LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA FRUSTRA LA OFENSIVA CONTRA CFK
La desestimación de la grave denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman frustró la enésima ofensiva dirigida a mellar la influencia de la presidente CFK en el proceso electoral que culminará en octubre con la elección de quien la suceda en el Poder Ejecutivo. El Círculo Rojo de Nisman, el establishment financiero y de seguridad nacional e Inteligencia de Estados Unidos y los grandes medios que le responden.
Por Horacio Verbitsky
Jorge Ballestero.Eduardo Farah.
Eduardo Freiler.
Imagen: Joaquín Salguero.
El contundente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones desnuda la inopia fáctica y conceptual del texto que el fiscal Natalio Alberto Nisman presentó a los apurones por motivos que aún permanecen en las sombras, pero que por las experiencias previas con el mismo personaje pueden imaginarse. Entre abril y mayo de 2014, en llamativa coincidencia con la derecha republicana y el establishment de seguridad e Inteligencia estadounidenses y mientras su Supreme Court analizaba en Washington la apelación argentina al fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, Nisman les anunciaba a personas de confianza que se “llevaría puesta a Cristina” (como le dijo al nerd informático Diego Lagomarsino) o que conseguiría su detención (a la operadora judicial de la DAIA Marta Nercellas). No lo consiguió, tenga o no tenga que ver su muerte con ello. La construcción del nuevo prócer de la derecha porteña se desmoronó por la mala calidad del material. La hipótesis de que el liderazgo de Cristina siga intacto durante todo el proceso electoral y aún después incrementa el encono de la oposición política y mediática que no alcanza a entender las razones de esta adhesión popular. Tal incomprensión los lleva a radicalizar sus posiciones negativas, con lo cual aceleran el recorrido de un círculo vicioso que podría dejarlos una vez más con las manos vacías.
Antes fueron las corridas hacia el dólar, los sacudones inflacionarios, los motines policiales y sus zonas liberadas para el vandalismo, las tentativas de desabastecimiento, los fallos del juez de Wall Street encaminados a simular un nuevo default, la deserción opositora de los debates parlamentarios sobre temas de fondo, los cacerolazos, los lockouts agropecuarios y los paros sindicales (uno de ellos se repetirá pasado mañana, por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría), las declaraciones flamígeras de las asociaciones patronales y la concertación entre jueces y fiscales para hostigar al gobierno. Varios de esos mandobles fueron instigados a control remoto, como castigo por la política exterior independiente, los avances contra los cómplices económicos, eclesiásticos y judiciales de los crímenes de la dictadura, la perseverancia en un camino económico-social opuesto al descontrol de los mercados. En este contexto se inscribe el rol de la embajada de los Estados Unidos, a la que Nisman sometía sus borradores para que se los corrigieran y donde recibía instrucciones sobre qué pistas seguir y cuáles dejar de lado. La extraordinaria gravedad de esta subordinación no es percibida por la oposición y esto también ayuda a explicar su desfasaje con la opinión predominante. Del mismo modo, la difusión de los vicios privados que Nisman costeaba con dineros públicos sólo puede espantar a quienes se conduzcan con la misma laxitud.
Afeitar en seco a quien termina su mandato es la mejor forma de advertir al entrante que ponga las barbas en remojo si no quiere seguir la misma suerte. El final apocalíptico de la primera presidencia democrática, con hiperinflación, apagones y saqueos no fue destinado a Raúl Alfonsín sino a Carlos Menem, quien entendió el mensaje y se apartó de la tradición política y de los votantes que lo llevaron al gobierno. Hasta ahora la resiliencia de Cristina impidió la concreción del escarmiento. Esto condiciona en el sentido opuesto a todos los precandidatos presidenciales: 2003 es un punto de inflexión del que no será fácil apartarse. Las gigantescas movilizaciones pacíficas del 1º y del 24 de marzo podrían cambiar de carácter ante un intento burdo de regresión.
Loas y alabanzas
La Sala I está integrada por tres jueces cuyos cargos de responsabilidad comenzaron antes de 2003, y que se alinearon en torno a dos posiciones: el impenitente gladiador de la Escudería Stiuso, Eduardo Farah, por abrir la investigación contra la presidente; su colega Jorge Ballestero por confirmar la desestimación dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas. Quien desequilibró fue Eduardo Freiler. Como se anticipó aquí, era muy difícil que esta vez Ballestero pudiera acompañar a Farah. Cuando el mismo tribunal se pronunció por la inconstitucionalidad del Memorandum de Entendimiento con Irán, en mayo del año pasado, Ballestero reconoció “los loables objetivos que inspiraron los términos de ese acuerdo” y los “múltiples esfuerzos” del gobierno “en procura del esclarecimiento de lo ocurrido y del avance de la investigación”. Freiler era la incógnita a develar: excusado en el caso de la inconstitucionalidad, no había indicios sobre su posición.
El eje del pronunciamiento fue el voto de Ballestero, quien practica una irónica autopsia judicial de Nisman. Para Rafecas al no haberse constituido la Comisión de la Verdad el Memorandum de Entendimiento no tuvo principio de ejecución. Ballestero no puede admitir este criterio porque ya opinó lo contrario al analizar su constitucionalidad. Cuando se debatió la constitucionalidad del Memorandum, dijo ahora Ballestero, ni el tribunal, ni la DAIA y la AMIA, ni el propio Nisman vieron ni “un atisbo del supuesto delito de encubrimiento que recién ahora se denunció. Ni una sola sospecha, ni un solo interrogante”. Esas cuestiones, ya estaban “presentes desde enero de 2013 en el texto del Pacto” y Nisman no las denunció.
Las novedades viejas
El fiscal adujo que en aquel momento carecía de los elementos que obtuvo después: una nota de José Eliaschev publicada en marzo de 2011, cuatro años antes de la denuncia, y las escuchas telefónicas. Ballestero subraya la fecha de la nota con un elocuente signo de admiración. “De novedad, sinceramente, es poco lo que se tiene”. Además, coincide con la “impecable” lectura de Rafecas: al declarar como testigo, luego de reiteradas citaciones y bajo amenaza de ser conducido por la fuerza, Eliaschev no ratificó su nota y bajo juramento dijo algo distinto. No se trataba de un documento oficial sino de un paper interno de la cancillería iraní; estaba escrito en inglés y no en farsi, no reproducía las palabras adjudicadas a Timerman, sino un parecer de los interlocutores persas. Lejos de revelar un desinterés argentino por resolver los atentados, aludía a la impresión iraní de que la Argentina querría “dar una vuelta de página” en las relaciones bilaterales.
En cuanto a las escuchas, Ballestero entiende que Nisman hizo “un pase de ilusionista”: en forma alternativa sitúa los antecedentes del Memorandum en 2006, en 2010 o en 2011 y pretende que también hay otro documento que probaría la intención de levantar las alertas rojas. Pero como no tiene “una sola prueba” asevera que ese documento “se mantuvo en secreto. De este modo, sería su misma ausencia la nota más distinguida de su existencia”, tal como ocurre con los agujeros negros, “cuya presencia sólo se demuestra a partir de la nada más absoluta”. Su “zigzag argumentativo” atenta contra la imputación que procura construir. En cambio “existen sobradas muestras de que los sucesos acaecieron de un modo diametralmente opuesto”, como el intercambio epistolar entre la cancillería argentina y la Secretaría General de Interpol y las aclaraciones de su ex Secretario General, Ronald Noble ante el canciller Héctor Timerman. La Argentina siempre pidió que las alertas rojas no fueran levantadas. Se enfrentan así “inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimientos”. Según Nisman, la Comisión de la Verdad instalaría una nueva hipótesis que liberaría a los imputados, pero no aporta un solo dato acerca de cuál sería. Ballestero describe incluso la deshonestidad argumental de Nisman, cuya denuncia “va extrapolando distintos pasajes de una conversación para, puntos suspensivos mediante, engarzar del modo más conveniente su contenido, sin importar su hora ni su fecha, como si, al igual que en ciertas novelas populares de hace algunos años, uno pudiera ir armando la crónica escogiendo la escucha que se desea poner a continuación. O bien se combinan comunicaciones telefónicas con otros discursos distanciados por meses, pero que son exhibidos como parte de un mismo y único contexto, de forma tal que todo remita a una misma alusión: se está hablando del encubrimiento”.
El orden de los factores
Nisman sostuvo que existía “una correlación entre la realidad y las cuestiones que se mencionan” en los intercambios telefónicos. Pero Ballestero afirma que esto sólo demuestra “la reproducción de una fuente a la que cualquier habitante del mundo podía acceder. Como se ve, el orden de los factores sí altera el producto”. El camarista también ridiculiza la credibilidad de los interlocutores que Nisman ordenó grabar (según el juez Rodolfo Canicoba Corral sin su autorización, por lo cual dijo que si no hubiera muerto lo denunciaría penalmente). Se pregunta cómo puede considerar operador válido del supuesto plan a Luis D’Elía, cuando el mismo Nisman tildó de “inverosímil” su declaración testimonial en la causa AMIA, donde brindó una versión “disparatada”. Agrega que hasta sus compañeros lo denigran y desmienten: “Que no se haga el canchero, si el que menos puede entrar a la Casa Rosada es él”, lo descalifica Fernando Esteche. El agente persa Jorge Khalil revela que D’Elía le preguntó qué pasaba con el Memorandum y él le respondió: “Y yo qué sé, flaco, sé tanto como vos”. Ballestero acota: “A confesión de parte”. Su conclusión es que no existen pruebas de un delito, por lo que el Memorándum pudo ser un fracaso diplomático, un error legislativo y una desilusión para quienes creyeron que apuntalaría la investigación del atentado, “pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”. En términos más cotidianos, explica que no basta que un herido llegue a un hospital o que choquen dos automóviles para que se cometa un delito de lesiones o una tentativa de homicidio. “Algo más debe adicionarse a la mera causación exterior de un daño o de un peligro. Algo que demuestre una voluntad dirigida al logro de un provecho ilícito.” Pero “ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con esa exigencia”. Así llega al meollo de su razonamiento: esa carencia que el propio fiscal Gerardo Pollicita admitió al requerir la instrucción no puede suplirse “inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa”, porque “los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película”. Cita en su aval un fallo unánime de la misma sala en 2008. Si se investigara “por las dudas, a fin de localizar algún elemento sospechoso” se produciría una “subversión del orden lógico de toda encuesta”. Las garantías constitucionales no admiten salir en “excursión de pesca” con la esperanza de que “en algún momento brote alguna mácula que permita sospechar la comisión de un ilícito”. Pollicita y el fiscal de Cámara Germán Moldes sólo argumentan que el cierre de la causa es prematuro, pero no se hacen cargo “de la orfandad probatoria que hoy la caracteriza” e “insisten en mantener abierta y en actividad una persecución penal con el anhelo de que, alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el Memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante, frente a los antecedentes repasados, sólo puede traducirse en un único plazo definitorio: la perpetuidad”. Lo confirmó ayer Moldes en una entrevista con La Nación: “No dijimos que hay hechos probados ni atribuimos a nadie responsabilidades penales. Sólo dijimos que hay que investigar” y aunque la denuncia fuera desestimada, si mañana alguien presenta nuevas evidencias “podría reabrirse”. En su única referencia a las personas que claman justicia, Ballestero sostuvo que “separar la paja del trigo es contribuir a que nada obstaculice la adecuada canalización de los legítimos reclamos de las víctimas” y “un paso para alcanzar la verdad de lo acontecido el 18 de julio de 1994”. Lo contrario está haciendo la exposa de Nisman respecto de la investigación por su muerte: luego de frenar el peritaje informático, la jueza Sandra Arroyo Salgado también paralizó la junta médica que debía reunirse mañana.
Sobre verosímil y verdadero
Freiler coincide con Rafecas en que al no haberse introducido nunca la supuesta nueva y falaz hipótesis, no hubo principio de ejecución del alegado delito de encubrimiento y se pregunta que llevó a Nisman a presentar su denuncia en enero de este año, ya que ninguno de los elementos de juicio era novedoso. Tampoco Pollicita o Moldes aportan ningún elemento que le otorgue suficiente verosimilitud. También recuerda que según el Código Procesal la denuncia deberá contener “la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución” y que la Corte Suprema estableció que “no debe ser general y vaga sino contraída a los hechos denominados y especiales con expresión de las circunstancias que puedan guiar al juez”, cosa que no ocurre aquí. El fiscal une en forma antojadiza elementos de juicio irrelevantes “pero que son encadenados de forma tal que simulen demostrar la hipótesis delictiva sostenida”, de modo de “arribar a una determinada conclusión que constituye, en realidad, el propio punto de partida del denunciante. Se trata de la falacia de la afirmación del consecuente. Así, se construyen afirmaciones dogmáticas sobre la base de premisas que en modo alguno autorizan siquiera a inferir las conclusiones a las que allí se arriba”.
Freiler, que hasta 2004 fue fiscal, señala que los requerimientos y conclusiones del Ministerio Público deben formularse en forma motivada y específica, exigencias que “no se verifican en la acusación de Nisman”. También cita un fallo de 1998, en el que la misma Sala dijo que no pueden admitirse “denuncias que carezcan de razonabilidad y verosimilitud” o “fundadas en hechos puramente imaginarios o simplemente supuestos”. Este es el punto de discrepancia con Farah, quien incurre en largas disquisiciones teóricas y citas de jurisprudencia respecto de la verosimilitud y su relación con la verdad, pero no hace el menor esfuerzo por explicar qué datos de la realidad harían verosímil la denuncia de Nisman. Farah alega que la imputación “puede experimentar modificaciones y precisiones; de allí que durante este procedimiento el objeto resulta construido y es modificable”, lo cual no es mas que un intento por justificar la excursión de pesca que sus colegas descalificaron.
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