.Dos recusaciones y una excusa médica podrían frenar el desarrollo del juicio programado para hoy.
Francisco Palomo, defensor de Ríos Montt, informó que, también confía en que su cliente sea beneficiado con la amnistía contenida en el decreto 8-86 por delitos que se hubieran cometido durante el conflicto armado interno. La Sala Primera de Apelaciones debe resolver sobre ese perdón, cuyo fallo influiría en el desarrollo del nuevo juicio.
Cuatro testigos murieron
Tanto Ríos Montt como Rodríguez Sánchez mantienen arresto domiciliario por el pago de fianzas de Q500 mil cada uno.
La fiscal del caso, Heydi Pineda, explicó que cuenta con la mayoría de testimonios presentados en el Tribunal A.
“De todos los testigos, solo uno ha dicho que no tiene la intención de volver a presentarse en el tribunal, y otros cuatro ya murieron”, dijo Pineda.
Palomo, defensor de Ríos Montt, indicó que tiene preparada su estrategia y espera la resolución favorable de la amnistía que incidiría en el desarrollo del nuevo debate.
También el hecho de que el expediente original del caso se encuentre en la Cámara de Amparos y Antejuicios podría causar retraso al comienzo del segundo juicio.
En el tribunal a cargo del debate se informó que la Cámara solicitó el documento por un amparo presentado por Palomo, quien alega incompetencia de la judicatura. Si no se traslada el expediente, podría aplazarse el juicio.
Debate
En esta ocasión, el juicio contra los dos militares será conocido por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, integrado por las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos.
Ambos militares fueron acusados por el Ministerio Público (MP) ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que el 10 de mayo del 2013 condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, y absolvió a Rodríguez Sánchez por falta de pruebas.
El fallo fue anulado 10 días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), que argumentó que en el desarrollo del debate los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul habían incurrido en errores de procedimiento y que debían ser enmendados.
Paralelo al debate, la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal debe resolver una solicitud de amnistía presentada por Ríos Montt, quien apela al perdón judicial que otorga el decreto 8-86.
La Fiscalía acusa a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez de haberse valido de sus puestos en la institución militar para el diseño de planes ejecutados por la tropa de esa época para exterminar a poblaciones indígenas de San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, Quiché, que por su ubicación forman el denominado Triángulo Ixil.
Ríos Montt tomó el poder el 23 de marzo de 1982, luego de que oficiales jóvenes derrocaran al también general Fernando Romeo Lucas García. Su gobierno se extendió hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue defenestrado por el general Óscar Mejía Víctores, ministro de la Defensa.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico señala los 17 meses que Ríos Montt estuvo al frente del Estado como una época cruenta.
Según la acusación, durante ese período fueron desarrollados los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83 con los cuales fueron ejecutados mil 771 habitantes del Triángulo Ixil, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, cuya característica era la de poblaciones desarmadas no combatientes.
Con los referidos planes militares se pretendía exterminar a los miembros de la insurgencia, y se vio como enemigo interno a los ixiles, de quienes se pensó que ocultaban, alimentaban y apoyaban a la guerrilla.
Durante esa época también se registraron violaciones contra mujeres y niñas, robo de ganado, quema de cosechas y viviendas, y secuestro de menores.
El MP asegura que Ríos Montt es responsable de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses, debido a que era él quien se encontraba a la cabeza de la institución armada.
Primer juicio
El primer juicio por genocidio en el área Ixil se desarrolló entre el 19 de marzo y 10 de mayo del año pasado, y en las sesiones se escucharon los testimonios de 98 víctimas sobrevivientes.
El principio estuvo marcado por una discusión entre el abogado Francisco García Gudiel, quien el mismo día que comenzó el debate fue contratado para dirigir la defensa del exjefe de Estado de facto. Al entrar en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, García Gudiel accionó contra Barrios y Xitumul. Alegó que tenía enemistad con la jueza y por el contrario era amigo del juzgador.
El tribunal decidió expulsarlo del debate por haber mentido en sus señalamientos. Posteriormente, el defensor fue restituido por orden de la CC.
El órgano acusador recopiló documentos militares ubicados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Ministerio de la Defensa, declaraciones de testigos, informes de peritos, de excavaciones y exhumaciones, como pruebas de los ilícitos.
La defensa presentó informes de peritos para borrar las acusaciones contra los militares.
La conclusión del tribunal dirigido por Barrios fue responsabilizar a Ríos Montt por los vejámenes y exculpar a Rodríguez Sánchez, cuyo cargo no determinaba mando en ningún efectivo del Ejército.
El arresto domiciliario que Ríos Montt mantuvo fue revocado y se ordenó su ingreso en la cárcel del Cuartel de Matamoros, donde cumpliría 80 años de prisión —50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad—, mientras que a Rodríguez Sánchez se le ordenó continuar con prisión preventiva en el Hospital Militar hasta que el fallo quedara en firme.
Diligencia
Persiste duda
Aunque para hoy está programado el comienzo del nuevo juicio contra los generales retirados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, por genocidio, tres acciones interpuestas por la defensa mantienen en duda su desarrollo.
Los abogados defensores del militar recusaron a la jueza Jannette Valdés, quien preside el Tribunal B de Mayor Riesgo, que programó para hoy el debate. Además, presentaron una excusa médica.
Según el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante en el proceso, aclaró que antes de que comience el juicio se tendrán que resolver las acciones interpuestas por la defensa de Ríos Montt.
Inicialmente se tendrá que decidir sobre la recusación contra la presidenta del tribunal y la “excusa médica”.
Aunque Reyes afirmó que el juicio se puede celebrar sin la presencia del acusado, ya que puede ser representado por sus abogados, cree que se suspenderá. “Yo creo que no va a comenzar, porque para resolver las acciones judiciales se necesitaría de entre 48 a 72 horas”, enfatizó.
Proceso pendiente
Caso por masacre en Dos Erres sigue entrampado.
El general José Efraín Ríos Montt afronta otro proceso judicial. El Ministerio Público lo acusa como presunto responsable de la masacre en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén.
En ese hecho, ocurrido en diciembre de 1982, murieron 201 pobladores.
La jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso a Ríos Montt por genocidio y por delitos contra los deberes de humanidad, pese a que la Fiscalía lo señalaba de asesinato.
El militar fue beneficiado con arresto domiciliario por el pago de una segunda fianza de Q500 mil, vigilancia de la Policía Nacional Civil y prohibición de salir del país sin autorización del juzgado.
Queda pendiente que se desarrolle la audiencia en la cual se decidirá si el ex jefe de Estado de facto enfrentará juicio por ese caso.
Incidencias del proceso
Pide información de proceso
El 15 de diciembre del 2011, José Efraín Ríos Montt se presentó voluntariamente a la Fiscalía de Derechos Humanos para conocer si había una investigación en su contra.
Libre por fianza de Q500 mil
El 26 de enero del 2012, el militar fue ligado a proceso por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, pero quedó libre por una fianza de Q500 mil.
Tribunal emite sentencia
El 10 de mayo del 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel y absolvió a Rodríguez Sánchez por falta de pruebas.
Fallo es anulado
La Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez el 20 de mayo del 2013, y ordenó repetir el juicio.
(La famosa Catedral de Colonia, que se sumó al rechazo a Pegida apagando su iluminación)
