El Plan Caputo-Sturzenegger: los argentinos ya saben cómo termina. Un nuevo capítulo del industricidio nacional
Por Pablo Tigani*
11 de febrero de 2024
El presidente Javier Milei, rodeado por su gabinete, al momento de la presentación del nuevo gobierno.. Imagen: NA
La situación actual se parece mucho a 1976, cuando se iniciaba un proceso que se diferenciaría completamente de la etapa previa de sustitución de importaciones. Se inauguraba así un modelo de acumulación rentística y financiera con apertura incondicional.
Esto se parece mucho a 1976, cuando se iniciaba un proceso que se diferenciaría completamente de la etapa previa de sustitución de importaciones. Se inauguraba así un modelo económico de acumulación rentística y financiera, con apertura incondicional y facilitador financiamiento externo.
Aquello se daba en un contexto mundial de amplia disponibilidad de capitales dispuestos a reciclarse para obtener mayores rendimientos en los países emergentes. Esta fue una de las claves para poder financiar un plan sistemático de endeudamiento y señorío que lleva 47 años de desarrollo intermitente pero perseverante.
Aunque en 1976 se produjo el golpe de Estado que proscribió todos los derechos ciudadanos, no fue sino hasta junio de 1977 que se estableció la herramienta más importante que jamás pudo reverse, con ningún gobierno en adelante, hasta nuestros días: la Reforma Financiera.
La lógica era que la única manera de terminar con los sindicatos era debilitar a la industria. Si los delegados no poseen obreros de planta, no tienen a quién representar. De esta manera se pasaría de “la patria metalúrgica”, a “la patria contratista y la patria financiera”. Las industrias más damnificadas fueron las empresas de capital nacional. No lo fueron en gran medida las transnacionales, ni los grandes conglomerados o grupos económicos diversificados que, aunque estas nuevas políticas los habrían de horadar, le encontrarían la vuelta financiera para reinventarse.
Ejemplo
El prototipo de un objetivo abstracto a dinamitar, al decir de Milei; podría ser la empresa YELMO S.A., con 1.500 empleados, en la zona de San Justo. En solo 20 años había logrado desarrollar una industria 100 por ciento nacional, totalmente integrada industrialmente, exportando electrodomésticos a 26 países del mundo, incluyendo Brasil, EE.UU. e Israel, pero básicamente, a todo Latinoamérica.
En menos de dos años (1979) la apertura comercial y financiera la convertiría en una ficción. Una empresa con accionistas locales, gerentes locales, otorgaba becas en universidades privadas para sus ejecutivos, desarrollaba a la vez, tecnología y management propio. Por supuesto, dentro de una empresa donde 1.300 personas son operarios, tenía dos sindicatos, uno más ortodoxo y otro de izquierda. Luego del 25 de marzo de 1976, no más aumentos de 145 por ciento, pero también, no más empresa, en unos pocos trimestres.
Sabemos cómo termina
Para resolver “el flagelo inflacionario” y equilibrar la balanza de pagos, el discurso y parte del programa era el estándar de siempre: devaluación, ajuste del gasto y congelamiento de salarios. El clásico mantra de las “ventajas comparativas”, que no era otra cosa que decir que se exportan bienes primarios y todo lo demás se importa.
Equilibrar los precios internos con los precios externos significaba desplazar la fabricación nacional y reemplazarla por productos importados. Es decir, dejar de generar empleo en la Argentina y salir a pagar sueldos y jornales a Japón, Taiwán, Corea y Singapur. Por ese entonces, no se habían sumado China, Tailandia y otros países del sudeste asiático.
Hasta ese momento, la Argentina tenía un entramado industrial de dimensiones considerables, no se podía hablar sobre un agotamiento de un proceso de industrialización, que exhibía pleno empleo e incipiente generación de divisas con valor agregado. El problema radicaba en que el proyecto que llegaba iba en la dirección inversa. Se proponía sesgar el genial péndulo de Marcelo Diamand --mi mentor, accionista de Tonomac y presidente de la Cámara de electrónica.-, de manera definitiva.
La balanza se inclinaba hacia el sector agroexportador, sumado a un pensamiento innovador de consecuencias funestas, especular todo desde la mirada financiera y la ganancia de inmediatez novelesca. Ahora con galpones de 10 personas y 100 administrativos, que bajaran televisores de un contenedor, se facturaba y cobraba igual, barriendo de un plumazo más de 250 fábricas y sus obreros de la industria electrodoméstica, eléctrica y electrónica. Recuerden los más veteranos solo algunas fábricas de televisores y radios Tonomac, Spika, Panoramic, Ranser y Telesud (Zenith). Todas cesaron.
Éramos la Argentina abierta al mundo, que en los cines pasaba la famosa difusión de una silla argentina que se rompía al sentarse el comprador, y otra importada, tan confortable que alegraba el rostro del actor.
Crueles, como casi todos estos experimentos libertarios y liberales, las autoridades implementaron un congelamiento de salarios, al tiempo que eliminaron los controles de precios y practicaban “otra devaluación”, provocando un deterioro del 30 por ciento de los salarios reales. Calcada por Caputo y Sturzenegger. La anterior devaluación (el Rodrigazo) se la había encomendado a Celestino Rodrigo (ministro) Ricardo Mansueto Zinn, en 1975, provocando el fin del gobierno peronista.
Zinn era un secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, ideólogo que seguiría viaje con la dictadura cívico-militar. Ejecutivo del grupo Macri, dicho sea de paso. Para completar habría disciplinamiento social, controles en las calles, no más de tres personas como sugiere Patricia Bullrich, quien paradójicamente había partido al exilio. Por supuesto, se disponía la disolución de la CGT y la supresión total de las actividades sindicales, como el derecho a huelga, reforma a la Ley 14.250 de Contrato de Trabajo y a las convenciones colectivas, ¿se parece?
Para completar el industricidio, se desreguló la Inversión Extranjera y se unificó el tipo de cambio, se eliminaron los reembolsos y reintegros a las exportaciones de manufacturas, porque eran inflacionarios, según el enfoque monetario de la balanza de pagos.
Los aranceles a las importaciones se rebajaron sin negociación. A cambio de nada, sin aplicar la lógica del comercio internacional: a saber, la Argentina baja los aranceles de esta nomenclatura arancelaria, siempre y cuando tal país baje los aranceles a nuestras exportaciones de otra posición arancelaria que nos convenga, “win win”, una estrategia de marketing que tiene como objetivo que ambas partes salgan beneficiadas. Esa decisión provocó una caída de más del 40 por ciento de protección efectiva.
El capítulo que no podía faltar, fue la revista al FMI, que otorgaba créditos y daba “luz verde” a la banca privada para que inunde de financiamiento y así se puedan pagar las importaciones de todo tipo. El cambio de expectativas y el aluvión de dólares, detuvieron las corridas contra el peso, sentando las bases para la “bicicleta financiera” y los depósitos de plazo fijo a 7 días.
Para la gente de a pie subían las tarifas y la presión tributaria caía sobre sus hombros, incluyendo multas indexadas por incumplimiento de pago de tasas y contribuciones. Mediante el congelamiento salarial, el gasto en empleados del Estado cayó un 40 por ciento, el déficit fiscal pasó de 12 a 7,6 por ciento y la emisión monetaria se contrajo de 55 a 29 por ciento, implicando una drástica caída del salario de los privados.
Reforma financiera
La liberalización de las tasas de interés implicó que pasaran de ser negativas a fuertemente positivas. Por ejemplo, para YELMO S.A., que se financiaba con capital de terceros en la misma proporción que con capital propio, aquel cambio significaba que el 50 por ciento del financiamiento de sus activos por medio de bancos, pasaba de pagar 40 por ciento a 400 por ciento nominal anual, con una inflación de 176 por ciento (1977) y 175 por ciento (1978).
Una empresa que crecía por 20 años con apalancamiento positivo de pasivos, en un día, empezaba a devengar un costo financiero 10 veces más caro, sin opción de obtener créditos externos como los grandes conglomerados, ni de fondearse con sus casas matrices como las empresas trasnacionales. El subsidio neto en porcentaje del PBI industrial recibido por el sector en 1975 era de 14,6 por ciento, en 1978 era de -5,1 por ciento, según FIDE.
Con 700 mil dólares se obtenía la licencia para convertirse en banco y captar depósitos con garantía del Estado. Solo mencionar más adelante que entre 1978 y 1979, se autorizaron 1.200 aperturas de sucursales, con la actividad económica desacelerada. Los depósitos a plazo fijo se podían endosar, dando lugar a maniobras delictivas de las más burdamente imaginativas. Por ello, la propagación de cuantiosos bancos, financieras, mandatarias y, aun cuevas, era descomunal.
Parecía que todas las mesas de dinero del mundo estaban en la city porteña. Cualquier avispado se convertía en usurero cambiando cheques de empresas extenuadas o con sus calificaciones a tope, que no podían recurrir a otras fuentes de financiamiento. Los que trabajábamos en finanzas tuvimos dos roles: 1) magos para no quebrar, o 2) bicicleteros para hacer rendir el dinero ocioso que no se aplicaba a la producción y el trabajo. La especulación financiera paso a retozar en un rol superior de la economía argentina. El IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas), era más importante que el Jockey Club. Todos los miembros del equipo económico visitaban la asociación, incluyendo Martínez de Hoz.
Supuestamente, esta conveniente inversión en plazo fijo postergaría las compras y desaceleraría la inflación. Nunca sucedió, como comprobamos durante el gobierno de con Macri y como ahora mismo vamos a ver. Lo que sí sucedió es que las tasas activas que pagaban las empresas nacionales hacían inviable los negocios.
Aparecía la precursora, la abuela de las mellizas LEBACS y LELIQ, la cuenta de regulación monetaria, para neutralizar los efectos expansivos. Un subsidio al sector financiero del mismo tenor que el de Sturzenegger y Caputo en 2016 en adelante, que también se convertiría en una fuente de creación monetaria en sí misma.
El ritmo inflacionario se sostenía impasible, así que se suponía que la suba de las tasas de interés pasivas iba a contribuir a la demanda de plazos fijos estimulando una mayor monetización de la economía. Mientras tanto se esperaban, como durante el macrismo, una lluvia de inversiones que expandieran la oferta de bienes, de modo que la mayor monetización y oferta contribuirían a desacelerar la tasa de inflación.
Pero a lo único que contribuía la tasa de interés activa era aumentar el costo financiero, que, si no despegaba la actividad económica, era imposible trasladar a precios. Al mismo tiempo, los bienes importados comenzaban a ejercer presión y techo sobre los precios de fabricación local. Las mismas políticas que hoy se están aplicando, más las que vienen en camino, se dejaron ver infructuosas para detener el curso de la inflación.
*Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros
La situación actual se parece mucho a 1976, cuando se iniciaba un proceso que se diferenciaría completamente de la etapa previa de sustitución de importaciones. Se inauguraba así un modelo de acumulación rentística y financiera con apertura incondicional.
Esto se parece mucho a 1976, cuando se iniciaba un proceso que se diferenciaría completamente de la etapa previa de sustitución de importaciones. Se inauguraba así un modelo económico de acumulación rentística y financiera, con apertura incondicional y facilitador financiamiento externo.
Aquello se daba en un contexto mundial de amplia disponibilidad de capitales dispuestos a reciclarse para obtener mayores rendimientos en los países emergentes. Esta fue una de las claves para poder financiar un plan sistemático de endeudamiento y señorío que lleva 47 años de desarrollo intermitente pero perseverante.
Aunque en 1976 se produjo el golpe de Estado que proscribió todos los derechos ciudadanos, no fue sino hasta junio de 1977 que se estableció la herramienta más importante que jamás pudo reverse, con ningún gobierno en adelante, hasta nuestros días: la Reforma Financiera.
La lógica era que la única manera de terminar con los sindicatos era debilitar a la industria. Si los delegados no poseen obreros de planta, no tienen a quién representar. De esta manera se pasaría de “la patria metalúrgica”, a “la patria contratista y la patria financiera”. Las industrias más damnificadas fueron las empresas de capital nacional. No lo fueron en gran medida las transnacionales, ni los grandes conglomerados o grupos económicos diversificados que, aunque estas nuevas políticas los habrían de horadar, le encontrarían la vuelta financiera para reinventarse.
Ejemplo
El prototipo de un objetivo abstracto a dinamitar, al decir de Milei; podría ser la empresa YELMO S.A., con 1.500 empleados, en la zona de San Justo. En solo 20 años había logrado desarrollar una industria 100 por ciento nacional, totalmente integrada industrialmente, exportando electrodomésticos a 26 países del mundo, incluyendo Brasil, EE.UU. e Israel, pero básicamente, a todo Latinoamérica.
En menos de dos años (1979) la apertura comercial y financiera la convertiría en una ficción. Una empresa con accionistas locales, gerentes locales, otorgaba becas en universidades privadas para sus ejecutivos, desarrollaba a la vez, tecnología y management propio. Por supuesto, dentro de una empresa donde 1.300 personas son operarios, tenía dos sindicatos, uno más ortodoxo y otro de izquierda. Luego del 25 de marzo de 1976, no más aumentos de 145 por ciento, pero también, no más empresa, en unos pocos trimestres.
Sabemos cómo termina
Para resolver “el flagelo inflacionario” y equilibrar la balanza de pagos, el discurso y parte del programa era el estándar de siempre: devaluación, ajuste del gasto y congelamiento de salarios. El clásico mantra de las “ventajas comparativas”, que no era otra cosa que decir que se exportan bienes primarios y todo lo demás se importa.
Equilibrar los precios internos con los precios externos significaba desplazar la fabricación nacional y reemplazarla por productos importados. Es decir, dejar de generar empleo en la Argentina y salir a pagar sueldos y jornales a Japón, Taiwán, Corea y Singapur. Por ese entonces, no se habían sumado China, Tailandia y otros países del sudeste asiático.
Hasta ese momento, la Argentina tenía un entramado industrial de dimensiones considerables, no se podía hablar sobre un agotamiento de un proceso de industrialización, que exhibía pleno empleo e incipiente generación de divisas con valor agregado. El problema radicaba en que el proyecto que llegaba iba en la dirección inversa. Se proponía sesgar el genial péndulo de Marcelo Diamand --mi mentor, accionista de Tonomac y presidente de la Cámara de electrónica.-, de manera definitiva.
La balanza se inclinaba hacia el sector agroexportador, sumado a un pensamiento innovador de consecuencias funestas, especular todo desde la mirada financiera y la ganancia de inmediatez novelesca. Ahora con galpones de 10 personas y 100 administrativos, que bajaran televisores de un contenedor, se facturaba y cobraba igual, barriendo de un plumazo más de 250 fábricas y sus obreros de la industria electrodoméstica, eléctrica y electrónica. Recuerden los más veteranos solo algunas fábricas de televisores y radios Tonomac, Spika, Panoramic, Ranser y Telesud (Zenith). Todas cesaron.
Éramos la Argentina abierta al mundo, que en los cines pasaba la famosa difusión de una silla argentina que se rompía al sentarse el comprador, y otra importada, tan confortable que alegraba el rostro del actor.
Crueles, como casi todos estos experimentos libertarios y liberales, las autoridades implementaron un congelamiento de salarios, al tiempo que eliminaron los controles de precios y practicaban “otra devaluación”, provocando un deterioro del 30 por ciento de los salarios reales. Calcada por Caputo y Sturzenegger. La anterior devaluación (el Rodrigazo) se la había encomendado a Celestino Rodrigo (ministro) Ricardo Mansueto Zinn, en 1975, provocando el fin del gobierno peronista.
Zinn era un secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, ideólogo que seguiría viaje con la dictadura cívico-militar. Ejecutivo del grupo Macri, dicho sea de paso. Para completar habría disciplinamiento social, controles en las calles, no más de tres personas como sugiere Patricia Bullrich, quien paradójicamente había partido al exilio. Por supuesto, se disponía la disolución de la CGT y la supresión total de las actividades sindicales, como el derecho a huelga, reforma a la Ley 14.250 de Contrato de Trabajo y a las convenciones colectivas, ¿se parece?
Para completar el industricidio, se desreguló la Inversión Extranjera y se unificó el tipo de cambio, se eliminaron los reembolsos y reintegros a las exportaciones de manufacturas, porque eran inflacionarios, según el enfoque monetario de la balanza de pagos.
Los aranceles a las importaciones se rebajaron sin negociación. A cambio de nada, sin aplicar la lógica del comercio internacional: a saber, la Argentina baja los aranceles de esta nomenclatura arancelaria, siempre y cuando tal país baje los aranceles a nuestras exportaciones de otra posición arancelaria que nos convenga, “win win”, una estrategia de marketing que tiene como objetivo que ambas partes salgan beneficiadas. Esa decisión provocó una caída de más del 40 por ciento de protección efectiva.
El capítulo que no podía faltar, fue la revista al FMI, que otorgaba créditos y daba “luz verde” a la banca privada para que inunde de financiamiento y así se puedan pagar las importaciones de todo tipo. El cambio de expectativas y el aluvión de dólares, detuvieron las corridas contra el peso, sentando las bases para la “bicicleta financiera” y los depósitos de plazo fijo a 7 días.
Para la gente de a pie subían las tarifas y la presión tributaria caía sobre sus hombros, incluyendo multas indexadas por incumplimiento de pago de tasas y contribuciones. Mediante el congelamiento salarial, el gasto en empleados del Estado cayó un 40 por ciento, el déficit fiscal pasó de 12 a 7,6 por ciento y la emisión monetaria se contrajo de 55 a 29 por ciento, implicando una drástica caída del salario de los privados.
Reforma financiera
La liberalización de las tasas de interés implicó que pasaran de ser negativas a fuertemente positivas. Por ejemplo, para YELMO S.A., que se financiaba con capital de terceros en la misma proporción que con capital propio, aquel cambio significaba que el 50 por ciento del financiamiento de sus activos por medio de bancos, pasaba de pagar 40 por ciento a 400 por ciento nominal anual, con una inflación de 176 por ciento (1977) y 175 por ciento (1978).
Una empresa que crecía por 20 años con apalancamiento positivo de pasivos, en un día, empezaba a devengar un costo financiero 10 veces más caro, sin opción de obtener créditos externos como los grandes conglomerados, ni de fondearse con sus casas matrices como las empresas trasnacionales. El subsidio neto en porcentaje del PBI industrial recibido por el sector en 1975 era de 14,6 por ciento, en 1978 era de -5,1 por ciento, según FIDE.
Con 700 mil dólares se obtenía la licencia para convertirse en banco y captar depósitos con garantía del Estado. Solo mencionar más adelante que entre 1978 y 1979, se autorizaron 1.200 aperturas de sucursales, con la actividad económica desacelerada. Los depósitos a plazo fijo se podían endosar, dando lugar a maniobras delictivas de las más burdamente imaginativas. Por ello, la propagación de cuantiosos bancos, financieras, mandatarias y, aun cuevas, era descomunal.
Parecía que todas las mesas de dinero del mundo estaban en la city porteña. Cualquier avispado se convertía en usurero cambiando cheques de empresas extenuadas o con sus calificaciones a tope, que no podían recurrir a otras fuentes de financiamiento. Los que trabajábamos en finanzas tuvimos dos roles: 1) magos para no quebrar, o 2) bicicleteros para hacer rendir el dinero ocioso que no se aplicaba a la producción y el trabajo. La especulación financiera paso a retozar en un rol superior de la economía argentina. El IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas), era más importante que el Jockey Club. Todos los miembros del equipo económico visitaban la asociación, incluyendo Martínez de Hoz.
Supuestamente, esta conveniente inversión en plazo fijo postergaría las compras y desaceleraría la inflación. Nunca sucedió, como comprobamos durante el gobierno de con Macri y como ahora mismo vamos a ver. Lo que sí sucedió es que las tasas activas que pagaban las empresas nacionales hacían inviable los negocios.
Aparecía la precursora, la abuela de las mellizas LEBACS y LELIQ, la cuenta de regulación monetaria, para neutralizar los efectos expansivos. Un subsidio al sector financiero del mismo tenor que el de Sturzenegger y Caputo en 2016 en adelante, que también se convertiría en una fuente de creación monetaria en sí misma.
El ritmo inflacionario se sostenía impasible, así que se suponía que la suba de las tasas de interés pasivas iba a contribuir a la demanda de plazos fijos estimulando una mayor monetización de la economía. Mientras tanto se esperaban, como durante el macrismo, una lluvia de inversiones que expandieran la oferta de bienes, de modo que la mayor monetización y oferta contribuirían a desacelerar la tasa de inflación.
Pero a lo único que contribuía la tasa de interés activa era aumentar el costo financiero, que, si no despegaba la actividad económica, era imposible trasladar a precios. Al mismo tiempo, los bienes importados comenzaban a ejercer presión y techo sobre los precios de fabricación local. Las mismas políticas que hoy se están aplicando, más las que vienen en camino, se dejaron ver infructuosas para detener el curso de la inflación.
*Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros
