le debe el Estado y, en el mejor de los casos, lo va a empezar a cobrar dos años después de obtenida la sentencia.
—¿Cómo ven desde la Corte el sistema de El Guardián?
—Lo que el Ministerio del Interior ha ofrecido y estamos negociando es lo que se llama Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales que en realidad es el proceso por el cual desde el punto de vista informático se va registrando la toma de la decisión de la interceptación telefónica que culmina cuando el juez dispone la interceptación. A partir de ahí el Ministerio del Interior pone en funcionamiento un sistema, que nosotros desconocemos cómo funciona, que es El Guardián.
—Pero el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha dicho que tiene garantías porque es el juez el que toma la decisión de interceptar tal teléfono…
—Hoy también, siempre es el juez. La diferencia es que hoy se hacen interceptaciones telefónicas desde 22 lugares diferentes y ahora va a ser en un único lugar. Los resultados de la interceptación va a ir al juez de la causa. Lo que nosotros exigimos es un sistema de auditoría. Queremos establecer de qué manera el Poder Judicial se asegura a sí mismo y a la población que se están realizando las interceptaciones que los jueces han dispuesto. Las respuestas que se nos han dado es que vamos a poder chequear cuántas órdenes se dieron para interceptar y, si hubiera alguna diferencia numérica con las de los jueces, alguna habría salido de forma ilegal. Y eso es un delito.
—Las empresas telefónicas, que son las que interceptan, ¿qué reciben?
—Una orden firmada por un juez que determina que tienen que intervenir tal teléfono o correo electrónico.
—¿Hoy puede haber teléfonos pinchados?
—No puedo afirmarlo ni desmentirlo porque escapa a mis posibilidades de contralor. Yo tengo claro que hay temas que los hablo personalmente.
—¿Pero por temor a que alguien pueda interferir su comunicación?
—Por un tema de precaución. Quizás es un tema del ignorante, que se cubre por las dudas. Pero cuando uno es una autoridad pública tiene que tomar recaudos.
—¿Usted cree que una detención hecha por militares en el año 1972 es ilegítima?
—Hasta que se dio el golpe de Estado los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que le había delegado la Ley de Seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva. Eso es un hecho que es innegable a esta altura.
—Se lo pregunto por el procesamiento con prisión que dispuso la jueza Julia Staricco del extupamaro Héctor Amodio Pérez...
—Yo no quiero hacer comentarios sobre el procesamiento pero su pregunta tiene una sola respuesta.
—¿La excarcelación del padre del futbolista Edinson Cavani estuvo ajustada a derecho?
—No puedo comentar un fallo de un juez pero destaco la actitud de la familia de la víctima. Ese sería el camino que los uruguayos tendríamos que empezar a recorrer para que esta sociedad pueda vivir en paz nuevamente.
El ministro Pérez Manrique dijo que no podía opinar sobre el fallo que procesó con prisión a Amodio Pérez, pero descartó que las detenciones fueran ilegales.
—¿Qué consideraciones hace la Suprema Corte de Justicia del presupuesto que envió el Ejecutivo al Parlamento?
—La Constitución establece que el Poder Judicial prepara su propio proyecto de presupuesto, lo remite al Poder Ejecutivo, y este lo que hace es tomar las previsiones del Poder Judicial e incorporarlo a su propio presupuesto de acuerdo a los límites de política económica. Cuando el Parlamento lo estudia tiene que optar entre lo que incluyó el Poder Ejecutivo y lo que propuso el Poder Judicial, que en general es más. En este presupuesto, el Poder Judicial no existe como tal. Hay un inciso que se llama Poder Judicial que ni siquiera existe en el Presupuesto. El Poder Ejecutivo entiende que hay que trabajar los próximos dos años con el presupuesto que terminó de regir en 2015 porque no previó ni un centésimo de gastos para el Poder Judicial.
—¿Ustedes enviaron en tiempo y forma su presupuesto?
—Por supuesto, y no se incluyó ni una norma. El Poder Legislativo va a tener que optar entre el proyecto nuestro y la nada que ofrece el Poder Ejecutivo; pero para elegir nuestro proyecto no tienen fuente de financiación, entonces van a tener que hacer una reasignación de fondos. Nosotros vamos a ir el 28 (de septiembre) al Parlamento a plantear nuestras necesidades. Hay cosas que son elementales como todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento.
—El nuevo Código del Proceso Penal supone una importante inversión...
—Sí. Aparentemente el Poder Ejecutivo estaría manejando un proyecto de ley que pondría en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal sin gasto, lo cual no es totalmente cierto porque nos va a implicar gastos. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista presupuestal. Los rubros que tenemos para gastos de funcionamiento, compra de papel, luz, gas, repuestos de computadoras, están subfinanciados. O sea que si se mantiene este presupuesto va a haber serios problemas de funcionamiento.
—¿Y de la deuda que hay con el Poder Judicial no se habla?
—En el subproyecto hay un artículo que establece un sistema de pago para las deudas salariales de todo el Estado y esto altera sustancialmente las reglas de juego porque determina que, una vez que hay sentencia firme, el juez debe comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas que incluya la deuda en la próxima Rendición de Cuentas que va a empezar a regir dos años después. Esto significa que usted va a tener un crédito liquidado por salarios que le debe el Estado y, en el mejor de los casos, lo va a empezar a cobrar dos años después de obtenida la sentencia.
—¿Cómo ven desde la Corte el sistema de El Guardián?
—Lo que el Ministerio del Interior ha ofrecido y estamos negociando es lo que se llama Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales que en realidad es el proceso por el cual desde el punto de vista informático se va registrando la toma de la decisión de la interceptación telefónica que culmina cuando el juez dispone la interceptación. A partir de ahí el Ministerio del Interior pone en funcionamiento un sistema, que nosotros desconocemos cómo funciona, que es El Guardián.
—Pero el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha dicho que tiene garantías porque es el juez el que toma la decisión de interceptar tal teléfono…
—Hoy también, siempre es el juez. La diferencia es que hoy se hacen interceptaciones telefónicas desde 22 lugares diferentes y ahora va a ser en un único lugar. Los resultados de la interceptación va a ir al juez de la causa. Lo que nosotros exigimos es un sistema de auditoría. Queremos establecer de qué manera el Poder Judicial se asegura a sí mismo y a la población que se están realizando las interceptaciones que los jueces han dispuesto. Las respuestas que se nos han dado es que vamos a poder chequear cuántas órdenes se dieron para interceptar y, si hubiera alguna diferencia numérica con las de los jueces, alguna habría salido de forma ilegal. Y eso es un delito.
—Las empresas telefónicas, que son las que interceptan, ¿qué reciben?
—Una orden firmada por un juez que determina que tienen que intervenir tal teléfono o correo electrónico.
—¿Hoy puede haber teléfonos pinchados?
—No puedo afirmarlo ni desmentirlo porque escapa a mis posibilidades de contralor. Yo tengo claro que hay temas que los hablo personalmente.
—¿Pero por temor a que alguien pueda interferir su comunicación?
—Por un tema de precaución. Quizás es un tema del ignorante, que se cubre por las dudas. Pero cuando uno es una autoridad pública tiene que tomar recaudos.
—¿Usted cree que una detención hecha por militares en el año 1972 es ilegítima?
—Hasta que se dio el golpe de Estado los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que le había delegado la Ley de Seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva. Eso es un hecho que es innegable a esta altura.
—Se lo pregunto por el procesamiento con prisión que dispuso la jueza Julia Staricco del extupamaro Héctor Amodio Pérez...
—Yo no quiero hacer comentarios sobre el procesamiento pero su pregunta tiene una sola respuesta.
—¿La excarcelación del padre del futbolista Edinson Cavani estuvo ajustada a derecho?
—No puedo comentar un fallo de un juez pero destaco la actitud de la familia de la víctima. Ese sería el camino que los uruguayos tendríamos que empezar a recorrer para que esta sociedad pueda vivir en paz nuevamente.
Por Peter Popham *