Recetas neoliberales contra la inflación que no funcionan. La ortodoxia económica recomienda una recesión planificada
Por Bruno Susani *
23 de octubre de 2022
La inflación argentina dejó de ser un problema económico y se convirtió en uno político. Imagen: Carolina Camps
A pesar de las teorías que circulan en los medios hegemónicos, la inflación resulta de la impunidad de las empresas para remarcar los precios y nace principalmente de la voluntad de aumentar los beneficios.
El incremento de los precios de los bienes de primera necesidad provoca la desesperanza de los ciudadanos que observan la impunidad de quienes aumentan y remarcan. Este hecho hace que la inflación deje de ser un problema económico y deba ser tratado como el resultado de una crisis del funcionamiento de las instituciones. La inflación está, además, asociada a la distribución del ingreso: es un problema político.
Entre 1976 y 2003 el rol del Estado se redujo a ejercer funciones represivas, de policía y justicia, tal como sugiere la teoría económica liberal. Se pretendió olvidar que la eficacia económica depende de una combinación armoniosa de la educación y de la capacitación de los trabajadores, del acervo de capital, de las infraestructuras y de la aplicación de políticas económicas activas y justas.
Las regulaciones necesarias para el funcionamiento óptimo de la economía fueron suprimidas, y también fueron abandonadas las políticas industriales y energéticas, así como la protección de los consumidores y de los trabajadores. Se disminuyó el número de inspectores del trabajo dando mayor lugar a la creación de empleo informal, dejaron de practicarse los controles de precios reduciendo la cantidad de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior, se alentó la evasión fiscal, se abandonó la política cambiaria favorable a la industrialización, se privatizaron las empresas de servicios públicos.
Esto condujo a una inflación generalizada y a la aparición de la pobreza que era del 3,5 por ciento en 1976 y ahora devino masiva y alcanza más del 35 por ciento de la población. Cifra que, conviene recordarlo, era del 50 por ciento en 1989 y superior en 2002. La inflación es la consecuencia del retroceso de las instituciones del Estado y, muy en particular, de aquellas que avalan la impunidad a la trasgresión de la ley.
En la mayoría de los países avanzados se observa hoy una caída importante de las tasas de crecimiento. Algunos de ellos, como Estados Unidos, se encuentran en una recesión técnica- es decir con dos trimestres consecutivos de caída del PIB- mientras otros como Alemania entrarán en recesión en 2023.
Mientras tanto en el primer semestre 2022 la tasa de crecimiento del PIB argentino fue del 6,5 por ciento lo cual ubica al país entre los que más crecieron en América Latina y en el mundo. La industria automotriz aumentó su producción un 30 por ciento en el mismo periodo, el consumo privado se incrementó 10,8 por ciento, la inversión aumentó 14,8 por ciento respecto del 2021 y fue superior al 28 por ciento del 2019, último año del gobierno macrista monitoreado por el FMI.
En Argentina, las políticas económicas anticíclicas aplicadas que logran resultados significativos tratan de ser neutralizadas por quienes apuestan a la recesión y a la inflación. No sorprende que la prensa financiera no publique estas evoluciones positivas y los remarcadores de precios asociados a la oligarquía y al agrobusiness traten de impedir la prosecución de esta evolución que nadie esperaba.
Sus economistas proponen políticas económicas que restringen el crecimiento económico para “luchar la inflación” que ellos mismos provocan. En efecto, la remarcación de precios, la evasión impositiva, el contrabando de granos, la fuga de capitales anulan o limitan fuertemente los efectos de las políticas de expansión de la inversión privada, del gasto público y del incremento de los ingresos de los trabajadores sobre la base de los cuales se articula el crecimiento económico.
Los economistas ortodoxos continúan pregonando sus ideas en los medios complacientes: la inflación se debe a la expansión de la emisión monetaria necesaria para la financiación del gasto público. La vieja y raída doctrina monetarista que John M. Keynes llamaba, en el capítulo XXI de la Teoría General, un truismo, sigue siendo pregonada en Argentina como la verdad revelada. Ni el FMI se atreve a tanto y, menos aun, el resto del mundo. El neoliberalismo globalizado se hundió en la vorágine de la Gran Recesión de 2009 de la cual no hemos aun salido, pero ya carecía de poca credibilidad con la experiencia del Japón en la década del 90. En cuanto a las teorías que atribuyen la inflación al gasto y a la deuda pública tampoco pueden presentar bases empíricas convincentes y los economistas de las consultoras podrían hacer un esfuerzo e interrogarse sobre el porqué eso se produciría solo en Argentina.
La prensa financiera sostiene que el incremento de los precios se debe a que el Banco Central financia el gasto público del Estado para pagarle a las enfermeras, bomberos, maestros, policías, jueces y además financia la obra pública y la protección social. Los análisis se detienen allí insinuando, en algunos casos, que los mercados anticipan la inflación y argumentan que, si los gastos del Estado disminuyeran, la inflación también lo hará. La mayor parte de la emisión monetaria es realizada por los bancos privados. Esto explica que los monetaristas se contenten con llegar a la mitad del camino estigmatizando al Estado y solo soliciten una disminución del gasto público pero no aludan a los bancos que, en muchos casos, son sus empleadores.
Keynes explicó que “cuando el incremento de la masa monetaria y de la demanda global deja de provocar un incremento de la producción y solo se traduce en un aumento de los costos, solo en este caso podemos hablar de inflación”. Friedman nunca dijo otra cosa: un incremento de la masa monetaria produce inflación en una situación de pleno empleo. En Argentina no estamos en una situación de pleno empleo aunque hay una caída del desempleo histórica al 6,7 por ciento con una tasa de ocupación muy baja pero en crecimiento y la capacidad instalada ociosa que sigue siendo superior al 30 por ciento.
Para el gobierno el costo político de la inflación es muy elevado y si el problema fuera tan simple y mecánico ya hubiera disminuido la masa monetaria. Quienes remarcan los precios pueden clamar que tienen una infinidad de razones para hacerlo, pero algunas son más importantes que otras. La ausencia de competencia debido a la concentración monopólica permite la concertación entre las empresas para fijar los precios sin temer la pérdida del volumen de ventas. Es el caso de los alimentos y de la mayor parte de los bienes de primera necesidad.
Nada puede explicar hoy el incremento de los precios de los alimentos. La inflación resulta de la impunidad de poder de remarcar los precios y nace principalmente de la voluntad de aumentar los beneficios, lo que se ha dado en llamar la puja distributiva. Esta no solo está centrada en la negociación de los salarios y los costos que significa para un empresario contratar un trabajador, sino que es macroeconómica. Es sencillo comprender que los beneficios excesivos obtenidos gracias a la remarcación que produce inflación, explican la pobreza que es la otra cara de la moneda ya que es el resultado de una distribución demasiado desigual del ingreso.
Las cifras aludidas más arriba son explícitas: un crecimiento del 5 por ciento del PIB en 2022 significa que se están agregando a la economía, al gasto global, 26 mil millones de dólares (el 65 por ciento del valor estimado de las exportaciones argentinas de origen agrícola). La prontitud con la con la cual actúan los agiotistas y la complicidad e impunidad de la que gozan para obtener la mayor parte del valor extra que la comunidad nacional ha creado, explica las profundas oposiciones que atraviesan a la sociedad argentina.
El reciente conflicto de los trabajadores de neumáticos frente a un oligopolio ultra concentrado de tres empresas puso en evidencia que una parte de los incrementos de la productividad de los trabajadores que se traducen en aumentos de salarios luego del conflicto serán transferidos a los precios para aumentar los superbeneficios perdidos. Aquí también el poder del capital concentrado se traduce en incrementos de precios con toda impunidad. El General Perón señaló en su discurso en Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953: “Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”. Siete décadas después el aserto es de una actualidad sorprendente. Los superbeneficios no caen del cielo, sino del aumento de la pobreza.
Ordenar la macro
Los economistas ortodoxos y heterodoxos conservadores han inventado una expresión poética: para vencer la inflación hay que ordenar la macro. Keynes, cuya pasión por las artes y la poesía no ha sido desmentida, había sido más preciso: los economistas ortodoxos solo proponen una “recesión planificada”. Simplemente proponen restablecer el equilibrio presupuestario y devaluar.
Pero el déficit presupuestario del país es muy inferior al de los de los países avanzados. Los medios de la oposición abonan este diagnóstico que se resume en la búsqueda a desinformar la opinión publica. El equilibrio presupuestario, si fuera necesario, se puede restablecer aumentando los ingresos del Estado a través de los impuestos directos como retenciones, ganancias, patrimonio, entre otros. Esto, a su vez, moviliza una parte del ingreso atesorado por los más ricos y se reintegra de esta forma al circuito económico.
En este caso el equilibrio presupuestario, el ordenamiento de la macro, tiene un efecto positivo de sostén de la demanda global ya que permite, por lo menos, mantener el gasto al nivel anterior que supuestamente ha desequilibrado el presupuesto y sostener la demanda. Se puede así mismo endeudar al Estado y sugerir que estamos en una emergencia. La solución japonesa es emitir deuda a un nivel altísimo para ser recomprada por los ahorristas japoneses, método que no funciona desde hace 30 años. La otra es endeudar el país como hizo Mauricio Macri y ofrecer los dólares a los amigos para que los fuguen. Se pueden aumentar los impuestos indirectos, el IVA, con la desventaja de aumentar los precios.
La otra opción es disminuir el gasto público, es decir la demanda global y llevar a la economía a una recesión. Es una solución que ha sido utilizada en varias ocasiones y nunca funcionó. Los economistas ortodoxos y los heterodoxos conservadores suponen que la disminución de la demanda global se traducirá instantáneamente en una baja de los precios que restablecerá el equilibrio anterior. Es un error porque los precios, y en particular los salarios, son inflexibles a la baja. Lo que se producirá será un ajuste de las cantidades, un incremento del desempleo y una baja de la producción, como lo señalaba Keynes: una recesión.
*Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2019.
bruno.susani@wanadoo.fr
A pesar de las teorías que circulan en los medios hegemónicos, la inflación resulta de la impunidad de las empresas para remarcar los precios y nace principalmente de la voluntad de aumentar los beneficios.
El incremento de los precios de los bienes de primera necesidad provoca la desesperanza de los ciudadanos que observan la impunidad de quienes aumentan y remarcan. Este hecho hace que la inflación deje de ser un problema económico y deba ser tratado como el resultado de una crisis del funcionamiento de las instituciones. La inflación está, además, asociada a la distribución del ingreso: es un problema político.
Entre 1976 y 2003 el rol del Estado se redujo a ejercer funciones represivas, de policía y justicia, tal como sugiere la teoría económica liberal. Se pretendió olvidar que la eficacia económica depende de una combinación armoniosa de la educación y de la capacitación de los trabajadores, del acervo de capital, de las infraestructuras y de la aplicación de políticas económicas activas y justas.
Las regulaciones necesarias para el funcionamiento óptimo de la economía fueron suprimidas, y también fueron abandonadas las políticas industriales y energéticas, así como la protección de los consumidores y de los trabajadores. Se disminuyó el número de inspectores del trabajo dando mayor lugar a la creación de empleo informal, dejaron de practicarse los controles de precios reduciendo la cantidad de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior, se alentó la evasión fiscal, se abandonó la política cambiaria favorable a la industrialización, se privatizaron las empresas de servicios públicos.
Esto condujo a una inflación generalizada y a la aparición de la pobreza que era del 3,5 por ciento en 1976 y ahora devino masiva y alcanza más del 35 por ciento de la población. Cifra que, conviene recordarlo, era del 50 por ciento en 1989 y superior en 2002. La inflación es la consecuencia del retroceso de las instituciones del Estado y, muy en particular, de aquellas que avalan la impunidad a la trasgresión de la ley.
En la mayoría de los países avanzados se observa hoy una caída importante de las tasas de crecimiento. Algunos de ellos, como Estados Unidos, se encuentran en una recesión técnica- es decir con dos trimestres consecutivos de caída del PIB- mientras otros como Alemania entrarán en recesión en 2023.
Mientras tanto en el primer semestre 2022 la tasa de crecimiento del PIB argentino fue del 6,5 por ciento lo cual ubica al país entre los que más crecieron en América Latina y en el mundo. La industria automotriz aumentó su producción un 30 por ciento en el mismo periodo, el consumo privado se incrementó 10,8 por ciento, la inversión aumentó 14,8 por ciento respecto del 2021 y fue superior al 28 por ciento del 2019, último año del gobierno macrista monitoreado por el FMI.
En Argentina, las políticas económicas anticíclicas aplicadas que logran resultados significativos tratan de ser neutralizadas por quienes apuestan a la recesión y a la inflación. No sorprende que la prensa financiera no publique estas evoluciones positivas y los remarcadores de precios asociados a la oligarquía y al agrobusiness traten de impedir la prosecución de esta evolución que nadie esperaba.
Sus economistas proponen políticas económicas que restringen el crecimiento económico para “luchar la inflación” que ellos mismos provocan. En efecto, la remarcación de precios, la evasión impositiva, el contrabando de granos, la fuga de capitales anulan o limitan fuertemente los efectos de las políticas de expansión de la inversión privada, del gasto público y del incremento de los ingresos de los trabajadores sobre la base de los cuales se articula el crecimiento económico.
Los economistas ortodoxos continúan pregonando sus ideas en los medios complacientes: la inflación se debe a la expansión de la emisión monetaria necesaria para la financiación del gasto público. La vieja y raída doctrina monetarista que John M. Keynes llamaba, en el capítulo XXI de la Teoría General, un truismo, sigue siendo pregonada en Argentina como la verdad revelada. Ni el FMI se atreve a tanto y, menos aun, el resto del mundo. El neoliberalismo globalizado se hundió en la vorágine de la Gran Recesión de 2009 de la cual no hemos aun salido, pero ya carecía de poca credibilidad con la experiencia del Japón en la década del 90. En cuanto a las teorías que atribuyen la inflación al gasto y a la deuda pública tampoco pueden presentar bases empíricas convincentes y los economistas de las consultoras podrían hacer un esfuerzo e interrogarse sobre el porqué eso se produciría solo en Argentina.
La prensa financiera sostiene que el incremento de los precios se debe a que el Banco Central financia el gasto público del Estado para pagarle a las enfermeras, bomberos, maestros, policías, jueces y además financia la obra pública y la protección social. Los análisis se detienen allí insinuando, en algunos casos, que los mercados anticipan la inflación y argumentan que, si los gastos del Estado disminuyeran, la inflación también lo hará. La mayor parte de la emisión monetaria es realizada por los bancos privados. Esto explica que los monetaristas se contenten con llegar a la mitad del camino estigmatizando al Estado y solo soliciten una disminución del gasto público pero no aludan a los bancos que, en muchos casos, son sus empleadores.
Keynes explicó que “cuando el incremento de la masa monetaria y de la demanda global deja de provocar un incremento de la producción y solo se traduce en un aumento de los costos, solo en este caso podemos hablar de inflación”. Friedman nunca dijo otra cosa: un incremento de la masa monetaria produce inflación en una situación de pleno empleo. En Argentina no estamos en una situación de pleno empleo aunque hay una caída del desempleo histórica al 6,7 por ciento con una tasa de ocupación muy baja pero en crecimiento y la capacidad instalada ociosa que sigue siendo superior al 30 por ciento.
Para el gobierno el costo político de la inflación es muy elevado y si el problema fuera tan simple y mecánico ya hubiera disminuido la masa monetaria. Quienes remarcan los precios pueden clamar que tienen una infinidad de razones para hacerlo, pero algunas son más importantes que otras. La ausencia de competencia debido a la concentración monopólica permite la concertación entre las empresas para fijar los precios sin temer la pérdida del volumen de ventas. Es el caso de los alimentos y de la mayor parte de los bienes de primera necesidad.
Nada puede explicar hoy el incremento de los precios de los alimentos. La inflación resulta de la impunidad de poder de remarcar los precios y nace principalmente de la voluntad de aumentar los beneficios, lo que se ha dado en llamar la puja distributiva. Esta no solo está centrada en la negociación de los salarios y los costos que significa para un empresario contratar un trabajador, sino que es macroeconómica. Es sencillo comprender que los beneficios excesivos obtenidos gracias a la remarcación que produce inflación, explican la pobreza que es la otra cara de la moneda ya que es el resultado de una distribución demasiado desigual del ingreso.
Las cifras aludidas más arriba son explícitas: un crecimiento del 5 por ciento del PIB en 2022 significa que se están agregando a la economía, al gasto global, 26 mil millones de dólares (el 65 por ciento del valor estimado de las exportaciones argentinas de origen agrícola). La prontitud con la con la cual actúan los agiotistas y la complicidad e impunidad de la que gozan para obtener la mayor parte del valor extra que la comunidad nacional ha creado, explica las profundas oposiciones que atraviesan a la sociedad argentina.
El reciente conflicto de los trabajadores de neumáticos frente a un oligopolio ultra concentrado de tres empresas puso en evidencia que una parte de los incrementos de la productividad de los trabajadores que se traducen en aumentos de salarios luego del conflicto serán transferidos a los precios para aumentar los superbeneficios perdidos. Aquí también el poder del capital concentrado se traduce en incrementos de precios con toda impunidad. El General Perón señaló en su discurso en Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953: “Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”. Siete décadas después el aserto es de una actualidad sorprendente. Los superbeneficios no caen del cielo, sino del aumento de la pobreza.
Ordenar la macro
Los economistas ortodoxos y heterodoxos conservadores han inventado una expresión poética: para vencer la inflación hay que ordenar la macro. Keynes, cuya pasión por las artes y la poesía no ha sido desmentida, había sido más preciso: los economistas ortodoxos solo proponen una “recesión planificada”. Simplemente proponen restablecer el equilibrio presupuestario y devaluar.
Pero el déficit presupuestario del país es muy inferior al de los de los países avanzados. Los medios de la oposición abonan este diagnóstico que se resume en la búsqueda a desinformar la opinión publica. El equilibrio presupuestario, si fuera necesario, se puede restablecer aumentando los ingresos del Estado a través de los impuestos directos como retenciones, ganancias, patrimonio, entre otros. Esto, a su vez, moviliza una parte del ingreso atesorado por los más ricos y se reintegra de esta forma al circuito económico.
En este caso el equilibrio presupuestario, el ordenamiento de la macro, tiene un efecto positivo de sostén de la demanda global ya que permite, por lo menos, mantener el gasto al nivel anterior que supuestamente ha desequilibrado el presupuesto y sostener la demanda. Se puede así mismo endeudar al Estado y sugerir que estamos en una emergencia. La solución japonesa es emitir deuda a un nivel altísimo para ser recomprada por los ahorristas japoneses, método que no funciona desde hace 30 años. La otra es endeudar el país como hizo Mauricio Macri y ofrecer los dólares a los amigos para que los fuguen. Se pueden aumentar los impuestos indirectos, el IVA, con la desventaja de aumentar los precios.
La otra opción es disminuir el gasto público, es decir la demanda global y llevar a la economía a una recesión. Es una solución que ha sido utilizada en varias ocasiones y nunca funcionó. Los economistas ortodoxos y los heterodoxos conservadores suponen que la disminución de la demanda global se traducirá instantáneamente en una baja de los precios que restablecerá el equilibrio anterior. Es un error porque los precios, y en particular los salarios, son inflexibles a la baja. Lo que se producirá será un ajuste de las cantidades, un incremento del desempleo y una baja de la producción, como lo señalaba Keynes: una recesión.
*Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 2019.
bruno.susani@wanadoo.fr
