Por Nicolás Lynch
En 06/06/2023
En 06/06/2023
A casi seis meses de los acontecimientos se continúa debatiendo, con inusitado vigor, sobre los sucesos del siete de diciembre de 2022 que pusieron fin al gobierno de Pedro Castillo. Me he pronunciado varias veces sobre el tema, pero considero que la vuelta a los mismos términos del debate de diciembre pasado que he escuchado en diversos comentarios, hace que sea indispensable volver sobre lo mismo.
Golpe de estado. ¿Hubo o no hubo golpe de estado de parte de Pedro Castillo el siete de diciembre de 2022? Es un hecho de la realidad que se produjo un intento de golpe de estado por parte de Pedro Castillo y, parece ser, su entorno más cercano. Acorralado por el deterioro de la situación, que sumaba al incesante bloqueo de la derecha, el mal gobierno, el aislamiento político y acusaciones de corrupción que cada vez más lo tocaban directamente, el expresidente intentó una “huida hacia adelante” que colisionaba con las reglas por las que había sido elegido y además no contaba con la correlación de fuerzas sociales y políticas para tener éxito.
Sin embargo, la constatación de este hecho lleva a la derecha a mover sus hilos para orquestar su detención sin tener en cuenta las reglas del debido proceso ni su calidad de jefe de estado, que le daban prerrogativas especiales frente a cualquier ciudadano común y corriente. De esta manera el antejuicio parlamentario, al que tenía derecho, no antecede sino confirma su detención, por ello arbitraria.
Contragolpe. El intento de golpe le da a la derecha lo que desde año y medio atrás venía buscando con desesperación: el contragolpe, que le permite pasar a la ofensiva de una manera que no le había sido antes posible. Esto significa capturar un terreno que no controlaba totalmente: las instituciones de este estado famélico, pero no por ello menos instituciones para sus propósitos.
Se rompe el principio de legitimidad: “los ciudadanos no creen que los que mandan tengan el derecho a mandar”. Entonces fallido golpe, pero exitoso contragolpe, que puso a las fuerzas progresistas a la defensiva. Gravísimo error político de Castillo que le costará a la izquierda remontar.
Usurpadores. Desde alguna izquierda dicen que la usurpadora es Dina Boluarte. Es más que Dina Boluarte y por ello el fenómeno es diferente. La usurpadora es la derecha peruana que aprovechó el golpe fallido de Castillo para culminar la captura política de Boluarte, plasmar su contragolpe y gobernar con un programa distinto al que había ganado en las elecciones de 2021. Por ello, el movimiento social fue con furia contra los usurpadores porque percibió con claridad que el contragolpe de la derecha era contra el veredicto popular expresado en las urnas.
Tomó la posta el movimiento popular, pero en este caso la iniciativa no fue en Lima, fue en el Perú andino. Los pueblos originarios del espinazo irredento, entre Huancavelica y Puno, que sufren el saqueo de la minería y el gas natural. Ese movimiento hizo temblar al Perú por doce semanas. El movimiento popular fue el principal actor político y eje de la coyuntura a pesar del desprecio encomendero plasmado en las historietas de incapacidad que se tejieron al respecto y en el estigma del terruqueo para descalificar a los que supuestamente no pueden pensar con su cabeza.
El movimiento, sin embargo, ha sido drásticamente reprimido con varias docenas de muertos y entrado en pausa, buscando un liderazgo que le permita pasar nuevamente a la ofensiva.
A pesar de todo ello, el rechazo a los golpistas, a los usurpadores y a la represión se mantiene en alto. En los últimos cinco meses, entre enero y mayo, la desaprobación del gobierno de Boluarte, de acuerdo a por lo menos tres encuestadoras (Ipsos, Datum, IEP) se mantiene entre el 75 y 80% y la del congreso peor todavía. Asimismo, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional confirman la represión letal llevada a cabo y la impunidad con la que se trata el tema.
Por otra parte, el aislamiento internacional se profundiza. La necedad de los usurpadores de gobernar sin legitimidad le hace un grave daño al Perú y deja claro que la violación sistemática de los derechos humanos no es aceptada por la comunidad internacional, en especial por nuestros hermanos latinoamericanos. No es entonces un buen o mal manejo de las relaciones internacionales, sino que el Perú se ha convertido en un país impresentable.
Proscripción. A la usurpación de la voluntad popular y la eventual pausa del movimiento social continuará la proscripción de los líderes y agrupaciones que se oponen al gobierno ilegítimo. El fondo de los ataques a la institucionalidad del estado apunta a la toma de los organismos electorales, para impedir que partidos y personalidades democráticas compitan en algunas futuras elecciones.
Frente a estos hechos macizos se levantan dos series de inventos. Por la derecha, la existencia de una “normalidad” que mientras continúa reprimiendo quiere hacernos creer que las cosas han regresado a la dinámica de un país democrático, en el que funciona el equilibrio de poderes, se respetan los derechos humanos y hay un estado que se preocupa de sus ciudadanos.
Por la izquierda, la negación del intento de golpe de Castillo y la existencia de un movimiento que tendría vida al margen de las condiciones objetivas para el mismo y sin importar que exista o no una dirección política con objetivos claros.
En el horizonte todavía no se ve claro, pero teniendo en cuenta esta realidad y dejando de lado los inventos es que se podrá rearmar una amplia alianza social y política que logre una salida democrática para la situación del Perú.
*Sociólogo peruano. Analista de Otra Mirada.
Otra Mirada
