Artículo aparecido en el cotidiano francés 'Le Monde' sobre la jueza Mariana Mota.
Mariana Mota firma su traslado dispuesto por la Suprema Corte
La jueza que había condenado al ex presidente Juan María Bordaberry, fue despojada de los dossiers relativos a crímenes de la dictadura en Uruguay. En esta materia, este país está en retraso comparado a la Argentina y Chile.
Mariana Mota tiene un físico frágil y una expresión austera, sin maquillaje, que disimulan un carácter bien templado. Esta jueza uruguaya se ha convertido en un símbolo. En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia del Uruguay la transfirió de un juzgado en lo penal a una jurisdicción en lo civil. Por esta decisión, ella se vio alejada de una casi cincuentena de casos de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1985).
Ante esta noticia, Guillermo Cedrez, Presidente del Círculo Militar, que agrupa los oficiales en retiro y oficiales de la reserva, expresó su alegría. Según él, la magistrada desplazada habría adolecido de “falta de imparcialidad”. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos y las asociaciones de víctimas de la dictadura manifestaron su indignación contra esta acción de retirarle los casos en proceso a una jueza que había llegado a ganar la confianza, después de tantos años donde reinó la impunidad. El 20 de mayo, como en años anteriores, ellos efectuaron “la Marcha del Silencio” en Montevideo, en memoria de las heridas de la dictadura, con una consigna: “En mi Patria, no hay justicia: ¿quienes son los responsables?”
Con 43 años de edad, Mariana Mota era una niña durante los años de plomo, ella no tiene ninguna cuenta que saldar con aquella época. En 2012 había acompañado en un tramo “la Marcha del Silencio”. Ella también había concedido un reportaje al diario argentino “Página12″ sobre la deuda de los uruguayos con respecto a su pasado. Tales fueron los dos reproches que le formularon sus detractores. Tanto uno como el otro fueron objeto de una investigación de parte de la Suprema Corte de Justicia, que al final no condujeron a ninguna amonestación.
Los hijos adolecentes de la jueza tienen dificultades en comprender estas chicanas. Su madre no se plegó a las presiones. La amnistía que se habían acordado los militares antes de dejar el poder no le impidió que en el 2010 condenara al ex Presidente, Juan María Bordaberry, el cómplice civil, en el poder de facto entre 1972 y 1976, a treinta años de prisión.
En 2011, la Corte Interamericana de los DDHH (CIDH) ordenó al Uruguay juzgar los crímenes contra la humanidad, argumentando su carácter de imprescriptibilidad. La Suprema Corte en Montevideo rechaza el principio de retroactividad y de la imprescriptibilidad, y el hecho mismo de que las desapariciones forzadas constituyen un crimen continuo.
“El derecho a saber, de conocer la verdad es un derecho de toda sociedad, y no solamente de los parientes de las victimas”, expresó Mariana Mota en su intervención en Paris el 21 de mayo, en un coloquio sobre los desaparecidos organizado en el Senado por la Asociación “Donde Están?” (“Où sont-ils?”)”¿Que pasará con de las sentencias que estaban prontas antes de mi traslado? La Jueza que debe reemplazarme deberá tomar un tiempo para familiarizarse con los diversos casos. Por lo cual este retraso es contrario al dictamen de la CIDH”, expresó.
Para la procuradora Mirtha Guianze, “la Suprema Corte es una instancia feudal, conservadora”. La mayor parte de los magistrados han comenzado su carrera bajo la dictadura y, asegura, “quien sea diferente es defenestrado”.
El Uruguay ha ratificado los textos internacionales sobre los derechos humanos, pero los jueces se atrincheran en el derecho local. Mariana Mota no ha dudado en proseguir con los procesos. Así en 2011 logró la condena del coronel Carlos Calcagno. En 1977, éste había supervisado el arresto de dos uruguayos en Paraguay, de donde fueron trasferidos hacia la Argentina en el cuadro del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas. Los prisioneros jamás aparecieron. Los “archivos del terror” encontrados en Paraguay en 1992 contienen pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Calcagno. Lo que no impidió que la sentencia pronunciada haya sido fuertemente criticada por otro ex presidente, el liberal Jorge Batlle.
Al parecer, las investigaciones de Mariana Mota han molestado a la coalición de centro-izquierda en el poder desde el 2005. El actual presidente, José Mujica, es un ex guerrillero y un ex prisionero político, retenido como rehén en las condiciones más degradantes por más de 12 años. “El Estado, no tiene una política activa en materia de derechos humanos”, lamenta la Jueza Mota. “El sistema judicial no ha hecho lo suficiente para responder a las familias que desean conocer la verdad”. Los restos de 4 desaparecidos (sobre 200) han sido encontrados en diferentes cuarteles. El Uruguay está en retraso en comparación con la Argentina y Chile. “Los magistrados encargados de las averiguaciones y pesquisas no tienen los equipos técnicos suficientes, ni financiamiento ni el apoyo del gobierno, precisa Mariana Mota. El presidente Mujica, él mismo victima, no puede ser indiferente con respecto a quienes reclaman justicia”.
La senadora de izquierda Constanza Moreira cree que los ex guerrilleros sienten una responsabilidad de “culpabilidad” con respecto a la represión. El Uruguay contó en su momento, con el número más elevado de prisioneros políticos, de torturados y de exilados, con respecto a su población (3 millones de habitantes). La mayoría han obtenido reparación, pero las exigencias de justicia no han sido satisfechas.
La izquierda organizó dos referéndums para la anulación de la amnistía de los militares, en 1989 y en 2009, y perdió las dos veces. La democracia directa contribuyó a oponer el sufragio universal y los derechos humanos.
“Una parte de la izquierda ha tenido una actitud ambigua, hace notar Denis Merklen, profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina (Paris). José Mujica había criticado el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998, en nombre de la soberanía nacional. Del mismo modo, los dictámenes de la CIDH son vividas como una injerencia”. Mariana Mota encarna una convicción: “Si los derechos humanos, los derechos individuales fundamentales no son respetados, todos los otros derechos pierden su sentido: ellos son la base del edificio jurídico”.
Magistrados europeos se organizan para demostrarle su solidaridad. Mariana Mota ha salvado el honor de la magistratura uruguaya, expresó el jurista francés Louis Joinet. El desafío sobrepasa al Uruguay. La decisión de la Suprema Corte constituye un grave precedente, que arriesga inspirar a los Estados destructores, prontos a dar vuelta la página para que no pueda ser leída”.
Paulo A. Paranagua
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