30 sept 2015

Juicio por “La Línea”: principal acusado confirma implicancia de expresidente Pérez Molina

GUATEMALA
En audiencia de etapa intermedia del Caso “La Línea”, Salvador Estuardo González, también conocido como Eco y expresidente del diario Siglo.21, confirmó las acusaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señalan a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de estar a la cabeza y beneficiarse de una estructura de defraudación aduanera y contrabando.




“Fui yo quien identificó como Uno y Dos al Presidente -Otto Pérez Molina- y a la Vicepresidenta -Roxana Baldetti- para efectos de distribución del dinero”, declaró González en el Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien en los próximos días deberá decidir si se realizará un debate en el Caso La Línea.

Las reveladoras declaraciones de Eco apuntan a que Pérez Molina y Baldetti recibían el 50 por ciento del dinero que la estructura percibía por los cobros ilegales que se realizaban a importadores, supuestamente a cambio de facilitar el ingreso de mercancías al país.

En el testimonio, González también aceptó su responsabilidad. “En ese momento tenía que haber dicho que si no está normado, era ilegal; tuve que haber dicho que no -iba a participar- y sin embargo, lo hice”, indicó.

EL CONTACTO CON BALDETTI

En la audiencia Eco declaró que conocía desde su infancia a Juan Carlos Monzón, pero cuando éste ocupaba el cargo de secretario privado de la Presidencia, le recomendó para que pusiera en marcha siete sociedades anónimas que se encontraban a nombre de Baldetti, y posteriormente, para que prestara una asesoría para ayudar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a elevar la recaudación fiscal.

Sin embargo, Eco dijo que en la SAT las cosas cambiaron. “Entre lo que se me pidió que hiciera a lo que terminé haciendo, fue una diferencia muy grande (…) se trató de darle apariencia de legalidad a transacciones que no lo eran”, explicó al juez.

González indicó que le presentaron a Pérez Molina por recomendación de Baldetti, y en esa reunión conoció a Carlos Muñoz, entonces titular de la SAT; entonces fue designado como el encargado del dinero que recibían directamente de los importadores y que no ingresaba al Estado, pues ese cobro supuestamente de “agilización de trámites aduaneros” se transfería a la estructura de defraudación, incluyendo a los entonces presidente y vicepresidenta de la República. “Yo tenía que llevar el control específico de eso”, declaró.

También dio detalles sobre otros señalados en el Caso La Línea, como la entonces intendente de Aduanas, Claudia Méndez, a quien supuestamente se le entregó dinero; y su relación con Osama Aranki y Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez.

Tras un receso de 45 minutos otorgado por el juez Galvéz, González continuó su declaración. Indicó que “pasé del remordimiento al arrepentimiento” después de ser capturado.

Asimismo detalló cómo se repartía el 61 por ciento del que los fiscales del MP hacían referencia. Según dijo, el 50 por ciento se lo entregaba a Juan Carlos Monzón, que a palabras del exfuncionario, se lo entregaba a Pérez y a Baldetti.

El 5 por ciento restante era para la exintendente de Aduanas, el 4 por ciento, para Juan Carlos Monzón y el 2 por ciento, para él.

Al finalizar, “Eco” indicó que está dispuesto a realizar “los careos que haga falta” y a que la gente que mencionó en sus declaraciones se manifieste. Agregó que fue víctima de sí mismo y pidió disculpas a su familia.

“No me estoy defendiendo, estoy contando los hechos tal y como los viví. Eso es lo que tengo que decir, señor juez” concluyó González.

INTENTARON FRENARLO

Antes de la declaración de González, el abogado Francisco García Gudiel, abogado defensor de Carlos Muñoz, busca frenar la declaración de González, argumentando que se debía suspender la audiencia por faltar tres de los acusados.

Al continuar la apertura del juicio, el juez Gálvez debió aclarar a González que estaba en su derecho de declarar en ese momento procesal pese a que unos abogados defensores habían dicho que no.

EL CASO

Dentro del MP y la CICIG, Eco es señalado como el propietario fachada de las propiedades de la cúpula de la estructura criminal. El 4 de abril del presente año se efectuaron las primeras capturas del caso de defraudación aduanera La Línea. Inicialmente se capturaron 22 personas que fueron trasladadas a Torre de Tribunales, donde la jueza Marta Sierra de Stalling dictó prisión preventiva a todos los implicados, excepto a tres cabecillas.

Salvador González Álvarez, alias Eco, y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, quienes según el Ministerio Público (MP) eran líderes dentro de la red de defraudación aduanera La Línea, quedaron en libertad provisional por orden de la jueza Sierra de Stalling, hasta el 8 de junio que fueron recapturados luego de que la CICIG y el MP dieran a conocer el caso del Bufete de la Impunidad en que la jueza está señalada.

Como evidencia para fundamentar la acusación contra los presuntos integrantes de la estructura, el MP contaba con 88 mil 920 escuchas telefónicas, 5 mil 906 correos electrónicos, 165 mil documentos, 100 informes, 17 allanamientos y 32 agendas.

A la fecha se han agregado a las capturas relacionadas con el caso de La Línea, pero se desconocen pormenores de la mayoría de empresas relacionadas al pago de los sobornos.

Mientras tanto, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, permanece desaparecido.

La Hora

29 sept 2015

La nueva fuerza en el mercado laboral alemán

La llegada de refugiados es una oportunidad para paliar parcialmente el declive demográfico y aprovechar mano de obra barata.
DIE WELT 29 SEP 2015 -


Ulrich Benke (derecha) está muy satisfecho con su aprendiz, Yamoussa Sylla. / ANDREAS BUCK
Ulrich Benke está entusiasmado con su nuevo aprendiz. Asegura que es muy trabajador: “Me gustaría poder decir lo mismo de algunos de mis discípulos alemanes”. Yamusa Sylla, un muchacho guineano, llegó solo con 15 años a Alemania como refugiado. Ahora, el joven habla perfecto alemán y está aprendiendo el oficio de metalúrgico en la empresa de Benke en Schwerte, en Renania del Norte-Westfalia. Benke está contento de contar con Yamusa, ya que le cuesta encontrar buenos aprendices.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este año llegarán a Europa un millón de personas en busca de asilo, unas 800.000 a Alemania, la mitad menores de 25 años.

Los refugiados pueden contribuir a paliar algo el problema demográfico de Alemania y de Europa. Se prevé que ya entre 2013 y 2020 la población en edad de trabajar se reduzca en 7,5 millones de personas (un 2,2%) en el continente. Así, Europa tiene que recurrir a refugiados como Sylla también por su propio interés.

Actualmente, los demandantes de asilo son mejor acogidos en Alemania que en la década de 1990. Una de las razones es que entonces la presión demográfica aún no era tan grande. Y es que, en comparación con la situación internacional, el envejecimiento de la población alemana es particularmente dramático. Hace poco, la Fundación Bertelsmann calculaba que si la mayor economía de Europa quiere mantener estable hasta 2050 su número de trabajadores y su sistema social, necesita cada año medio millón neto de inmigrantes. Este año, la economía alemana es incapaz de cubrir decenas de miles de plazas en prácticas porque no hay solicitudes. El número de titulados de grado medio desciende, y cada vez más jóvenes optan por una carrera universitaria.

“Los jóvenes [refugiados] están muy motivados”, asegura Berthold Schröder, presidente de la Cámara de Oficios de Dortmund. Un proyecto piloto está formando a 20 demandantes de asilo, cinco de ellos sirios. Aprenden carpintería, construcción y reparación de tejados, electricidad o electromecánica. Previamente reciben cursos intensivos de matemáticas y alemán, y han seguido una “orientación intercultural”. Algunos han obtenido un título alemán de grado medio. Mientras dura la formación, se “tolera” su presencia en el país, aunque todavía no se haya reconocido su condición de refugiados.

También en otras ciudades hay proyectos como el de Dortmund. La asociación Berliner Stadtmission forma a refugiados como montadores y vendedores de bicicletas. Los emigrantes llevan ya dos meses reparando bicicletas que la gente ha donado en un taller cercano a la estación central.

No obstante, los refugiados no empiezan como aprendices desde el primer momento. “Antes que nada queremos preparar a las personas para el aprendizaje”, explica Thomas Jaeger, de la Berliner Stadtmission. El proyecto trabaja con la denominada “cualificación para el ingreso” (EQ, por sus siglas en alemán). “Se trabajan también la puntualidad, la organización y la seriedad”, explica.
Un efecto positivo

El ministro del Interior federal, Thomas de Maizière(democristiano), asume que Alemania necesita inmigrantes jóvenes, pero recalca que deben ser cualificados. Entre los refugiados hay muchos bien preparados, “pero en ningún caso tantos como nos esperamos”, declaraba De Maizière hace poco en un congreso de demografía en Berlín.

En la historia de Alemania ha habido casos de inmigración planificada, como en la década de 1960, pero también no planificada, como en la década de 1990, cuando fueron acogidos los refugiados de los Balcanes. Toda la migración ha tenido algo en común: hasta ahora nunca ha provocado un aumento del paro, un descenso de los salarios o un incremento de los costes sociales. “Es algo que no se puede demostrar. El efecto de la migración sobre el mercado laboral es positivo, aunque muy limitado”, precisa Holger Bonin, experto en mercado de trabajo del Centro para la Investigación Económica Europea de Mannheim. Lo mismo se observa a escala internacional. Incluso cuando, tras la caída del Telón de Acero, en Israel la población activa aumentó de golpe un 30%, el efecto sobre el mercado laboral solo duró un año y medio.

La experiencia de anteriores crisis migratorias ha mostrado que los inmigrantes “pueden proporcionar una valiosa contribución al bienestar social y económico de un país”, señala la OCDE en su último informe sobre migraciones. Sea como sea, Yamusa Sylla está a gusto entre los 20 trabajadores de la fábrica de Schwerte. A lo mejor cuando acabe el grado medio puede hacer el superior: “O hasta montar mi propia empresa”.

Con información de Stefan von Borstel, Martin Greive y Benno Müchler.

Traducción de News Clips.

Perú decreta el estado de emergencia por un conflicto minero

Cuatro manifestantes mueren en los enfrentamientos con la policía y hay 22 heridos
JACQUELINE FOWKS Lima 30 SEP 2015 -



Manifestantes que se oponen al proyecto minero cuprífero Las Bambas. / EFE

El Gobierno peruano decretó ayer el estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Apurímac, en la sierra sur de Perú, y otras de dos de Cuzco, tras las protestas del pasado lunes contra el proyecto minero de extracción de cobre Las Bambas, que dejaron cuatro muertos y 22 heridos en un enfrentamiento con la policía. La medida, que suspende “los derechos constitucionales relativos a la seguridad y libertad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito”, estará vigente 30 días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas, Chincheros, Espinar y Chumbivilcas.

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) empezaron el pasado viernes un paro indefinido contra MMG —compañía china a cargo del proyecto Las Bambas, el más grande del país, y que debe producir 400.000 toneladas de cobre a partir de 2016—, para protestar por una modificación en el estudio del impacto ambiental de la extracción. La policía reprimió el pasado lunes las movilizaciones y el enfrentamiento se saldó con la muerte de cuatro manifestantes, y 22 heridos: 16 civiles y ocho agentes.

El lunes se registró un nuevo episodio de violencia, cuando la policía intentó reducir a unos 300 manifestantes, que se encontraban cerca del campamento minero, con bombas lacrimógenas y disparos. El gobernador regional del departamento de Apurímac, Wilber Saavedra, pidió además que una comisión de alto nivel del Gobierno viaje al lugar.

Cuando la empresa MMG compró Las Bambas a la compañía suiza Xtrata, modificó el estudio de impacto ambiental

Las organizaciones locales aseguran que intentaron dialogar con los representantes de MMG y del Ministerio de Energía y Minas para que les explicaran las modificaciones, pero sin éxito. Sin embargo, un comunicado difundido por la empresa la noche del lunes afirma que ha actuado “conforme a la ley y exhorta a recuperar la paz en la zona”. Según estas organizaciones, la empresa cambió los parámetros ambientales “sin respetar los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información” .

El cambio, realizado por MMG al comprar el proyecto a la compañía suiza Xstrata, anula la construcción de un mineroducto subterráneo para trasladar los materiales extraídos. E introduce además la construcción de un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, y el transporte de las sustancias mediante camiones. La concesión minera, de 35.000 hectáreas, se encuentra en una cabecera de cuenca, lo que haría aún más peligroso un posible vertido tóxico.

La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Entonces, un grupo de jóvenes subió a un cerro aledaño al campamento minero.

Henry Chávez, trabajador en Apurímac del Observatorio de Conflictos Mineros (un proyecto de una ONG ambientalista), afirmó que los manifestantes no pretendían tomar las instalaciones, pero horas después el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reportó 22 detenidos por ingresar a la concesión minera.

Piden el procesamiento de directivos del BNP por lavado

La Procelac y la fiscal del caso aseguraron que hay pruebas suficientes que demuestran que los 22 imputados integraron una organización destinada a lavar activos, por unos 1000 millones de dólares. Carlos Gonella viajó a París en busca de colaboración con la investigación en curso.

29 de Septiembre de 2015 |




La causa que investiga el supuesto lavado de dinero desde la sucursal local del banco francés BNP Paribas, por unos 1000 millones de dólares, dio ayer dos novedades. Mientras que en el ámbito local, los fiscales que siguen el caso pidieron el procesamiento de 22 directivos y empleados, tanto franceses como argentinos, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, inició gestiones en París, capital de Francia, con vistas a lograr colaboración para la investigación.
El juez Osvaldo Daniel Rappa recibió ayer el pedido de los fiscales Paula Asaro, a cargo de la causa; Horacio Azzolín, fiscal de la Procuración; y Carlos Gonella, titular de la Procelac. Los tres requirieron que se dicten los procesamientos de los 22 directivos y empleados franceses y argentinos de la entidad financiera, y se declare, en carácter de medida cautelar, la inhibición general de bienes de los acusados y de BNP Paribas SA. 
Los imputados están acusados de cometer asociación ilícita para el lavado de dinero.
Respecto de la firma, los fiscales solicitaron además "la prohibición de modificar la composición accionaria/del capital" y "la prohibición de distribuir dividendos", medidas que tienen como objetivo "garantizar de modo suficiente la sujeción de los bienes a este proceso".
El texto de 160 carillas indicó que "se encuentran reunidos elementos de convicción suficientes para estimar que los encartados integraron, entre los años 2000 y 2008, una organización destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario".
Los funcionarios precisaron que "el análisis de los indicios colectados revela la intervención concreta y directa de la oficina de Clientela Privada Internacional del 'BNP Paribas' Buenos Aires en un proceso dinámico lógico de gestión integral del patrimonio ajeno por fuera del circuito legal establecido".
Los acusados sobre los que el juez Rappa debe resolver su situación procesal son los ex directores generales de BNP Ghislain Martín de Bauce (1995-2000), Philippe Yves Henry Joannier (2001-2006) y Christian Marie Francois Giraudon (2006-2008); los directores administrativos Christian Armand Agustín Abeillon (1998-2006) y Michel Michael Basciano (2006-2008), entre otros.
La presentación de los fiscales coincidió con las audiencias que mantiene desde ayer en París el fiscal Gonella para pedir la cooperación a funcionarios del Estado francés en la investigación de las cuentas aún no identificadas que guardaban dinero de procedencia ilícita. La agenda de Gonella comenzó ayer con una reunión con la fiscal nacional financiera Eliane Houlette y continuará hoy con un encuentro con el gobernador del Banco de Francia y presidente de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Christian Noyer. Gonella también será recibido por la presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, Michele André, y por el relator general de la misma comisión, Albéric de Montgolfier.
Mañana, el fiscal antilavado tiene previsto reunirse con el director del Servicio de Tratamiento de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Tracfin), Bruno Dalles, una agencia que tiene similares objetivos en su país a la Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina.
Por la tarde, Gonella será recibido por el secretario de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Yves Censi. Su actividad en París culminará el jueves con una conferencia de prensa que brindará el fiscal en la sede de la Embajada argentina en la capital francesa.

"Tiene que haber cifras exactas de las desapariciones forzadas"

 MEXICO

Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades de gobierno a las "muy graves" situaciones de violencia que vive el país azteca, entre las que subrayaron las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y torturas. En ese sentido, el vicepresidente de la CIDH, James Cavallaro, solicitó la coordinación entre los estados mexicanos para tener más y mejor información oficial.


"Hay situaciones muy graves, nadie cuestiona la gravedad de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de lo que pasa a los periodistas o a defensores de los derechos humanos", lamentó el vicepresidente del organismo de la CIDH, que encabeza una gira de una semana para observar sobre el terreno la situación en los estados de Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Guerrero.
"Estamos en México por las preocupaciones que tenemos sobre la situación y por la invitación del Estado para un monitoreo permanente", explicó Cavallaro. En el marco de esta gira, que culminará el viernes con la presentación de un informe preliminar, la CIDH tiene previstas reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de la sociedad civil, órganos autónomos y víctimas.
Además de Cavallaro, la delegación está integrada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
Tras las dos reuniones de ayer en las que participaron 40 funcionarios federales, Cavallaro afirmó hoy que si bien el gobierno "reconoce" que hay violaciones a los derechos humanos, este debe mejorar la forma de "atender" los casos.
Aunque el vicepresidente de la CIDH valoró positivamente el documento oficial que recibieron con información solicitada en la materia, señaló que faltan datos: "Tiene que haber más trabajo para que haya cifras exactas de desaparición forzada, lo que exige coordinación entre los estados".
Por su lado, Álvarez de Icaza resaltó que las autoridades reiteraron que atenderán las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 estudiantes hace un año en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
En un informe presentado a principios de este mes, el GIEI denunció graves irregularidades y desmontó la versión oficial de que los 43 jóvenes, tras ser detenidos por policías corruptos, fueron asesinados y quemados en un basurero.
Hoy, toda la comitiva de la CIDH se reunió con los familiares de los 43 estudiantes, a quienes manifestaron total respaldo a la exigencia de justicia. El encuentro se produjo en la escuela normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, recibidos con aplausos y la banda de guerra de la institución, donde se reunieron en privado con las familias de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado tras ser atacados por policías aliados con un grupo criminal.
"Hemos escuchado las voces de los padres de familia y se ha registrado todo lo que ellos han querido decir. Nosotros como CIDH compartimos el dolor de los padres de familia y de los mismos estudiantes quienes han sido afectados", declaró la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine.
De igual manera, dio a conocer que el caso de Ayotzinapa es "uno de los más tristes" en los que ha intervenido, pues a pesar de que los hechos ocurrieron hace un año, la indignación de los padres de familia es la misma por no encontrar respuestas claras por parte de las autoridades.
"Estamos aquí para colaborar con las acciones de investigación. Los hechos de Iguala (municipio en el que fueron atacados los jóvenes) deben de ser esclarecidos y se debe llegar a la localización de los estudiantes desaparecidos", sostuvo Belle Antoine.