HSBC: BCRA ya abrió 21 sumarios por transferencias irregulares

Autoridades del Banco Central se presentaron ante la Comisión Bicameral que investiga la fuga de divisas a través del banco HSBC y aseguraron que se están llevando a cabo "21 sumarios cambiarios por infracciones en operaciones de transferencias al exterior".

El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, se presentó en la Cámara de Diputados junto con el superintendente de Entidades Financieras, Germán Feldman, para informar sobre las medidas adoptadas frente a la denuncia de la AFIP sobre la existencia de 4.040 cuentas de argentinos en Suiza, muchas de no declaradas.

"Cuando la AFIP nos puso en conocimiento instruimos una supervisión integral en el HSBC y todavía tenemos presencia continua en la entidad", explicó Feldman, quien sostuvo que se llevan a cabo "21 sumarios cambiarios".

Al respecto, el superintendente de bancos señaló que los más importantes son aquellos realizados "por infracciones en operaciones de transferencias en el exterior", a los que se suman también "sumarios financieros" contra la entidad bancaria investigada.

En su exposición ante la comisión que preside el diputado oficialista Roberto Feletti, Feldman explicó que "se detectaron irregularidades en registros de transferencias desde y hacia el exterior".

"Lo que pasaba era que no se podía reconstruir el camino de las transferencias" porque "el HSBC tenía muchos de sus sistemas tercerizados en el exterior", precisó el funcionario de la máxima autoridad monetaria.

También indicó, ante una pregunta de los legisladores opositores, que se le realizó al HSBC un "sumario por 86 millones de dólares" por "incumplir normas de prevención de lavado".

Por su parte, Vanoli hizo un repaso de los cambios en las políticas de control del Banco Central desde su arribo a la presidencia de la entidad, tras la salida de Juan Carlo Fábrega.

"Como nunca el Banco Central se puso a controlar a los bancos" y a "jerarquizar las áreas de supervisión", subrayó Vanoli, quin además sostuvo que "se generaron distintos regímenes informativos porque en los años 90 el Banco Cenrtal desmanteló toda las estructuras de control sobre el sector externo".

Los legisladores radicales Ricardo Buryaile y Mario Cimadevilla apuntaron a las supuestas fallas en los mecanismos de control para detectar la fuga de divisas, pero el oficialismo pidió centrarse en los presuntos delitos o infracciones de la entidad bancaria y de los supuestos evasores.

En el final de la reunión, el presidente de la comisión, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), anticipó que para la próxima semana serán convocados directivos de las tres primeras empresas, del listado de 70 en la que figuran sociedades jurídicas con cuentas en la filial suiza del HSBC.

De esta forma, los directivos de Cablevisión -del Grupo Clarín-, Central Térmica Güemes y Telecom Argentina tendrán que presentarse el próximo martes ante la comisión legislativa.

El diputado kirchnerista puso de relieve también que en un trabajo comparativo que realizó entre las cuentas de argentinos en el exterior que se revelaron en 2001 y las 4.040 conocidas ahora existen nombres en común como "Cablevisión, Edesur y Loma Negra, entre otras", hecho que calificó "al menos como llamativo".

En el marco de esta comisión, comenzarán a investigarse a algunas firmas y personas vinculadas al Grupo Clarín denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como es el caso de:Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas); Multicanal(operador de TV por cable); Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín); Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín); Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión); y Luis Alberto González Buruki (Cablevisión).

En total, el fisco nacional reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. De ese total, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.

LA FISCALIA SOLICITO ELEVAR A JUICIO LA CAUSA POR LOS DESAPARECIDOS DE MERCEDES BENZ

Pedido para juzgar a los civiles

El requerimiento de los fiscales incluyó, además de los ocho militares acusados, a dos ex directivos de la empresa. Ya habían hecho el planteo, pero el juzgado no había respondido. Ahora ordenó una serie de medidas de prueba.

Durante la dictadura fueron secuestrados 18 trabajadores de Mercedes-Benz.

 Por Alejandra Dandan

Los fiscales de San Martín Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti pidieron elevar a juicio oral la causa por los trabajadores secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz Argentina, que investiga a ocho integrantes de las Fuerzas Armadas. El requerimiento incluyó un pedido para que el juzgado de Alicia Vence resuelva de forma “urgente” una solicitud más vieja, para que el juicio pueda avanzar también sobre dos ex directivos civiles de la automotriz imputados en esta causa: Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la época, y Rubén Pablo Cuevas, entonces jefe de Asuntos Jurídicos. Los fiscales hicieron el primer pedido en noviembre. El juzgado de Vence les respondió con un “téngase presente”. Ellos insistieron. Vence agregó que había que continuar la investigación antes de decidirlo. Ellos insistireron. Y ayer, finalmente, la jueza se pronunció: volvió a decir “téngase presente” sobre el pedido de indagatoria a los civiles, pero ordenó un listado concreto de medidas de prueba.

En Mercedes-Benz fueron secuestrados 18 trabajadores; 17 obreros y un supervisor. Todos habían integrado la comisión interna, enfrentada a la dirección de la empresa y a la dirección del sindicato (Smata). Sin embargo, la causa original quedó dividida en dos partes según el lugar de detención ilegal de las víctimas. En San Martín quedaron sólo siete “casos” de detenidos desaparecidos, trabajadores que fueron llevados a Campo de Mayo –entre ellos está uno de los tres únicos sobrevivientes y testigo clave desde la Conadep, Hector Aníbal Ratto–.

La jueza federal Alicia Vence es la persona que tiene a cargo las causas de lesa humanidad de San Martín. En diciembre del año pasado, los fiscales frenaron la elevación a juicio de la causa para pedir que se incluyera a los civiles. La jueza primero rechazó el pedido, pero después respondió con el “téngase presente”, que es la figura que volvieron a cuestionar los fiscales en su última presentación.

“Requerimos a Vuestra Señoría en carácter urgente que conforme surge de la prueba acumulada en el caso de referencia, existe de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación mérito suficiente para legitimar pasivamente (llamar a indagatoria) a Rubén Pablo Cuevas y Juan Ronaldo Tasselkraut, a lo que nos remitimos en un todo a los argumentos vertidos en la solicitud efectuada por este Ministerio Público Fiscal” en noviembre de 2014.

En el escrito le recuerdan que ellos hicieron “reiterados pedidos” para que la jueza “adopte un criterio definitivo de la imputación” para los dos ex directivos. Y también que la jueza había dicho que era prematuro convocarlos porque había que llevar a cabo más medidas de prueba, como “individualizar al personal militar y policial que habría tomado la fábrica en aquellos tiempos, así como también (ubicar a) quienes fueron todos los directivos de la compañía y qué rol desempeñó cada uno, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades penales”.

Los fiscales pidieron el 30 de marzo una definición: o que investigue con la “premura necesaria” o “que resuelva en definitiva la situación procesal” de los civiles, conforme fuera resuelto por la Cámara. Eso es lo que finalmente acaba de resolverse ayer. La jueza elaboró un largo listado de medidas de prueba.

Tasselkraut nació el 5 de abril de 1941 en Buenos Aires. Según señala la periodista y querellante en los inicios de esta causa Gabriela Weber, “su familia vivía en condiciones humildes, pero su ingreso a MB le abrió un camino prometedor. En 1975, la empresa le asigna el cargo de gerente de Producción en la fábrica de González Catán”. Los obreros lo describen, según señala Weber, como muy autoritario y hombre de confianza del Ejército.

En noviembre pasado, la fiscalía pidió la indagatoria para él y Cuevas por “haber arbitrado los medios necesarios para indicar y señalar al personal militar (...) a los delegados y empleados de la ex firma Mercedes-Benz para que pudieran ser privados de la libertad y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno de facto”. Precisaron que los secuestros fueron posibles “en el marco del ataque cívico-militar generalizado y sistemático contra un sector de la población”, que incluyó a “las comisiones internas de empresa, empleados y delegados gremiales, opositores al plan que fuera diseñado por el Estado represor”.

Tanto la fiscalía como el CELS analizaron con detalle algunos antecedentes a los secuestros: la huelga de 1975 con 115 despidos, la lucha por las reincorporaciones, el rol del Smata, y el dato de que varios de los despedidos fueron secuestrados en ’76. También el dato de que era una de las 20 empresas de mayor facturación nacional y que tenía como cliente principal al Ejército, al que le vendía los camiones Unimog, los mismos que van a aparecer en los relatos de los colimbas de Campo de Mayo: los veían llegar cargados con personas que iban rumbo a los “vuelos de la muerte”.

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Paz turbulenta

Santos busca con equipo negociador definir plazos de los diálogos y las Farc ratifican su cese al fuego unilateral

21 abril, 2015   Colombia

El presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el equipo negociador del Gobierno en La Habana, en cabeza de Humberto de la Calle, para tratar el tema de los plazos que se podrían fijar para el proceso de paz que se desarrolla con las Farc en La Habana en Cuba, según fuentes consultadas por Caracol Radio.

Luego de escuchar las conclusiones que traen los negociadores desde cuba, se buscará establecer unos plazos específicos en La Habana, que quedarían plasmados en un cronograma que permita, como lo dijo este lunes De la Calle, que la mesa de diálogo no se prolongue indefinidamente.

De esta manera, el Gobierno espera recuperar la confianza de la ciudadanía, que se vio afectada, luego del hecho en el que murieron 11 soldados por un ataque de las Farc la semana pasada en Cauca.

La reunión se dará este martes en la mañana, y se espera que durante el día, el jefe de Estado entregue una declaración con las conclusiones sobre el futuro del proceso de paz.

Caracol

Farc deciden mantener tregua unilateral

Por medio de un comunicado de la Delegación de Paz, el grupo guerrillero expresa la necesidad de mantenerse en tregua unilateral indefinida siempre y cuando sus unidades guerrilleras no sen atacadas con el fin de llegar a un armisticio y finalmente poder firmar el acuerdo de paz.

A continuación el comunicado:

¿Para qué el proceso? ¿Para llegar a la paz o para someternos?

Termina hoy el ciclo trigésimo quinto de los diálogos de paz de La Habana tras diez días de importante trabajo. En la mesa de conversaciones, como siempre, se prosiguió en la búsqueda de soluciones a los problemas y divergencias que llevaron al conflicto y a su cruel realidad en el campo de batalla; el tema de las víctimas continuó y continúa siendo punto central de nuestras preocupaciones. Por su parte, la comisión técnica integrada por generales y otros oficiales de la República y comandantes guerrilleros se apresta a dar a conocer las fechas de inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto, sin dejar de lado el perfeccionamiento del programa de desescalamiento que incluye iniciativas de naturaleza distinta a la ya mencionada.

Pero si bien entregamos este parte que debería invitar al optimismo, manifestamos nuestra preocupación por lo que viene sucediendo en el territorio colombiano. No se puede negar que los hechos ocurridos en la noche del 14 de este mes en la vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, no haya sido una tragedia. Y lo fue, porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria, una tragedia de más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana.

No puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado todos los días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad.

Porque nunca nos hemos visto enfrentadosa soldados de estratos cinco o seis, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Curiosamente estratos estos que sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14 claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente.

¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos del 14? Estos interrogantes parecen no ser de la incumbencia de esas clases que conforman el régimen. Y con el poder de los medios en sus manos envenenan al país sin permitir que se establezca con serenidad la verdad de lo ocurrido. Porque no puede haber juzgamiento certero de ninguna naturaleza si de lo que se trata es de envenenar los ánimos y con ello obstaculizar el camino hacia la paz.

Es que si de fotografías de cadáveres se trata, basta recordar la vulgar exhibición de los cuerpos destrozados que la llamada autoridad ha hecho de los comandantes guerrilleros muertos, no en combate, sino mientras dormían en sus campamentos.

Pero lo que deseamos manifestar no toca con la versión gubernamental de lo sucedido esa noche. Nuestra aspiración es que en los próximos días se pueda dar respuesta a los tres interrogantes arriba formulados. Eso sí, reconstruyendo los movimientos del ejército desde las vísperas. Su llegada a la zona: A Comedulce, y su desplazamiento a Naranjal, Bellavista y Betulia. Su entrada a La Esperanza. Todo dejando entrever en la región, que no se trataba de un preparativo para una fiesta. Y esto en medio de la tregua unilateral e indefinida declarada por el Secretariado de las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014 en los siguientes términos: “…inspirados en el derecho de gentes, tradición constitucional colombiana y en homenaje a todas la víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte motiva de la agenda de La Habana, y, en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, que debe transformase en armisticio… Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública.

Ahora bien: No vamos a caer en la trampa tendida por quienes interpretan a sus anchas y capricho aquel aparte de nuestra declaración del día 17 de diciembre que señala que la tregua llegaría a su fin de constatarse ataques a las estructuras guerrilleras. Sabemos distinguir entre provocar, incitar, hostigar y azuzar, para lograr un fin dañado, y la necesidad imperiosa y el deber de darle una oportunidad al pueblo todo de reconstruir la nación. Como estamos muy en serio caminando el sendero de la paz, no vamos a ponerla en peligro por darle gusto a quienes miden sus éxitos regresando la situación a fechas anteriores al día en que ordenamos a toda las estructuras de las FARC, mantener en silencio sus armas, eso sí, quedando alertas. Por tal motivo, en el día de hoy reiteramos la decisión tomada en diciembre del 2014. Mantenemos entonces el CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa.

Llamamos la atención del país para que el cese in situ que hoy se reitera para ser mantenido por las estructuras de las FARC en todo el país, goce de una veeduría. Es de la naturaleza del cese del fuego y hostilidades que esta se cumpla. Su éxito radica allí. Hay mecanismos para hacerla. ¿Cuál puede ser el argumento para que un cese al fuego y de hostilidades no pueda gozar de una veeduría que evite muertes como las acaecidas el 14 de este mes? Tiene la palabra el gobierno.

Para garantizar el buen desarrollo de las conversaciones con el propósito de culminar exitosamente lo trazado en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, verdadero Marco Jurídico para la Paz firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, por los plenipotenciarios de la partes y representantes de los países auspiciadores, se necesita, al decir del argot popular, “templar los nervios”; a la vez, impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos; que los odios nacionales que se perciben en todo escrito, en toda declaración, en todo comentario, se depongan; y que la paz sea de todos y para todos, en el buen entendimiento de que al ser el Estado el centro de la responsabilidad de lo acontecido durante los últimos sesenta años, como se desprende claramente de la historia reciente de Colombia y de quien no quiera tapar el sol con un dedo, para la tranquilidad de todos, para alcanzar la verdad de lo acontecido, y por ser un derecho de las víctimas, lo mejor es que el Presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Sabe bien el gobierno que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. Con ese mismo sentimiento de la muchedumbre decimos: No más muertos. No más. Y que para el bien y conocimiento de todos los compatriotas de lo ocurrido en los últimos sesenta años, que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos!

Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, “cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final.

O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre”. Entonces preguntamos ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Prensa Rural

Hay que ponerle plazos al proceso de paz, dijo Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que hay que ponerle plazo a la negociación que busca la paz con la guerrilla de las Farc y advirtió que se está acabando la paciencia, después de un ataque del grupo rebelde esta semana que dejó 11 militares muertos.

No obstante, asumió que no puede dejarse llevar por la ira ocasionada por el ataque, que además dejó 20 soldados heridos.

“Señores de las Farc(…) hay que ponerle plazo a este proceso y si quieren la paz tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras”, dijo Santos en un acto de Gobierno.

La negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que completan dos años en La Habana, ocurren en medio del conflicto ante la negativa deSantos de declarar un cese bilateral a las hostilidades.Por otro lado, indicó a los militares a no bajar la guardia. “ Nuestra misión es seguir luchando por conseguir la paz”.

“No se hagan los sordos ante los colombianos que les estamos gritando (que) llegó la hora de acabar la guerra, la paciencia se nos agota”, advirtió el presidente.

El ataque de las Farc se produjo en medio de un cese unilateral al fuego decretado por el grupo rebelde desde mediados de diciembre.

Hasta ahora, las partes han llegado a acuerdos parciales para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, facilitar la transformación de la guerrilla en un partido político, combatir el narcotráfico y el desminado. Pero aún quedan temas sensibles como la reparación a las víctimas del conflicto de medio siglo.

La República

Crisis política por corrupción: involucran a asesores del ministro del Interior

Se comentaba en el oficialismo que esta semana aparecerían nuevos casos, se advirtió varias veces en los últimos días que era necesario adelantarse y sincerar las boletas emitidas entre el 2012 y el 2013 para evitar confusiones, pero en La Moneda solo escucharon y este lunes explotó una nueva bomba política con nuevas facturas que involucran a distintos inquilinos de Palacio.

21 abril, 2015   Chile

 El problema es que en este escenario, el que sale más perjudicado es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien queda en tela de juicio para liderar el proceso de la agenda de probidad que la Presidenta Michelle Bachelet quiere impulsar para salir de la crisis política y de credibilidad que han gatillado los casos Penta, Caval y SQM.

Según informó ayer The Clinic, dos de las figuras del Gobierno más cercanas del ministro del Interior, el jefe de asesores de dicha cartera, Robinson Pérez, y su encargado de las actividades públicas, Héctor Cucumides –quien además es parte de su círculo de hierro político de la G90 del PPD–, dieron boletas al recaudador y operador político Giorgio Martelli, entre los años 2012 y 2013. Esto surge después que la semana pasada salieran a la luz cuatro facturas de más de tres millones cada una que el secretario de Estado había dado a la empresa de Martelli –SpA–, por tres informes que realizó el 2012, lo que complicó a Peñailillo, considerando el débil momento político que vive como conductor político del gabinete.

La información conocida ayer agregaba que Peñaillilo había entregado ocho boletas por cuatro millones a la empresa de Alex Matute Johns y Harold Correa –jefe de gabinete del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y también miembro del selecto grupo de la G90–, en diciembre del 2011 y de junio a diciembre del 2012, más otras tres facturas entre enero y abril del 2013, por un monto de tres millones cada una.

Este era justo el escenario que en el oficialismo querían evitar, que el ministro del Interior, el supuesto brazo político de la Presidenta Bachelet, apareciera nuevamente vinculado en la oscura relación del financiamiento de la política, justo cuando el objetivo de La Moneda es precisamente tratar de salir de la crisis de credibilidad que se ha instalado.

En La Moneda se reconocía que esto era “una crisis en progreso”, sin mucha certeza sobre cómo terminará. Porque una cosa es la defensa pública que hace el Gobierno, de apelar y escudarse en que las boletas serían legales, pues tendrían respaldo.

Pero otra muy distinta es el cuestionamiento “ético y político”, donde hoy el ministro del Interior –reconocen en el oficialismo– queda en deuda, cuestionado públicamente, deslegitimado a ojos de la opinión pública. Ese es el problema, recalcan.

Una vez conocida la información en La Moneda imperó un silencio sepulcral, aunque tras las paredes de las oficinas de Palacio se comentaba que el PPD estada muy golpeado con la noticia, ya que afecta a su generación de recambio, a la tendencia que lidera el propio Peñailillo.

En Palacio ya se instaló, en algunos sectores, la duda sobre la conveniencia de que el ministro del Interior se mantenga en esa cartera, considerando que este jueves el consejo asesor encabezado por Eduardo Engel le entrega a Bachelet su informe y se supone que Peñailillo debía conducir el proceso político de llevar a buen puerto y en un corto plazo la batería de propuestas.

En el oficialismo ayer reconocían que “es inaceptable” la situación, que en este escenario el ministro del Interior “aparece débil e incapaz de liderar el proceso de recuperación de confianzas”, que “lo dejan sin justificación porque aparece como reincidente” y que “queda sin piso”. Además, ponen el acento en que ya no es creíble el argumento que se utilizó la semana pasada, de afirmar que nunca se pensó que esto iba a afectar a La Moneda, al Gobierno, que en un contexto político como el que se vive estos meses, tensionado por las boletas del mundo de la política a distintas empresas, no hay cabida para insistir en esa lógica.
Oídos sordos

El manejo de Peñailillo la semana pasada para explicar las primeras cuatro boletas a Martelli fue mal evaluado, se le criticó lo ambiguo de sus explicaciones y lo excesivamente nervioso que se le vio. Pero, sobre todo, se le cuestionó en privado que el episodio demostró nuevamente la incapacidad del grupo más estrecho de sus asesores de adelantarse a las crisis, de prever conflictos y tratar de aminorarlos.

Esa crítica ayer tomó vuelo. Más aún cuando en el cónclave del domingo en la noche de la Nueva Mayoría y el Gobierno en el Hotel NH se habló a puertas cerradas de este punto, del “mal pie” en que queda Peñailillo al aparecer nuevas boletas, que su entorno aparezca vinculado en el pasado con Martelli, de lo complejo que es en términos políticos que el ministro del Interior quede cuestionado éticamente. “Esa es la verdadera dimensión que complica, la ética y la política, esa es la que puede traer problemas al Gobierno”, recalcó uno de los asistentes a la cita.

Otros reconocieron que en el cónclave nuevamente surgió la tesis de terminar con el goteo semana a semana de boletas de diversos funcionarios gubernamentales, a todo nivel. “No fue un planteamiento unánime, pero sí fue persistente durante toda la reunión”, explicaron.

El punto es que, una vez más, el gobierno escuchó atentamente, agregaron, pero no hubo respuesta y, por lo visto ayer, tampoco hubo un cambio de giro en la estrategia. “Anoche se dijo que venían nuevos casos, pero no se aceptó sincerar las boletas, por lo que se optó por pedir que se prepararan para reaccionar mejor que lo hecho hasta ahora”, dijo otro asistente al cónclave.

Peñailillo al mediodía de ayer partió rumbo a la Región de Atacama, sobrevoló y recorrió las zonas afectadas por el aluvión.

En Santiago, mientras eso sucedía, el vocero Álvaro Elizalde se remitió al libreto que ha aplicado La Moneda desde la semana pasada, es decir, apelar a la legalidad de las boletas: “Se trata de servicios profesionales que efectivamente se realizaron, no tienen ninguna relación con la campaña (presidencial de Bachelet). Estamos hablando de profesionales que trabajaron, que rindieron su trabajo, que por lo demás cumplieron con toda la legislación tributaria, y por eso hemos señalado que hay un mundo de diferencia entre personas que trabajan, por un lado, y quienes, por otro lado, han emitido boletas falsas para financiar campañas (políticas)”.

Luego, desde Copiapó, el ministro del Interior se mostró molesto por la información y dijo que “¡aquí se ha cruzado un límite!”.

Todo indica que esta performance es insuficiente. El aún timonel de la DC, Ignacio Walker, en su cuenta de Twitter pidió públicamente que “la arista Martelli tiene que ser aclarada, crece como bola de nieve”, mientras que su par PS, Osvaldo Andrade, durante un acto partidario dijo que “aún estamos a tiempo” de sincerar todas las boletas, porque “es malo para el sistema, para la forma de enfrentar el problema y para encontrar soluciones, que nos estemos enterando día a día de situaciones de esta naturaleza, Por eso insisto, que aquellos que tienen algo que contarnos nos cuenten de una vez”.

El episodio de las boletas de Peñailillo a Martelli la semana pasada gatilló que al día siguiente, el jueves 16 de abril, la Mandataria diera una señal pública de respaldo a su ministro del Interior. Asistió con él a una actividad en Villa Alemana, la inauguración de la 6° Comisaria de la comuna, un gesto que graficó para el Gobierno y todo el oficialismo que “se había afirmado”, que la Presidenta le creía, pero había quienes insistían en que no era suficiente, más aún si estaba latente en privado que podían aparecer nuevas boletas, que al final vienen a empañar el hito que prepara La Moneda con la comisión Engel.

El Mostrador

Peñailillo: “Se ha cruzado un límite con la honra de las personas”

El ministro del Interior defendió a sus asesores, quienes son cuestionados por emitir boletas a la empresa Asesorías y Negocios Spa.

“¿Desde cuando es una falta trabajar profesionalmente y pagar los tributos?”

Así defendió el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a sus dos asesores cuestionados por emitir boletas a la empresa Asesorías y Negocios Spa, en la mira por su vinculación con SQM.

“Aquí se ha cruzado un límite con la honra de las personas (…) El daño que se hace después nadie lo repara”, indicó el ministro.

Peñailillo agregó que quienes trabajan en el Gobierno están llamados a actuar con transparencia e hizo un llamado a la responsabilidad a la hora de entregar información.

“Espero que haya un respeto mínimo a la honra de las personas, en el marco de un Estado de Derecho donde la justicia siempre tiene que trabajar y operar sin presión de ningún actor político”, dijo.

El secretario de Estado también respondió a las críticas de diversas personalidades que aseguran que es necesario un cambio de gabinete y recordó que en la reunión sostenida por la Nueva Mayoría este fin de semana, el respaldo fue transversal a la Presidenta Michelle Bachelet y su liderazgo.

“Aquellos que han dicho por qué no se adelantan las elecciones, ¿por qué no dicen de cara al país que no quieren hacer las reformas?”, sostuvo.

24hs

Ayotzinapa: la CIDH pide abrir nuevas líneas de investigación sobre desapariciones

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la de-saparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir nuevas líneas de investigación sobre estas ‘‘de-sapariciones forzadas’’ ocurridas en septiembre pasado.

21 abril, 2015   México

‘‘El GIEI suministró información para abrir nueva líneas de investigación y ampliar las ya existentes; asimismo, solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras’’, dio a conocer Carlos Beristain, especialista de este grupo.

Sin embargo, dijo, no son líneas que en este momento puedan ser públicas, ya que perjudicarían las investigaciones.

En conferencia de prensa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Beristain y Francisco Cox dieron a conocer que ya se entregó a la Policía Federal (PF) información sobre dos nuevos lugares que deben ser inspeccionados, de acuerdo con datos proporcionados por los familiares de las víctimas.

Además, con el mapa de fosas en Iguala, obtenido a través de las autoridades federales, el GIEI evalúa la relación de algunos de esos entierros con ‘‘la intervención de agentes de la policía municipal en la desaparición de los 43 normalistas’’.

Durante su segundo informe de actividades en México, los expertos subrayaron la necesidad de fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.

En esta visita de trabajo los especialistas detallaron que también se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con el apoyo de normalistas testigos de los hechos, lo que les ha ayudado a entender el impacto no sólo de las desapariciones forzadas, sino de los familiares y estudiantes del lugar.

Sin embargo, los expertos dijeron que presentarán las conclusiones de la investigación hasta que concluyan los seis meses estipulados para la indagatoria que se inició el 2 de marzo.

Asimismo, dieron a conocer que se reunieron con 16 detenidos por este caso en el Cefereso 4 de Nayarit y se envió una solicitud al Senado para aprobar la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada.

Sobre el trabajo realizado hasta ahora, Cox explicó que el GIEI ya cuenta con el expediente digital completo y próximamente realizará entrevistas con miembros del 27 batallón de infantería, además de acordar un mecanismo de atención médica para los familiares de los 43 jóvenes y para elaborar un segundo diagnóstico para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado muy grave.

El grupo de trabajo de la CIDH, cuya tercera visita está programada para el próximo primero de mayo, está integrado por Beristain, quien se desempeña como médico y psicólogo; Francisco Cox Vial, abogado chileno; la colombiana Ángela Buitrago, quien es abogada y socióloga, y el también jurista colombiano Alejandro Valencia Villa.

La Jornada