Cómo fue la matanza de My Lai, una de las más sangrientas de la historia

Vietnam

Este año se ha cumplido el cuadragésimo séptimo aniversario de la matanza de My Lai en Vietnam, en la que los soldados estadounidenses mataron a varios centenares de personas. El periodista Seymour M. Hersh, que fue uno de los primeros en hablar de esta tragedia, cuenta sus recuerdos.

Publicado: 28 mar 

wikipedia.org / Ronald Haeberle / Fotografía de dominio público

El periodista estadounidense Seymour M. Hersh fue uno de los primeros en hacer pública la matanza de My Lai en Vietnam, que ocurrió el 16 de marzo de 1968, y con el propósito del cuadragésimo séptimo aniversario de la tragedia, vuelve a recordarla en su artículo publicado por 'The New Yorker'.

"En el pueblo de My Lai hay una larga zanja. La mañana del 16 de marzo de 1968 estuvo llena de cuerpos: decenas de mujeres, niños y ancianos, todos asesinados a disparos por jóvenes soldados estadounidenses", escribe el periodista. Aquel día, un contingente estadounidense recibió una información errónea de que en el pueblo se encontraban tropas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam o sus simpatizantes. Al llegar allí, sólo se encontraron con pacíficos civiles, no obstante, los soldados violaron a las mujeres, quemaron casas y mataron a la gente desarmada.

Uno de los líderes del ataque fue el teniente William L. Calley. Además de él, según los testimonios de otros soldados, uno de los atacantes principales fue Paul Meadlo, al que el periodista entrevistó ya cuando había vuelto a EE.UU. Siguiendo la orden de Calley, Meadlo y otros soldados empezaron a disparar a la zanja llena de gente, donde luego tiraron varias granadas.

"Luego se escuchó un chillido agudo, que se hacía más fuerte mientras un niño de dos o tres años, cubierto de lodo y sangre, trepaba por los cuerpos, gateando hacia el arrozal. Su madre probablemente lo hubiera protegido con su cuerpo. Calley vio lo que estaba pasando y, según los testigos, corrió por el niño, lo echó en la zanja y le disparó", escribe Hersh.

Cuando el periodista entrevistó a Meadlo, no intentó justificar lo que había hecho en My Lai, y dijo que los asesinatos le "quitaron el peso de la consciencia por los compañeros que habían perdido". "Sólo fue una venganza", dijo Meadlo. "Todos pensamos que estábamos haciendo lo correcto. En el momento no me preocupaba", añadió.

Según la información del Museo de My Lai, en el lugar murieron 504 personas. Entre las víctimas hubo 182 mujeres, 17 de las cuales estaban embarazadas, y 73 niños, incluidos 56 bebés. El director del museo, Pham Thanh Cong, es uno de los sobrevivientes de la masacre, que en aquel momento tenía 11 años. Quedó herido en el ataque, pero sobrevivió. Al recobrar la consciencia, se encontró entre los cuerpos de su madre, sus tres hermanas y su hermano pequeño de seis años. "Nunca olvidaré el dolor", confesó el hombre a Hersh.

Otra vez Gaz de France: problemas con la regasificadora

Actualmente, 700 trabajadores del Sunca se encuentran en el seguro de paro. 

27.03.2015

MONTEVIDEO (Uypress) - La obra de la regasificadora en Punta de Sayago se encuentra en una situación muy complicada con el retiro de la constructora brasileña OAS: 700 trabajadores quedaron sin empleo.

La empresa adjudicataria, GDF (Gaz de France) asociada con Suez, sostiene que no se retirará, pero con cada retraso en las obras crece la preocupación de los trabajadores. Las obras se encuentran detenidas desde que se rescindió el contrato entre la brasileña OAS y el consorcio conformado por GDF Suez y la compañía japonesa Marubeni.
Actualmente, 700 trabajadores del Sunca se encuentran en el seguro de paro. 
Washington Beltrán y a Alejandro Acosta, integrantes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, entrevistados por la revista Caras y Caretas, afirmaron que para que las empresas trasnacionales operen en Uruguay, es necesario un fuerte control del Estado, debiendo establecerse un proyecto de ley al respecto.
La regasificadora es un proyecto que impulsaron los trabajadores, pero en 2013. Las iniciativas de Gaz de France a nivel internacional fueron cuestionadas. En Uruguay, desde 1995 a 2005, sufrimos en carne propia una gran represión antisindical, sostuvo Beltrán.
En la década de los noventa se privatizó la antigua Compañía del Gas y en el año 1994, Gaseba Uruguay SA -Grupo Gaz de France-, resultó adjudicataria del servicio para Montevideo y la zona metropolitana. 
Grupo Gaz de France trajo perjuicios enormes a los trabajadores y a los usuarios. Lo que estaba previsto en el pliego de condiciones no se cumplió: no se desarrolló la empresa, se dispararon las tarifas, se inició una dependencia con Argentina por el gasoducto Cruz del Sur y se eliminó el gas manufacturado. Quedamos presos de un único mercado: el argentino. Por eso se dispararon los precios, porque no tenían [los argentinos] reservas para abastecer a su propio país y menos al nuestro. Todo eso fue un caos. En 2005 se fueron. Pretendieron destrozar nuestro sindicato, echaron a la dirección de nuestro gremio por el simple hecho de defender los intereses de los trabajadores y denunciar, ante los organismos del Estado, que no se estaba cumpliendo en forma mínima lo previsto, agregó Beltrán.
En el año 2006 Petrobras compró Gaseba, pasándose a llamar MontevideoGas. Hoy Petrobras está negociando con Ancap para retirarse del país y de MontevideoGas, dice Beltrán. De esa forma, Ancap obtendría el cien por ciento del paquete accionario. Acosta agrega que Exigimos que Petrobras se vaya porque la gestión es desastrosa, queremos que se recupere la gestión pública Estatal.
Lo que pasó con la obra de la regasificadora es la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos quiénes eran los actores, nosotros pusimos un alerta sobre la mesa. Como trabajadores de la energía, y desde la propia Pit-Cnt, se cuestionó que fuera adjudicada una obra de esta magnitud a algunas de las empresas que tienen tan triste historia en nuestro país, ya que las trasnacionales no realizan inversiones para que se radiquen en el país, sostuvo Beltrán.
Acosta afirmó que el Estado debe hacer un fuerte control sobre Gaz de France-Suez, ya que había que evitar que se repitieran experiencias anteriores. Las empresas multinacionales que ganan licitaciones, como la de la regasificadora, no se hacen cargo de la construcción. En este caso se optó por darle a OAS el trabajo, pero no sabemos de qué forma se realizó ese proceso. OAS había trabajado en Uruguay en la renovación de la red de hierro fundido de MontevideoGas.
Los pilotes que se colocaron no se corresponden con las características técnicas que debe tener esa escollera, que está a dos kilómetros y medio entrando en el Río de la Plata. Aparentemente OAS no tenía experiencia en este tipo de obras, siempre trabajaban en tierra. A lo mejor eso explica por qué el gasoducto en tierra (contrato directo entre OAS y Gas Sayago) no tiene dificultades. El asunto es que hay multas que se le aplicarían a Gaz de France-Suez por los retrasos, pero, en concreto, la rapidez para realizar las obras se ve afectada. No sabemos cuándo se va a terminar el conjunto de la obra, dijo Acosta.
Con las autoridades anteriores ya se había planteado que no se iba a poder inaugurar hasta setiembre de este año. Ahora los tiempos se van a extender más. Creemos que la regasificadora es la única alternativa viable para que el gas natural deje de ser un elemento residual de la matriz energética y pase a ser un elemento importante, no sólo para generar energía eléctrica sino para el consumo industrial, comercial y residencial. Hoy estamos pagando los costos de la opción equivocada. A pesar de que Gaz de France reafirmó que va a continuar en el proyecto, nos preocupa la demora. Todo tiempo que se dilata es una posibilidad de que el proyecto quede por el camino. Si eso sucediera, se perdería la alternativa de la matriz energética con el gas natural, agregó el sindicalista.
Ni Gas Sayago ni el Ministerio de Industria, Energía y Minería tienen herramientas legales para presionar a GDF. Siempre sucede que el privado, por un motivo o otro, necesita el control férreo del Estado, dijo Acosta.
Durante el gobierno de José Mujica se elaboró un proyecto de marco regulatorio para el gas, no estando de acuerdo los trabajadores ya que los privados obtenían privilegios absolutos. Se votó entre gallos y mediasnoches en el Parlamento. Fue una ley que envió el Ejecutivo y en siete días se le dio el visto bueno en la Cámara de Representantes y pasó al Senado. Cuando descubrimos eso, como trabajadores, lo denunciamos. Era una manera de incurrir nuevamente en un episodio que le hizo mucho daño a nuestro país: darles a los privados [el negocio] sin ningún tipo de limitaciones. Se supone que debía ser algo que diversificara el paquete energético, que promoviera el desarrollo del gas natural, que llegara al aparato productivo y a los usuarios, y que sirviera para que los trabajadores se puedieran capacitar; por esto ocupamos la planta de MontevideoGas y logramos avances con el ex ministro Roberto Kreimerman. El nuevo texto fue elaborado, pero sectores del oficialismo como Asamblea Uruguay y el FLS (Frente Liber Seregni) no lo votaban, querían que quedara igual. Como vino la etapa de transición de un gobierno hacia el otro, se logró encajonar. Y ahora el peligro es inminente, no sabemos si se va a repetir esa misma concepción, donde aparentemente se les resuelve todo a los privados. Las empresas públicas son estratégicas, de alguna manera pueden posibilitar mejores condiciones de desarrollo para el país, pueden ser sustentables y debe manejar un servicio público el propio Estado. Eso es lo que pretendemos nosotros y es lo que está en discusión, relata Beltrán.
Acosta dijo que "Ahora estamos en tratativas con las autoridades actuales para redactar un nuevo proyecto. Queremos que quede expresado en negro sobre blanco que el Estado tenga el monopolio de todo lo relacionado con el gas natural, a través de UTE y de Ancap.

Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana

ESPAÑA

La indignación de un sector de la sociedad, la oposición de colectivos sociales y partidos políticos, las recomendaciones de los órganos consultivos y el trámite parlamentario han logrado pulir en parte el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadanaaprobado por el Gobierno en noviembre de 2013. Los castigos por manifestarse ante el Congreso se han reducido drásticamente, interrumpir un mitin político ya no aparece entre el listado de faltas, así como los confusos “ultrajes” a la bandera y a España.  27 Mar 2015  Pedro Águeda |  El Diario | 26/03/2015 Sin embargo, han sido cambios insuficientes para que sus detractores dejen de llamar ley mordaza al texto aprobado en el Congreso con solo los votos del Partido Popular. De cumplirse las promesas de la oposición, la ley tendrá de vida lo que dure el actual Gobierno conservador. Lo que sigue pretende ser una breve guía para protestar bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que estará muy presente en las manifestaciones de 2015, año de elecciones autonómicas y generales. ¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan”? Con el texto aprobado en la Cámara Baja se podrá multar a los organizadores o promotores de manifestaciones no comunicadas previamente o, habiéndolo hecho, si ha sido denegado el permiso por la Delegación del Gobierno. Pero dará igual que sea en la Carrera de San Jerónimo, en la calle Génova o en el Parque del Retiro. Se tratará de una falta leve, castigada con hasta 600 euros de multa. Algo distinto es que quien esté participando se niegue a disolver la reunión, lo que será castigado como falta grave y sancionado con multas de 600 a 10.400 euros, en su grado mínimo. Este puede crecer hasta los 30.000 euros dependiendo del uso de la violencia o intimidación, el perjuicio causado, la reincidencia y así hasta once supuestos que, como en toda la Ley de Seguridad Ciudadana, quedarán al criterio de las Fuerzas de Seguridad. ¿Y si participa en altercados? El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave, esté reunido en sesión plenaria o no. La multa, por tanto, estará entre los 601 y los 30.000 euros. De que se aproxime más a una u otra cantidad dependerá del grado que se aplique con los criterios antes mencionados. Uno de los que eleva la sanción del grado mínimo al medio es el de ir embozado, con una capucha o un pasamontañas. Por tanto, la multa será de 10.401 a 20.200 euros, siempre que no concurran otros agravantes y pueda ascender hasta 30.000 euros. “¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!” Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno pero, si durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con entre 100 y 600 euros de multa. ¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios? Estará cometiendo una infracción grave (601-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse. ¿Puedo gritar “vergüenza me daría ser policía”? Está castigado como falta leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. ¿Y qué es una falta de respeto o consideración a un antidisturbios? ¿Es necesario escupirle o basta con gritarle “vergüenza me daría ser policía”? Pues fiel al espíritu de la ley, será la propia policía quien lo decida. De 100 a 600 euros de multa. ¿Me puedo fumar un porro en la ‘mani’? Ni en la ‘mani’, ni en ningún otro sitio público, bajo riesgo de ser multado con entre 600 y 30.000 euros. En este caso, solo aparece aplicable la reincidencia para que la multa supere el grado mínimo, castigado con hasta 10.400 euros. Pero si la marihuana procede de la planta que tiene en la terraza de su casa, procure que no se vea desde la calle. Hay otra falta grave reservada para “la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal”. ¿Puedo colgar en internet una carga policial? Aquí también se ha producido una ligera variación. En el texto que presentó originalmente el Gobierno se pretendía que, siempre que el policía creyera que se había atentado a su derecho al honor o a la propia imagen, la falta sería grave. Esas dos referencias se han suprimido y la falta grave se comete si la difusión de las imágenes puede poner en peligro una operación, al agente o instalaciones protegidas. Igualmente, se ha introducido la coletilla “con respeto al derecho fundamental a la información”. ¿A cuánto sale parar un desahucio? El legislador ha sido implacable con los activistas antidesahucios. En sus actuaciones no hay margen para rebajar el castigo. Se considera falta grave “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Traducido: la comisión judicial llega al domicilio que se va a desahuciar en compañía de la policía, los activistas se interponen en su camino pacíficamente, resultado: como poco, de 600 a 10.400 euros de multa para cada uno. Si el activista es reincidente o el policía alega que ha utilizado la violencia, la sanción subirá hasta los 20.200 euros, sin descartar que llegue a los 30.000. Pero atención: la desobediencia a la autoridad es otra falta grave castigada de idéntica forma, con lo que la policía puede considerar que hay una concurrencia de infracciones de este tipo en una misma persona y en un mismo desahucio. ¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía? La protesta ecologista se lleva la peor parte de esta Ley de Seguridad Ciudadana. Los responsables o convocantes de entrar en una central nuclear, por ejemplo, pueden ser multados con hasta 600.000 euros. Si se considera la infracción de grado mínimo, entre 30.000 y 220.000; de grado medio, entre 220.001 y 410.000; y de grado máximo, con el tope citado. La ley se refiere a “reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Guia-Ley-Seguridad-Ciudadana-PP_0_33771708

Felipe González, el PSOE y la CIA

En su libro “La CIA en España”(Editorial Debate), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982, fue en realidad la alternativa “diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España”, estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la CIA .

27 Mar 2015 

La deriva totalitaria del estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).

Ya en 1.989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el “terrorismo de Estado” implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: “el GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes”.

La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y del Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo ( implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior , José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales. Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que “los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez”, aunque nunca se pudo probar que el misterioso “Señor X” que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5% del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González.

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima).

En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá , no siendo descartable que tras la debacle electoral de un PSOE sumido en un catártico proceso de crisis identitaria tras perder en el camino incontables jirones del primigenio ideario socialista de su fundador Pablo Iglesias, consume la perpetuación del Tardofranquismo en el Estado español mediante un Gobierno de coalición con el PP siguiendo los dictados de un Felipe González que obedeciendo órdenes directas de la CIA, se habría convertido en el adalid del boicot internacional contra el Gobierno de Maduro así como de la implementación en el Estado español de un Gobierno de Coalición PP-PSOE para evitar la hipotética llegada al poder de Podemos , partido considerado por EEUU como de “filiación chavista”.

Mientras, los actuales dirigentes del PSOE (Pedro Sánchez y Susana Díaz), presos del atavismo de la servidumbre a los poderes fácticos del momento y de su adicción a la poltrona, continuarán ignorando la gravedad de la aplicación de dichas medidas regresivas en la creencia de que no serán los siguientes, pero para que no puedan alegar como atenuante ante el juicio de la Historia el desconocimiento por miopía intelectual, me permito parafrasear el poema “Cuando los nazis vinieron” del pastor protestante alemán Martin Niemöller (1.892-1.984): “Primero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo no hablé porque no era filoterrorista. Después, vinieron por los separatistas y yo no hablé porque no era separatista. Después, vinieron por los troskistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los demás socialdemócratas y ya para ese momento no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

Germán Gorraiz López – 

El gran tablero de ajedrez en Oriente Medio gira hacia Yemen

En enero, las fuerzas hutíes derrocaron el régimen de Ab-Rabbu Mansour Hadi, tomando el palacio presidencial. Hutíes controlan la capital Sanaa y  Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen y se dirigen hacia Adén. Los hutíes, que pertenecen a la rama chií zaidí del Islam, conquistaron la capital, Saná, el año pasado para protestar por el recorte de los subsidios a los combustibles. Ellos tomaron el control del palacio presidencial en enero de este año y en febrero forzaron la dimisión de Hadi y sus ministros. 

28 Mar 2015  Miguel Ángel González Claros |  Iniciativa Debate | 28/03/2015 Hadi fue capaz de escapar del arresto domiciliario en Saná el mes pasado, huyendo a Adén, antiguo protectorado británico, donde ha organizado las fuerzas militares leales a luchar contra los hutíes, pidiendo la intervención militar extranjera de los países del CCG, para restablecer el orden. En febrero, declarándose todavía presidente, se apoderó de la base aérea de al-Annad y la estableció como capital temporal, pidiendo a los funcionarios de la ONU que autorizasen una intervención militar extranjera. Esta estrategia forma parte de un guión diseñado por Estados Unidos y Arabia, para justificar la injerencia extranjera, cuya verdadera intención es hacer retroceder al levantamiento popular. Los enfrentamientos entre las facciones rivales se intensificaron después de que la rama yemení del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), llevase a cabo atentados suicidas en dos mezquitas en Saná, matando a más de 130 personas e hiriendo a más de 300. Hadi emitió una declaración televisada pidiendo a las huzíes, ceder el control de Saná y otras ciudades. Él acusó a Irán de ser el responsable de los avances de los hutíes y se comprometió a enviar a las milicias de regreso a su provincia natal de Saada, en el lejano noroeste, en la frontera con Arabia Saudita El imperialismo estadounidense tiene la responsabilidad final por el caos que ahora se cierne sobre el empobrecido país árabe. Pretenden intervenir agresivamente para mantener su control estratégico del estrecho de Bab-el-Mandab, entre el océano Índico y el mar Rojo, que conectan Asia y el Golfo Pérsico a Europa. Arabia Saudita bombardeó instalaciones clave en Yemen, el jueves, formando parte de una coalición regional en una campaña contra los hutíes chiíes que han tomado gran parte del país. Riad con la ayuda de diferentes países, los cuales forman parte del CGC, se han unido a su coalición para intervenir en el país, al igual que la invasión y ocupación de Irak, EEUU se escondieron detrás de una “coalición”, en un vano intento de generar legitimidad diplomática. Mientras miles de manifestantes se reunieron en la capital de Yemen, para mostrar su apoyo al grupo hutí. Arabia Saudita encabezó una coalición compuesta por 10 países, habían comenzado los ataques aéreos, apuntando a posiciones hutíes en la capital, Saná. Donde según fuentes de Al Jazeera, los ataques llevados a cabo por 100 aviones de Arabia y su coalición, han destruido lanzadores de misiles de fabricación iraní en la capital. Yemen fue un campo de batalla entre los marxistas y panárabe un lado y las fuerzas reaccionarias pro-Saud, por otro, en la actualidad es el escenario de una guerra entre las milicias chiitas, que luchan contra los terroristas islámicos. La campaña aérea comenzó como un conflicto interno en Yemen, mostrando signos de degenerar en una guerra de poder entre las potencias regionales. El anuncio de Arabia se produjo en una conferencia de prensa en Washington por Adel al-Jubeir, embajador del reino en los Estados Unidos. El conflicto en Yemen es una guerra de poder no entre Irán y Arabia Saudita, sino entre Teherán y Washington. Estados Unidos y Arabia han respaldado a extremistas sectarios, entre ellos Al Qaeda en Yemen, siendo utilizados como fuerzas aliadas destinadas a mantener a las milicias hutíes en jaque. Esto significa que Arabia Saudita y los EE.UU. están interviniendo en Yemen, sólo después de que los terroristas, a los cuales se les estaba apoyando, fueran derrotados y el anterior gobierno colapsado. Los rebeldes en Yemen, encabezados por los hutíes, han acusado a Arabia Saudita y Qatar, junto con los EE.UU., de interferir en varias ocasiones en la lucha del país para apoyar al viejo orden y evitar cualquier cambio democrático, las conversaciones mediadas por la ONU, están quedando cubiertas por un veto ejercido por Arabia Saudita y Qatar. Al pueblo yemení no se le permite determinar sus propios asuntos, incluyendo la invasión militar, que ha sido provocada, para asegurar que el pueblo de Yemen no determine sus asuntos por sí mismos, porque no se ajustan a los intereses estadounidenses. Riad comenzó a intensificar su apoyo a grupos vinculados con Al Qaeda en Yemen, que se embarcaron en una campaña de atentados con coches bomba y tiroteos en la capital y otras ciudades leales al movimiento pro-democracia. El antiguo régimen en Yemen es dirigido por Mansour Hadi, quien es respaldado abiertamente por los EE.UU. y Arabia Saudita. Durante casi 30 años se desempeñó como vicepresidente durante la dictadura de mano dura de Ali Abdullah Saleh, que también fue respaldado a capa y espada, por Washington y Riad. Contrariamente a los medios de comunicación occidentales, las milicias hutíes, no llevan una política confesional, pero cumplen una misión patriótica. A pesar de su identidad religiosa, cultivan una visión pan-islámica y panárabe, ganando así la simpatía de una gran parte del ejército nacional yemení, incluyendo la Guardia Republicana y muchas tribus sunitas, lo que explica su increíble progreso. La Casa Blanca, en un comunicado, ha respaldado plenamente la intervención militar, a pesar de que plantea serias preocupaciones acerca de su legalidad por la violación de la soberanía de Yemen. El bombardeo aéreo fue lanzado, sin recibir un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La crisis en Yemen es un ejemplo más del viejo orden, respaldado por los Estados Unidos y sus aliados, entre las dictaduras árabes del Golfo Pérsico, como un baluarte contra una protesta popular que podría conducir a la democratización en los países de Oriente Medio más pobres. Si el levantamiento popular tuviera éxito, las repercusiones en las monarquías del Golfo autocráticas serían desestabilizadoras, como en Arabia Saudita, que comparte la frontera sur con Yemen y es la principal preocupada.