Italia rescata a 5.800 inmigrantes en aguas del Mediterráneo

La oleada de inmigrantes hacia el sur de Europa desde la costa libia continúa

PABLO ORDAZ Roma 3 MAY 2015



La Guardia Costera italiana rescata a 220 inmigrantes en el Mediterráneo. / AFP

El éxodo continúa, imparable, a pesar de la dureza del desierto, la crueldad de las mafias en Libia o la posibilidad cierta de naufragar y morir en el Mediterráneo. Apenas dos semanas después de la tragedia que costó la vida a cientos de personas en el Canal de Sicilia, los datos que aporta la Marina Militar italiana vuelven a reflejar toda la crudeza del drama: solo durante la jornada del sábado fueron rescatadas 3.690 personas, casi tantas como la cifra récord de los últimos años que el pasado 12 de abril se situó en 3.791. Durante la jornada del domingo, la cifra subió a 5.800 rescatados y 10 fallecidos. Pero, al margen de unas estadísticas siempre aproximadas -¿cuántos viejos pesqueros o lanchas neumáticas desaparecen bajo el agua sin dejar rastro?-, los datos aportados por las autoridades italianas confirman que, a las puertas del buen tiempo, los esfuerzos de Europa por evitar la pérdida de vidas frente a sus costas deberán multiplicarse.

Italia, mientras tanto, sigue haciendo su parte. Prácticamente a cada hora, la Marina Militar informa de nuevos rescates. Si el sábado fueron 3.690 los inmigrantes procedentes de África auxiliados por los barcos italianos -en especial por la fragata Bersagliere (778) y por la patrullera Vega (675)-, durante la jornada del domingo las operaciones de rescate se siguieron produciendo frente a las costas de Libia. Las comunicaciones que llegan de alta mar son auténticos partes de guerra.

A la una de la tarde, la nave Bettica informaba de que estaba intentando socorrer a dos embarcaciones cargadas de “numerosos inmigrantes” que se encontraban en dificultades. Poco después, lograba subir a la nave, de 88 metros de eslora, a los 94 hombres y las dos mujeres que trataban de alcanzar Europa a bordo de una lancha neumática. Dos horas después, también lograban salvar a los 311 inmigrantes (237 hombres, 58 mujeres y 16 menores) que viajaban apretujados en una patera. De forma simultánea, un helicóptero de la nave Borsini, desplegada asimismo en la zona por la Marina Militar, avistaba otra lanchas neumáticas en dificultades. La Borsini, gemela de la Bettica, logró llegar al lugar y rescatar a 78 personas, pero su equipo médico no pudo hacer nada por salvar la vida a dos de los náufragos. Poco tiempo después, ya avanzada la tarde, otro helicóptero de otra nave italiana, en este caso la Foscari, daba el aviso de que una lancha neumática con numerosas personas a bordo se estaba desinflando… La jornada del domingo se saldó con la muerte de 10 personas, siete de ellas asfixiadas entre los cientos de inmigrantes de uno de los barcos y otras tres ahogadas. Se habían lanzado al agua para intentar alcanzar a nado un mercante que le ofrecía ayuda.

Es una historia infinita, que vuelve a ver la luz cuando la cifra de muertos o rescatados es suficientemente grande para hacerse un hueco entre las noticias, y que otras veces sigue su curso callado, pero no menos dramático. Al tiempo que algunas naves de socorro siguen en alta mar, otras se dirigen a tierra para repartir por Italia a los rescatados, que tendrán que esperar alrededor de un año a que se les conceda el asilo o se les expulse. Es el caso de los más de 3.000 que siempre pueblan el centro de Mineo, en Catania. Si, por el contrario, son llevados a algún centro de la península, como sucederá hoy cuando la nave Bersagliere arribe a Reggio Calabria, algunos de ellos –las estadísticas estiman que un 70%- intentarán seguir su camino en solitario para encontrar a sus familias en los países del norte. Por el momento, Europa no reserva muchas más alternativas a los que escapan de África huyendo de la guerra y la miseria: o cadáveres en el Mediterráneo, o reclusos en centros que parecen cárceles, o fantasmas sin derechos vagando por las ciudades.

Colombia: En la mira, las actuaciones ilegales de la DEA

 Durante sus ocho años como directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Michelle Leonhart, había logrado sortear varias polémicas derivadas de su férrea oposición a la decisión de algunos estados de despenalizar el uso medicinal o recreativo de la mariguana.
 el 5/02/15


PROCESO.COM.MX /Apro –

El pasado 21 de abril, sin embargo, Leonhart anunció su dimisión del cargo, y no por una controversia doméstica, sino por la manera complaciente en que condujo una investigación sobre el irregular comportamiento de agentes de la DEA en Colombia, que recibieron regalos de paramilitares involucrados en el narcotráfico y participaron en fiestas pagadas por la mafia en las que hubo prostitutas y mucho alcohol.

El caso, que fue revelado en diferentes informes del Departamento de Justicia y el Congreso estadounidenses en el transcurso del último mes, involucra al menos a 10 agentes de la DEA destacados en Colombia que aceptaron obsequios como fusiles AK-47 –uno de los cuales fue incluso ingresado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá–, y que realizaron las bacanales financiadas por narcotraficantes en departamentos contratados por Washington para uso de sus funcionarios.

De acuerdo con las investigaciones de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las irregularidades y presuntas conductas ilícitas de los agentes de la DEA no fueron casos asilados sino que ocurrieron en forma sistemática entre el 2001 y el 2009.

La agencia antidrogas está acusada por los investigadores y congresistas de ocultar información y de imponer sanciones “ridículas” a los involucrados: entre uno y 10 días de suspensión. Existe además el riesgo de que los agentes hayan compartido información de seguridad nacional con los narcos con los que parrandearon.
Todo esto llevó a legisladores demócratas y republicanos a expresar que habían “perdido la confianza” en Leonhart, lo que precipitó su dimisión, la cual se hará efectiva en los próximos días de mediados de mayo.

En Colombia, el gobierno ha reaccionado con cautela. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, ha dicho que esperará un reporte de las autoridades estadunidenses para identificar a algunos uniformados colombianos que estarían comprometidos en esos hechos y ejecutar las sanciones disciplinarias y penales que correspondan.

En el Congreso colombiano el caso ha sido motivo de indignación. Legisladores de varios partidos se preguntan hasta dónde debe llegar el marco que regula la actuación de los agentes de la DEA en este país y cómo es que estos extranjeros que están aquí para ayudar a combatir a los carteles de las drogas acaban conviviendo con narcotraficantes que les obsequian costosos regalos, fiestas y servicios de prostitutas.

A rendir cuentas

El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, dice a Apro que Colombia debe realizar una investigación a fondo de la actuación de la DEA en el país y para ello convocará en los próximos días a una audiencia de “control político” a los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, así como al director de la Policía Nacional.

“El problema es que la llamada guerra contra las drogas se ha convertido en una lucha sin reglas, con total inobservancia del derecho internacional y del derecho interno. La DEA ha tenido como uno de sus métodos aliarse con un cártel para combatir a otro y eso ha terminado en una especie de connivencia profundamente corrosiva desde el punto de vista ético e institucional”, afirma el integrante de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de asuntos de política externa, defensa nacional y fuerza pública.

Cepeda afirma que desde la época del Cártel de Medellín y su jefe, Pablo Escobar, las agencias estadunidenses, y la DEA en particular, tomaron la decisión de aliarse con los comandantes paramilitares Fidel y Carlos Castaño y con el Cártel de Cali, para acabar con el capo del narcotráfico, que fue abatido en 1993.

Después combatieron al Cártel de Cali mediante un pacto con el Cártel del Norte del Valle.

“Lo que hay es una administración de los cárteles de las drogas mediante este método. Y todas estas alianzas no sólo no han resuelto el problema del narcotráfico sino que lo han hecho cada vez más diverso, más multiforme y más corrosivo de la institucionalidad. Esto ha corrompido a la Policía, a las Fuerzas Militares y a muchas autoridades a nivel local y regional”, sostiene el senador.

De hecho, una de las fuentes de la investigación de la OIG sobre las fiestas de los agentes de la DEA en Colombia fue el mayor retirado de la Policía Nacional Carlos Andrés Mesa Carrillo, quien acabó implicado con el narcotráfico y juzgado por ese delito en Estados Unidos tras formar parte de una unidad especial de élite integrada por policías colombianos y agentes estadounidenses.

Cepeda indica que el debate legislativo al que convocará deberá servir para revisar el estatus de los agentes de la DEA en el país, sus funciones y el marco legal que reglamenta su trabajo.

“Aquí es necesario un cambio radical de política y también de normatividad”, señala.

De acuerdo con fuentes judiciales, es una práctica común que los agentes de la DEA en Colombia porten armas, incluso de alto poder, y que participen en forma directa en operativos antidroga aun cuando la ley colombiana lo prohíbe.

“No sólo hay una tolerancia a este tipo de actuaciones sino que es algo que nuestra Policía ve como normal”, señala un exfiscal consultado por este semanario.

El senador del gobernante Partido de la U, Mauricio Lizcano, señala que Colombia ha visto a la DEA como un aliado que le ayudó a combatir el narcotráfico en momentos muy álgidos, cuando el Cártel de Medellín desafió al Estado y este carecía de una institucionalidad fuerte para dar una respuesta.

“Hay, digamos, un agradecimiento a la ayuda que nos ha prestado Estados Unidos, pero creo que nuestros países han adquirido mayoría de edad y que estos escándalos nos hacen perder fe y dañan la imagen de la DEA”, indica.

Lizcano considera que es pertinente que el Congreso colombiano tome cartas en el asunto.

La senadora del Partido Verde, Claudia López, señala que debe hacerse una investigación rigurosa sobre las irregularidades y presuntos delitos que cometieron los agentes de la DEA.

“Este es un caso de corrupción y abuso que nos demuestra que los funcionarios estadounidenses en Colombia hacen lo que se les da la gana porque tienen inmunidad. Y desde luego, Colombia debe levantar esa inmunidad. Es un incentivo perverso que se presta a abusos y que debería quitarse del todo”, afirma la legisladora

‘Guerra ajena’

Precisamente, en septiembre pasado, el escritor y periodista Germán Castro Caycedo lanzó el libro Nuestra guerra ajena, una documentada investigación sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico y los múltiples abusos que cometen no sólo sus agentes sino miles de mercenarios o “contratistas” que operan con empresas de seguridad estadounidenses involucradas en la estrategia antidrogas.

El autor sostiene que es muy importante que el Congreso colombiano investigue la actuación de los de la DEA y que ponga límites a la impunidad de sus agentes y de cientos de mercenarios estadounidenses que operan en este país.

Castro Caycedo dice que a finales de la década pasada había entre 3 mil 500 y 4 mil mercenarios en el marco de la estrategia antidrogas y antiguerrillera conocida como Plan Colombia. “Muchos de ellos ingresan sin visa, sin pasaporte, sin ningún control, y ese descontrol es el mismo que impera en el caso de los agentes de la DEA. Este es el absoluto panorama de la indignidad”, agrega. De hecho, el debate al que convocará Cepeda será también para tratar este tema.

Como una prueba “ominosa” de impunidad, Castro Caycedo menciona las 54 violaciones de menores de edad que cometieron soldados y mercenarios estadounidenses en las inmediaciones de la base militar de Melgar (75 kilómetros al suroeste de Bogotá) entre el 2003 y el 2007, sin que ninguno de esos delitos haya podido ser perseguido por la justicia de este país.

Otro escándalo de agentes de la DEA en Colombia que estalló en el 2006 acabó archivado a pesar de su gravedad. En ese entonces, el abogado del Departamento de Justicia Thomas Kent denunció que efectivos de esa agencia destinados a Colombia eran pagados por narcotraficantes para suministrar información clasificada. También afirmó que incluso eran responsables de la muerte de informantes.

Descontrol

El exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional general Jairo Delgado, señala que luego de tres décadas de cooperación entre las autoridades colombianas y la DEA es probable que se hayan flexibilizado los marcos normativos por el nivel de confianza que han logrado.

“En el caso de las fiestas sexuales no tenemos claridad, y por eso es elemental que se haga una investigación. Aquí se está hablando de que participaron miembros de la Policía colombiana y eso se tiene que aclarar”, añade el general retirado y director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina (OPEAL).

Señala que otro factor que hay que investigar es si este tipo de conductas fueron propiciadas por la estrategia estadounidense de negociar con narcotraficantes colombianos a cambio de información y delaciones. “Tenemos que ver si eso generó espacios de corrupción que no fueron suficientemente controlados”, puntualiza.

Al general también le llama la atención que el nuevo escándalo de la DEA surja después de otro que protagonizaron agentes del Servicio Secreto con prostitutas en Cartagena, en el 2012, en vísperas de la VI Cumbre de las Américas en esa ciudad del caribe colombiano. Ese episodio y fallas en el esquema de seguridad del presidente Barack Obama provocaron la renuncia, el año pasado, de la directora del Servicio Secreto, Julia Pierson.

“Podemos estar frente a casos que salen a la luz por problemas internos entre las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos, el Servicio Secreto, la DEA y la ATF (la agencia de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego)”, dice.

Finalmente, el profesor de la Universidad Nacional y experto en seguridad, Pablo Reyes, considera que la DEA “históricamente ha manejado una doble moral, pues se conocen sus vínculos con los diferentes cárteles de la droga en Latinoamérica que dicen combatir, con los colombianos y con los mexicanos. Sus actuaciones al margen de los ordenamientos jurídicos de nuestros países no son algo nuevo. Siempre ha sido así”.

París, blanco del espionaje de EE.UU. y Alemania

 SEGUN REVELARON VARIOS MEDIOS ALEMANES, BERLIN COLABORO CON LA AGENCIA DE SEGURIDAD NORTEAMERICANA NSA

Antes Merkel aparecía como una víctima, pero ahora es sospechada de ser cómplice de un sistema que intenta conseguir informaciones secretas de países y empresas de enemigos y también de aliados. Francia pidió las aclaraciones del caso.

 Por Eduardo Febbro

Desde París

Merkel (der.) está en el medio del escándalo del espionaje montado por los servicios secretos de Obama con apoyo de los alemanes.
Imagen: AFP.

“Espiar entre amigos no está bien.” La célebre frase que pronunció Angela Merkel cuando, en octubre de 2013, los documentos filtrados por el ex analista de la CIA y la NSA Edward Snowden revelaron que Estados Unidos espiaba a Alemania –hasta el teléfono celular de la canciller alemana– ahora se vuelve contra ella. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung y los canales de televisión NDR y WDR, los servicios secretos alemanes, BND (Servicio Federal de Inteligencia, Bundesnachrichtendienst), colaboraron profusamente con la Agencia de Seguridad norteamericana, la NSA. El diario escribe que, con la complicidad tácita del gobierno alemán, “los servicios secretos alemanes espiaron a altos funcionarios del ministerio francés de Relaciones Exteriores, del palacio presidencial del Elíseo y de la Comisión Europea”.

El espionaje a cuenta de la NSA y piloteado por el BND se organizó desde una base situada en la ciudad alemana de Bad Aibling, en Baviera. Una fuente citada por Süddeutsche Zeitung precisa que “el centro de esas actividades es el espionaje político de los vecinos europeos y de las instituciones de la Unión Europea”. París, que ha sido el principal blanco del espionaje, ha reaccionado con discreción. Francia indicó que estaba en “estrecho contacto” con Berlín para obtener “aclaraciones”. Lo cierto es que este caso da vuelta el estatuto de Alemania. En octubre de 2013, el diario británico The Guardian descubrió que 35 dirigentes políticos del planeta habían sido espiados por los servicios secretos norteamericanos. Hasta ahora, y al igual que esos dirigentes, Berlín aparecía como una víctima del espionaje de Estados Unidos. En cambio, el escándalo viene a probar que Merkel no es tal víctima, sino cómplice del sistema. Además, los componentes de esta trama de aliados y al mismo tiempo espías muestran hasta qué punto los Estados se encuentran bajo la permanente lupa del espionaje estadounidense.

Las informaciones suministradas por el diario Süddeutsche Zeitung y los canales NDR y WDR constituyen de hecho el segundo capítulo que implica a Alemania en una activa estrategia de espionaje, a la vez industrial y político, de sus vecinos de la Unión y en asociación con los Estados Unidos. Si, como lo prueban los documentos de Süddeutsche Zeitung, el eje de este capítulo es político, hace unos diez días el diario Bild sacó a la superficie otra información del mismo corte pero con otro blanco: según Bild y siempre en colaboración con la NSA, Alemania espió a partir de 2005 a varios grupos industriales europeos, concretamente EADS (hoy Airbus) y Eurocopter (hoy Airbus Helicopters). Los norteamericanos le suministraron a Berlín un útil informático que se conoce como “selectores”. El dispositivo contenía los datos telefónicos, las direcciones IP de las computadoras y direcciones de correo electrónico mediante los cuales el BND espió a empresas europeas y dirigentes políticos. El grupo aeronáutico europeo Airbus manifestó su “inquietud” e indicó que iba a presentar una querella judicial por espionaje industrial.

Bild responsabiliza directamente a Merkel. La publicación sostiene que, entre 2008 y 2010, en el curso de su primer mandato, la canciller alemana fue informada de lo que ocurría pero que, para no molestar a Washington y enturbiar con ello la colaboración en la lucha contra el terrorismo dejó que todo siguiera igual. Más aún, la prensa alemana indicó que los mismos miembros de los servicios secretos alemanes se dieron cuenta en un momento de que los “selectores” suministrados por la NSA no estaban en conformidad con los términos legales de los acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, continuaron con el trabajo. Cabe recordar que en 2002, poco después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, Berlín decidió establecer una estrecha colaboración entre sus servicios secretos y los norteamericanos. En nombre de la lucha contra el terrorismo, el BND y la NSA firmaron entonces un acuerdo de cooperación. Las víctimas elegidas en esta fase fueron empresas estratégicas de Europa. Un total de 40.000 “selectores” habrían estado en pleno funcionamiento durante estos años.

En su edición del 2 de mayo, el semanario Der Spiegel completa parte de la información que atañe al espionaje político. El semanario afirma que los servicios secretos alemanes “borraron” 12.000 pedidos que emanaban de la NSA para interceptar las comunicaciones de un grupo consistente de dirigentes europeos. Un sólido manto de discreción cubre por el momento las reacciones oficiales en las capitales europeas concernidas, principalmente Francia y Bruselas, sede de la Comisión Europea, el órgano director de la Unión. Sólo la oposición política francesa y miembros del ala izquierda exigieron que se convocara al embajador alemán en Francia. En Bélgica, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo: “No sé lo que pasó. Esto tendría que ser solucionado por las autoridades alemanes, incluso las parlamentarias, y luego veremos”.

El impacto es distinto en Alemania, donde el gobierno de Merkel está acusado por la oposición de haber mentido cuando, el pasado 14 de abril, afirmó que no estaba al corriente de ningún espionaje económico montado por el BND y la NSA. Thomas de Maizière, un hombre muy cercano a Merkel, actual ministro de Interior y, en los años del espionaje más activo, ministro de la Cancillería, es hoy la cabeza emergente del escándalo. Maizière tuvo a su cargo en la Cancillería la tutela de los servicios secretos y no pudo ignorar lo que se tramaba entre los servicios de uno y otro lado del Atlántico. Interrogado a mediados de abril por una comisión parlamentaria que investiga estos deslices de la curiosidad entre aliados, Thomas de Maizière dijo que ningún departamento bajo su autoridad, ni la NSA, habían estado realizando espionaje económico, industrial o político en otros países. Su respuesta tiene todo el color de la mentira. El diario sensacionalista Bild publicó un retrato del ministro con una nariz igual a la de Pinocho. La trama se dirige ahora hacia lo más secreto y ello explica en parte las tímidas reacciones oficiales: las empresa espiadas presionan a Alemania para que se les informe sobre qué informaciones le fueron entregadas a Estados Unidos.

El caso alemán deja también una enorme interrogante: ¿cuántos “selectores” la NSA desparramó por el mundo? No se trata de un mero asuntito de complicidad negativa entre amigos europeos. Los otros Estados del mundo, en especial en América latina, harían bien en investigar qué aliados dobles han instalado esos “sectores” para espiar empresas, bancos y dirigentes políticos de toda Latinoamérica. Resulta por demás cínico corroborar que el Consejo de Europa promovió la primera convención internacional sobre la seguridad informática y que es en el seno de la misma Europa donde se despliegan las tramas más desleales.

efebbro@pagina12. com.ar

Rodrigo Rato y la cueva de Alí Babá

España

La evasión fiscal y la corrupción irrumpen de lleno en la precampaña electoral.

Roberto Montoya Desde Madrid

Campanas. Rodrigo Rato durante un acto de apertura de la financiera Bankia.

La explosión del caso Rato en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo y a siete meses de las generales, ha golpeado en plena cara al gobierno de Mariano Rajoy y lo ha dejado tambaleando. La escandalosa caída desde las alturas del que fuera ex vicepresidente de José María Aznar, dirigente del gubernamental Partido Popular (PP), ex presidente de Bankia y ex director del FMI, está suponiendo un verdadero via cruxis para Rajoy y su partido.
Las revelaciones sobre el fraude fiscal de millones de euros cometido por el ex gurú económico de la derecha ultraliberal española –que se suma a otras dos causas judiciales abiertas en su contra– ha abierto la “Caja de los Truenos” y el presidente de gobierno ya no sabe cómo cerrarla. Teme que arrastre al PP por el fango en un año electoral en el que ya de por sí las encuestas vaticinan su peor resultado en muchos años por la irrupción de Podemos y Ciudadanos (centro derecha) en la escena política y la ruptura del bipartidismo.
A pesar de la importancia e influencia del personaje, Rodrigo Rato es sólo una de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para blanquear dinero negro que tenían en otras tantas cuentas opacas en Suiza, Andorra, Gibraltar y otros paraísos fiscales. De esas 30.000 personas, 715 son “de gran influencia pública”, según reconoció ante el Congreso Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, banqueros, empresarios y directivos de multinacionales, jueces, políticos, etcétera.
La oposición criticó que fuera este funcionario y no el propio titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien compareciera en el hemiciclo. Equipo Económico, el despacho de asesoramiento a grandes empresas que creó Montoro en 2006, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por contratos millonarios sospechosos con Madrid Network, una sociedad que aglutina a 700 empresas y que es subvencionada por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM.
Los contratos que están bajo la lupa por no salir a concurso público se firmaron en 2008, sólo unos meses después de que Montoro dejara el despacho. Uno de sus actuales subordinados, el secretario de Estado Antonio Beteta, sí siguió en el despacho, fue precisamente presidente de Madrid Network hasta 2011.
Es un típico caso de “puertas giratorias”, personajes del gran capital privado que pasan a ocupar cargos políticos en las mismas áreas que actuaban antes, y viceversa, altos cargos, como Aznar, Felipe González y el propio Rato –hasta hace unos días era asesor de Telefónica– que al dejar sus puestos son contratados como “lobbistas” por grandes bancos, multinacionales o poderosos despachos de abogados.
El Partido Popular ha utilizado estos días su mayoría absoluta para rechazar la comparecencia de Rajoy y rechazar también la publicación de la identidad de las otras 714 personas “de gran influencia pública”, que junto con Rato defraudaron al fisco y luego se acogieron a la amnistía fiscal.
La no investigación sobre el origen de esos capitales podría haber permitido blanquear dinero procedente de casos de corrupción, tráfico de drogas o armas, trata de blancas o cualquier otro hecho delictivo, simplemente pagando una sanción del 10% del total defraudado.
Algunos partidos pidieron que no se limitara tampoco la investigación a esas 715 personas, sino que se extendiera a los 30.000 amnistiados.
Con esa medida de gracia de 2012 Hacienda recaudó sólo 1.200 millones de euros, y las críticas por los resultados obtenidos llevó al gobierno a añadir en 2013 el llamado Modelo 720, una declaración fiscal obligatoria para aquellos con capitales fuera de España, bajo pena de fuertes sanciones, que desde entonces han cumplimentado 197.000 personas haciendo aflorar un total de 124.000 millones de euros.
Según el director de la Agencia Tributaria, unos 20.000 contribuyentes españoles tienen cuentas en Suiza, 4.000 las tienen en Andorra y 260 en Gibraltar, por un importe total de 24.000 millones de euros.
Y los escándalos en los que aparecen políticos del PP involucrados no cesa. La Fiscalía investiga a altos cargos del Partido Popular en la región autónoma de Castilla y León, que podrían haber recibido 110 millones de euros en comisiones de grandes compañías eléctricas y constructoras por “agilizar” trámites para la construcción de grandes parques eólicos en esa comunidad, la que cuenta con más megavatios eólicos instalados de toda España.
Igualmente se habrían beneficiado de comisiones ilegales periódicas durante años en su carácter de “asesores” tres conocidos diputados del PP Federico Trillo –ex ministro de Defensa de Aznar y reconocida figura del Opus Dei–, Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme.
Es un goteo que no cesa, uno a uno van cayendo personajes del PP rodeados durante años de un aura de “honestidad” y “ejemplaridad” para desconcierto e ira de la población.
La “Lista Falciani” sigue deparando también sorpresas, con filtraciones diarias. Se calcula que pueden llegar a 4.000 las cuentas ocultas a nombres de españoles existentes en el HSBC. Entre los titulares estaba desde el fallecido fundador y presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el banquero más poderoso de España, hasta el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.
En Francia ya se está, sin embargo, en otra etapa de las investigaciones por la voluminosa “Lista Falciani”.
La primera persona de esa lista juzgada por la evasión de impuestos al fisco francés ha sido Arlette Ricci, de 74 años, la última de la dinastía de la famosa casa de modas y perfumes, que ha sido condenada a un año de cárcel, a una multa de un millón de euros y a la confiscación de sus lujosas casas en París y en Córcega, con un valor total de cuatro millones de euros.
Otras 50 personas están siendo juzgadas en este momento por la misma causa, las primeras de una lista de más de 3.000 evasores.

http://www.miradasalsur.com.ar/mundo

La evolución del Cóndor

 EL TESTIMONIO DEL ESPECIALISTA CARLOS OSORIO CON DOCUMENTOS QUE ARRANCAN EN 1972

Director del prestigioso Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, habló en el juicio en Buenos Aires. Trajo decenas de documentos que muestran el rol de EE.UU. y la CIA en la coordinación entre países de la represión, que arrancó mucho antes de lo pensado.

 Por Alejandra Dandan

Carlos Osorio es el director del Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington. Este archivo es uno de los lugares que guarda los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las dictaduras de la región. Osorio declaró diez horas en el juicio oral por el Cóndor que se hace en Buenos Aires y que la semana próxima entra en la etapa de alegatos. El investigador presentó un Excel de 900 documentos, 40 por ciento de los cuales provienen del acervo norteamericano y otro tanto del Archivo del Terror paraguayo. De los 900, seleccionó 100 para la audiencia. Su serie no empieza en 1975 con la sabida conferencia de Inteligencia en Chile, en la que se instituyó formalmente la coordinación de las fuerzas represivas bajo el nombre de Cóndor. Empieza en 1972, algo que es su clave de lectura sobre ese proceso. Cuando los defensores vieron en la pantalla de la sala la primera pieza, uno levantó la mano alarmado y objetó lo que le parecía fuera del objeto de juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 Oscar Amirante lo interrumpió: “Usted tiene conocimiento de cuándo empezó el Plan Cóndor –le dijo el juez–, el tribunal todavía no”.

La escena encierra una de las preguntas de este juicio. “¿Todo esto está vinculado con lo que se llamó Plan Cóndor?”, le preguntaron al investigador. “Pienso que sí”, fue la respuesta. “Si uno establece metodologías y los nombres que comienzan a intervenir en el primer período, verá que todo es parte de la misma materia que aparecerá investigada mas adelante.”

Esta mirada cronológica de los documentos le permitió a Osorio leer a 1975 como la institucionalización de un proceso previo, sostenido en convenios y acciones bilaterales. La progresión muestra acuerdos puntuales, informales y hasta sostenidos por relaciones personales entre agentes de inteligencia y entre oficiales. También encuentros que comienzan a hacerse más frecuentes y periódicos a medida que los tiempos se hacían más calientes. Muestran cómo se aceleraron las comunicaciones. Cómo y quiénes estaban bajo la lupa. Hay nombres de líderes de las organizaciones políticas y armadas. Internas en los servicios de inteligencia. Pero además, o especialmente, dan cuenta del rol de Estados Unidos.

La progresión

Del enorme caudal de documentos, pueden tomarse dos para explicar de qué habla Osorio cuando habla de un proceso en evolución. El primero, menos conocido, es del 12 de septiembre de 1972 un acuerdo secreto bilateral de Inteligencia entre las fuerzas armadas de Paraguay y el Ejército argentino. El texto llama a “aunar esfuerzos de las agencias de Inteligencia sobre grupos u organizaciones”. Y a “prestar colaboración mutua en la lucha contra la subversión mediante medidas oportunas, desalentando elementos presentes en uno u otro país”. Argentina presenta un informe sobre los grupos “insurreccionales paraguayos o extranjeros” que detectó en la zona del nordeste. Señala que “la región del nordeste del país no puede sustraerse de la presión marxista”. Describe la presencia de tupamaros en esa región, ingreso de armamentos, movimientos en el ámbito estudiantil de alumnos paraguayos. Menciona que los “sacerdotes y laicos para el Tercer Mundo tienen vigencia y presencia en casi todas las provincias” bajo esa brigada. Hablan del ERP y Montoneros. Y de altos dirigentes de las organizaciones de Paraguay que “actúan en nuestro país” y “han desaparecido del ámbito” luego de haber “sufrido”, aparentemente, “un golpe con la internación de estos dirigentes y la estrecha vigilancia sobre ellos”. Hay un anexo de boletín del Servicio de Inteligencia de Uruguay sobre los tupas. Mas adelante otro documento del agregado militar de la Embajada de Brasil.

Los datos, las referencias y el concierto de países del documento permiten entender por qué Osorio lo incorporó. Pero más allá de lo que dice, el investigador valoró lo que el documento no dice: “Este documento está mostrando que esta es una última reunión de una serie de reuniones que se vienen desarrollando de modo periódico. Muestra también que es un acuerdo que, como muestran otros documentos más adelante, continuarán desarrollándose a futuro”. Y agregó: “Sólo quería mostrarlo como una primera muestra de un tipo de patrón que más adelante podemos identificar que es esta colaboración bastante íntima. Es interesante ver que no se hace referencia a ningún patrón de ‘cooperación’ entre los dos países. Sino que lo que se observa es una práctica de camaradería entre los dos ejércitos. No hay ninguna mención a un marco legal que limite actividades y que esté operando. Quería sólo mostrar esto”.

Munido de una pantalla, su Excel y el enlace interactivo a los documentos, todo lo que decía se veía en tiempo real ampliado en la pantalla grande de la sala. A continuación mostró otros documentos del año siguiente, 1973, que con el final del gobierno de Salvador Allende y el fantasma de la “invasión marxista” en la región es un año que Osorio entiende como “el momento en el que en el Cono Sur se empiezan a estrechar las relaciones entre estos organismos. En el ’75 esto se coagula”. Entre los papeles hay piezas como los documentos de Arancibia Clavel que van relatando las espinosas internas en Argentina entre el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y la SIDE.

El segundo documento destacable es más conocido, es del 28 de noviembre de 1975 durante la clausura de la primera reunión de Inteligencia Nacional celebrada en Chile desde el 25 de noviembre. Fue varias veces publicado porque la reunión le da al “sistema” el nombre de Cóndor. Lleva la firma de los responsables de Inteligencia de cinco países: Jorge Casas, capitán de navío, jefe de la delegación argentina y quien según Osorio era vox populi entre los investigadores su adscripción a la SIDE; Carlos Mena, mayor del ejército, jefe de la delegación Bolivia; Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA chilena; José Fons, coronel del ejército, jefe de la delegación de Uruguay; Benito Guanes Serrano, coronel del ejército y jefe de la delegación paraguaya.

Este documento formaliza eso que hasta entonces no aparecía con claridad: la “cooperación”. En las conclusiones señala que “se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”. Los presentes asumen como tarea formar “una oficina coordinadora destinada a proporcionar antecedentes de personas y/o organizaciones conectadas con la subversión”. Generar un directorio completo de nombres que trabajan en inteligencia “para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el marxismo”.

Hay recomendaciones. Entre ellas, contacto muy directo y rápido cuando se expulsa del país a un individuo o viaja un sospechoso para alertar a los servicios de Inteligencia. Colocar a disposición del equipo técnico los antecedentes que posee la Inteligencia. Habilitación en las embajadas para personal de Inteligencia nacional o similares como enlaces directos y personales plenamente acreditados ante los servicios. Facilitar los medios para publicar información destinada a atacar “la subversión”. Agregan datos para una próxima reunión una semana antes de la reunión de comandantes del Ejército. Y finalmente disponen el nombre y formas de incorporación: “El presente organismo se denominará Cóndor aprobado por unanimidad conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede. La inclusión de países del sistema Cóndor deberá contar con la aprobación de los países de la primera conferencia”.

Osorio volvió a decir en la audiencia que esto parte de una práctica más larga. “Este documento lista muchas actividades, relaciones, prácticas, que ya estaban desarrolladas de modo bilateral por muchos años. Lo que hizo este encuentro es darle una institucionalidad, un reconocimiento, y decir que de alguna manera había que blindar esas prácticas.”

“Como dice la CIA, ya en el ’74 conversaron sobre la necesidad de generar una coordinación. Se ve que las redes militares ya son muy estrechas. Hay comunicaciones muy fluidas. Y venían viendo la necesidad desde entonces, pero en 1975 se formaliza cuando sí nace la Operación Cóndor. En la práctica lo que hace no es solamente reconocer lo que ya se está haciendo sino sentar las bases. Es como construir un edificio para que tengamos todos nuestras oficinas. En lugar de estar todos dispersos, dicen juntémonos y hagamos funcionar más todo esto. Es un edifico. El edificio es todo el lineamiento.”

Estados Unidos

Una pregunta que late en el juicio es el rol de Estados Unidos. Cómo probar la presencia, coordinación o participación de acuerdo a los parámetros de un juicio. No hay un sólo documento que muestre eso con todas las palabras, pero la serie y el contexto con la Escuela de las Américas y el Comando Sur en funcionamiento aportaron datos para ver rol y ambivalencias. Dos documentos dan cuenta de lo último.

El primero es muy conocido entre quienes saben del Cóndor. Es del 10 de junio de 1976, tiene forma de relatoría y da cuenta de una conversación entre el secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina César Augusto Guzzetti. En el documento, Guzzetti describe la coordinación de Inteligencia con las dictaduras del Cono Sur. Explica que el problema del terrorismo está generalizado. Señala que para combatir “el problema” están tratando de unir esfuerzos con Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Kissinger le responde con una frase muy conocida: “Si hay cosas que tengan que ser hechas, deben hacerlas rápido. Pero deben volver rápido a procedimientos normales”.

El 13 de agosto de 1976 el Departamento de Estado emite un documento muy protocolar y una posición bien distinta. “El gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta del plan de los países Cóndor de participar en una cooperación para asesinar subversivos y exiliados políticos dentro y fuera de los países que pertenecen a la Operación Cóndor”, indicó Osorio en su traducción. “Y el Departamento de Estado elabora un borrador en el que ordena a sus embajadas conseguir citas con los niveles más altos, lo más pronto posible. Deben expresar que ‘mientras aprobamos el intercambio de Inteligencia e información, los planes de asesinatos internacionales son muy serios y crearían problemas en las relaciones con los Estados Unidos’.” El punto 10 dice a las embajadas del Cono Sur que “deben por supuesto tener en claro que ninguna agencia del gobierno de los EE.UU. sea implicada de ninguna manera en intercambiar información o datos sobre un individuo subversivo con los gobiernos locales, incluso en esos países donde proponemos expandir nuestro intercambio de información. Es esencial que de ninguna manera nosotros pongamos o apuntemos el dedo sobre individuos que pueden ser candidatos de intentos de asesinato”.

Este documento no es Kissinger, dijo Osorio a modo ilustrativo: es el Departamento de Estado. “Realmente el Departamento de Estado tiene dos voces en esta época –dijo– y esto es tema de discusión en libros enteros.” De hecho, en investigaciones sobre Cóndor se habla de “la luz verde y la luz roja”. Lo que se ve es que “el Departamento de Estado le está diciendo a los ejércitos de la región que no podían continuar con este nivel de asesinatos. Están diciendo: ya sabemos que Cóndor está matando gente. Y líderes. Eso no puede ser. Noso-tros queremos parar eso. Podemos cooperar pero es éticamente imposible de sostener”.

Ahora bien, agregó Osorio, “Kissinger le dice a Guzzetti otra cosa, les da el guiño a los militares argentinos en particular, pero también lo hizo en Chile y en otras partes. La política oficial del Departamento de Estado está marcada por el Congreso de Estados Unidos que tiene un debate en ese momento sobre las violaciones a los derechos humanos que está recorriendo el mundo debido a la influencia de las agencias de Inteligencia y las agencias militares. El Departamento de Estado asume como política oficial la promoción de los derechos humanos en ese momento”.