Capitulación libertaria e ideas para lo que viene
La entrega: el poder se muda a Washington
Por Adrián Rojze*
26 de octubre de 2025
El presidente Milei, sumiso frente al jefe Donald Trump.. Imagen: AFP
El nuevo salvataje financiero implica el fracaso del plan económico, un resultado cantado desde el momento en que Milei se propuso refundar la Argentina sin tomar en cuenta su estructura social y económica.
El nuevo salvataje financiero implica el fracaso del plan económico, un resultado cantado desde el momento en que Milei se propuso refundar la Argentina sin tomar en cuenta su estructura social y económica.
Sea cual sea el resultado electoral de este 26 de octubre, el nuevo salvataje financiero, esta vez instrumentado por parte de Donald Trump directamente, implica el fracaso del plan económico libertario, un resultado cantado desde el mismo momento en que la administración Milei se propuso refundar la Argentina sin tomar en cuenta su estructura social y económica, contando para cumplir ese propósito con un colectivo compuesto por marginales de la sociedad política junto con algunos políticos profesionales ligados al poder concentrado.
Ya han sido muchas las administraciones en nuestra historia democrática en que el final político no coincide con la entrega formal a otro presidente electo. La de Macri nunca se repuso de la crisis de abril del 2018, así como la encabezada por Alberto Fernández quedó sumamente dañada en su capacidad de acción después de la renuncia de Martín Guzmán en julio del 2022. Ello no significa que no hayan concluido sus períodos presidenciales en tiempo y forma.
La lección para la sociedad política del trauma social que dejó la entrega anticipada del poder de la Alianza en diciembre del 2001 ha sido muy disuasiva. Tanto que se evitó caer en el abismo de la renuncia antes de tiempo aún con todas las consecuencias políticas y económicas que implica un gobierno que no gobierna o lo hace sin el consenso mínimo que debe tener una administración estatal para poder funcionar.
Sea cual sea el desenlace temporal de esta experiencia social, lo cierto es que sería positivo que el resto de la sociedad política en su conjunto y los actores sociales institucionalizados de las respectivas fracciones de clase que componen la vida económica y social de la Argentina comiencen a pensar tanto en la transición como en el rediseño de la convivencia democrática.
Porque a diferencia de otras administraciones, el milieísmo puso en tensión las relaciones sociales que conforman el actual entramado del sistema representativo y republicano que conseguimos en los últimos 40 años y chocó repetidas veces contra los guardrails de lo que está permitido hacer y decir, degradando la llamada calidad democrática de nuestra sociedad. Y esto no puede volver a ocurrir sin poner en cuestión la base de sustentación del sistema con consignas y comportamientos cuasi dictatoriales como los que se evidenciaron en esta etapa histórica.
Disputa hegemónica
La hipótesis central de este artículo es que el arribo del colectivo marginal encabezado por Javier Milei a la cumbre del poder estatal es consecuencia de la forma como se reproduce la disputa hegemónica entre las diferentes fracciones de clase de la Argentina.
Este conflicto tiene dos particularidades. La primera, la capacidad de impugnación cruzada entre los dos bloques en disputa, el encabezado por el capital concentrado y el de las instituciones del bloque popular, que conducen a la situación de empate hegemónico tan característica de la sociedad argentina.
La segunda, no menos importante, pero sí menos evidente, es la reproducción de este conflicto mediante artefactos de violencia económica heredados de la dictadura genocida previa, que no han sido desmontados durante el período democrático posterior y que hacen que la disputa por el excedente y por la conformación de las relaciones económicas y sociales adquiera ribetes de inestabilidad económica realmente virulentos.
De resultas de lo cual la sociedad argentina tuvo una democracia de dos velocidades. La primera, la muy veloz adquisición de derechos civiles y políticos que la convirtió de una de las siete naciones que no admitían el divorcio vincular a la salida de la dictadura genocida en una de las naciones más abiertas y tolerantes del mundo.
La segunda, el lento crecimiento económico con una regresiva distribución del ingreso y empobrecimiento masivo y paulatino de vastos sectores económicos y sociales y salpicado por episodios de inestabilidad económica. Esta brecha creciente es la que posibilitó la tentación autoritaria que representó el gobierno de Milei y que no debe volver a repetirse. Por eso la tarea de la hora es desactivar los instrumentos de violencia económica que condujeron a esta situación.
Repensar la democracia
Partiendo de la premisa de que el estado nación es una alianza social que se cristaliza en dispositivos institucionales donde interactúan las fracciones de clase, sus representaciones políticas y las burocracias administrativas que administran las instituciones propiamente dichas, lo que se propone en estas páginas es un pacto de convergencia para la refundación democrática de la Argentina cuyas características son las siguientes:
a. Al igual que en la segunda vuelta de las elecciones francesas al Parlamento Europeo de julio del año pasado es necesario poner un límite, frontera o cordón sanitario a los movimientos de ultraderecha, en tanto expresiones antidemocráticas. No solo hay que incorporar a representantes de la sociedad política propiamente dicha sino también a las instancias institucionales de las organizaciones que representan intereses concretos de la vida económica argentina.
b. La segunda es un pacto en el cual las fuerzas de la sociedad política que componen el pacto de convergencia se comprometen a un apoyo en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales a la fuerza política mayoritaria en caso de enfrentarse en la ultraderecha. En todos los restantes casos, las alianzas y compromisos electorales son libres incluyendo apoyos cruzados de todo tipo y color.
c. La tercera cláusula de este acuerdo de convergencia democrática es el compromiso concreto de identificar y desmontar paulatina o taxativamente, según sea el caso, los dispositivos de violencia económica que amplifican los efectos perjudiciales de los conflictos que se dan en cualquier sociedad capitalista afectando la calidad democrática y de vida de las grandes mayorías populares.
Este punto será el que, casi con seguridad, va a traer mayores divergencias y necesidad de acuerdos tanto en la tarea de identificación como de la búsqueda de soluciones. El éxito en la consecución de este objetivo, a modo de sugerencia, depende de que se abarque la mayor cantidad de dimensiones económicas posibles, por un lado, mientras que, por otro, debe evitarse la monopolización de la discusión por parte de técnicos especializados y expertos en los diversos aspectos a abordarse, generalizando las discusiones a las representaciones sectoriales y sociales del pacto. A modo de aporte para la apertura de la discusión, se abrirán cuatro ítems de violencia económica ligados a los aspectos fiscal y financiero de la economía.
Violencia económica
El primero de estos aspectos es el carácter bimonetario de la economía argentina entendido esto como la posición que ocupa el dólar como falsa reserva de valor para los agentes económicos y que se traduce, en términos concretos, en la participación de la divisa estadounidense en las transacciones y en la cancelación de deudas donde se involucran bienes de consumo durable, de capital y activos financieros.
En este caso, se propone que la cancelación de estas transacciones tanto al contado como a plazos, en activos registrables actualmente en moneda extranjera, incluyendo intereses y amortizaciones se hagan mediante el uso de un instrumento cancelatorio emitido en pesos por el Banco Central, sin el cual la transacción en cuestión no será legalmente válida.
Esto será complementado con la prohibición de emisión de todo tipo de títulos públicos en moneda extranjera o indexados con la evolución del dólar tanto para al sector público nacional como a sus equivalentes provinciales y municipales. Ello incluye la reconversión de la deuda renegociable actualmente existente. El único crédito externo permitido para el estado nacional será el otorgado por organismos internacionales para inversión pública.
El segundo ítem a tratar es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, cuyas condiciones le quitan autonomía a la política económica a seguir por el estado nacional. La clave del ajuste exigido para éste y cualquier proceso de endeudamiento estatal es que este el activo de pago que se compromete es el ingreso total del sector público en cuestión.
En este caso lo que se propone es el pago al FMI del total adeudado, una vez determinado el verdadero monto del crédito dada las irregularidades del otorgamiento, mediante lo recaudado por la emisión de un título garantizado por una estructura fiduciaria cuyo activo principal cedido en forma irrevocable sean tributos a la exportación y a la importación especialmente creados para dicha transacción.
Dichos títulos que tendrán un plazo de 20 años serán colocados entre inversores institucionales tanto públicos como privados. Esta estrategia reduce por un lado los riesgos de transacción para el acreedor, mientras que, por otro, libera flujo de fondos del erario público global. Para aquellos sectores donde la influencia negativa del tributo impide la actividad de comercio exterior se creará un fondo de apoyo productivo que será financiado por un porcentaje de lo recaudado del impuesto a las ganancias y al patrimonio de los segmentos más altos de la reforma impositiva propuesta más adelante en este mismo artículo.
El tercero de los temas es la promulgación de una nueva ley de entidades financieras que reemplace como instrumento regulatorio de la actividad citada a la actualmente vigente que, no casualmente, data de la época de la dictadura y que condujo a un sistema financiero cuya exposición crediticia al riesgo productivo es similar al existente en los países más atrasados del planeta tanto en términos de desarrollo económico como humano.
La banca y los impuestos
Y cuya conducta, inducida por el actual régimen regulatorio, es la concentración de los recursos financieros en actividades de naturaleza especulativa. En este caso, la propuesta es retornar a la división convencional entre banca transaccional, por un lado y banca de inversión, por otro.
En el caso del primero de los segmentos nombrados, debe ponerse especial énfasis en la banca electrónica y en las billeteras virtuales. En el segundo caso, deberían agregarse dos instituciones públicas sobre la base del actual banco BICE. Una dedicada al financiamiento del desarrollo económico y la otra concentrada en el financiamiento al comercio exterior y a la regulación del mercado de divisas, de las cuales la banca transaccional actúa como corresponsal.
En el aspecto institucional se sugiere la fusión de la Superintendencia de Entidades Financieras con la Comisión Nacional de Valores de modo de ampliar y centralizar el campo de regulación de actividades financieras, por un lado y la creación del Consejo Federal de Regulación Financiera para expandir la actividad a las provincias, teniendo que uno de los síntomas más relevantes del subdesarrollo financiero es su excesiva concentración en CABA.
También debería considerarse un esquema de federalización del Banco Central al estilo de sus pares brasileños y estadounidense, como complementario de la propuesta de nueva ley de Entidades Financieras.
El cuarto eje de violencia económica es la regresividad del sistema impositivo, agravado además por la glorificación de la evasión impositiva, un ítem cultural que la ultraderecha hizo suya, a partir de una conducta que las élites del capital concentrado adoptaron en forma permanente.
Ello constituye, además, el principal motor de la fuga de capitales en la Argentina y una de las causas de la pobreza de recursos estatales que padece el estado argentino. En este caso, las propuestas son dos. La primera, de carácter jurídico, es el aumento de las penas por evasión tributaria y, probablemente, la redefinición de los hechos que dan lugar a la tipificación de esta clase de delito.
El segundo eje es la mayor segmentación de los niveles de ingresos y de patrimonio para imponer tasas más altas en los segmentos de empresas y personas con mayor nivel de concentración en ambas dimensiones económicas. Todo ello como parte de una reforma tributaria integral que incluye la puesta en discusión dentro del pacto de convergencia de todo lo atinente a los indicadores de performance estatal en general y de la política fiscal en particular.
La democracia argentina en general y los representantes políticos y sectoriales del bloque popular y las fracciones del bloque concentrado más competitivas y más ligadas al mercado interno no pueden darse el lujo de repetir las fracasadas experiencias de implementación de sus respectivos modelos de política económica.
*Economista
