Por Fernanda Paixão
En 08/02/2023
En 08/02/2023
Con la retórica del combate a los «enemigos internos», la militarización de la región sigue una estrategia elaborada por Estados Unidos.
Los ataques perpetrados por bolsonaristas a los edificios de los Tres Poderes en Brasilia, el último día 8, hicieron prender una luz roja. Si, por un lado, fue posible comparar el ataque con la invasión de apoyadores de Donald Trump al Capitolio, en 2021, en Estados Unidos, una diferencia fundamental en el caso brasileño alertó a los expertos en el tema: la huella de las Fuerzas Armadas.
Hay paralelos en la región latinoamericana que fundamentan las advertencias. La militarización en los territorios de las comunidades Mapuche en Chile; el estado de emergencia que dio paso a la represión militar de las protestas en Perú; el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
“Estamos viendo cómo los gobiernos que llegan de izquierda, centro izquierda o de corte progresista [de la región] tienen que convivir con los militares de las clases dominantes pasadas”, observa el sociólogo mexicano Raúl Romero, coautor del libro Resistencias locales, utopías globales.
“Uno ve la historia del golpe de Estado en Chile [en 1973] y del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, y hay paralelismos. Presidentes que confían en sus ministros de seguridad, en sus militares, y son esos mismos militares que implementan golpes de Estado. Vemos, también, la necesidad de pensar cómo es la relación del mando civil con los mandos militares en nuestros países”, dice a Brasil de Fato.
Como en otros momentos históricos, las Fuerzas Armadas juegan un papel decisivo en períodos de desestabilización política y de la democracia en los países de América Latina y el Caribe.
Uno de los diagnósticos que ofrecen los investigadores en temas de defensa y geopolítica es el alejamiento de las Fuerzas Armadas de su función original –la defensa del territorio nacional frente a un ataque militar y de las fronteras– para dar lugar a tareas de seguridad interna, incidiendo en la vida civil.
Es el caso reciente de la inserción de más de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en estaciones del metro de la Ciudad de México para identificar presuntos sabotajes en el funcionamiento de las máquinas. La decisión de la alcaldesa Claudia Sheinbaum, y defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido ampliamente discutida en la sociedad mexicana y denunciada por organismos de derechos humanos.
Para la historiadora argentina Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, cuando las Fuerzas Armadas asumen un rol tutelar sobre la sociedad civil, hay margen para graves faltas de conducta al tratarse de fuerzas entrenadas para situaciones de guerra. “Logran tener mayor incidencia cuando gozan de impunidad, es decir no han sido ni son juzgadas por los delitos aberrantes que han cometido y cometen”, dice la historiadora.
“Si no hay juicio y castigo para quienes cometen violaciones a los derechos humanos, la historia se repite y repetirá. En Argentina, los Juicios de Lesa Humanidad que continúan hoy en día, han evitado que las FFAA se plieguen a aventuras golpistas. El problema es que los poderes político, económico y judicial cómplices no han sido juzgados, salvo alguno que otro de sus integrantes, permanecen intactos y están al acecho”, señala.
Para Bruzzone, el golpe cívico-militar en Honduras que, en 2009, derrocó al presidente Manuel Zelaya, la actuación de las FFAA colombianas en la lucha contra el narcotráfico y las FFAA mexicanas contra el terrorismo también entran en los paralelos. «Cuando se rompe la línea roja que separa a la seguridad externa de la seguridad interna, los resultados están a la vista.»
Nuevas amenazas
Hay explicaciones históricas y geopolíticas para este despliegue de las Fuerzas Armadas al interior de los territorios en operaciones contra el delito. Durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, el país norteamericano logró instalar la idea del comunista como un enemigo mundial a extinguir. Así operaba la doctrina de la seguridad nacional, en la que los ejércitos se movían en sus territorios en busca de este enemigo común.
Desde el fin de la Unión Soviética, el desgaste narrativo de la guerra contra el comunismo ha dado paso a la doctrina de las «nuevas amenazas», elaborada y difundida por las agencias estadounidenses, entre ellas el Comando Sur de las Fuerzas Armadas, como se señala en el estudio “La Guerra Interna” (CELS, 2018). Bajo esta doctrina, que aún hoy sigue vigente, los EE.UU. actúan bajo una lógica tutelar en la región, supuestamente contra los nuevos enemigos comunes que todos deben identificar y combatir: el narcotráfico y el terrorismo. De ahí escala a una nueva categoría, la del narcoterrorismo.
Por eso, el uso del término “terrorismo” debe ser empleado con cautela, como explica el director del sector Seguridad y Justicia del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el doctor en ciencias sociales Manuel Trufó. “Es una categoría que, al instalarse, se refleja en determinadas prácticas que empiezan a ser etiquetadas y, de alguna manera, esto rápidamente se puede volver en contra del campo popular”.
“Hay múltiples intereses en mantener vigente esta alerta”, dice Trufó. “Son intereses políticos, de mantener la primacía de EE.UU. en la geopolítica regional, y la agenda del terrorismo, del crimen organizado y de la seguridad transnacional han sostenido esta hegemonía de EE.UU. en términos de ser el mayor ejército del mundo y la principal presencia militar en la región.”
No por casualidad, el interés se ubica en países y zonas de valiosos recursos naturales, y la militarización es parte fundamental de la estrategia de dominación y presencia en los territorios.
“En cada embajada estadounidense en nuestros países hay representantes de la CIA, la DEA, el FBI y, por supuesto, el Comando Sur”, destaca la historiadora Elsa Bruzzone. “A ello se agregan las bases militares, disfrazadas mayoritariamente de ‘humanitarias’. El problema es que el poder civil se muestra conforme y cuando esto no ocurre, preparémonos para lo peor.»
Además de las dictaduras implementadas en varios países de América Latina y el Caribe en el siglo pasado, la influencia yanki sigue siendo directa aún hoy: miles de millones de dólares son destinados a la región para la capacitación, entrenamiento y equipaje de las fuerzas armadas y de seguridad en países mínimamente aliados con los EE.UU. a través de programas de financiación.
Según datos del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, más de 255 mil agentes civiles y militares fueron capacitados con financiamiento estadounidense entre 2000 y 2017. Los principales países receptores de los recursos fueron México, Colombia y Perú, respectivamente.
A través de organismos internacionales se pone en riesgo la soberanía sobre las fuerzas armadas, explica Bruzzone. “Con la pertenencia a la OEA (Organización de los Estados Americanos) y al SIAD (Sistema Interamericano de Defensa), se pone en peligro la soberanía nacional. Las fuerzas armadas son formateadas por los institutos militares del Comando Sur [de los EE.UU.]. Lo mismo pasa con tus jueces y fiscales, que son adoctrinados en la escuela creada para ello que funciona en Lima, Perú, y con tus fuerzas de seguridad, en la escuela que funciona en El Salvador.”
Para ser independiente y soberano, advierte Bruzzone, es necesario abandonar este sistema. Los únicos en la región que lo han hecho –y donde se promueve una unión cívico-militar– son Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Golpe de Estado en nuevos moldes
Ante la falta de apoyo internacional al expresidente Jair Bolsonaro, una hipótesis cuestionaba la intención real de promover un golpe de Estado, argumentando que el objetivo de la jugada bolsonarista era actuar como un poder moderador y marcar territorio. Sin embargo, a semanas del atentado, crece y es cada vez más aceptada la versión de una verdadera intentona de golpe de Estado que no cumplió su objetivo.
Para el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez, hoy ya no es necesario el financiamiento de EEUU. ni el aval de Washington para un golpe de Estado. Según el investigador, en un mundo multipolar, los movimientos políticos, sean civiles o militares, ya no responden a una lógica puramente ideológica, sino a intereses económicos nacionales.
¿Qué pasó con los golpes de Estado? Pasan los golpes, los militares van presos, pero a los civiles, promotores, organizadores y financiadores no les pasa nada”, señala. “Hay una serie de variables nuevas a considerar a la hora de definir un golpe de Estado. Ya no se puede hablar de un golpe de estado militar, como en el pasado, o hay que hablar de golpe de estado cívico-militares, y lo que hay que cambiar en los análisis es [considerar] cuáles son las fuerzas que participan, añadió.
Rodríguez destaca la heterogeneidad de las Fuerzas Armadas, a pesar de la lógica de subordinación con la que operan. “En general, los procesos políticos avanzan o retroceden en América Latina de acuerdo a lo que las Fuerzas Armadas decidan o no hacer. ¿Cuánta gente están dispuestos a matar en Perú para sostener al gobierno actual?», dice. «Las FFA siguen siendo el gran elector. Cuando uno mira lo que está pasando en Perú uno se pregunta qué van a hacer las FFAA.»
En ese sentido, el investigador también apunta a un factor aparentemente nuevo en la coordinación entre militares y la Policía Federal, en el caso del atentado en Brasilia. “En general, el principio [de actuación] de las Fuerzas Armadas no parte del debate, de la democracia, sino del cumplimiento de órdenes. Cuando vemos la coordinación de distintas fuerzas que no parten de una idea única, percibimos un fenómeno nuevo, que es necesario estudiar, ya que no existen fuerzas homogéneas”.
Rodríguez cuenta que estuvo recientemente en Colombia y se sorprendió con lo que encontró. “Conocí a militares retirados que apoyan al gobierno de [la izquierda de Gustavo] Petro. Es comprensible que ya estén cansados de 60 años de guerra y que quieran dedicarse a lo que debe dedicarse la Fuerza Armadas, que es la defensa y soberanía.”
Periodista, corresponsal de Brasil de Fato sobre temas de política, medio ambiente, género y movimentos sociales.
Los ataques perpetrados por bolsonaristas a los edificios de los Tres Poderes en Brasilia, el último día 8, hicieron prender una luz roja. Si, por un lado, fue posible comparar el ataque con la invasión de apoyadores de Donald Trump al Capitolio, en 2021, en Estados Unidos, una diferencia fundamental en el caso brasileño alertó a los expertos en el tema: la huella de las Fuerzas Armadas.
Hay paralelos en la región latinoamericana que fundamentan las advertencias. La militarización en los territorios de las comunidades Mapuche en Chile; el estado de emergencia que dio paso a la represión militar de las protestas en Perú; el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
“Estamos viendo cómo los gobiernos que llegan de izquierda, centro izquierda o de corte progresista [de la región] tienen que convivir con los militares de las clases dominantes pasadas”, observa el sociólogo mexicano Raúl Romero, coautor del libro Resistencias locales, utopías globales.
“Uno ve la historia del golpe de Estado en Chile [en 1973] y del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, y hay paralelismos. Presidentes que confían en sus ministros de seguridad, en sus militares, y son esos mismos militares que implementan golpes de Estado. Vemos, también, la necesidad de pensar cómo es la relación del mando civil con los mandos militares en nuestros países”, dice a Brasil de Fato.
Como en otros momentos históricos, las Fuerzas Armadas juegan un papel decisivo en períodos de desestabilización política y de la democracia en los países de América Latina y el Caribe.
Uno de los diagnósticos que ofrecen los investigadores en temas de defensa y geopolítica es el alejamiento de las Fuerzas Armadas de su función original –la defensa del territorio nacional frente a un ataque militar y de las fronteras– para dar lugar a tareas de seguridad interna, incidiendo en la vida civil.
Es el caso reciente de la inserción de más de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en estaciones del metro de la Ciudad de México para identificar presuntos sabotajes en el funcionamiento de las máquinas. La decisión de la alcaldesa Claudia Sheinbaum, y defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido ampliamente discutida en la sociedad mexicana y denunciada por organismos de derechos humanos.
Para la historiadora argentina Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, cuando las Fuerzas Armadas asumen un rol tutelar sobre la sociedad civil, hay margen para graves faltas de conducta al tratarse de fuerzas entrenadas para situaciones de guerra. “Logran tener mayor incidencia cuando gozan de impunidad, es decir no han sido ni son juzgadas por los delitos aberrantes que han cometido y cometen”, dice la historiadora.
“Si no hay juicio y castigo para quienes cometen violaciones a los derechos humanos, la historia se repite y repetirá. En Argentina, los Juicios de Lesa Humanidad que continúan hoy en día, han evitado que las FFAA se plieguen a aventuras golpistas. El problema es que los poderes político, económico y judicial cómplices no han sido juzgados, salvo alguno que otro de sus integrantes, permanecen intactos y están al acecho”, señala.
Para Bruzzone, el golpe cívico-militar en Honduras que, en 2009, derrocó al presidente Manuel Zelaya, la actuación de las FFAA colombianas en la lucha contra el narcotráfico y las FFAA mexicanas contra el terrorismo también entran en los paralelos. «Cuando se rompe la línea roja que separa a la seguridad externa de la seguridad interna, los resultados están a la vista.»
Nuevas amenazas
Hay explicaciones históricas y geopolíticas para este despliegue de las Fuerzas Armadas al interior de los territorios en operaciones contra el delito. Durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, el país norteamericano logró instalar la idea del comunista como un enemigo mundial a extinguir. Así operaba la doctrina de la seguridad nacional, en la que los ejércitos se movían en sus territorios en busca de este enemigo común.
Desde el fin de la Unión Soviética, el desgaste narrativo de la guerra contra el comunismo ha dado paso a la doctrina de las «nuevas amenazas», elaborada y difundida por las agencias estadounidenses, entre ellas el Comando Sur de las Fuerzas Armadas, como se señala en el estudio “La Guerra Interna” (CELS, 2018). Bajo esta doctrina, que aún hoy sigue vigente, los EE.UU. actúan bajo una lógica tutelar en la región, supuestamente contra los nuevos enemigos comunes que todos deben identificar y combatir: el narcotráfico y el terrorismo. De ahí escala a una nueva categoría, la del narcoterrorismo.
Por eso, el uso del término “terrorismo” debe ser empleado con cautela, como explica el director del sector Seguridad y Justicia del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el doctor en ciencias sociales Manuel Trufó. “Es una categoría que, al instalarse, se refleja en determinadas prácticas que empiezan a ser etiquetadas y, de alguna manera, esto rápidamente se puede volver en contra del campo popular”.
“Hay múltiples intereses en mantener vigente esta alerta”, dice Trufó. “Son intereses políticos, de mantener la primacía de EE.UU. en la geopolítica regional, y la agenda del terrorismo, del crimen organizado y de la seguridad transnacional han sostenido esta hegemonía de EE.UU. en términos de ser el mayor ejército del mundo y la principal presencia militar en la región.”
No por casualidad, el interés se ubica en países y zonas de valiosos recursos naturales, y la militarización es parte fundamental de la estrategia de dominación y presencia en los territorios.
“En cada embajada estadounidense en nuestros países hay representantes de la CIA, la DEA, el FBI y, por supuesto, el Comando Sur”, destaca la historiadora Elsa Bruzzone. “A ello se agregan las bases militares, disfrazadas mayoritariamente de ‘humanitarias’. El problema es que el poder civil se muestra conforme y cuando esto no ocurre, preparémonos para lo peor.»
Además de las dictaduras implementadas en varios países de América Latina y el Caribe en el siglo pasado, la influencia yanki sigue siendo directa aún hoy: miles de millones de dólares son destinados a la región para la capacitación, entrenamiento y equipaje de las fuerzas armadas y de seguridad en países mínimamente aliados con los EE.UU. a través de programas de financiación.
Según datos del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, más de 255 mil agentes civiles y militares fueron capacitados con financiamiento estadounidense entre 2000 y 2017. Los principales países receptores de los recursos fueron México, Colombia y Perú, respectivamente.
A través de organismos internacionales se pone en riesgo la soberanía sobre las fuerzas armadas, explica Bruzzone. “Con la pertenencia a la OEA (Organización de los Estados Americanos) y al SIAD (Sistema Interamericano de Defensa), se pone en peligro la soberanía nacional. Las fuerzas armadas son formateadas por los institutos militares del Comando Sur [de los EE.UU.]. Lo mismo pasa con tus jueces y fiscales, que son adoctrinados en la escuela creada para ello que funciona en Lima, Perú, y con tus fuerzas de seguridad, en la escuela que funciona en El Salvador.”
Para ser independiente y soberano, advierte Bruzzone, es necesario abandonar este sistema. Los únicos en la región que lo han hecho –y donde se promueve una unión cívico-militar– son Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Golpe de Estado en nuevos moldes
Ante la falta de apoyo internacional al expresidente Jair Bolsonaro, una hipótesis cuestionaba la intención real de promover un golpe de Estado, argumentando que el objetivo de la jugada bolsonarista era actuar como un poder moderador y marcar territorio. Sin embargo, a semanas del atentado, crece y es cada vez más aceptada la versión de una verdadera intentona de golpe de Estado que no cumplió su objetivo.
Para el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez, hoy ya no es necesario el financiamiento de EEUU. ni el aval de Washington para un golpe de Estado. Según el investigador, en un mundo multipolar, los movimientos políticos, sean civiles o militares, ya no responden a una lógica puramente ideológica, sino a intereses económicos nacionales.
¿Qué pasó con los golpes de Estado? Pasan los golpes, los militares van presos, pero a los civiles, promotores, organizadores y financiadores no les pasa nada”, señala. “Hay una serie de variables nuevas a considerar a la hora de definir un golpe de Estado. Ya no se puede hablar de un golpe de estado militar, como en el pasado, o hay que hablar de golpe de estado cívico-militares, y lo que hay que cambiar en los análisis es [considerar] cuáles son las fuerzas que participan, añadió.
Rodríguez destaca la heterogeneidad de las Fuerzas Armadas, a pesar de la lógica de subordinación con la que operan. “En general, los procesos políticos avanzan o retroceden en América Latina de acuerdo a lo que las Fuerzas Armadas decidan o no hacer. ¿Cuánta gente están dispuestos a matar en Perú para sostener al gobierno actual?», dice. «Las FFA siguen siendo el gran elector. Cuando uno mira lo que está pasando en Perú uno se pregunta qué van a hacer las FFAA.»
En ese sentido, el investigador también apunta a un factor aparentemente nuevo en la coordinación entre militares y la Policía Federal, en el caso del atentado en Brasilia. “En general, el principio [de actuación] de las Fuerzas Armadas no parte del debate, de la democracia, sino del cumplimiento de órdenes. Cuando vemos la coordinación de distintas fuerzas que no parten de una idea única, percibimos un fenómeno nuevo, que es necesario estudiar, ya que no existen fuerzas homogéneas”.
Rodríguez cuenta que estuvo recientemente en Colombia y se sorprendió con lo que encontró. “Conocí a militares retirados que apoyan al gobierno de [la izquierda de Gustavo] Petro. Es comprensible que ya estén cansados de 60 años de guerra y que quieran dedicarse a lo que debe dedicarse la Fuerza Armadas, que es la defensa y soberanía.”
Periodista, corresponsal de Brasil de Fato sobre temas de política, medio ambiente, género y movimentos sociales.
