La Ley Ómnibus que no fue: Cómo se combinaron el golpe del Círculo Rojo a Milei y las movilizaciones populares
Emilia Trabucco
Feb 9, 2024
El martes 6 de febrero, la famosa “Ley Ómnibus” llevada a la Cámara de Diputados por el gobierno de Javier Milei, y que motivó largas horas de debate legislativo en los últimos días, volvió sorpresivamente a foja cero, por pedido del presidente, que dio la orden desde Israel en su primera gira internacional como mandatario de Argentina.
Durante la jornada de tratamiento del proyecto de Ley en particular, siete de los trece puntos que llegaron a tratarse fueron rechazados al no contar con todos los votos que “prometieron” los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo negoció durante casi un mes. El ambiente comenzó a calentarse mientras se discutían las facultades delegadas: a pesar de ser aprobadas, se complicó en el tratamiento de las bases de delegación, referidas principalmente a los fondos fiduciarios, resaltando el que regula el subsidio al consumo de gas en “zonas frías”. Este inciso H, fue la primera derrota del oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra.
Allí estaban las objeciones de Unión por la Patria y el bloque de la izquierda, pero también las de Innovación Federal —bancada provincial que aglutina misioneros, salteños, rionegrinos—, la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. Más de la mitad de los radicales se opusieron, entre ellos Martin Tetaz y Julio Cobos. En Hacemos Coalición Federal también quedaron divididas las aguas mientras que Innovación Federal se expresó por la negativa casi sin fisuras. Pero los votos más llamativos se produjeron en las filas libertarias: Carolina Píparo y Lorena Macyszyn, de Buenos Aires Libre, no acompañaron las facultades referidas a fondos fiduciarios.
Las negociaciones no cerraron y lo primero que apareció en escena fue el rechazo de los gobernadores de aprobar una ley sin que se cumplan sus pedidos, centrados principalmente en la negativa del gobierno nacional de otorgar la coparticipación del impuesto País a las provincias. El apoyo de los gobernadores que Milei desoyó era central, considerando que no controla ningún gobierno provincial.
Una vez cerrada la sesión, comenzaron las comunicaciones desde la Presidencia, por parte de sus voceros y desde las redes del propio Milei. Los mensajes principalmente fueron dirigidos a los gobernadores que no garantizaron, como habían prometido, el acompañamiento de sus diputades. Fueron tratados de “extorsionadores” y “delincuentes”: desde la cuenta de la red X de Presidencia se publicó la lista completa de les diputades “traidores”, uno por uno, con nombre y apellido.
Las negociaciones no cerraron y lo primero que apareció en escena fue el rechazo de los gobernadores de aprobar una ley sin que se cumplan sus pedidos, centrados principalmente en la negativa del gobierno nacional de otorgar la coparticipación del impuesto País a las provincias. El apoyo de los gobernadores que Milei desoyó era central, considerando que no controla ningún gobierno provincial.
Una vez cerrada la sesión, comenzaron las comunicaciones desde la Presidencia, por parte de sus voceros y desde las redes del propio Milei. Los mensajes principalmente fueron dirigidos a los gobernadores que no garantizaron, como habían prometido, el acompañamiento de sus diputades. Fueron tratados de “extorsionadores” y “delincuentes”: desde la cuenta de la red X de Presidencia se publicó la lista completa de les diputades “traidores”, uno por uno, con nombre y apellido.
Los más golpeados por los ejércitos de trolls libertarios fueron les de la Unión Cívica Radical. El primer “castigo” concreto a las provincias apareció el 8 de febrero: el gobierno eliminó el subsidio al transporte en el interior del país, que sigue alimentando las tensiones. El problema es que detrás de los gobernadores, está la gente.
La furia desde las filas de la ultraderechista La Libertad Avanza, y la caída de esta Ley, tiene algunos motivos de fondo. La primera razón parece residir en un golpe del “Círculo Rojo” al propio gobierno de Milei. “Una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es gobernar”, le venían advirtiendo al presidente. La estrategia parece dirigirse a debilitar al gobierno para conducir las riendas del rumbo nacional.
El empresariado argentino, encabezado por Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, le ha demostrado que más allá de la construcción de la imagen de “outsider” que Milei quiere sostener, tiene que sentarse a negociar en la mesa de quienes mueven los hilos del poder en el país, y obedecer. “Prepárense que viene el take over del gobierno”, fue el mensaje de Macri, según sus allegados.
Conocida es la frase del CEO del diario Clarín, Héctor Magnetto: “Presidente, cargo menor”, en alusión al poder de fuego del empresariado frente al mundo democrático. En la tapa del diario La Nación, think tank del Círculo Rojo, se leía “dura derrota del gobierno: la ley ómnibus se cayó en el Congreso”. Clarín hizo lo suyo, publicando ese mismo día una encuesta que mostraba la caída de la imagen pública de Milei en las provincias.![]()
Macri, además, parece no haber tenido problema para entregar y exponer a los gobernadores de la fuerza política de la que forma parte, Juntos por el Cambio, quienes ante los ataques del gobierno se expresaron en un comunicado: “no nos responsabilicen ni nos falten el respeto”.
Sin embargo, los cañones se dirigieron principalmente a Llaryora, gobernador de Córdoba, del peronismo dialoguista, con algunos cargos en el gobierno, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, ambos más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno de Buenos Aires y precandidato a presidente en 2023, que mantiene un enfrentamiento abierto con Macri al interior de la alianza, el llamado “Palomas versus Halcones”.
Estos hechos parecen demostrar que Macri avanzó en la interna que viene marcando la previa electoral del partido propuesta Republicana (PRO), donde varios dirigentes pidieron que el hombre del Círculo Rojo asuma la presidencia que hoy ocupa la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich. Desde allí, pretende posicionar a su fuerza política propia en el gobierno: los rumores apuntan a que pediría nuevamente la presidencia de Cristian Ritondo en Diputados, en versiones que incluyen una posible alianza en la Cámara del PRO con La Libertad Avanza, que sufre su debilidad parlamentaria.
Estos movimientos parecen demostrar las profundas transformaciones que se vienen operando en la configuración del escenario político desde la aparición del “fenómeno Milei”, que atraviesa las dos grandes alianzas que ordenaban la política argentina en los últimos años: Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que también viene sufriendo sus realineamientos al interior.
La furia desde las filas de la ultraderechista La Libertad Avanza, y la caída de esta Ley, tiene algunos motivos de fondo. La primera razón parece residir en un golpe del “Círculo Rojo” al propio gobierno de Milei. “Una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es gobernar”, le venían advirtiendo al presidente. La estrategia parece dirigirse a debilitar al gobierno para conducir las riendas del rumbo nacional.
El empresariado argentino, encabezado por Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, le ha demostrado que más allá de la construcción de la imagen de “outsider” que Milei quiere sostener, tiene que sentarse a negociar en la mesa de quienes mueven los hilos del poder en el país, y obedecer. “Prepárense que viene el take over del gobierno”, fue el mensaje de Macri, según sus allegados.
Conocida es la frase del CEO del diario Clarín, Héctor Magnetto: “Presidente, cargo menor”, en alusión al poder de fuego del empresariado frente al mundo democrático. En la tapa del diario La Nación, think tank del Círculo Rojo, se leía “dura derrota del gobierno: la ley ómnibus se cayó en el Congreso”. Clarín hizo lo suyo, publicando ese mismo día una encuesta que mostraba la caída de la imagen pública de Milei en las provincias.
Macri, además, parece no haber tenido problema para entregar y exponer a los gobernadores de la fuerza política de la que forma parte, Juntos por el Cambio, quienes ante los ataques del gobierno se expresaron en un comunicado: “no nos responsabilicen ni nos falten el respeto”.
Sin embargo, los cañones se dirigieron principalmente a Llaryora, gobernador de Córdoba, del peronismo dialoguista, con algunos cargos en el gobierno, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, ambos más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno de Buenos Aires y precandidato a presidente en 2023, que mantiene un enfrentamiento abierto con Macri al interior de la alianza, el llamado “Palomas versus Halcones”.
Estos hechos parecen demostrar que Macri avanzó en la interna que viene marcando la previa electoral del partido propuesta Republicana (PRO), donde varios dirigentes pidieron que el hombre del Círculo Rojo asuma la presidencia que hoy ocupa la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich. Desde allí, pretende posicionar a su fuerza política propia en el gobierno: los rumores apuntan a que pediría nuevamente la presidencia de Cristian Ritondo en Diputados, en versiones que incluyen una posible alianza en la Cámara del PRO con La Libertad Avanza, que sufre su debilidad parlamentaria.
Estos movimientos parecen demostrar las profundas transformaciones que se vienen operando en la configuración del escenario político desde la aparición del “fenómeno Milei”, que atraviesa las dos grandes alianzas que ordenaban la política argentina en los últimos años: Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que también viene sufriendo sus realineamientos al interior.
Lo cierto es que los fallidos intentos de negociación se inscriben en el empate técnico de fuerzas entre los actores económicos y sus expresiones políticas que fueron a tregua para garantizar la victoria de Milei contra Sergio Massa, el candidato peronista, pero que hoy se disputan el control del rumbo del gobierno.
Una disputa que podría personalizarse localmente en “Macri-Eurnekian (Corporación América)”, que expresan una oligarquía sin proyecto de desarrollo nacional, de capitales financieros especulativos, pero con diferencias a la hora de decidir con quién negociar a nivel internacional los recursos locales. Esta oligarquía es responsable de que Argentina ocupe el tercer lugar de mayor fuga de capitales en el mundo.
Una disputa que podría personalizarse localmente en “Macri-Eurnekian (Corporación América)”, que expresan una oligarquía sin proyecto de desarrollo nacional, de capitales financieros especulativos, pero con diferencias a la hora de decidir con quién negociar a nivel internacional los recursos locales. Esta oligarquía es responsable de que Argentina ocupe el tercer lugar de mayor fuga de capitales en el mundo.
No es menor, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) (presidida por Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en Argentina, donde BlackRock es principal accionista) haya emitido un comunicado titulado “La reconstrucción de la Argentina requiere de responsabilidad institucional”, advirtiendo sobre la necesidad de que “los liderazgos estén a la altura de las circunstancias”.
Estas disputas son las que se expresan en la ausencia de interlocutores válidos desde el gobierno nacional, y las tensiones para designar o sostener funcionarios. La salida de Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura (que sigue en la cartera según los papeles) es muestra de ello. Ahora, se espera que Milei saque de funciones a hombres de Llaryora, como Osvaldo Giordano, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Daniel Tillard de la presidencia del Banco Nación o Franco Mogetta, el secretario de Transporte.![]()
Flavia Royón
También se espera la motosierra para Flavia Royón, secretaria de Minería, que responde a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta (otro apuntado como traidor por Milei). Macri espera ansioso esas salidas, a las que sumaría los pedidos de la Jefatura de Gabinete (Nicolás Posse, el actual, es un hombre de la Corporación América) y del Ministerio de Capital Humano que actualmente está a cargo de Sandra Pettovello. Hasta suena su propio nombre para ocupar la Cancillería, que hoy conduce Diana Mondino. Los próximos días, ya con el presidente de vuelta de su gira, confirmarán o no las hipótesis.
En este estado de cosas, el gobierno no parece retroceder en su estrategia de imponer desde el ejecutivo su plan político y económico, aún si ello incluye desconocer al poder legislativo y, en general, cualquier garantía democrática e institucional. Ya anunció que la Ley Ómnibus no va a volver a tratarse en las Cámaras y Carlos D´Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, declaró «recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024”, lo que significa que pretenden gobernar por decreto.
En el mismo sentido, Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, declaró en una entrevista con La Nación que “ya tenía plan B, no hay que dramatizar” ,“ya estábamos yendo a déficit cero sin la ley”. La realidad es que el ajuste ya está en marcha, tal como expresa Caputo, gracias a las medidas económicas tomadas y un mega Decreto de Necesidad y Urgencia que sigue vigente.
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Frente a las tempestades que envuelven “las fuerzas del cielo” y sus reuniones privadas, no hay que olvidar a “las fuerzas del suelo”. La caída de la Ley Ómnibus no hubiese sido posible sin las movilizaciones populares que se han desarrollado en las calles del Congreso, y que fueron víctimas del abuso de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, con su protocolo antipiquetes. Movilizaciones que se inscriben en una sucesión de manifestaciones del pueblo argentino contra las políticas de gobierno, inaugurada el 20 de diciembre con los masivos “Cacerolazos” que se reprodujeron en todo el país ante el anuncio del Mega DNU y se sostuvieron varios días.
Dichas iniciativas “espontáneas” aceleraron los tiempos y movieron las estructuras tradicionales de las organizaciones del campo nacional y popular: la CGT, principal central de trabajadores, encabezó así la movilización a Tribunales el 27 de diciembre, junto a la CTA de les Trabajadores, la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos sociales, en la que presentó el amparo a la Justicia contra el DNU. En plena movilización, el gobierno anuncia el envío de la “Ley Ómnibus” al Congreso, por lo que la CGT, al día siguiente, lanza el paro general y la movilización del 24 de enero. A partir de allí, se conformaron Asambleas Multisectoriales, asambleas feministas y distintas iniciativas que confluyeron y alimentaron la masividad del 24E.
Las jornadas de protestas durante el tratamiento de la Ley en el Congreso se combinaron con las manifestaciones de los movimientos sociales en el Ministerio de Capital Humano para exigir que el gobierno garantice los alimentos en los más de 50.000 comedores comunitarios, donde comen más de 7 millones de personas por día en plena crisis alimentaria. La ministra Pettovello se negó a atender a les referentes, desconociendo su mediación: “voy a escuchar uno por uno a los que tienen hambre”. Al otro día, el 8 de febrero, la “fila contra el hambre” ocupaba más de 20 cuadras. La ministra también se negó a recibirlos.
Estas disputas son las que se expresan en la ausencia de interlocutores válidos desde el gobierno nacional, y las tensiones para designar o sostener funcionarios. La salida de Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura (que sigue en la cartera según los papeles) es muestra de ello. Ahora, se espera que Milei saque de funciones a hombres de Llaryora, como Osvaldo Giordano, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Daniel Tillard de la presidencia del Banco Nación o Franco Mogetta, el secretario de Transporte.
También se espera la motosierra para Flavia Royón, secretaria de Minería, que responde a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta (otro apuntado como traidor por Milei). Macri espera ansioso esas salidas, a las que sumaría los pedidos de la Jefatura de Gabinete (Nicolás Posse, el actual, es un hombre de la Corporación América) y del Ministerio de Capital Humano que actualmente está a cargo de Sandra Pettovello. Hasta suena su propio nombre para ocupar la Cancillería, que hoy conduce Diana Mondino. Los próximos días, ya con el presidente de vuelta de su gira, confirmarán o no las hipótesis.
En este estado de cosas, el gobierno no parece retroceder en su estrategia de imponer desde el ejecutivo su plan político y económico, aún si ello incluye desconocer al poder legislativo y, en general, cualquier garantía democrática e institucional. Ya anunció que la Ley Ómnibus no va a volver a tratarse en las Cámaras y Carlos D´Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, declaró «recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024”, lo que significa que pretenden gobernar por decreto.
En el mismo sentido, Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, declaró en una entrevista con La Nación que “ya tenía plan B, no hay que dramatizar” ,“ya estábamos yendo a déficit cero sin la ley”. La realidad es que el ajuste ya está en marcha, tal como expresa Caputo, gracias a las medidas económicas tomadas y un mega Decreto de Necesidad y Urgencia que sigue vigente.
Frente a las tempestades que envuelven “las fuerzas del cielo” y sus reuniones privadas, no hay que olvidar a “las fuerzas del suelo”. La caída de la Ley Ómnibus no hubiese sido posible sin las movilizaciones populares que se han desarrollado en las calles del Congreso, y que fueron víctimas del abuso de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, con su protocolo antipiquetes. Movilizaciones que se inscriben en una sucesión de manifestaciones del pueblo argentino contra las políticas de gobierno, inaugurada el 20 de diciembre con los masivos “Cacerolazos” que se reprodujeron en todo el país ante el anuncio del Mega DNU y se sostuvieron varios días.Dichas iniciativas “espontáneas” aceleraron los tiempos y movieron las estructuras tradicionales de las organizaciones del campo nacional y popular: la CGT, principal central de trabajadores, encabezó así la movilización a Tribunales el 27 de diciembre, junto a la CTA de les Trabajadores, la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos sociales, en la que presentó el amparo a la Justicia contra el DNU. En plena movilización, el gobierno anuncia el envío de la “Ley Ómnibus” al Congreso, por lo que la CGT, al día siguiente, lanza el paro general y la movilización del 24 de enero. A partir de allí, se conformaron Asambleas Multisectoriales, asambleas feministas y distintas iniciativas que confluyeron y alimentaron la masividad del 24E.
Las jornadas de protestas durante el tratamiento de la Ley en el Congreso se combinaron con las manifestaciones de los movimientos sociales en el Ministerio de Capital Humano para exigir que el gobierno garantice los alimentos en los más de 50.000 comedores comunitarios, donde comen más de 7 millones de personas por día en plena crisis alimentaria. La ministra Pettovello se negó a atender a les referentes, desconociendo su mediación: “voy a escuchar uno por uno a los que tienen hambre”. Al otro día, el 8 de febrero, la “fila contra el hambre” ocupaba más de 20 cuadras. La ministra también se negó a recibirlos.
La paradoja de un gobierno que no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares estipuladas por ley, pero que, en un comunicado oficial de Presidencia luego de la caída de la Ley Ómnibus, expresó “no vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos tienen hambre”.
A estas provocaciones se sumó, el día 8 de febrero, la presentación de un grupo de diputades de La Libertad Avanza de un proyecto para derogar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ello prendió las alarmas de las organizaciones feministas, a un mes de la movilización prevista del 8M, ya que es un derecho conquistado después de una larga historia de lucha. Sin embargo, varies referentes expresaron el repudio ante la maniobra del gobierno de querer desviar la atención de la profunda crisis económica introduciendo un “parteaguas” social, con un tema que despierta polémicas en la opinión pública. Los feminismos en Argentina hoy están protagonizando las distintas experiencias de organización, en todos los territorios y en múltiples sectores.
El pueblo argentino trabajador, que sigue soportando el ajuste de un gobierno que recorta por les que menos tienen, ha demostrado voluntad de organizarse para construir una fuerza política capaz de llevar adelante un proyecto de justicia social de las mayorías, con capacidad de oponerse al gobierno de las corporaciones.
Esto exigirá debates y una dirigencia dispuesta a escuchar las demandas de sus representades. La imposibilidad de aprobar una ley antipopular y de empobrecimiento es un triunfo también de estas iniciativas en desarrollo.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
* Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
