AMIGOS SON LOS AMIGOS

 EL GOBIERNO DE MACRI ALQUILO UN GALPON AL GRUPO CLARIN EN EL LUGAR DONDE ESTA EL MURO

Con una millonaria ayudita 

Con el pretexto de la “urgencia” para reacondicionar vagones del subte, el gobierno porteño le alquiló el galpón al Grupo Clarín por un millón y medio de dólares por año.

 Por Werner Pertot

Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.

“No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

EL FISCAL DE CASACION JAVIER DE LUCA DESESTIMO LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER

De Luca insistió en que no existe delito en lo denunciado. Sólo resta que la Cámara de Casación firme una resolución dejando en pie el desestimiento de primera instancia del juez Rafecas para que la denuncia de Nisman se archive.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

@El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, desistió ayer del recurso de Casación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y varios dirigentes sociales. De Luca tenía la obligación de fundamentar su desistimiento y lo hizo en un escrito de 27 páginas en los que afirma que en la denuncia de Nisman “por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”. De Luca sostiene que no existe delito en la firma del memorándum ni en la constitución de una Comisión de la Verdad, todo lo cual fue votado por el Congreso. “Sostener que firmar un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Las supuestas motivaciones, móviles o ultra-intenciones no son delito”, remata el fiscal. Tras la presentación del escrito de De Luca, la Sala I de la Cámara de Casación seguramente dirá que el recurso no fue sostenido, lo que deja firme el desestimiento original del juez Daniel Rafecas. Será el final de una denuncia que naufragó desde el principio (ver aparte).

Tratado

Aunque se pretenda descalificar a De Luca por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, lo cierto es que el fiscal no sólo siguió los lineamientos del fallo de primera instancia de Rafecas y de dos de los tres jueces de Casación –Jorge Ballestero y Eduardo Freiler–, sino que convalidó los mismos argumentos que públicamente explicaron juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos coincidieron en que en la denuncia de Nisman no existe delito o que tenía más de denuncia política que judicial.

El fiscal dice: “Véase que la conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo memorándum, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas. No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista. Un tratado es equiparable a una ley. Fue votado por el Congreso. Es el soberano el que decide. Hay tratados que eximen de extradición, que modifican regímenes de excarcelaciones y todo ello está dentro de las facultades del Legislativo y el Ejecutivo, que luego promulga. No puede haber delito en eso”.

Interpol

Ya está demostrado que la Cancillería no pidió el levantamiento de las alertas rojas. Las pruebas exhibidas fueron categóricas: la carta a Interpol advirtiéndole que la firma del memorándum no cambiaba el status de las capturas; la respuesta de Interpol ratificando que no habría cambios; las declaraciones de Ronald Noble.

Sin embargo, De Luca resalta que ni el Ejecutivo ni el Legislativo argentino tenían facultades para incidir en el levantamiento de las órdenes de captura, incluso si se hubiera hecho alguna gestión. “No existe en Interpol el mecanismo de solicitudes u órdenes de los poderes ejecutivos –afirma De Luca–. No es un procedimiento reglado para bajar las alertas rojas. Ni Argentina ni Irán tienen capacidad legal de bajar alertas. Sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol. Los otros poderes de los respectivos Estados no tienen una competencia específica para incidir en el proceso interno de la Interpol al respecto, ni para darles el alta ni para darles la baja.”

AMIA

Hay un punto del dictamen de De Luca que va a uno de los meollos del memorándum. El fiscal explica que el tratado no detuvo nada de la causa judicial argentina, que siempre estuvo en las manos de un juez, Rodolfo Canicoba Corral, y delegada en un fiscal, Nisman. De Luca analiza que el expediente afrontaba un problema sin solución: los prófugos no podían ser indagados porque ni se presentaban voluntariamente ni podían ser aprehendidos. “No se podía avanzar –señala De Luca–. En ese contexto, se desprende de la simple lectura del memorándum que el acuerdo no pretende otra cosa que traer a derecho a esas personas para que declaren ante el juez de la causa. La historia judicial argentina está plagada de búsqueda de soluciones, porque no se trata de un conjunto de normas pétreas. Los poderes del Estado competentes buscan e instauran un mecanismo que destrabe una situación. Y la solución puede ser criticada por los políticos, la doctrina, las partes, pero es lo que pudieron y supieron concretar quienes dirigen las políticas exterior y criminal de la República.” Esto no significa –redondea De Luca– que el Ejecutivo o el Legislativo hayan entorpecido la causa judicial, que siempre estuvo a cargo de un magistrado. No se afectó el trámite judicial en la Argentina. Tampoco significó ayuda para los prófugos, no les facilitó la elusión de la Justicia.

Comisión

De Luca responde al argumento de que la creación de la Comisión de la Verdad, en el marco del Memorándum, sea una ayuda a los prófugos y, por lo tanto, un delito. “De la lectura misma del memorándum –dictamina De Luca– surge que el juez y el fiscal a cargo de la etapa de investigación no están obligados ni vinculados por las acciones y conclusiones de la llamada ‘Comisión de la Verdad’, de modo que no tiene efectos sobre el proceso porque siempre dependerán de la decisión autónoma que tomen los magistrados a cargo. La intervención de la Comisión no tiene mayor valor que el que pudieran tener las infinitas opiniones, estudios, investigaciones y conclusiones que sobre el atentado hubo desde el primer día. Y ello conduce a visibilizar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al concretar este acuerdo, con esa redacción, de ningún modo entorpecieron la marcha del proceso penal que, reitero, en nuestro país está a cargo de un magistrado que pertenece a otro poder del Estado.”

Delito

El fiscal de Casación, en su desistimiento del recurso, polemiza con lo que llama una falacia “consistente en sostener que la hipótesis del denunciante (Nisman) puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación”. El fiscal rechaza ese proceder: “Si se reciben denuncias del tipo ‘en la casa de al lado se trafican estupefacientes’, o que ‘Fulano mató a Mengano’, o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina. En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son una ayuda para los prófugos y se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado”. Es decir que hubo un tratado y una ley, que –como señaló la Cámara Federal– pudo haberse considerado inconstitucional, pero no un delito.

Finalmente, el fiscal les responde a quienes dicen que hay que investigar e iniciar un proceso de recolección de pruebas. “Nuestra ley –remata De Luca– exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida. En este caso no estamos ante hechos que no se pudieran probar, sino que lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.”

http://www.pagina12.com.ar/

Por una Agencia latinoamericana de Calificación de Riesgo

Por Alfredo Serrano Mancilla

20 abril, 2015   Opinión

Después de unos años de aceleración en el proceso de construcción de una América Latina más emancipada, con más mecanismos propios de integración, se viene entrando en un periodo de cierto amesetamiento. No es fácil mantener el intenso ritmo que fue necesario implementar desde el año 2005 en adelante para ir poniendo ladrillo a ladrillo la nueva casa latinoamericana con unos nuevos cimientos que perduran con gran vigor hasta nuestros días. La aparición del ALBA (y el rechazo al ALCA) con la genuina idea del SUCRE, la emergencia de Unasur, el empeño en curso puesto en la creación de un árbitro unasuriano que sea quien dirima en caso de conflicto de las inversiones extranjeras en este territorio, el nacimiento de la CELAC, los nuevos instrumentos para relacionarse con los BRICS sin necesidad de tener que pedir permiso a la hegemonía estadounidense; son todos hitos propios del inicio del cambio de época en América latina.

Sin embargo, esta tarea arquitectónica exige ahora más que nunca un nuevo reimpulso para hacer irrerversible todo lo logrado en esta década ganada para la mayoría social latinoamericana. No es aconsejable que el alto nivel de decibelios existentes en muchos países debido a la disputa que está en juego puertas adentro (sea por contienda electoral o por cualquier otra causa) distraiga la atención de los desafíos estratégicos para seguir avanzando y consolidando el proceso de integración regional. A la importancia, ya mencionada recientemente por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, de disponer este mismo año del Banco del Sur en pleno funcionamiento, se le suma la necesidad urgente de repensar y buscar qué otro tipo de herramientas son imprescindibles desde ahora en adelante. La transición geoeconómica en marcha hacia un mundo multipolar no permite estar en huelga; cualquier pasividad podría ser penalizada arrastrando a la región a una inserción que se debate entre la opción hegemónica y otra opción vía BRICS, abandonando cualquier posibilidad de insertarse bolivarianamente en el mundo como bloque propio. No hay tiempo que perder para tomar acciones concretas que permitan aprovechar esta buena oportunidad histórica para reubicarse soberanamente en la mejor manera posible en este nuevo mundo del siglo XXI. De lo contrario, se corre el riesgo de perder la oportunidad de obtener efectivamente la segunda y definitiva independencia.

Entre las múltiples tareas que restan por hacer, una de ellas debería ser la creación de una Agencia latinoamericana de calificación de riesgo. El objetivo de esta idea es dotarse de una herramienta real para confrontar una de las nuevas armas de destrucción masiva que utiliza el capitalismo global para golpear a los estados soberanos, a sus democracias y a sus economías. Hasta el momento son tres empresas privadas las que monopolizan la posibilidad de evaluar cualquier deuda, pública o privada, otorgándole una nota que hace considerarla riesgosa o no, y por tanto, fija los intereses a pagar a la hora de colocarla en los mercados financieros. En otras palabras, son únicamente Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch quienes pueden decir si una deuda pública de un país latinoamericano posee alto riesgo o no de ser impagada, poniéndole desde la máxima nota a la peor. Permitir que los capitales privados, quienes a la vez tienen intereses particulares en esa misma evaluación, sean aquellos que puedan considerar que un país está en colapso o default es verdaderamente un atropello a la soberanía que no debería admitirse. Este es un colmo más del neoliberalismo: la privatización de la actividad de impartir justicia en el ámbito financiero.

A pesar que en los últimos años se han sucedido numerosos casos poniendo de manifiesto la incompetencia, la competencia desleal y el fraude de estas empresas para llevar a cabo su labor, todavía siguen actuando con total impunidad abusando de su posición dominante. No ha servido aún que el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté investigando a Moody’s por inflar la calidad de los activos hipotecarios que dieron lugar a la crisis financiera de 2008 (según The Wall Street Journal) ni que le haya impuesto una multa record (1300 millones de dólares) a la agencia Standard & Poor’s por prácticas similares. Aún estas agencias gozan de autoridad impune para seguir no sólo afectando a los presupuestos públicos de los estados latinoamericanos sino también creando entornos desfavorables y propicios para crear condiciones de inestabilidad económica de cara al exterior. No vale siquiera que se haya demostrado que el principal accionista de Moody’s es el multimillonario estadounidense Warren Buffet (a través de su compañía, Berkshire Hathaway, controla el 12.3%) o que Standard & Poor’s es filial de la editorial McGraw-Hill, o el mayor accionista de Fitch es la firma francesa Fimalac/Lacharriere, presidida por Marc Ladreit, una de las fortunas más grandes de Francia. Tampoco cuenta que este trío calificador de riesgo haya metido un sinfín de meteduras de patas en el pasado. Por ejemplo, cuando los gigantes estadounidense Enron elaboraba su contabilidad ocultando deudas, contabn con las más altas calificación; en Enron mantuvieron la categoría de “alto grado de inversión” aún después que el descalabro era público y sus acciones habían caído de 70 a 3 dólares. En el caso de Islandia, se le concedió una nota de AAA debido a su nueva legislación bancaria liberal, y luego, años más tarde, en 2008 el sistema bancario islandés entró en quiebra. El caso más conocido fue cuando antes de la crisis de los bonos de hipotecas subprime de 2008, estas agencias les dio la máxima calificación crediticia a las hipotecas basura y a bancos que resultaron subsistir de estafas, entre ellos a Lehman Brothers.

Estos son solamente algunos casos que demuestran por qué no se debe confiar la suerte de la calificación de la deuda pública a merced de estas agencias de riesgo. La soberanía como meta de la nueva América Latina se recupera también con este tipo de batallas económicas. Al igual que Rusia y China ya han iniciado a toda prisa la constitución de una agencia de calificación de riesgo propia, y algo similar está procurando hacer la UE si es que el acuerdo de Libre Comercio Trasatlántico (TTIP) con Estados Unidos se lo permite, en América Latina es urgente dar un paso al frente en este asunto. Cuanto antes, se disponga de una Agencia latinoamericana de calificación de riesgo en el seno de la CELAC, o suramericana en el seno de Unasur, mucho antes se evitará la dependencia que en esta materia se tiene todavía de los poderes económicos centrales.

Celag

México : desde 1994, hay 600 mil productores lecheros menos

Efectos del TLC con EEUU

20 abril, 2015   México

La drástica caída de 50 por ciento en el precio internacional de la leche, lainundación de importaciones del producto y la falta de voluntad política del gobierno para regular el mercado, mantienen a los 150 mil pequeños y medianos productores (pymes) del lácteo que quedan en el país en una situación de verdadera crisis, sin precedente en los últimos 20 años.

Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, en el país han desaparecido 600 mil unidades de producción.

Además, la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) podría representar la desaparición formal de este sector, pues obligaría a los productores nacionales a competir de manera desventajosa con otros países, como Australia y Nueva Zelanda, que concentran casi 40 por ciento de las exportaciones mundiales.

Para Álvaro González Muñoz, del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, y Vicente Gómez Cobo, de la Federación Mexicana de Lechería (Femleche), la situación es extraordinariamente difícil, pues desde julio pasado el precio en los mercados internacionales registra una caída de más de la mitad, al pasar de 4 mil 800 a 2 mil 300 dólares por tonelada.

Esta circunstancia ha provocado que la industria nacional del lácteo haya decidido, sin ninguna restricción, llevar a cabo importaciones, con lo cualprácticamente ha inundado el mercado sectorial, y con ello, explica, presiona aún más a los pequeños y medianos productores nacionales a venderles más barato.

Desde hace tres meses, más de 2 millones de litros de leche –cerca de 7 por ciento de la producción diaria nacional, estimada en unos 30 millones de litros– no pueden ser colocados en el mercado. Actualmente los productores la venden en 5.30 pesos por litro, pero el costo de producción es de 6 y hasta 7 pesos, según la zona.

Producción al caño

No obstante, hay veces que el litro se vende a 3 pesos y otra (parte) se tira al caño. Esta situación resulta increíble en un país que importa 15 millones de litros diarios, o sea, una tercera parte del consumo nacional, apuntó Álvaro González, quien junto con Vicente Gómez solicitó la intervención del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, informaron que Liconsa ha dejado de comprar un millón de litros de leche diarios a los productores de Jalisco, situación que tendrá unefecto dominó, pues afectará también al resto de las 12 entidades consideradas grandes productoras.

Ambos dirigentes señalaron que aunque en varios estados del país ya realizaron movilizaciones, es previsible que éstas se generalicen en los próximos días y semanas, pues la situación cada vez es más complicada.

González Muñoz denunció que el gobierno federal no tiene la menor voluntad política para regular el mercado de sectorial y frenar las importaciones. Incluso, señaló que Licosa, organismo que compra leche para los programas sociales, tiene capacidad de aumentar sus adquisiciones a los productores nacionales, pero ha decidido recurrir también a la importación,desvirtuando todavía más el mercado.

En este sentido, Vicente Gómez, de Femleche, señaló que Liconsa ha asumido el papel de empresa privada, en lugar de trabajar en favor de los miles de productores nacionales y los consumidores.

Además, dijeron que muchas importaciones ni siquiera reúnen los requisitos para que sean identificadas realmente como leche. Nuestra población, por desconocimiento, consume quesos y muchos otros derivados, con la falsa creencia de que son elaborados con leche, expresó.

Así, denunciaron que a la inacción de las secretarías de Economía –que permite la importación indiscriminada del producto–, de Agricultura y de Salud, también se suman Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuales se hacen de la vista gorda y jamás verifican precios, calidades ni sanidad. Simplemente dejan hacer y dejan pasar, lo que a todas luces es un fraude y un riesgo a los consumidores, denunció González Muñoz.

Las Jornada

Y DALE CON LOS TRATADOS

Tabaré insiste en que el Mercosur concrete el TLC con la Unión Europea

20 abril, 2015   Uruguay

El presidente Tabaré Vázquez viajó este domingo al departamento de Cerro Largo con el objetivo de encabezar el segundo consejo de ministros en el interior del país. Antes de la reunión de gabinete, el mandatario realizó una conferencia de prensa y se refirió a los pasos que pretende dar su gobierno para incrementar el comercio exterior.

“Es muy importante que avancemos junto a Brasil para ver si podemos concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea”, dijo Vázquez, quien también sostuvo que buscará con la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, aumentar el ingreso de productos uruguayos en el país vecino.

Otros de los temas a los que se refirió Vázquez fue un acuerdo realizado por el ministro de Economía, Danilo Astori, que recientemente negoció con el Banco Mundial préstamos para privados que apunten a mejorar la infraestructura en Uruguay.

Uno de los principales temas de este año, el presupuesto quinquenal, también estuvo presente en los anuncios de Vázquez este domingo. El mandatario dijo que el jueves los principales integrantes del Poder Ejecutivo se reunirán en la residencia de Suárez para definir temas presupuestales. “El jueves empezamos a delinear las grandes lineas”, sostuvo el mandatario.

Vázquez también se refirió al déficit hídrico que existe en todo el territorio nacional, y remarcó que el país no está ante una sequía. Sin embargo, el presidente aseguró haber dado “instrucciones para hacer un seguimiento muy estricto de la situación”.

El Observador

Mirando al norte

Los Consejos de Ministros públicos, que el actual gobierno utilizará con intermitencias, tienen un formato interesante. La escenificación de las posturas sirve para divulgar, la visibilización airea (un cachito) el hermetismo en el que suele moverse la gestión. El realizado ayer en el Club Unión de Melo tuvo, en líneas generales, el mismo diseño que los que lo antecedieron: el presidente llega entre honores y trompetas, cede el uso de la palabra a los distintos ministros, un auditorio conformado por militantes del Frente Amplio (FA), referentes de la sociedad civil, la Iglesia y el empresariado local escucha (y eventualmente aplaude) las intervenciones que se van sucediendo, el pueblo se siente importante (por decirlo así) ante la visita de autoridades nacionales… Eventualmente, algún candidato local recibe un espaldarazo del gobierno ante la mirada (atenta o distraída) del intendente. Esta vez le tocó al diputado Alfredo Fratti, ubicado a la izquierda de Tabaré Vázquez en una rueda de prensa realizada al inicio; el argumento fue que el candidato es, sobre todo, el diputado del FA en el departamento. Los anuncios también son parte de la puesta en escena: los de mayor impacto anoche fueron la caída de la mortalidad infantil a mínimos históricos (7,78 por cada 1.000 nacidos vivos durante 2014) y la reapertura del consulado uruguayo en Bagé.

Con todas las objeciones que este tipo de desembarcos genera, lo cierto es que estas citas también tienen su funcionalidad: las “fuerzas vivas” del departamento tienen la posibilidad de establecer un contacto directo con ministros o subsecretarios. Eso es lo que sucederá hoy, cuando -en reuniones pautadas con anterioridad- los integrantes del gabinete reciban a distintas organizaciones locales. Algunos contactos generan mucha expectativa. El más esperado es, sin duda, el que mantendrá el número dos del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, con legisladores de todos los partidos de los departamentos de frontera, alarmados por el daño comercial que, sostienen los locatarios, está provocando en el comercio uruguayo la devaluación brasileña. En una recorrida por la frontera realizada por la diaria, varios actores económicos de la zona (empezando por los freeshops) se quejaban por la abrupta caída de las ventas del lado uruguayo. El reclamo fue incorporado en los discursos de los candidatos a intendente de Cerro Largo. Este tema -junto a la preocupación por la ausencia de lluvias- bajó a la campaña local y forma parte de todas las conversaciones, desde las que tienen lugar en el lobbyde los cumpleaños hasta las autoconvocadas a la salida de la misa.

El temor a un sacudón en la economía local apareció tangencialmente en la conferencia de prensa con la que inició el consejo. Ante una consulta de un medio arachán, Vázquez habló de “preocupación”, aunque con esa cautela que recuerda a los médicos que todavía no cuentan con todos los elementos para un buen diagnóstico. Más enfático sonó el presidente cuando advirtió de la caída en las ventas de productos lácteos a Brasil y Venezuela, los dos principales destinos comerciales del país para los derivados de la leche. Este tema, aseguró, estará presente en la cita que mantendrá con Dilma Rousseff en Brasilia el 21 de mayo. Ésa será la primera reunión bilateral de Vázquez desde su asunción, tal como adelantó la diaria. Sobre la agenda que pretende incluir en la reunión, el presidente aseguró: “Es muy importante que avancemos junto a Brasil para ver si podemos concretar un tratado de libre comercio con la Unión Europea”. Ante un panorama regional adverso -“Uruguay está sufriendo una desaceleración de su economía”, dijo-, Vázquez evitó anuncios concretos sobre un encuentro con su par argentina, Cristina Fernández.

El presidente sorprendió al afirmar que conversó con la mandataria en la Cumbre de las Américas, pero, consultado sobre el temario del encuentro, explicó que la charla giró en torno al extenso viaje que realizó la mandataria hasta Panamá y no incluyó asuntos de la relación bilateral. Brioso, ante una consulta de la diaria, Vázquez intentó despejar dudas en torno a las negociaciones de cara a un acuerdo marco de inversiones en servicios (TISA, por su sigla en inglés) con una veintena de países. “No hay ningún acuerdo, tratado o convenio pensado”, sostuvo. Y agregó que en caso de que el escenario virara hacia ese objetivo, “lo vamos a discutir con la fuerza política”.

Para la política doméstica de Cerro Largo, el Consejo de Ministros de ayer fue un acto de campaña. A pocas semanas de la elección, los actos y gestos de respaldo del gobierno se incrementarán a favor de los candidatos del FA. Fratti, el candidato que parece tener más posibilidades de destronar al Partido Nacional (PN) en el feudo de los Saravia y los Ferreira Aldunate, logró (además de mostrarse junto a Vázquez en la conferencia de prensa previa al consejo) ubicarse estratégicamente en los primeros lugares dispuestos para el auditorio. Los otros dos candidatos del FA, Yerú Pardiñas y Pablo Guarino, también asistieron al encuentro. No faltaron a la cita el intendente blanco Pedro Saravia y el candidato a la reelección por ese partido, Sergio Botana (PN), que sostiene desde hace meses una dura disputa con su sucesor. La mala onda entre el ex y el actual intendente es añeja. Pero se hizo estridente en estos últimos meses, cuando Botana manejó la posibilidad de hacer una denuncia penal contra Saravia, luego de que éste denunciara ante la Junta Departamental que Botana dejó la caja de la comuna empobrecida.

Poco antes del consejo, el ex intendente y actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, avivó las brasas ardientes de la política local al decir, en un acto de respaldo a Guarino, que “lo político no puede estar por sobre lo jurídico”, en relación a la decisión de la gestión de Botana de no controlar el uso del casco por parte de los motociclistas. “Las leyes se hacen en el Parlamento; cuando las leyes no nos gustan lo que hay que hacer es cambiar las leyes, no pisotearlas”, sostuvo el canciller. Otra prueba de que el FA, que ya ganó por 4.000 votos en octubre, pondrá en Cerro Largo toda la carne en el asador. El problema, por estos días, es si la leña alcanza para mantener vivas las llamas. Entre pilas bautismales, cuadros kitsch y paredes descascaradas, ministros y dirigentes no ocultaban ayer en el Club Unión de Melo su preocupación por la superioridad económica de la campaña nacionalista.

La Diaria