El ex titular de la entidad judía es uno de los más importantes imputados en el juicio oral por embarrar la investigación de la causa AMIA.
Gabriel A. Morini 06 de Octubre de 2015 |
Los silbidos y los insultos comenzaron a arreciar y, de a poco, muchos de los asistentes comenzaron a ponerse de espaldas. Era el acto por el tercer aniversario del atentado a la AMIA con la presencia de altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem, entre ellos Carlos Corach. Hacía poco más de un año que la versión de los policías bonaerenses como nexo local de la voladura se había transformado en el eje de la causa.
Los silbidos y los insultos comenzaron a arreciar y, de a poco, muchos de los asistentes comenzaron a ponerse de espaldas. Era el acto por el tercer aniversario del atentado a la AMIA con la presencia de altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem, entre ellos Carlos Corach. Hacía poco más de un año que la versión de los policías bonaerenses como nexo local de la voladura se había transformado en el eje de la causa.
"No voy a responder a las provocaciones. Quiero justicia, pero la justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y aunque tenga que poner la vida para que eso suceda, y aunque me gane el disgusto de ustedes, voy a luchar por eso sin claudicación", gritó, en tono desbocado para intentar tapar la silbatina, Rubén Ezra Beraja, poderoso titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El sonido ensordecedor del abucheo marcó el quiebre de confianza de las víctimas y sus familiares con la dirigencia comunitaria, cuyos estrechos lazos con el poder político de la época serían revelados recién años más tarde. Esa misma tarde, una comitiva de la DAIA con Beraja y Oscar Hansman a la cabeza fueron a Casa Rosada a expresar sus disculpas al presidente. "No compartimos los agravios y las acusaciones al Presidente de la Nación. No compartimos aquellas manifestaciones que implican acusaciones genéricas", sostuvo el ex titular del Banco Mayo. Le pidieron perdón por el discurso de Laura Ginsberg, familiar de una víctima que enunció por primera vez el "Yo acuso" que apuntó al seno del menemismo como encubridor de la voladura del edificio de Pasteur 633.
Beraja es uno de los más importantes imputados sentados en el banquillo en el juicio oral que se desarrolla por el encubrimiento de la investigación sobre el atentado, acusado de haber sido partícipe secundario de peculado por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que ampliara su indagatoria y apuntara contra el grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli.
El sonido ensordecedor del abucheo marcó el quiebre de confianza de las víctimas y sus familiares con la dirigencia comunitaria, cuyos estrechos lazos con el poder político de la época serían revelados recién años más tarde. Esa misma tarde, una comitiva de la DAIA con Beraja y Oscar Hansman a la cabeza fueron a Casa Rosada a expresar sus disculpas al presidente. "No compartimos los agravios y las acusaciones al Presidente de la Nación. No compartimos aquellas manifestaciones que implican acusaciones genéricas", sostuvo el ex titular del Banco Mayo. Le pidieron perdón por el discurso de Laura Ginsberg, familiar de una víctima que enunció por primera vez el "Yo acuso" que apuntó al seno del menemismo como encubridor de la voladura del edificio de Pasteur 633.
Beraja es uno de los más importantes imputados sentados en el banquillo en el juicio oral que se desarrolla por el encubrimiento de la investigación sobre el atentado, acusado de haber sido partícipe secundario de peculado por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que ampliara su indagatoria y apuntara contra el grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli.
Para la justicia, el ex titular de DAIA y el principal y más influyente dirigente comunitario consintió y avaló la compra de ese testimonio que desvió el curso de la pesquisa. Paradójicamente, la querella que representa AMIA y DAIA no lo acusa.
Los secretarios del juzgado de Juan José Galeano, Carlos Alfredo Velazco y Javier De Gamas, confirmaron que el 1º de julio de 1996 en horas de la tarde, el magistrado les pidió que pusieran el video grabado con cámara oculta de su negociación con Telleldín. El reducidor había hablado con el juez esa misma mañana, donde pactaron las alternativas de su ampliación de indagatoria que se daría cuatro días después.
Los secretarios del juzgado de Juan José Galeano, Carlos Alfredo Velazco y Javier De Gamas, confirmaron que el 1º de julio de 1996 en horas de la tarde, el magistrado les pidió que pusieran el video grabado con cámara oculta de su negociación con Telleldín. El reducidor había hablado con el juez esa misma mañana, donde pactaron las alternativas de su ampliación de indagatoria que se daría cuatro días después.
Beraja –representante de la querella más poderosa- y Galeano vieron juntos ese video. Para Beraja, el acuerdo que explicitaban las imágenes fueron sólo "preparativos de la declaración indagatoria".
En su declaración, el jueves pasado, Telleldín apuntó que los dirigentes comunitarios "sabían y controlaban lo que estaba ocurriendo", en relación al pago y su verdadera finalidad. Pero señaló especialmente lo que le dijo Beraja sobre el cambio de su versión en una reunión llevada a cabo en una oficina del juzgado de Galeno que no quedó asentada en la causa: "Haga lo que tenga que hacer y vaya a su casa."
Según el expediente, Beraja mantuvo –en los albores de la negociación- dos encuentros en 1996 con Víctor Stinfale, por entonces abogado del principal imputado por el atentado, donde surgió la posibilidad de comprar los derechos para un supuesto libro en el que Telledín contaría su versión sobre los policías a los que les habría entregado la Traffic en medio de una extorsión, el 10 de julio de 1994.
En su declaración, el jueves pasado, Telleldín apuntó que los dirigentes comunitarios "sabían y controlaban lo que estaba ocurriendo", en relación al pago y su verdadera finalidad. Pero señaló especialmente lo que le dijo Beraja sobre el cambio de su versión en una reunión llevada a cabo en una oficina del juzgado de Galeno que no quedó asentada en la causa: "Haga lo que tenga que hacer y vaya a su casa."
Según el expediente, Beraja mantuvo –en los albores de la negociación- dos encuentros en 1996 con Víctor Stinfale, por entonces abogado del principal imputado por el atentado, donde surgió la posibilidad de comprar los derechos para un supuesto libro en el que Telledín contaría su versión sobre los policías a los que les habría entregado la Traffic en medio de una extorsión, el 10 de julio de 1994.
Su versión sobre esos encuentros apuntó a que buscaba convencer al reducidor para que confesara el verdadero destino de la camioneta. El testimonio del ex prosecretario de Galeano, Claudio Lifschitz, terminó de comprometer su situación al asegurar que el magistrado "era apoyado en forma incondicional por la querella AMIA y DAIA".
La relación del dirigente con la camarista Luisa Riva Aramayo –quien originó la versión sobre la extorsión de los bonaerenses y se la dijo a Galeano- y con el todo poderoso ministro menemista Carlos Corach lo ubican a Beraja en el centro de la escena sobre su nivel de conocimiento acerca de la maniobra que se estaba montando.
Incluso, el principal abogado de la querella de DAIA, Rogelio Cichowolski, mantuvo un contacto telefónico con Stinfale el mismo día en el que se llevó a cabo el pago de la primera cuota de 200 mil dólares, en la sucursal Ramos Mejía del Banco Quilmes.
Pero de acuerdo a la investigación, toda la estrategia entró en crisis cuando desapareció una de las copias del video con Telledín de la caja fuerte de Galeano. Esa cinta terminó en manos de Ribelli y fue exhibida en los medios de comunicación meses más tarde. La situación desesperó a Galeano, pero también a Beraja, quien se comunicó con Stinfale para hacerle saber la necesidad de firmar un "legajo de recompensa", una vía judicial para destinar dinero a quien aportara información clave para desentrañar la causa AMIA.
Pero de acuerdo a la investigación, toda la estrategia entró en crisis cuando desapareció una de las copias del video con Telledín de la caja fuerte de Galeano. Esa cinta terminó en manos de Ribelli y fue exhibida en los medios de comunicación meses más tarde. La situación desesperó a Galeano, pero también a Beraja, quien se comunicó con Stinfale para hacerle saber la necesidad de firmar un "legajo de recompensa", una vía judicial para destinar dinero a quien aportara información clave para desentrañar la causa AMIA.
El propio ex titular de la DAIA reconoció gestiones ante los medios para evitar la difusión de la cinta, bajo el argumento de que podría desestabilizar la causa. Para la justicia, el 6 de mayo de 1997 Stinfale -en connivencia con Galeano y con Beraja- presentó el escrito en el que solicitó la recompensa, en nombre de Telleldín por haber supuestamente colaborado para esclarecer el atentado, algo que fue ratificado por el reducidor un mes después. Eso habría terminado de cerrar el círculo para justificar el pago que había sido ya realizado con fondos de la SIDE.
En una escucha con Galeano, el 19 de octubre de 2001, Beraja le propuso avanzar en el armado de una pista externa alternativa: "Busquemos por el lado de (Osama) Bin Laden", le sugirió al recordar algo que había sido abordado sin éxito en 1998, por lo que reconoció que "era una punta muy difícil de encontrar" si no "colaboraban los servicios internacionales". Ya fuera de mandato en la DAIA, Beraja fue preso un tiempo por el desfalco en 300 millones de dólares del Banco Mayo por préstamos incobrables que le otorgó el Banco Central y que terminaron por ser desviados. Antes de ello, había recalado en la famosa "Oficina de Ética Pública", creada por el menemismo con el objetivo de atemperar las críticas sobre la corrupción de su gestión.
En una escucha con Galeano, el 19 de octubre de 2001, Beraja le propuso avanzar en el armado de una pista externa alternativa: "Busquemos por el lado de (Osama) Bin Laden", le sugirió al recordar algo que había sido abordado sin éxito en 1998, por lo que reconoció que "era una punta muy difícil de encontrar" si no "colaboraban los servicios internacionales". Ya fuera de mandato en la DAIA, Beraja fue preso un tiempo por el desfalco en 300 millones de dólares del Banco Mayo por préstamos incobrables que le otorgó el Banco Central y que terminaron por ser desviados. Antes de ello, había recalado en la famosa "Oficina de Ética Pública", creada por el menemismo con el objetivo de atemperar las críticas sobre la corrupción de su gestión.
Por Darío Pignotti