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31 mar 2015

Almagro explicó pedido de ingreso de Uruguay al TISA.

La utilización de los excedentes y la teoría del derrame

Por Mario Rapoport *

La teoría neoliberal, que de nuevo se agita en el ambiente preelectoral, es planteada por empresarios devenidos políticos que hicieron tanta plata con el Estado que ahora quieren apropiarse de él completamente. Su fundamento es que para crecer sólo vale una política económica que atienda las denominadas leyes del mercado mientras el Estado debe jugar un rol pasivo para la mayoría (y de la boca para adentro activo para unos pocos), y que el equilibrio macroeconómico, al menos bien maquillado por el aval de organismos internacionales, tiene prioridad sobre cualquier consideración social, de modo de amontonar más deuda. Lo más extraño es que plantean que así la economía tendría un crecimiento virtuoso que a la larga podría beneficiar a todos a través de la teoría del derrame. Pero en las economías periféricas (y ahora también en las centrales) el vaso nunca llega a estar lleno para que esto se produzca. Por un lado, el capitalismo genera crecientes desigualdades que hacen que una porción sustancial del agua sea bebida exclusivamente por minúsculos sectores que calman su sed desmedida o la despilfarran a través de gastos suntuarios o especulativos. Por otro, el vaso tiene múltiples agujeros casi invisibles por los que partes esenciales del líquido se filtran, a través de la fuga de capitales, alimentando la acumulación de los centros del capitalismo mundial o resguardándose en los paraísos fiscales. Por último, los planes de austeridad impuestos al conjunto de la población aseguran que el derrame no se produzca si por esas casualidades el líquido pudiera llegar a desbordar.

Tal cosa pasó en la Argentina durante los 27 años precedentes a la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, con la adopción de los postulados neoliberales de la última dictadura militar, que hicieron estragos en los gobiernos democráticos que la sucedieron, especialmente con el menemismo y De la Rúa, alimentados por las mismas políticas de endeudamiento y especulación financiera, a las que agregaron una falsa paridad del tipo de cambio, que terminó produciendo la crisis de 2001. Esos fueron los años económicos perdidos, y no los de la última década, donde se intentó a través del Estado crear las condiciones para que el vaso pudiera llenarse y la distribución del agua no dependiera del derrame sino de políticas públicas. Para la mayoría de la población, ha sido una década ganada. También hubo fallas del Gobierno, es cierto, pero lo principal fue la tenaz oposición a un mejor reparto de las riquezas de parte de los sectores más pudientes, que parecieran olvidar que la pobreza y la indigencia de la mayoría no ofrecen ninguna seguridad de poder disfrutar tranquilamente sus ganancias. La historia del país es testigo de ello.

Esa historia muestra además que la mal llamada teoría del derrame, o mejor dicho del empleo exclusivo del excedente a favor de las clases pudientes, o más claramente de los ricos, no constituye una cuestión coyuntural, creada por la dictadura militar y los gobiernos que la siguieron, sino que se dio con regularidad a través del tiempo, salvo excepciones. Ya en la época del modelo agroexportador, una de las características más destacadas de la oligarquía terrateniente era su cultura fuertemente rentística. Este sector obtenía abundantes ganancias como resultado de la propiedad de grandes fundos rurales, que, gracias a su elevada productividad permitían apropiarse de rentas extraordinarias a nivel mundial. Esa oligarquía, lejos de preocuparse por utilizar el excedente para reinvertirlo, dejó la tarea en manos del capital extranjero (al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en Canadá y Australia, entonces dos colonias, que pronto sostuvieron las riendas de sus propias riquezas) utilizando esa acumulación en el consumo extravagante e improductivo: desde costosos viajes a Europa, la construcción de suntuosas mansiones, algunas con bloques de material totalmente importado, como las famosas residencias de Victoria Ocampo, o hasta liquidar parte de su patrimonio como cuenta Ricardo Güiraldes en su novela Raucho, para el mantenimiento de cortesanas europeas de moda.

Según Jim Levy, un historiador australiano que hizo un análisis histórico comparativo entre los dos países, Argentina y Australia, mientras el Estado Argentino era un gobierno de los estancieros, o dicho de otra manera con un gran estancia a su cargo, la intervención estatal en la economía colonial australiana tomaba otros rumbos. Por ejemplo, ya hacia 1900 el gobierno dirigía las más grandes empresas de la economía primaria y del transporte, las comunicaciones y el manejo del agua. A él se le debía el 40 por ciento del total de la formación de capital doméstico, al mismo tiempo que se restringía la existencia de grandes propiedades rurales y se establecía un impuesto a las rentas de la tierra, que luego sería tomado como ejemplo por Raúl Prebisch, quien en un viaje de estudios a ese país, en los años ’20, se inspiró en él para confeccionar un impuesto a los réditos en la Argentina, que recién se implementó en 1932.

Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente en intentar imponer impuestos a la renta, para obtener nuevos recursos fiscales, y poder capturar parte de ese excedente extraordinario utilizado en beneficio propio por la oligarquía. Sin embargo, debido a su debilidad en el Congreso, no pudo lograrlo. Sólo como consecuencia de la crisis de 1930 el predominante modelo agroexportador mostró sus límites y los mismos conservadores en el poder, expresión política de aquella oligarquía, necesitaron imponerlo para sustituir las carencias fiscales que resultaban de impuestos establecidos principalmente sobre un decaído comercio exterior. Pese a ello, los estancieros buscaron de inmediato la forma de evadir el pago de éste, convirtiendo sus estancias en sociedades anónimas. De manera tal, que ante el desastre fiscal que eso suponía, el mismo ministro de Hacienda conservador quiso duplicar ese impuesto e imponer otros a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios, pero sus iniciativas fueron rechazadas sin más por un Senado manejado por su mismo partido.

Por otra parte, las empresas extranjeras, desde las que arribaron al país en la época agroexportadora hasta las que procuraron beneficiarse del proceso de industrialización, en vez de reinvertir las ganancias que obtenían a fin de aumentar la producción o incorporar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la competitividad, optaron por repatriarlas a sus países de origen aprovechando una legislación liberal que las favorecía. Lejos de estimular el desarrollo nacional, estas prácticas no hicieron más que profundizar la dependencia e impedir un crecimiento económico sustentable. Sólo la experiencia del peronismo, que dio un rol central al Estado nacional en el manejo de la economía, pudo realizar una distribución de ingresos hacia sectores productivos y trabajadores asalariados. Pero ese intento, que también tuvo grandes resistencias políticas y económicas, duró menos de una década.

Raúl Prebisch llegó a la conclusión de que un país periférico, como la Argentina, nunca lograría desarrollarse plenamente mientras sólo las clases acomodadas se apropien y hagan uso del excedente económico. Según él, los estratos superiores de la sociedad terminaban canalizando la riqueza hacia pautas de consumo improductivas e imitativas del mundo desarrollado o alimentaban con sus fugas los procesos de acumulación del centro.

En los últimos doce años de gobiernos kirchneristas se intentó nuevamente la apropiación de una parte del excedente por el Estado (con las retenciones como una herramienta fundamental, aunque fuertemente resistida con cierto éxito por los intereses agrarios) para redistribuirlo mediante programas orientados a la inclusión social y el desarrollo económico. A ese medio se le agregaron otros, como las de la industrialización, la recuperación del empleo o políticas de desendeudamiento que permitieran desembarazarse del peso de la deuda y de sus organismos de control. Entre otras, las asignaciones universales por hijo, la inclusión previsional, los aumentos salariales y la inversión estatal lograron alcanzar la reconstrucción económica y social del país luego de la peor crisis de su historia.

Sin embargo, hasta nuestros días, el vaso no termina nunca de llenarse y menos aún de derramar su líquido. En septiembre de 2014 las autoridades tributarias de Francia le entregaron a la AFIP información sobre 4040 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y sociedades argentinas en el banco HSBC de Ginebra. El monto total del dinero no declarado supera los 3500 millones de dólares, es decir, más del 10 por ciento de las reservas internacionales que posee el BCRA en la actualidad. Entre los principales responsables de este hecho ilícito se encuentran el Grupo Fortabat, Cablevisión, Telecom Argentina, Mastellone Hnos., Edesur, entre otras empresas, grupos, banqueros, políticos y empresarios. La AFIP calculó que el dinero evadido desde 2006 (año en que fueron creadas las cuentas), más el pago de la multa por haber cometido tal ilícito, se acercaría a los 62 mil millones de pesos, es decir 2,2 veces el presupuesto asignado a la Asignación Universal por Hijo en 2015. Sin contar los cálculos que en Europa realiza el Tax Justice Network, que ha calculado el dinero argentino en los paraísos fiscales en un monto similar al de nuestro PBI. Y muestra cuán vieja es la costumbre de nuestros sectores pudientes de fugar dinero al exterior.

Este caso debe servir como punta de lanza para abrir un debate en la sociedad acerca de la apropiación y utilización del excedente en la Argentina. Una reforma tributaria integral y progresiva, no parcial y regresiva, es fundamental para profundizar el uso social y productivo del excedente económico por parte del Estado democrático. Por el contrario, no es menos alarmante la presencia de candidatos presidenciales anunciando como políticas centrales la disminución de impuestos para beneficiar sobre todo a los más ricos, y devaluaciones del peso en el mismo sentido. Esto no haría más que desfinanciar nuevamente el Estado y esperar que funcione nuevamente la teoría del derrame, salvo que los sectores populares, ahora en conocimiento de causa, antes de aguardar pacientemente ese milagro hallen la manera de volcar el vaso.

* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-269372-2015-03-31.html

El Citi entrega a los bonistas

LA COMISION NACIONAL DE VALORES PIDIO EL LISTADO DE ACREEDORES

El titular de la CNV citó a directivos del Citibank para instrumentar el traspaso de la información de los titulares de bonos que hoy tienen que cobrar el vencimientos de títulos PAR. El Ministerio de Economía depositó el dinero en la Caja de Valores.

Al cierre de esta edición, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Cristian Girard, seguía reunido con directivos del Citibank para analizar el traspaso de su cartera de tenedores de deuda argentina a la Caja de Valores, luego de que el holding fuera suspendido para operar en el mercado de capitales por incumplir las leyes locales. También se estudió el traspaso de los fondos del bono PAR, que vence hoy y de los cuales el Citi era responsable de 3,7 millones de dólares, los cuales serán pagados por la Caja de Valores. El dinero fue depositado por Economía el viernes pasado. El ente regulador suspendió la semana pasada de manera preventiva a la entidad por considerar ilegal el acuerdo al que llegó con un grupo de fondos buitre. “No actuó de acuerdo con la legislación vigente en Argentina”, justificó la CNV. El Citi insiste en que cumple con las normas vigentes en el país.

El acuerdo entre el Citi y los buitres rubricado ante el juez Thomas Griesa pretendió evitar sanciones en el país al decidir acatar una orden de un tribunal de distrito que sobrepasó su jurisdicción, dado que la filial argentina debe regirse por las leyes locales y no por sentencias de un juez de Manha-ttan. Griesa había permitido en tres oportunidades transferir a los tenedores de deuda bajo legislación argentina el pago de los servicios y sortear así el bloqueo que impuso en junio del año pasado sobre el cobro de ese dinero para presionar al país a cumplir su sentencia a favor de los buitres.

El Citi, junto con la Argentina, solicitó la liberación definitiva de esa orden sobre la deuda bajo ley local, con el antecedente de un fallo favorable en la Justicia inglesa, que reconoció que la orden de Griesa excedió su jurisdicción. Ante la negativa del juez y el riesgo de sanciones en el país, el Citi acordó con los buitres una salida: dejar el negocio en el país y resignar nuevas apelaciones sobre la orden del juez neoyorquino.

Luego de que se conociera la letra chica del acuerdo, los abogados de la CNV y el Banco Central analizaron los riesgos para los bonistas. El resultado fue la suspensión preventiva de la entidad para operar en el mercado de capitales, debido a que el acuerdo deja sin protección al resto de las instituciones que participan en el proceso del pago de los bonos. El convenio con los buitres sólo protege al Citi. También dejaba en descubierto a los bonistas, a quienes no podía asegurarse que el dinero que deposite el Gobierno por el bono PAR llegue a sus propietarios en el exterior.

“En relación con la medida de suspensión preventiva como agente en el mercado de capitales y la sustitución como agente de custodia que la CNV adoptó respecto de Citi Argentina, el banco manifiesta que siempre ha actuado en el mejor interés de sus clientes y que todo su proceder en relación con su negocio de custodia, incluyendo su plan de salida de este negocio, ha sido y será en un todo conforme a la ley local vigente”, comunicó el Citi.

En el encuentro de ayer se discutió el plan de la entidad para dejar sus operaciones de custodia y la nómina de bonistas que cobrarán a partir de hoy a través de la Caja de Valores, encargada por decisión de la CNV de administrar las cuentas de depósito de Citibank y procesar los pagos correspondientes en cada caso. También se analizó el traspaso al Mercado de Valores (MerVal) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), encargados de arbitrar todos los medios para atender los requerimientos de los clientes del Citi y liquidar las operaciones pendientes. El Ministerio de Economía impulsó la suspensión por considerar que el banco afectaba a los bonistas y no cumplía con las leyes locales.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-269378-2015-03-31.html

Nuevos testigos de las fiestas sexuales de agentes de la DEA pagadas por narcos

“Romper el hielo”. Con ese argumento justificó un testigo la realización de parrandas pagadas por narcotraficantes a agentes de la DEA y a abogados norteamericanos, italianos e ingleses, en las que abundaban el licor y la presencia de prostitutas.

30 marzo, 2015 Colombia

Según el testigo, que tuvo acceso a varios de esos encuentros y que pidió su reserva por seguridad, las fiestas se extendían por varios días y no solo se hacían en las casas de los agentes pagadas con fondos oficiales del gobierno de Estados Unidos, sino que se organizaron en fincas, restaurantes y hasta reconocidas discotecas que fueron cerradas para atender a los invitados de los narcotraficantes que exploraban la posibilidad de entregarse a la justicia de EE. UU. (Lea: Así pillaron las fiestas sexuales de los agentes de la DEA en Colombia)

EL TIEMPO ubicó a personas cercanas a los jefes paramilitares que se entregaron en el marco del proceso de paz con las Auc y que fueron extraditados a Estados Unidos en marzo del 2008, y señalaron que desde la desmovilización ya era común que se hicieran ‘atenciones’ a agentes federales y abogados que negociaban la entrega de nacionales a la justicia estadounidense.

“Se hicieron fiestas en fincas cercanas a ‘Santa Fe de relajito’, como se le decía. Se hacía como una atención a los visitantes en las que, por supuesto, había nenas, licor y, en muchas ocasiones, droga”, relató una fuente tras señalar que algunas de las parrandas se hicieron en Caucasia y en lujosas fincas del bajo Cauca antioqueño.

El escándalo sexual que sacudió esta semana a la DEA, una de las agencias más respetadas de Estados Unidos y el mundo, fue revelado en un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG). En el documento de más de 100 páginas están las declaraciones de varios policías colombianos que acusaron a una decena de agentes sobre sus comprometedores comportamientos en el país y las confesiones de varios de los investigados.

El reporte oficial señala que los enredados en el escándalo sexual son un asistente de director regional, un agente especial encargado, seis agentes especiales supervisores y dos agentes especiales, todos ellos con amplia experiencia de campo en la lucha contra el narcotráfico.

El caso contra los agentes se inició por una investigación interna de la DEA entre el 2009 y el 2010 y allí se estableció que varios de ellos, además de asistir a las parrandas financiadas con plata del narcotráfico, recibieron “costosos regalos, armas y hasta dinero de los carteles de la droga”. Siete de los investigados reconocieron sus escapadas sexuales, pero negaron que supieran que las fiestas fueran pagadas por narcos.

La OIG cuestionó que los agentes, por su preparación, tenían que sospechar de dónde salía el dinero de las fiestas y que además pusieron en riesgo su misión con su comportamiento, pues en su poder tenían computadores y demás equipos con información clave para su trabajo en el país.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que varios abogados extranjeros y agentes que llegaron al país entre 2005 y 2009 fueron trasladados en vuelos privados y carros de alta gama a las reuniones en las que eran esperados inicialmente por emisarios de los narcotraficantes, quienes tenían la orden de “satisfacer todos los deseos y peticiones de sus invitados”.

“Los agentes buscaban contactos en el país y eso implicaba tener reuniones con fuentes que conocieran el negocio de la droga y que pudieran entregar información para sus investigaciones. Eso permitía que, a través de enlaces, se les hicieran invitaciones y después de asistir a la primera fiesta ya no faltaban a las siguientes parrandas”, dijo la fuente.

Señaló que en las fiestas, los narcos no solo exploraban la posibilidad de beneficios judiciales por colaboración, sino que de paso conseguían información sobre qué tan grande estaba el dossier contra ellos en Estados Unidos.

“En medio de los brindis y de la fiesta, la gente se iba relajando y era más fácil empezar a preguntar qué tan mal estaba el patrón en los Estados Unidos, qué tan empapelado estaba, y eso permitía hacer cálculos de qué tanto había que colaborar y qué tanto había que entregar en plata y rutas para conseguir un acuerdo favorable”, afirmó el testigo.

Aunque en el informe de la OIG no hay nombres de los capos que supuestamente financiaban las fiestas sexuales de los agentes, que recibieron como sanción una suspensión de sus cargos entre dos y diez días, la fuente señala que algunos de los que usaron esa estrategia fueron Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera conocidos como ‘los Mellizos’.

Uno de los que más promovieron esos encuentros y les vendieron a los demás capos la idea de los beneficios que lograrían con esas atenciones a los agentes, dice la fuente, fue Víctor Manuel Mejía, quien terminó muerto en un operativo de la Policía entre Tarazá y Caucasia, bajo Cauca antioqueño, en 2008. ‘El Mellizo’ hizo agasajos en fincas cercanas a Medellín, Copacabana y en la Costa Caribe.

Aunque ‘Macaco’, otro de los narcoparamilitares señalado de organizar esas fiestas y participar activamente terminó extraditado a EE. UU. y condenado a más de 30 años de cárcel por concierto para delinquir y narcotráfico, algunos de sus hombres, señalan testigos, habrían logrado acordar su entrega, y luego de un proceso de colaboración, ya pagaron su pena y regresaron al país.

“No todo el mundo coronó, algunos gastaron millones de pesos y trago, y finalmente no se concretó”, afirman fuentes.

Igualmente, aseguran que a los agentes y abogados no les gustaba el ambiente y el clima de Bogotá por lo que en la capital del país se habrían realizado solo algunas reuniones de acercamiento para luego hacer las invitaciones a las rumbas en otras regiones. “Se buscaban sitios cálidos, con bonito paisaje y piscina para que los invitados se sintieran como reyes”, sostiene la fuente.

En esos encuentros preliminares, los encargados de la logística de las fiestas, que tenían contactos en el mundo de la rumba dura del país, exploraban los gustos de los agentes. “Esa era gente especializada, y conseguían lo que el invitado quería: qué trago le gustaba, qué tipo de mujer prefería y se le conseguía”, dice el testigo.

Escándalo en Cumbre de las Américas

Las rumbas de los agentes del Servicio Secreto, quienes integraban el esquema de seguridad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con prostitutas en Cartagena en 2012, fue la primera alarma que puso ‘bajo la lupa’ el comportamiento de los miembros de los distintos organismos de seguridad de EE. UU. en el país. Durante la visita del mandatario estadounidense en la Cumbre de las Américas quedó en evidencia que los uniformados llevaron prostitutas a sus habitaciones de hotel en el corralito del piedra antes de la llegada de Obama. (Lea: Escándalo sexual en Cartagena vuelve a tocar a la Casa Blanca)

El hecho generó un escándalo de tamañas proporciones que motivó la salida de algunos agentes y la sanción para otros. Incluso, tras comprobarse los hechos, el director del Servicio Secreto, Marck Sullivan, pidió disculpas públicas por los bochornosos actos.

El Tiempo

Las rumbas pueden ir hasta las siete de la mañana

Cindy* trabaja en un burdel estrato seis en Bogotá que suele ser frecuentado por extranjeros, entre ellos agentes de la DEA que trabajan en Colombia. Es una de las tres mujeres que SEMANA logró entrevistar y que han estado presentes en varias de las polémicas fiestas sexuales organizadas por los estadounidenses y relatadas la semana pasada en un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OIG).

Aunque por temor no dio su verdadero nombre y prefiere ocultar su rostro, su testimonio, al igual que otros que SEMANA recolectó, es revelador y cuenta detalles de cómo desde hace varios años complacen los deseos de los hombres de la agencia antidrogas y cómo suelen organizarse los encuentros y fiestas con ellos.

Lleva tres años ofreciendo sus servicios en un lujoso burdel en Bogotá y confiesa que la mayoría de sus clientes son extranjeros. No hay semana en la que por lo menos uno de ellos no visite a las ‘damas de compañía’. Para Cindy y sus compañeras darse cuenta de que muchos de estos hombres son más que simples turistas no es tan difícil como podría pensarse. Según dice, muchos de sus clientes son de la DEA u otras agencias estadounidenses. “Por lo general se hacen pasar por turistas, pero poco a poco y a medida que entran en confianza le van contando a uno ciertas cositas, por lo general ayudados por los tragos”.

Los agentes suelen ir en grupos hasta el burdel, en ocasiones se quedan allí, pero en muchas otras salen con las chicas a hoteles o apartamentos. Cada encuentro cuesta 500.000 pesos y si se pasa de una hora la tarifa va subiendo. Cuando Cindy y sus amigas están seguras de que su cliente es un agente, el precio ya no es el mismo, “ya les cuesta un millón o un millón y medio de pesos”. Ellos no ponen problema, cancelan en dólares y solo les piden una cosa: total discreción.

Algunas veces los agentes no se conforman con un encuentro y arman una gran parranda en apartamentos que alquilan en lugares discretos. La rumba puede durar hasta el amanecer o irse de largo, tipo seis o siete de la noche del otro día. Siempre hay mucho licor y en ocasiones drogas, “no tienen problema en consumir delante de nosotras. Actúan como si nada”, dice. Alquilar fincas en otras ciudades también es un plan habitual, pero tratan de cuidarse mucho y divertirse sin hacer ruido exagerado, ya que no les convienen los escándalos y prefieren pasar desapercibidos.

Sin embargo, Cindy asegura que ha habido momentos en los que la palabra discreción ha quedado de lado y las han maltratado, “se pueden poner agresivos cuando se pasan con el licor o cuando consumen mucha droga”. Pero como son conscientes que esto aunque no es regla puede llegar a ocurrir, su estrategia es nunca ir solas a estas fiestas y hay dos razones por las que están convencidas de eso: la primera es que si se forma un problema, entre todas es más fácil calmarlos y tener la situación bajo control; la segunda es que a veces van armados y tienen que ser precavidas para evitar un ‘accidente’.

Cuando ya hay mucha confianza entre las mujeres y los agentes, estos suelen llamarlas directamente a sus celulares y agendar encuentros sin intermediación del burdel. Al saber de su condición de oficiales norteamericanos ellas se limitan a cobrar una tarifa más alta. “Se cuidan mucho de no decirnos que son parte del gobierno estadounidense pero siempre terminamos dándonos cuenta, aun así tratamos de no meternos en ese cuento y averiguar lo menos posible, por simple precaución”.

Cindy ya tiene claro cómo hablarles, cómo tratarlos, cómo complacerlos, incluso cuando le han solicitado realizar orgías. Y aunque los encuentros no tienen un día fijo, de lo que sí tiene certeza es que los agentes siempre vuelven.

Semana

Director de Inteligencia Naval de Chile reconoce espionaje contra Perú

Después de que se hiciera público el espionaje de marinos peruanos en favor de Chile, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, y otras autoridades de alto nivel, han asegurado que su país no promueve acciones de espionaje. Sin embargo, el director de Inteligencia Naval de Chile, Óscar Aranda, reconoce en una conversación que se espió a Perú tras la demanda por límites marítimos interpuesta en la Corte de la Haya.

30 marzo, 2015 Chile, Perú

Documentos obtenidos por el diario Exitosa revelan una conversación entre Aranda y el director de Inteligencia de la Armada peruana, el Contralmirante Raúl Robles. Ambos buscaban reunirse para tratar el tema de espionaje, después de que se hizo público.

En el diálogo que se mantuvo vía Whatsapp, Robles le pide al chileno que revele los nombres de los espías peruanos, a lo que Aranda responde: “No me pidas eso. Sabes que no puedo. Podría hacer algo a futuro. Pero piensa las fechas. Son cosas que heredé”.

Robles vuelve a pedir pruebas de los marinos peruanos que intervinieron, y Aranda señala que “solo es Philco. Los otros dos son ‘mercenarios de la info’, la vendían a cualquier. Y los desechamos porque sospechamos”, en referencia a Domínguez y Gonzáles. “¡Oye, nos estaban demandando! Jajajajaja ¿qué querían que hiciéramos?”, agrega.

Después, ambos continúan la conversación de modo que se pueda concretar un encuentro, y fijan un lugar podría ser Tacna.

UNA REVELACIÓN SIN SORPRESAS PARA PERÚ

Para el intercionalista Ernesto Velit esta información no debe haber generado mucha sorpresa al gobierno peruano debido a que este ya estaba al tanto del caso de espionaje .

“Quien lo niega es el gobierno de Chile pero el Perú tenía pruebas para confirmar ese espionaje. Incluso los militares comprometidos confesaron hasta el nombre de los militares chilenos encargados de recabar la información que transimitían”, dijo en conversación con Canal N.

Asimismo señaló que la revelación el gobierno peruano demandaría una respuesta al país sureño.

“Ahora le daremos carácter de protesta diplomatica que es lo que se estila en estas situaciones (…) Chile tendrá que aceptar que el espionaje existió y tendrá que dar una respuesta que satisfaga las justificadas exigencias del gobierno de Perú”, finalizó.

Hasta hoy, el gobierno de Perú espera una respuesta de Chile sobre el caso, la misma que permita fortalecer la relación entre ambos países.

La República