el 5/02/15
PROCESO.COM.MX /Apro –
El pasado 21 de abril, sin embargo, Leonhart anunció su dimisión del cargo, y no por una controversia doméstica, sino por la manera complaciente en que condujo una investigación sobre el irregular comportamiento de agentes de la DEA en Colombia, que recibieron regalos de paramilitares involucrados en el narcotráfico y participaron en fiestas pagadas por la mafia en las que hubo prostitutas y mucho alcohol.
El caso, que fue revelado en diferentes informes del Departamento de Justicia y el Congreso estadounidenses en el transcurso del último mes, involucra al menos a 10 agentes de la DEA destacados en Colombia que aceptaron obsequios como fusiles AK-47 –uno de los cuales fue incluso ingresado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá–, y que realizaron las bacanales financiadas por narcotraficantes en departamentos contratados por Washington para uso de sus funcionarios.
De acuerdo con las investigaciones de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las irregularidades y presuntas conductas ilícitas de los agentes de la DEA no fueron casos asilados sino que ocurrieron en forma sistemática entre el 2001 y el 2009.
La agencia antidrogas está acusada por los investigadores y congresistas de ocultar información y de imponer sanciones “ridículas” a los involucrados: entre uno y 10 días de suspensión. Existe además el riesgo de que los agentes hayan compartido información de seguridad nacional con los narcos con los que parrandearon.
Todo esto llevó a legisladores demócratas y republicanos a expresar que habían “perdido la confianza” en Leonhart, lo que precipitó su dimisión, la cual se hará efectiva en los próximos días de mediados de mayo.
En Colombia, el gobierno ha reaccionado con cautela. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, ha dicho que esperará un reporte de las autoridades estadunidenses para identificar a algunos uniformados colombianos que estarían comprometidos en esos hechos y ejecutar las sanciones disciplinarias y penales que correspondan.
En el Congreso colombiano el caso ha sido motivo de indignación. Legisladores de varios partidos se preguntan hasta dónde debe llegar el marco que regula la actuación de los agentes de la DEA en este país y cómo es que estos extranjeros que están aquí para ayudar a combatir a los carteles de las drogas acaban conviviendo con narcotraficantes que les obsequian costosos regalos, fiestas y servicios de prostitutas.
A rendir cuentas
El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, dice a Apro que Colombia debe realizar una investigación a fondo de la actuación de la DEA en el país y para ello convocará en los próximos días a una audiencia de “control político” a los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, así como al director de la Policía Nacional.
“El problema es que la llamada guerra contra las drogas se ha convertido en una lucha sin reglas, con total inobservancia del derecho internacional y del derecho interno. La DEA ha tenido como uno de sus métodos aliarse con un cártel para combatir a otro y eso ha terminado en una especie de connivencia profundamente corrosiva desde el punto de vista ético e institucional”, afirma el integrante de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de asuntos de política externa, defensa nacional y fuerza pública.
Cepeda afirma que desde la época del Cártel de Medellín y su jefe, Pablo Escobar, las agencias estadunidenses, y la DEA en particular, tomaron la decisión de aliarse con los comandantes paramilitares Fidel y Carlos Castaño y con el Cártel de Cali, para acabar con el capo del narcotráfico, que fue abatido en 1993.
Después combatieron al Cártel de Cali mediante un pacto con el Cártel del Norte del Valle.
“Lo que hay es una administración de los cárteles de las drogas mediante este método. Y todas estas alianzas no sólo no han resuelto el problema del narcotráfico sino que lo han hecho cada vez más diverso, más multiforme y más corrosivo de la institucionalidad. Esto ha corrompido a la Policía, a las Fuerzas Militares y a muchas autoridades a nivel local y regional”, sostiene el senador.
De hecho, una de las fuentes de la investigación de la OIG sobre las fiestas de los agentes de la DEA en Colombia fue el mayor retirado de la Policía Nacional Carlos Andrés Mesa Carrillo, quien acabó implicado con el narcotráfico y juzgado por ese delito en Estados Unidos tras formar parte de una unidad especial de élite integrada por policías colombianos y agentes estadounidenses.
Cepeda indica que el debate legislativo al que convocará deberá servir para revisar el estatus de los agentes de la DEA en el país, sus funciones y el marco legal que reglamenta su trabajo.
“Aquí es necesario un cambio radical de política y también de normatividad”, señala.
De acuerdo con fuentes judiciales, es una práctica común que los agentes de la DEA en Colombia porten armas, incluso de alto poder, y que participen en forma directa en operativos antidroga aun cuando la ley colombiana lo prohíbe.
“No sólo hay una tolerancia a este tipo de actuaciones sino que es algo que nuestra Policía ve como normal”, señala un exfiscal consultado por este semanario.
El senador del gobernante Partido de la U, Mauricio Lizcano, señala que Colombia ha visto a la DEA como un aliado que le ayudó a combatir el narcotráfico en momentos muy álgidos, cuando el Cártel de Medellín desafió al Estado y este carecía de una institucionalidad fuerte para dar una respuesta.
“Hay, digamos, un agradecimiento a la ayuda que nos ha prestado Estados Unidos, pero creo que nuestros países han adquirido mayoría de edad y que estos escándalos nos hacen perder fe y dañan la imagen de la DEA”, indica.
Lizcano considera que es pertinente que el Congreso colombiano tome cartas en el asunto.
La senadora del Partido Verde, Claudia López, señala que debe hacerse una investigación rigurosa sobre las irregularidades y presuntos delitos que cometieron los agentes de la DEA.
“Este es un caso de corrupción y abuso que nos demuestra que los funcionarios estadounidenses en Colombia hacen lo que se les da la gana porque tienen inmunidad. Y desde luego, Colombia debe levantar esa inmunidad. Es un incentivo perverso que se presta a abusos y que debería quitarse del todo”, afirma la legisladora
‘Guerra ajena’
Precisamente, en septiembre pasado, el escritor y periodista Germán Castro Caycedo lanzó el libro Nuestra guerra ajena, una documentada investigación sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico y los múltiples abusos que cometen no sólo sus agentes sino miles de mercenarios o “contratistas” que operan con empresas de seguridad estadounidenses involucradas en la estrategia antidrogas.
El autor sostiene que es muy importante que el Congreso colombiano investigue la actuación de los de la DEA y que ponga límites a la impunidad de sus agentes y de cientos de mercenarios estadounidenses que operan en este país.
Castro Caycedo dice que a finales de la década pasada había entre 3 mil 500 y 4 mil mercenarios en el marco de la estrategia antidrogas y antiguerrillera conocida como Plan Colombia. “Muchos de ellos ingresan sin visa, sin pasaporte, sin ningún control, y ese descontrol es el mismo que impera en el caso de los agentes de la DEA. Este es el absoluto panorama de la indignidad”, agrega. De hecho, el debate al que convocará Cepeda será también para tratar este tema.
Como una prueba “ominosa” de impunidad, Castro Caycedo menciona las 54 violaciones de menores de edad que cometieron soldados y mercenarios estadounidenses en las inmediaciones de la base militar de Melgar (75 kilómetros al suroeste de Bogotá) entre el 2003 y el 2007, sin que ninguno de esos delitos haya podido ser perseguido por la justicia de este país.
Otro escándalo de agentes de la DEA en Colombia que estalló en el 2006 acabó archivado a pesar de su gravedad. En ese entonces, el abogado del Departamento de Justicia Thomas Kent denunció que efectivos de esa agencia destinados a Colombia eran pagados por narcotraficantes para suministrar información clasificada. También afirmó que incluso eran responsables de la muerte de informantes.
Descontrol
El exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional general Jairo Delgado, señala que luego de tres décadas de cooperación entre las autoridades colombianas y la DEA es probable que se hayan flexibilizado los marcos normativos por el nivel de confianza que han logrado.
“En el caso de las fiestas sexuales no tenemos claridad, y por eso es elemental que se haga una investigación. Aquí se está hablando de que participaron miembros de la Policía colombiana y eso se tiene que aclarar”, añade el general retirado y director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina (OPEAL).
Señala que otro factor que hay que investigar es si este tipo de conductas fueron propiciadas por la estrategia estadounidense de negociar con narcotraficantes colombianos a cambio de información y delaciones. “Tenemos que ver si eso generó espacios de corrupción que no fueron suficientemente controlados”, puntualiza.
Al general también le llama la atención que el nuevo escándalo de la DEA surja después de otro que protagonizaron agentes del Servicio Secreto con prostitutas en Cartagena, en el 2012, en vísperas de la VI Cumbre de las Américas en esa ciudad del caribe colombiano. Ese episodio y fallas en el esquema de seguridad del presidente Barack Obama provocaron la renuncia, el año pasado, de la directora del Servicio Secreto, Julia Pierson.
“Podemos estar frente a casos que salen a la luz por problemas internos entre las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos, el Servicio Secreto, la DEA y la ATF (la agencia de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego)”, dice.
Finalmente, el profesor de la Universidad Nacional y experto en seguridad, Pablo Reyes, considera que la DEA “históricamente ha manejado una doble moral, pues se conocen sus vínculos con los diferentes cárteles de la droga en Latinoamérica que dicen combatir, con los colombianos y con los mexicanos. Sus actuaciones al margen de los ordenamientos jurídicos de nuestros países no son algo nuevo. Siempre ha sido así”.
