27 sept 2015

ESPAÑA
Los independentistas controlarán el Parlamento catalán


Con el 97 por ciento de los votos escrutados, los partidos que respaldan la secesión de Cataluña consiguieron en total 72 legisladores, cuatro más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La coalición Junts pel Sí --integrada por el partido del presidente regional saliente Artur Mas-- obtuvo el 39,3 por ciento de los votos, seguida por el partido de centroderecha Ciudadanos, con 17,9 por ciento. Las elecciones, transformadas en plebiscito, tuvieron una participación récord del 77 por ciento.

"Exactamente igual que nosotros como demócratas habríamos aceptado la derrota, ahora pedimos (...) que los otros acepten la victoria de Cataluña y la victoria del sí", celebró Mas ante unos 2 mil seguidores reunidos con banderas independentistas en una plaza del barrio gótico de Barcelona. Con una participación histórica del 77 por ciento, la coalición Junts pel Sí, integrada por el partido liberal de Mas (CDC), la progresista ERC y asociaciones civiles, obtuvo 62 de los 135 escaños de la cámara regional. En la cruzada independentista, a los legisladores de Junts pel Sí hay que sumar los 10 que obtuvo CUP, otro partido a favor de la separación de España. En conjunto, conseguirían 72 escaños, superando los 68 diputados correspondientes a la mayoría absoluta que se habían marcado para emprender un proceso de secesión. "Tenemos un mandato democrático (...) y esto nos da una enorme legitimidad para seguir adelante con este proyecto", sostuvo Mas. "Tenemos una mayoría más que suficiente para tirar adelante este proyecto", coincidió su aliado y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Transformados en un plebiscito sobre la secesión, los comicios fueron considerados cruciales por todos los partidos y una gran parte de los 5,5 millones de electores. La relevancia de las elecciones legislativas quedó demostrado en la alta participación (77 por ciento), que superó por 20 puntos a la registrada en las legislativas de 2012.

Tras más de dos años pidiendo un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Quebec o Escocia, sistemáticamente denegado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, Mas apostó finalmente por convocar estas elecciones anticipadas y dotarlas de un carácter plebiscitario.

"Estoy emocionado y nervioso, hace mucho tiempo que se habla de cómo solucionar este tema y hoy al menos sabremos cuántos hay en cada lado", afirmó Toni Valls, arquitecto de 28 años, tras votar a Junts pel Sí en un barrio acomodado de Barcelona.

Por su parte, Jonatan Sánchez, de 32 años, pintor en una gran empresa de construcción, lo ve muy diferente: "Votaré que no", decía en Badalona, suburbio obrero de la capital. "Mi trabajo podría verse afectado, mi compañía está en Barcelona pero trabaja mucho en el resto de España y el extranjero", explica.

"Tengo el corazón dividido, en el fondo no quiero la independencia, no me convence el separatismo pero estoy harta de que no nos escuchen" en Madrid, afirma Conchi Machado, 61 años, trabajadora de un comedor escolar. "Por eso voto Junts pel si, para ver si por fin nos escuchan y se dan cuenta que aquí pasa algo".

BIENES SECRETOS

ARGENTINA :LA JUSTICIA INVESTIGA LAS PROPIEDADES Y TENENCIAS DEL EX ESPIA

Los tesoros de Stiuso

El juez Casanello encontró en su declaración jurada que tiene medio millón de dólares en efectivo y una o más empresas. La Oficina Anticorrupción piensa que debe haber mucho más por su tren de gastos.
 Por Raúl Kollmann

El juez federal Sebastián Casanello le pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que analice la evolución económica del ex jefe de los espías, Jaime Stiuso, a raíz de la apertura de sus declaraciones juradas. Stiuso tiene depósitos en Miami por 350.000 dólares y como mínimo otros 200.000 dólares, denominados en pesos, en bancos argentinos. A esto se suman empresas y propiedades. A raíz de esta medida dispuesta por el magistrado e impulsada por el fiscal federal Ramiro González, la OA, cuyo titular es Julio Vitobello, le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia, al Banco Central, al Registro de la Propiedad Inmueble, a la AFIP, a la Unidad de Información Financiera y otros organismos que aporten datos sobre otras cuentas y propiedades de Stiuso, ya que su situación patrimonial no se condice con los 35.000 pesos que tenía como sueldo en la ex SIDE.
Horacio “Jaime” (el nombre que usaba) Stiuso fue el hombre clave de la inteligencia argentina a lo largo de las últimas décadas, sostenido por varios gobiernos, incluyendo el actual. A raíz de que el Ejecutivo percibió que en la causa AMIA estaba jugando más para el Estados Unidos que para Argentina, fue desplazado de su cargo en diciembre. Desde entonces surgieron distintas denuncias:
- Que desde la SIDE se contrabandeaban insumos y aparatos médicos, como si fuera material de inteligencia. De esa forma se concretó, supuestamente, un millonario negocio ilegal. Es un expediente a cargo del juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo.
- Se descubrió una causa trucha contra una empresa, Dark Star Security, a la que se acusó de espiar a favor del Reino Unido. Con esa excusa se realizaron escuchas ilegales a decenas de personas. El fiscal Federico Delgado hizo la denuncia y hoy la causa es instruida por el juez Luis Rodríguez. Otro fiscal, Franco Picardi, ya pidió la indagatoria de Stiuso.
- El ex jefe de Operaciones también está imputado por encubrimiento en la causa AMIA, ya que tenía a su cargo el análisis del entrecruzamiento de llamadas entre sospechosos del atentado, antes y después del ataque contra la mutual judía. Stiuso le enviaba notas al fiscal Alberto Nisman diciendo que ya estaba por concluir el trabajo o que ya estaba concluido y lo cierto es que el entrecruzamiento no figura en ningún lado y, según parece, nunca se hizo. Como es obvio, esa medida de prueba es esencial en casi cualquier investigación y no hay rastros de que se haya hecho. El expediente por encubrimiento está a cargo del juez Julián Ercolini.
- El legislador porteño Gustavo Vera acusó a Stiuso y otros funcionarios por enriquecimiento ilícito. El juez Casanello ordenó que se abra su declaración jurada de bienes y ahora interviene la OA.
En ninguna de estas causas, Stiuso fue llamado todavía a indagatoria. Eso le permite seguir en su cómodo refugio, un paradisíaco resort llamado Portofino, en La Florida, Estados Unidos. Como era su estilo, en febrero pasado Stiuso salió del país por tierra hacia Uruguay –una forma de no dejar demasiados rastros– y de allí pasó a Porto Alegre camino a Miami. Según los registros, salió hacia Uruguay en una lujosa camioneta propiedad de la empresa House to House, uno de cuyos directores, Bernabé Moschella, fue vinculado con una causa de narcotráfico.

Patrimonio

Las declaraciones juradas de bienes de los integrantes de la ex SIDE se guardan, reservadas, en la propia agencia de inteligencia. Sólo se pueden abrir por orden judicial, sobre la base de una denuncia. En el caso que investiga Casanello, el expediente se inició por la denuncia de Vera y finalmente el magistrado ordenó abrir el sobre con la declaración de bienes de Stiuso y de otros agentes de inteligencia. A primera vista, las cifras no encajan con sus ingresos, pero el ex hombre fuerte de la SIDE argumenta que engrosó sus bienes por vía de herencias. El juez querrá saber de quién heredó, cómo se hizo la transferencia de fondos y propiedades. Y, además, la OA pidió informes a varios organismos para saber qué otros bienes figuran a nombre de Stiuso. Lo que consta es que en dos cuentas de ahorro de Miami, Stiuso y su esposa tienen 335.000 dólares; hay otros depósitos en la moneda estadounidense y unos dos millones de pesos en bancos de Argentina. Según parece, Jaime alega que son “propios y herencia”. También menciona que heredó un departamento de 200 metros en San Justo y parece tener cierta afición por los relojes, por cuanto en un momento declaró “once relojes lujosos, valuación desconocida”. Aún así, la impresión de la OA es que hay más, por lo cual le pide al juez que instruya a la AFIP, la UIF, el Registro de la Propiedad y otros organismos para que participen de la investigación e informen.
Uno de los puntos oscuros de la declaración de Stiuso tiene que ver con sus ingresos y sus participaciones en empresas. Jaime afirma que sólo recibe ganancias y tiene acciones en Construcciones y Tecnología, una empresa que fundó con otro ex alto jefe de la SIDE, Horacio García. Sin embargo, es público que Stiuso creó también American Tape y esa empresa no figura en su declaración. Según Vera, alrededor de American Tape –supuestamente dedicada a la importación de material electrónico, en especial cintas de grabación–, surgieron otras empresas, ya que, por ejemplo, American Vial, figura con la misma dirección que American Tape: Jujuy 240. Los entrecruzamientos que aparecen en algunas bases de datos comerciales indican, a primera vista, que hay por lo menos otras seis sociedades en los que Stiuso parece tener participaciones. En cualquier caso, el ex jefe de Operaciones dice que de la única empresa que admite poseer, Construcciones y Tecnología, recibió 215.000 pesos de ganancias en 2014. Será parte de la investigación.
El ex SIDE también registra cobros por 275.000 de lo que llama “ejercicio independiente”. Según parece realizaba trabajos como ingeniero electrónico por cuenta propia, algo que seguramente le pedirán que explique. Ante la AFIP debería tener declarado quienes son sus clientes y, obviamente, tendría que haber pagado impuestos. Su esposa María Cecilia Rossero registra trabajos personales para el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, posee 30 por ciento de una empresa y, con los depósitos que declara, redondea los 350.000 dólares en Miami y los dos millones de pesos en la Argentina que declara la pareja.
La investigación patrimonial de Stiuso, así como la de Nisman, se centra en el delito de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Sin embargo, es muy posible que los flujos económicos –y tal vez lo que no está declarado– pongan sobre el tapete las relaciones de Stiuso y su vínculo privilegiado con sectores de la inteligencia de Estados Unidos. No es casual que Jaime esté hoy virtualmente refugiado en La Florida. Tarde o temprano alguno de los jueces que lo investigan lo llamará a prestar declaración indagatoria. Habrá que ver en ese momento, probablemente antes de fin de año, si se mantiene en su idílico refugio o vuelve al país a dar respuestas.
raulkollmann@hotmail.com

COMO FUE LA ORGANIZACION DETRAS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE

DESAPARECIDOS

Una estructura armada para matar

La fiscalía que actúa en el segundo juicio oral por los crímenes cometidos de la Escuela de Mecánica de la Armada hizo una abrumadora reconstrucción del plan criminal de la Marina, a partir de lo dicho por los sobrevivientes y por los propios victimarios. También puso al descubierto cómo lo estructuraron.
 Por Alejandra Dandan


Uno de los aviones desde los que la Armada arrojaba prisioneros vivos al mar.
Ese día los marinos hacían un traslado. Algunos prisioneros todavía creían que esos números cantados por los Pedros eran de los elegidos que iban a ser liberados o trasladados a granjas de recuperación. Pero entonces, llamaron a Lidia Batista. Ella tenía 35 años. Una de sus compañeras, Liliana Pellegrino, logró ver por debajo de la capucha cómo se la llevaban. Al otro día, sin embargo, volvió a escuchar su voz, la crisis y el llanto. “La habían bajado”, contó Liliana Pellegrino años más tarde. “Le dijeron que le iban a sacar una foto. La pusieron contra la pared, pero en vez de eso le tiraron con un dardo en la ingle. Lidia se desmayó o sintió que se desvanecía, después se despertó en un salón donde había un montón de gente, vomitando y tosiendo. Ella se levantó la capucha y vio que los oficiales estaban mirando a la gente a través de las cortinas. Les dijo: ‘Pero, yo estoy despierta’. Ellos se enfurecieron. Le pegaron. Y la devolvieron al mismo lugar. Pero lo terrible para Lidia –dijo por último su compañera– era que pensaba que había arruinado todo, que había arruinado la salida en libertad, por haber estado despierta.”
Lidia Pellegrino habló de esto durante el segundo juicio oral de la Escuela de Mecánica de la Armada, pero amplió el testimonio en el debate que se realiza en este momento. La fiscal Mercedes Soiza Reilly incorporó esa voz en el tramo de alegatos sobre los vuelos de la muerte. Esa voz es mirada ahora como una de las primeras evidencias obtenidas por los detenidos desaparecidos sobre la metodología de exterminio que primó en el centro clandestino de la ESMA.
Los marinos nombraron a los vuelos de distintas maneras. “Se van para arriba”, se le oía decir al “Tigre” Jorge Acosta. “Van a ser comida de peces”, decían. “Las monjas voladoras”, repetían los del GT. O “¡Aquí el que moleste se le pone un pentonaval y se va para arriba!”.
Al volver de su primer vuelo fallido, Lidia Batista le mostró la herida a Liliana Pellegrino. “Era como un redondel pequeño –dijo ella–, como cuando te pegan con un balín, un poco más grande y negra alrededor. Ella pensaba que era lo que les tiraban a los animales cuando los duermen o los calman.” Lidia le dijo que como tomaba muchos calmantes, sentía que el dardo ni siquiera le había hecho efecto. La fiscalía considera que volvieron a trasladarla entre el 3 y 4 de enero de 1979. Hasta hoy está desaparecida.
La abrumadora reconstrucción que hizo la fiscalía en su alegato tuvo una línea histórica, con voces de los sobrevivientes y también de victimarios. También fue demoledora la reconstrucción de las estructuras secretas de la Armada que permitieron la provisión de aeronaves para los vuelos de la muerte. Ahí se vio el rol de las dos áreas claves: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA) que dieron recursos, pilotos, aeronaves, tripulantes y mecánicos al vértice ubicado en el poderoso Comando de Operaciones Navales de la Armada (COOP), que fue el órgano encargado de la distribución de recursos para lo que ellos llamaron los “tiempos de guerra” y estaba ubicado inmediatamente debajo del Comandante en Jefe de la Armada.

Los acusados

El juicio ESMA revisa responsabilidades de 6 acusados: tres pilotos de Prefectura y tres del Comando de Aviación Naval. En ese universo están los aviones que durante años se vincularon con los vuelos de la muerte: las escuadrillas de Skyvan de Prefectura. Los Electras, DC3 y los helicópteros Alouette y Seaking de la Aviación Naval. La fiscalía tuvo que volverse experta en técnica y mecánica de aviones para probar que estas naves tenían capacidad para trasladar personas y capacidad de hacer lanzamiento de “carga” en vuelo. Los nombres más conocidos son los de los marinos: Emir Sisul Hess, Julio Poch y el mecánico Rubén Ricardo Ormello, quienes comenzaron a ser investigados por confesiones hechas en medio de juergas o ante sus compañeros de trabajo. Sin embargo, esas confesiones no son las razones por las que llegaron a juicio ni por las que se los acusa. Ese fue uno de los datos que buscó dejar en claro el alegato la fiscalía, cuando remarcó: “Para imputar la responsabilidad penal que les cupo a los nombrados nos valdremos de las pruebas que forman parte de este juicio que permitirán a estos representantes reproducir las estructuras montadas, que incluyen a la aviación naval, como un estamento más del plan sistemático de exterminio”. Una sistemática –explicó– “que significó un trabajo en conjunto, que fue represiva y clandestina y que abarcó a todos los eslabones de la estructura militar. La Armada Argentina se organizó de modo tal que cada miembro aportó una porción de participación al plan criminal que se gestó desde los más altos mandos hasta hacerse efectivo”.

La estructura

En octubre de 2014 este diario anticipó la hipótesis en la que trabajaban parte de los investigadores para revisar pruebas y acusación de los vuelos. La fiscalía recordó esa línea y explicó las razones por las que aquí fue necesario más que en otros tramos hacer la reconstrucción de las estructuras. En los juicios de lesa humanidad las responsabilidades son probadas por testimonios y documentos pero uno de los aspectos centrales es probar el lugar que tuvo cada imputado en la estructura criminal. No se busca probar quién picaneó o torturó a determinada persona, sino si la persona participó del sector de Inteligencia encargado de los interrogatorios ilegales. Esta lógica, sin embargo, se invirtió en cierto momento con los acusados por los vuelos. De pronto, dicen los fiscales, todo el mundo se puso a buscar quién voló en cuál avión. El problema adicional que generó ese camino es que así como los testimonios de los sobrevivientes fueron claves para identificar a represores de la patota del GT, no había lógicamente testimonios que pudieran dar cuenta del último tramo del plan represivo. Nada que diera cuenta de pilotos, ni tripulantes ni mecánicos. Justamente porque de esos vuelos los desaparecidos no volvieron. Por eso, la reconstrucción de la estructura es central para trazar la relación entre aviones, vuelos e imputados. Esa línea piensa a los pilotos y mecánicos como los últimos eslabones necesarios para cumplir el plan. Pero además, en esa reconstrucción, también terminan teniendo sentido las confesiones que luego de toda la reconstrucción se vuelven por cierto todavía más estremecedoras.
“La pregunta que debemos hacernos es: si una Fuerza de Tareas o Grupo de Tareas necesitaba un recurso de la Armada como infantes, barcos o aviones ¿a quién iba a pedirlo?”, preguntó la fiscal. Es decir, si la ESMA no tenía aeronaves cuando necesitaba hacer un traslado, ¿a quién pedía los aviones? “El pedido pasaba del GT a los estamentos superiores hasta llegar al Comando de Operaciones Navales (COOP) –explicó la fiscal– que administraba los recursos de la Armada y era la máxima autoridad operativa para ese entonces.”

Los aviones

En 1975, el Plan Secreto de Capacidades Internas de la Armada Argentina (Placintara) reorganizó los recursos de la Armada en una faz institucional y una faz operativa para lo que llamaron “lucha contra la subversión”. La Armada quedó dividida en 11 Fuerzas de Tareas (FT). Cada Fuerza de Tareas quedó dividida a su vez en Grupos de Tareas (GT). La ESMA era el GT 3 de la Fuerza de Tareas 3 o Agrupación Buenos Aires, por eso GT 3.3. Todas estas estructuras dependían de un área que durante el debate se fue viendo como clave para la provisión de aviones y de recursos de los vuelos de la muerte: es el Comando de Operaciones Navales (COOP).
El COOP estaba ubicado en el organigrama un casillero abajo del Jefe de la Armada y en paralelo con el Estado Mayor Conjunto, en tiempos de paz, era una estructura semidormida pensada para la instrucción y el adiestramiento militar. Pero a partir del Placintara, desplazó al Estado Mayor a un puesto de consulta para ocuparse políticamente de la distribución de recursos para lo que la Armada pensaba como la guerra. Por allí pasaron de hecho los capos de la Armada, como Oscar Antonio Montes o Antonio Vañek. Y en el juicio es importante porque del COOP dependieron las 11 Fuerzas de Tareas y las dos áreas centrales en el manejo de aviones: el Comando de Aviación Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan (ver cuadro).
La reconstrucción de esas estructuras terminó de hacerse durante el juicio. Fue central el cruce de documentos de las Fuerzas Armadas hecho desde el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Seguridad para Prefectura. Un testimonio clave fue el de la perito Laura Guembe que trabajó en las dos áreas. Los alegatos retomaron su lectura, leyeron reglamentos y proyectaron tramos en la sala. Lo mismo con las Memorias Anuales de Prefectura y de la Armada. Y se cruzaron datos con legajos y documentación interna de la Armada.
El rol del Comando de Aviación Naval
Así se entiende que del COOP dependían tres áreas:
a) el Comando de Aviación Naval (COAN): aviones/ helicópteros/
b) Comando de Infantes de Marina (COIM): personal/ soldados infantes/ recursos para el combate en tierra.
c) Comando de Operaciones Navales (CONA): barcos/ personal.
El Comando de Aviación aportó el sostén logístico aeronaval a las Fuerzas y Unidades destacadas a las órdenes del COOP. “¿Ustedes se preguntarán cómo funcionaron los pedidos aeronavales?”, preguntó la fiscal. “Y específicamente quién puede responder a este interrogante es una vez más: la norma Placintara. La norma es clara, precisa y concreta –acentuó–: el ANEXO “G”, “Logística”, punto 6.5, establece que: las Fuerzas de Tareas elevarán los pedidos de transporte aeronaval al Comando de Operaciones Navales (COOP), quien los aprobará y fijará las prioridades correspondientes”. Una vez que el COOP autorizaba la utilización del recurso disponible, las Fuerzas de Tareas coordinaban sus requerimientos con el Comando de la Aviación Naval, dijo.
Esa lógica de pedidos que se transmitían de sector a sector, echa por tierra una de las defensas de los imputados que dicen que nunca dependieron de la ESMA. Pero además vincula al COOP y el COAN que tuvo “como tarea facilitar las aeronaves a las distintas fuerzas de tareas dependientes de la Armada Argentina, entre ellas al GT de la ESMA”. Esta afirmación, dijo Soiza Reilly, “no es un capricho de estos acusadores, surge de las Memorias Anuales de la Aviación Naval y de los planes militares”.
Sirena: La Memoria Anual de Prefectura 1976 por ejemplo, contiene un dato sobre la participación de las unidades de las fuerzas aeronavales en operativos como el Sirena, un operativo antisubversivo que se hizo entre la Armada argentina y la paraguaya con la finalidad de combinar las Fuerzas Navales.
Cuando la fiscal pronunció la palabra Sirena, en la audiencia de introducción a los vuelos, el abogado del piloto Julio Poch empezó a moverse en la silla. Los papeles de las Memorias Anuales estaban en la causa, pero no se habían visto proyectados en la sala. Poch viene diciendo que es inocente y cuando habló del operativo Sirena dijo que eran operaciones inocuas de “control poblacional”. Soiza Reilly recordó las palabras de Guembe en la audiencia. Ella dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas detenidas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remató la fiscalía– ¡la detención de personas!”. Según su legajo, dijo además, Poch también fue Secretario de los Estados Mayores de Planeamiento de este operativo antisubversivo de tanta envergadura.
Helicópteros: Otro dato de las Memorias Anuales hablan de la relación con los helicópteros. La fiscalía pudo determinar también durante el juicio que entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya base estaba en la base aeronaval Espora de Bahía Blanca. Ahí había dos tipos de helicópteros: Alouette y Sea King. Pero el dato importante es que pese a lo que dicen los acusados, las Memorias Anuales establecieron la provisión de esos helicópteros para los Grupos de Tareas. “En ellas se menciona el haber destacado helicópteros Alouette y Sea King para colaborar con las distintas fuerzas de tareas Placintara contra el accionar subversivo –dijo ella–. Dos aeronaves familiarizadas con el imputado Sisul Hess. Dos aeronaves que pertenecieron a la única Escuadrilla de helicópteros que existió hasta el año 1979 y que cubrió las necesidades de los grupos de tareas, incluyendo el GT de la ESMA”.
Pero no fue lo único. Otro dato que muestran las inagotables Memorias es la necesidad que hubo en determinado momento de obtener más helicópteros Alouette de parte del Comando de Aviación Naval “a fin de satisfacer los numerosos requerimientos operativos de la Armada”. Los testigos de Sisul Hess dijeron que esos helicópteros no salían de Bahía Blanca o se usaban para el sur del país. Pero la misma Memoria Anual, leyó la fiscal y proyectó, marca “la necesidad de que provean, en un corto plazo, los reemplazos de los aviones DC 3 y C 45, entre otros, ambos aviones de transporte de pasajeros que hoy se vinculan a los hechos materia de investigación”. Esto es, dijo, desde las Memorias Anuales la Armada marcaba las necesidades de la época, “entre ellas, abastecerse de más helicópteros Alouette, para la única escuadrilla de helicópteros existente en esta fuerza, al menos hasta 1979. ¿Se imaginan pensar que toda la flotilla de estos helicópteros Alouette permanecía en la Base Comandante Espora para sólo abastecer al sur de nuestro país? Es un absurdo”, dijo. “Esto nos explicó Hess en su indagatoria, y algunos de sus testigos idearon la misma defensa: que los helicópteros Alouette no abandonaban la zona de Bahía Blanca”. La Memoria Anual del año 1976 “nos demuestra otra cosa –dijo–. Nos dice que los Alouette fueron los helicópteros operativos de la Armada, para colaborar con las fuerzas de tareas distribuidas en todo el país. Además, la misma Memoria Anual, es rica en contenido, porque allí se deja asentado que: los pilotos –oficiales de las escuadrillas– en forma rotativa y permanente harían comisiones en cumplimento de tareas particulares (ya sea: formando grupos especiales, como interrogadores, en el Batallón de Seguridad Coara –FT3–, como custodia Azopardo y/o en el Operativo Independencia en Tucumán”.
La Prefectura en la División de Aviación Naval (DIVA)
El Comando de Aviación Naval no fue la única estructura en juego. Para entonces, Prefectura estaba subordinada a la Armada. El Placintara organizó su relación con el Comando de Operaciones Navales como con el resto de las áreas, un dato que terminó de entenderse en este juicio. En ese contexto, Prefectura tuvo una doble inserción operativa: era la Fuerza de Tareas 4 pero no estaba atada a una jurisdicción específica sino que debía abastecer al resto de las FT como otro recurso a disposición del Comando de Operaciones Navales COOP. En ese sentido, la fiscalía la comparó con el Comando de Aviación Naval (COAN): “La Prefectura tenía su propia División de Aviación (DAVI) que satisfacía, al igual que el COAN, las necesidades de la Armada en materia de sostén logístico aeronaval”. ¿Qué podía ofrecer la Prefectura al COOP?, preguntó. “Conforme los reglamentos y planes militares, debía ofrecer toda su estructura, es decir, sus recursos disponibles: podía ofrecer la División de Aviación con sus aviones y sus pilotos, al igual que personal para integrar los grupos de tareas, bajo la figura del “enlace”. La DAVI tuvo a disposición cinco aeronaves Skyvan con capacidad de transporte y capacidad de lanzar carga en vuelo”.
El método
Todos los sobrevivientes coinciden en afirmar cómo fue la mecánica de los “traslados” dentro del campo de concentración:
n Mencionaron una frecuencia semanal de vuelos, que ocurrían los días miércoles y excepcionalmente algunos sábados y días de semana.
n La existencia de traslados colectivos e individuales.
n Las listas de personas que eran llamadas por número para integrar la fila de prisioneros a ser trasladados.
n Las largas filas de personas engrilladas y encapuchadas.
n El rol de los “Pedros” y guardias, quienes eran los encargados de acondicionar a los cautivos para el traslado.
n Las falsas expectativas generadas a los secuestrados relativas a que serían trasladados a “granjas” y a “campos de recuperación” ubicados en el sur de la Argentina.
n La inyección de pentotal o “pentonaval”; el rol de los médicos y enfermeros, encargados de anestesiar a las víctimas.
n La música estridente y la obligación de bailar al ritmo de la música, que en algunas ocasiones el personal actuante impuso a los cautivos, a quienes engañaban con una posible liberación.
n Los vómitos y el malestar tras ser inyectados.
n Los camiones y los helicópteros dentro del predio para facilitar el traslado de las víctimas hacia las aeronaves que las arrojarían vivas mar adentro.
n Las marcas de arrastre de cuerpos en los pisos del sótano tras la ejecución de un traslado. La cantidad de ropa que retornaba al campo luego del “traslado”.

Hipótesis de conflicto

URUGUAY:Represion y desalojo de estudiantes del CODICEN


GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA, LA CUARTA FUERZA ARMADA GANA TERRENO

(Articulo publicado por ROGER RODRIGUEZ hace dos años)


Hipótesis de conflicto

Carros blindados y fusiles de asalto rusos. Caras pintadas de negro y verde. Son la nueva imagen de la Guardia Nacional Republicana y sus Unidades Nacionales de Operaciones Especiales (UNOE). Policías capacitados para intervenir ante copamientos, secuestros, disturbios civiles, narcotráfico o terrorismo… Las fuerzas armadas los miran con recelo y la sociedad civil con temor.  El gobierno maneja hipótesis de conflictos internos.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Mientras en el Parlamento la oposición ensayaba un show mediático con sus críticas a las políticas de seguridad del ministro Eduardo Bonomi, debido a una serie de homicidios que por diversas causales se sucedieron en los primeros días del año, el Ministerio del Interior continúa conformando una unidad policial de prevención y represión del delito que, por primera vez en Uruguay, promete constituirse en una cuarta fuerza armada nacional, que dispondrá de una infraestructura y logística que hasta el momento eran de exclusividad del Ejército, la Armada y la Aviación.

Un millar y medio de hombres. Un tercio de ellos, armados con fusiles de asalto AK 103, con lanzagranadas GP-30. Vehículos todo terreno blindados con cámaras que visualizan 360 grados, y metralla o gas que se dispara desde escotillas en el techo o troneras distribuidas en todo el contorno. Comandos de “Operaciones Especiales”, capacitados en “inteligencia” y entrenados para intervenir en copamientos, secuestros, custodias, disturbios civiles, narcotráfico e, incluso, antiterrorismo… Así se prepara la nueva Guardia Nacional Republicana, para una prevista hipótesis de conflicto interno.

Ni el propio senador nacionalista Jorge Larrañaga, quien lanzó la idea de formar una Guardia Nacional durante la última campaña electoral, podía proyectar las implicancias que tendría la aceptación de su propuesta por parte del presidente José “Pepe” Mujica, quien contó con los votos de la oposición para aprobar el Artículo 231 de la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Quinquenal por el cual el viejo Regimiento de la Guardia Republicana, dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo, se transformó en una fuerza con jurisdicción nacional que obedece directamente del Ministro del Interior.

La Guardia Nacional Republicana (GNR), abarca a la Zona Metropolitana, donde permanecen la caballería de la Guardia de Coraceros, los infantes de la Guardia Metropolitana y el grupo de motos “Pumas”; a una Zona Interior donde se formarán “Unidades de Intervención” por departamento; y a las Unidades Especiales, con tareas de “Inteligencia” y jurisdicción sobre explosivos. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Metropolitana se convirtió en la Unidad Nacional de Operaciones Especiales (UNOE) que ahora opera en todo el país.

Desde su creación, las unidades de la GNR ya han intervenido en operaciones de apoyo a la Brigada Antinarcóticos en una acción realizada en Toledo, reprimieron a la hinchada de Peñarol, golpeando al viceministro de Vivienda en el estadio Centenario, y protagonizaron los mediáticos “Operativos de Saturación” dispuestos en algunos barrios de Montevideo durante el primer año de la gestión de Bonomi. Sin embargo, el verdadero potencial de la nueva Republicana recién se conocerá cuando terminen de incorporar armas y tecnología, y el personal concluya su capacitación y entrenamiento.

¡Ahí vienen los rusos!

El primer GAZ-233036 Tigr SPM-2, vehículo blindado multifuncional de origen ruso que se fabrica desde 2005 como competencia de los Hammer estadounidenses, se pudo ver sobre 18 de julio cuando lo exhibieron semanas atrás en la explanada de la Intendencia junto a nuevos patrulleros y otros rodados adquiridos por la Policía. El “Tigre” –como le llaman- es un 4x4, todo terreno (hasta lo estacionaron en el lugar para discapacitados), con velocidad de 140 km/h, capacidad de carga de 1,2 toneladas y posibilidad de transportar hasta 12 efectivos. Su presencia, pintado con color camuflaje, impacta. Se asemeja a los “zorrillos” antidisturbios con que los carabineros chilenos reprimen a sus estudiantes.

La compra de tres unidades (a 280 mil dólares cada una) fue firmada en abril de 2011 por el subsecretario Jorge Vázquez, luego que el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) de Río de Janeiro le hiciera una prueba de resistencia del blindaje. El vehículo monitoreado en Brasil estuvo a punto de llegar a Uruguay para el desfile del 25 de agosto último, pero se demoró por trámites aduaneros. El acuerdo se hizo directamente con el representante de la intermediaria estatal rusa Rosoboronexport, Anatoli Zuev, aunque la operación la cierra la empresa Orvent (Montibel SA) por su domicilio local. El paquete incluye el asesoramiento del técnico Vladimir Glebov, que instruirá a los mecánicos policiales y garantizará el suministro de repuestos.

No fue el único negocio con los rusos, quienes han encontrado en Uruguay una de sus plataformas de exhibición para un creciente armamentismo latinoamericano desde los días en que se adquirieron sus camiones “Ural” o gracias a la compra de la AK-101 por parte del Ejército para sus misiones de la ONU en el Congo. En noviembre de 2011, Vázquez, el director general Charles Carreras y el comisario Washington Castillo, viajaron a Moscú, invitados por la consultora Tamasul, para visitar la fábrica Kalashnikov. En diciembre, bajo el sistema de “compra secreta” se adquirieron 500 fusiles de asalto AK-103, 150 Bushmaster M-4, y 200 armas cortas de la fábrica Izhevsk.

Los AK-103, evolución del legendario AK-47, vienen complementados con un lanzagranadas GP-30, visor nocturno, culata plegable al costado, funciones de disparo automática y semiautomática, y sólo tiene un peso de 3,5 Kg. con el cargador lleno. El arma es utilizada por las fuerzas de elite antiterroristas rusas, cuyos comandos destacan la ventaja de disparar con un nivel de ruido muy bajo, que le hacen apta para operaciones de asalto. Las fuentes ministeriales consultadas por Caras y Caretas, no supieron explicar el uso específico que podría darse a estos fusiles en Uruguay, pero “lo mejor es estar preparado”, explicaron.

Los fusiles se compraron para el calibre 7,62x39 mm que en poco tiempo comenzará a producir una fábrica de a Kalashnikov en Venezuela (el presidente Hugo Chávez es un fanático de las AK), lo que permitirá no depender del norteamericano calibre OTAN 5,56X45 mm que utilizan las AK-101 del Ejército uruguayo. Uruguay –como otros países- ya fue sancionado con la quita de ayuda militar norteamericana en el año 2004 por negarse a firmar un acuerdo de inmunidad que impidiera la extradición de ciudadanos estadounidenses si eran requeridos por la Corte Penal Internacional (CPI) creada por el Tratado de Roma para sancionar los crímenes contra la humanidad.
 
La “policialización” militar

El debate político sobre la creación de una Guardia Nacional iniciado en 2009, fue observado desde el silencio por las fuerzas armadas, cuyos mandos descreían de la posibilidad de que el nuevo gobierno del Frente Amplio y la oposición llegaran a ponerse de acuerdo. Sin embargo, desde varios foros de Internet sobre temas militares, se comenzó a advertir sobre algunos riegos e implicancias del surgimiento de una Republicana a nivel nacional y respecto a cuáles serían sus cometidos. En particular, se miraba si algunas de las actividades militares podían ser sustituidas por la policía.

En los hechos, las Fuerzas Armadas han ido “boicoteando” el surgimiento de la Guardia Nacional Republicana. Casi un millar de soldados que tienen la posibilidad de pasar a la policía, con mejoras salariales y de capacitación, no lo han hecho por trabas y presiones impuestas en la interna militar. En la Armada se teme que la Prefectura vuelva a ser una Guardia Costera policial. La Fuerza Aérea no quiere perder su contralor de Infraestructura aeronáutica y el Ejército (que dejaría de inmediato de hacer el perimetraje de las cárceles, si se lo pidieran) sabe que más temprano que tarde se le quitará el control sobre explosivos, municiones y tenencia de armas.

Los mandos policiales que defienden la Guardia Republicana, confiesan sus dificultades de relacionamiento con los mandos militares. “En una ocasión, teníamos que coordinar una operación con la Fuerza Aérea. Les pedimos un helicóptero para personal médico por si se producía un enfrentamiento y había heridos en una operación secreta. Cuando se fue a hacer, el operativo era de conocimiento de media Fuerza Aérea. El oficial de enlace le pareció que no podía dejar de informarle a su mando, que siguió la cadena hasta el propio comandante en jefe. Ese día entendimos que necesitamos nuestros propios helicópteros para actuar…”, explica un jerarca policial.

 “La realidad del mundo está en Uruguay. No somos ajenos. Días atrás en el Borro dos bandas se tiraron con armas automáticas. Los balnearios de gran turismo internacional traen a capos de organizaciones delictivas, que si están marcados con código azul por Interpol sólo se vigilan, pero con el cuidado de que no se crucen con otro grupo enemigo. Las organizaciones que han sido desplazadas de las favelas brasileñas pueden empezar a operar en Uruguay, mientras duren el Mundial 2014 y las Olimpíadas 2016 en Brasil. Expertos colombianos en el tema drogas nos han dicho que acá ya pueden estar operando sus carteles… Todo eso es o será. Y nosotros tenemos que estar preparados para actuar”, agrega la autoridad policial consultada.

Mientras los militares se preocupan por la eventual “policialización” de algunos de sus cometidos, desde la sociedad civil se mira con temor la “militarización” operativa que está viviendo la policía. El entrenamiento de fuerzas especiales con el sistema que aplican las BOPE brasileñas, inspiradas en los marines norteamericanos, alejan a los efectivos policiales de su papel de agentes comunitarios. Fusiles de asalto AK-103, blindados artillados, comandos camuflados y con los rostros pintados de verde y negro, no parecen encajar en la reivindicación del “guardia civil” que se hace desde el gobierno. Si las barbas del vecino arden, hay que poner las propias en remojo o afeitarlas. Pero si se compra una navaja, debe asegurarse de que no vaya a caer en manos de un mono, y, mucho menos, de algún gorila.


SI TIENES ENTRE 18 Y 45

El 11 de febrero, en la localidad de Rincón, departamento de Treinta y Tres, la Guardia Nacional Republicana realizará pruebas a aspirantes a ingresar a la fuerza. Se debe tener entre 18 y 45 años de edad. Hombres debe medir más de 1,68 y mujeres un mínimo de 1,60 cm. Primaria completa aprobada. Carecer de antecedentes penales. Ser aprobado en entrevista con una Junta de la GNR. Aprobar prueba de aptitud física que consta de: máximo de flexiones en barra fija en 60 segundos, extensión de brazos (lagartijas) bajando el pecho hasta la tierra y manteniendo el cuerpo recto en un minuto, máximo de abdominales en un minuto con rodillas a 90 grados con manos detrás de las orejas, salto vertical y agilidad y velocidad, prueba de resistencia con 2.500 metros en un máximo de 12 minutos. Cedula de Identidad y dos fotocopias. Credencial Cívica con constancia de voto y fotocopia de la misma. Jura de fidelidad a la bandera. Certificado de escolaridad original y dos fotos carné. El salario nominal esta en torno a los 16.200 pesos.
(PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 20 DE ENERO DE 2012)

El método Niembro para hacer veredas

Buenos Aires
LAS EMPRESAS QUE REPARAN LAS VEREDAS POR TODA LA CIUDAD UTILIZAN EL MISMO “MODUS OPERANDI” QUE EL RENUNCIADO RELATOR
Dos empresas se dividieron en los últimos cinco meses los 47 millones de pesos pagados por el gobierno de Macri para hacer veredas. Fueron todas contrataciones directas, como las de Niembro, las empresas no tienen registrado ningún empleado, como la de Niembro, y fueron creadas justo antes de empezar los contratos, como la de Niembro.
 Por Werner Pertot

Dos empresas se reparten las contrataciones directas del gobierno de Mauricio Macri para hacer veredas por toda la Ciudad. Este año hubo 24 compulsas de precios, en las que cada una ganó doce, con una asombrosa simetría. En algunos casos, el monto estuvo a 52 pesos del tope para las contrataciones directas. El mismo mecanismo había ocurrido el año pasado, según una investigación de la comunera kirchnerista Julieta Costa Díaz. Las similitudes con el caso de Fernando Niembro llamaron la atención de la comunera: pese a que se dedican a hacer obra pública, las empresas no tienen empleados registrados ante la AFIP y sus presidentes figuran como monotributistas con un ingreso mensual de menos de 15 mil pesos. Sólo en los últimos cinco meses, se alzaron con 47 millones del dinero público. Ninguna tiene antecedentes en obra pública, pero uno de los dueños tiene una empresa de marketing digital que tiene como cliente al gobierno de Macri. “Lo de Niembro puso en evidencia una forma de actuar del Gobierno de la Ciudad que venimos denunciando hace años; hacer contrataciones a empresas polirrubro y sin empleados”, indicó Costa Díaz.
Las contrataciones directas son el denominador común de las últimas denuncias que debió enfrentar el procesado jefe de Gobierno; las de la empresa de Niembro, que se alzó con 23 millones de pesos; las del candidato macrista Eduardo Amadeo y sus ONG, que recibieron 4,5 millones; y las de la pauta publicitaria, que la gestión PRO asegura que fue a radios comunitarias, pero esos medios lo desmienten. El faltante supera los nueve millones de pesos y la cuenta crece con cada radio que se suma a la denuncia. Una de ellas, Radio Ahijuna, presentó una denuncia penal contra el secretario de Comunicación Social, Pablo Gaytán, y el secretario de Medios, Miguel de Godoy, por los presuntos delitos de peculado, falsificación de documentos privados y lavado de activos. El martes sus directivos están citados para ratificar la denuncia y, a partir de allí, el fiscal Federico Delgado comenzará a investigar el caso.
Niembro, Amadeo, la pauta publicitaria fueron los últimos escándalos. Sin embargo, estos casos no parecen ser la excepción, sino la regla: Costa Díaz hizo un relevamiento y encontró que el 69 por ciento de las contrataciones de 2014 fueron por mecanismos que sortearon la licitación pública. El principal responsable de esto no es otro que Macri, quien durante su gobierno aumentó tres veces el tope para hacer licitaciones directas, hasta que llegó a ser el más alto del país: dos millones de pesos. En el caso de la pauta publicitaria, que tiene un régimen especial, es aún mayor: 3.750.000 pesos. Además, Macri firmó el decreto 556 que permite sortear la licitación cuando se trata de montos mayores y se invocan razones de urgencia. Esto se usó, por ejemplo, para contratar la logística para un recital de Violetta. Se contrató, como informó este diario, a un grupo de empresas vinculadas entre sí. Tres de ellas, incluso, tenían la misma dirección.

Expertos en veredas

Costa Díaz descubrió que hay dos empresas que vienen recibiendo contrataciones directas de la Secretaría de Gestión Comunal, que conduce el larretista Eduardo Macchiavelli. El funcionario PRO hizo 24 contrataciones directas en los últimos cinco meses (de febrero a julio) a las que se presentaron las mismas dos empresas. Cada una ganó 12, en un exceso de simetría. Las licitaciones eran para hacer veredas y el monto asciende a 47 millones de pesos. Macchiavelli declinó no dar explicaciones del caso a Página/12.
Las empresas son Derby Eland S.A. y EcomLat. Las dos tienen su domicilio sobre la calle Vuelta de Obligado, a cuatro cuadras una de la otra. Derby Eland SA fue inscripta en 2013 y tiene como objeto social la reforma y reparación de edificios residenciales. No es exactamente lo mismo que reparar veredas, pero no importó. Tampoco que no tiene registrado ningún empleado registrado ante la AFIP.
El director de Derby Eland –y dueño de un 80 por ciento de la empresa– es Héctor Cristian Santander, quien también es director de Santabros S.A., una empresa que abrió con su hermano Gustavo Santander. Se trata de una compañía dedicada al marketing digital que tiene entre sus clientes al Gobierno porteño. “A pesar de manejar este polirrubro que va desde reparar veredas, facturando aproximadamente 20 millones en tres meses, hasta vender aplicaciones de celulares, Héctor Santander figura en la AFIP como monotributista declarando ingresos hasta 15 mil pesos”, destacó Costa Díaz en el pedido de informes que presentará sobre las contrataciones.
A pesar de ser un monotributista de bajos ingresos, Santander tiene otras empresas como un bar en Plaza Serrano y un local de exposición de marcas. El socio de Santander en Derby Eland es Gonzalo Cayo, que es amigo del director de la empresa competidora, EcomLat, Alejandro Monti. Los dos fueron juntos al St Brendan’s College, un colegio católico y bilingüe de Belgrano R.
Monti es el director de Ecomlat S.A., una empresa creada en 2006. Cuando se creó, tenía como objeto la comercialización de “máquinas, herramientas y elementos especiales de la industria metalúrgica, óptica y de precisión, y todo tipo de productos requeridos por las Fuerzas Armadas y de seguridad, con la excepción de armas y explosivos”.
Sin embargo, en 2013 –mismo año de la creación de Derby Eland– EcomLat modificó su objeto a la reparación y puesta en valor de obras públicas en lo que Costa Díaz describe como “una acertada y estratégica visión empresarial”, dado que empezó a recibir contrataciones directas “casi en simultáneo con Derby Eland”. Ecomlat lleva ganada una licitación pública y 19 contrataciones directas. ¿Quién era la competencia en esa única licitación en la que participó? Derby Eland.
Al igual que Santander, Alejandro Monti también figura con ingresos hasta 15 mil pesos y no está registrado como empleador ante la AFIP. el director suplente Pedro Monti, quien sería su padre. Pedro Monti tiene otras tres empresas: Paxer SA, que se dedica a la venta al por mayor de papel y cartón; Humont Lab, que comercializa productos veterinarios; y Desycar, que presta “servicios de estibaje”. No obstante, figura ante la AFIP como jubilado y no como empleador. Según advierte Costa Díaz, las empresas “carecen de sitio web y se desconocen antecedentes de construcción de obra pública”.

52 pesos

Costa Díaz encontró otro dato que llama la atención: las contrataciones directas de estas empresas se dieron en tandas de cuatro. Por ejemplo, en febrero de este año ganó cuatro compulsas Derby Eland. En abril, otras cuatro las ganó EcomLat. “Estas empresas sistemáticamente se intercambian el lugar de ganador y perdedor en las contrataciones”, advirtió Costa Díaz. Las tandas de contrataciones siguieron hasta julio. El acumulado por las dos empresas es de 47.092.769 de pesos.
Los montos por las que ganaron también llamaron la atención de la comunera. El tope para una contratación directa es de dos millones de pesos. En las cuatro contrataciones que ganó Derby Eland en febrero, cada una fue por 1.999.948 pesos. Es decir, 52 pesos menos que el tope para contrataciones directas.
La ley porteña 2095 impide dividir una misma obra en partes para evitar las licitaciones. A juicio de Costa Díaz, esto es lo que ocurrió aquí: “Se ha producido una maniobra explícitamente prohibida por la ley que es el desdoblamiento de contrataciones que tienen un mismo objeto”, indicó Costa Díaz, quien indicó que los llamados se hicieron en grupos de cuatro para evitar la licitación pública. También señaló que evitaron consultar a las Juntas Comunales en cada caso. “Macchiavelli no nos consulta nada. Hace cuatro años que tenemos comunas y el funcionario las ignora”, señaló Costa Díaz. “Hace tiempo que venimos viendo que Macchiavelli abusa de las contrataciones directas y las licitaciones privadas. Con el último aumento de los topes, se vio todavía más”, advirtió la comunera. “Con estas contrataciones cruzó una raya: 24 contrataciones en cinco meses con un mismo objeto”, remarcó.
Costa Díaz destacó que las denuncias contra Macchiavelli vienen de lejos: “En 2012 señalamos que desdobló licitaciones para poder evitar la licitación pública. En ese año, tres empresas se beneficiaron por nueve millones de pesos de esta manera. En 2013 señalamos que el 40 por ciento de las obras de la secretaría había evitado la licitación pública llegando a licitar una obra que no entraba en la categoría de publica por 68 centavos en una clara manipulación de las cifras”, recordó la comunera. “En ese mismo período, resolvió utilizar un mecanismo excepcional acortando los plazos en el 100 por ciento de las licitaciones públicas lo que significa menos publicidad del acto desvirtuando de esta manera la normativa. En 2014 demostramos que había hecho construir unos bulevares en Avenida Cabildo que cuando los hizo sabían que serían demolidos cosa que finalmente ocurrió. Recordamos esto porque el PRO se victimiza diciendo que es objeto de una campaña sucia cuando en realidad venimos hace años señalado que manejan el dinero público de forma roñosa”, destacó.
De hecho, no es la primera vez que la secretaría de Gestión Comunal utiliza este mecanismo con estas dos empresas. Costa Díaz indicó que este mismo procedimiento se repitió el año pasado, hasta sumar en estas dos empresas 38 contrataciones en un año. “En el período de mayo a noviembre de 2014, también Derby Eland y Ecomlat le facturaron a la Secretaría de Gestión Comunal por la reparación de veredas. Mientras Derby Eland lo hizo por 11.948.000 pesos, Ecomlat le facturó por 15.966.000 pesos”, indicó Costa Díaz. En dos años, entonces, las dos empresas consiguieron recaudar 64 millones de pesos en reparación de veredas. Todo un éxito para dos compañías que comenzaron esa actividad en 2013.