ARGENTINA
Privilegios para el sector agroexportador, una constante en la historia nacional. Reflexiones luego del último favor a las grandes cerealeras
Por Mario Rapoport*
12 de octubre de 2025
Privilegios para el sector agroexportador, una constante en la historia nacional. Reflexiones luego del último favor a las grandes cerealeras
Por Mario Rapoport*
12 de octubre de 2025
El presidente Javier Milei junto a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural.. Imagen: AFP
Argentina se halla en la trampa sin salida de un modelo de país disfuncional frente a los desafíos incumplidos del desarrollo. Un modelo sin país que no alcanza para alimentar a la población ni para mejorar industrias y empleos, salvo los de una pequeña élite. Es hora de pensar en una patria común, donde los intereses corporativos no se impongan a los del resto de la población.
El pasado 22 de septiembre, el Gobierno a través del decreto 682/2025 eliminó las retenciones a granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden los 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
Ocurrió lo segundo y en tiempo récord. Una medida financiera para obtener divisas en el mercado cambiario, que se sabía, no podía sostenerse por la presión de los perjudicados intereses agrarios estadounidenses, ahora bajo el sol tremendo de Trump sobre nuestras cabezas.
Si bien el decreto apuntaba a reducir los derechos de exportación de ciertas mercaderías agroindustriales, dicha medida se mantuvo sólo por tres días beneficiando casi exclusivamente a las grandes compañías cerealeras exportadoras.
Grandes acopiadoras y comercializadoras de granos y derivados colocaron anticipada y virtualmente órdenes de compra. Maniobra denunciada por los medianos y pequeños productores que acusan a los grandes exportadores de arrogarse el beneficio.
En esta línea, el presidente y productor agrícola de la Confederación General de la Producción (CGP), Gastón Borsini, caracterizó de “kamikaze”, improvisada y meramente electoralista la medida económica de eliminar las retenciones con el afán infructuoso de resolver problemas macroeconómicos
En la evolución de la economía argentina los productos primarios, especialmente los alimentos originados en la región pampeana, desempeñan un papel relevante y constituyen un componente esencial de las exportaciones. La experiencia histórica muestra que el Estado argentino tuvo en cuenta muy tempranamente esta problemática y ha venido interviniendo en el mercado agropecuario desde su misma fundación.
Sin embargo, en el último medio siglo, bajo gobiernos civiles y militares, los problemas fiscales y el endeudamiento externo llevaron a la aplicación una y otra vez de retenciones a las exportaciones agropecuarias que dieron lugar a reacciones de un tenor diferente por parte de las principales entidades rurales.
Conflictos
Diversas medidas de fuerzas se produjeron en el pasado como durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987 en respuesta a las retenciones mismas, y en 1988, como consecuencia de un desdoblamiento cambiario. Los presidentes de las organizaciones agropecuarias más importantes del país -la SRA, la Confederación de Productores, la Federación Agraria y Coninagro- coincidieron en que esa política era “confusa y lamentable”.
"Nos obligan a rechazarlo en todos sus términos", decía el representante de una de esas entidades. Los productores agropecuarios advertían que la liquidación de sus exportaciones según el tipo de cambio llamado comercial -que se cotizaba un 20% menos que el denominado financiero- era un "impuesto encubierto". En esta ocasión también esas acciones contribuyeron a acelerar la caída del gobierno y Alfonsín tuvo que traspasar el mando, en medio de una galopante hiperinflación, antes de terminar su mandato.
En 2008, en pleno boom de los commodities, sucedió el denominado conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la resolución 125, que establecía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo y maíz. El conflicto escaló de tal manera que produjo un paro del sector que duró 129 días y la salida del ministro de economía Martín Lousteau, culminando con el fracaso de un proyecto de ley debatido en el congreso que selló la derrota oficialista.
La controversia sobre las retenciones tiene una larga historia en las relaciones entre el campo y gobiernos de muy distinto origen e ideologías, que trasciende el conflicto actual y que en ocasiones tomó nítidamente un carácter político que en otras no tuvo.
De cualquier modo, si como dice el viejo lema de la SRA “cultivar el suelo es servir a la patria”, se trataría de una patria especial, donde el excedente del sector no tiene que ver con las políticas públicas ni con una distribución más equitativa de las riquezas del país.
Apoyo
Sin embargo, la historia nos muestra también el otro lado de la moneda. Para los intereses rurales la intervención del Estado puede justificarse si en vez de excedentes se tienen pérdidas, como ocurrió en la década de 1930.
Entonces, para paliar la crisis que vivía el sector por la baja de los precios internacionales de sus productos, los gobiernos conservadores de aquellos años crearon la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que tenían por finalidad compensar esas pérdidas.
En este caso se invertían los términos: era “la patria” la que servía a los que cultivaban el suelo. La función de la primera consistía en comprar los granos a un precio básico que cubriese los costos de producción a los agricultores y venderlos gradualmente a los exportadores.
Estos precios-sostén se pusieron en vigencia en casi todas las cosechas y en aquellas operaciones con pérdidas para el organismo se empleaba el margen de cambios. Es decir que la diferencia que obtenía el Estado al desdoblar el tipo de cambio, comprando a un precio oficial y vendiendo las divisas a un precio mayor. Recién bajo Carlos Menem, en el marco de la convertibilidad, se eliminaron las juntas reguladoras.
En debate
La quita temporal de retenciones de los productos agrícolas de exportación vuelve a colocar en el debate público la cuestión de las reformas del sistema tributario, la diferenciación interna y conflictiva de los agentes económicos del sector agrario y el juego de los poderes externos en un país dependiente.
Pero, sobre todo, coloca en primer plano la lógica de la política económica de La Libertad Avanza (LLA) que se debe comprender desde dos registros diferenciados pero articulados al calor de la coyuntura nacional e internacional.
Un aspecto estructural en el que se relegitiman las ideas neoliberales ancladas en la crítica al Estado y en el fuerte proceso de financiarización de la cadena agrocomercial y de la exportación de granos en las últimas tres décadas. Un segundo aspecto, en el marco de la profundización de la dependencia, está vinculado al pseudo pragmatismo político gubernamental, que se sostiene en un continuo endeudamiento externo por la acuciante pérdida de reservas del BCRA.
Pero debido a que no se contará con la totalidad de las divisas hasta el año que viene, el decreto sólo sirvió para que los grandes exportadores del sector agropecuario obtengan ganancias extraordinarias por 1.500 millones de dólares y se continúe financiando la fuga de capitales. Lo que produjo, al mismo tiempo, una considerable pérdida de ingresos fiscales.
Agronegocios
Félix J. Weil le daba por nombre “la tierra del estanciero” a uno de los capítulos de “El enigma argentino” (1944), obra esencial para conocer la Argentina en las vísperas del peronismo. Weil era miembro de una familia que poseía a principios del siglo XX una de las más grandes firmas de exportación de granos del país y reconocía que la producción agropecuaria estaba manejada por un reducido número de grandes compañías agroexportadoras como Bunge y Born, Louis Dreyfus and Co., Weil Hermanos, Huni y Worsmer.
En la actualidad se repite el mismo esquema e incluso algunas empresas siguen vigentes como principales beneficiarias del decreto. Tal es el caso de Bunge y Louis Dreyfus Company (LDC) que junto a Cargill (norteamericana), Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) concentran más del 70% del comercio agroexportador del país.
En suma, un rodeo histórico que coloque en primer plano la anatomía del poder económico agrario y su relación con el estado puede ayudarnos a clarificar las controversias del presente.
El campo no es uno sólo. En el nuevo modelo de agronegocios conviven realidades muy distintas con sectores altamente concentrados que disponen de la mayor parte de la tierra y de los recursos financieros y productivos y otros que dependen de ellos.
A su vez, la complejización del sector agrario cuenta con varios actores. En el circuito de producción se encuentran los grandes propietarios que cuentan con nuevo equipamiento tecnológico; los “contratistas” que pueden ser considerados como productores sin tierra como los pools de siembra y los fondos de inversión; y medianos y pequeños productores, parte de los cuales se convirtieron también en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de soja.
La historia y su proyección
El dilema del desarrollo argentino y su proyección internacional lo señalamos allá por 1980 en Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas 1940-1945, al plantear que la política exterior y comercial de las clases conservadoras locales fue el de tener, al mismo tiempo, mercados compradores asegurados y permear sus fronteras a los países que nos compraban, pero nunca buscó exprofeso la industrialización o la diversificación de sus exportaciones.
La posible salida a través de la Unión Sudamericana y el Mercosur, una alianza de intereses comunes con Brasil, o la incorporación a los BRICS se ha desvanecido por la política de extrema derecha del gobierno. Quedaría la presencia cada vez más notoria del gigante chino. Pero difícilmente pueda armarse otra triada semejante basada en la vigencia plena del modelo agroexportador como con los países anglosajones. La actual guerra comercial entre China y Estados Unidos impide cualquier tipo de nueva triangulación.
Argentina, fuertemente endeudada, se halla en la trampa sin salida de un modelo de país disfuncional frente a los desafíos incumplidos del desarrollo. Un modelo sin país que no alcanza para alimentar a nuestra población, ni para mantener ni mejorar sus industrias y empleos, salvo los de una pequeña élite agropecuaria (ahora también extractivista) y exportadora con socios económicos y financieros que succionan nuestros ingresos, enviándolos al exterior. Sólo nos queda la “alianza estratégica” con un EE. UU. en declive hegemónico; con mercados competitivos y sólidamente protegidos contra nuestra economía, ya condicionada por el endeudamiento externo.
La poderosa oligarquía que gobernaba el país a principios del siglo XX, en función de sus intereses agroexportadores, tenía tres características principales que aún hoy mantienen los grupos de poder concentrados en condiciones y con coyunturas muy distintas.
Primero, una cultura fuertemente rentística, pues sus principales ingresos provenían de las extraordinarias ganancias que les brindaba la renta de la tierra, ahora la especulación financiera. Segundo, una conducta antidemocrática que permitió a “todos los hombres del mundo habitar el suelo argentino”, pero marginó políticamente a los inmigrantes que llegaron para trabajar, pero no para ser ciudadanos. Fue, en un principio, la llamada “república restringida” de la que nos habla Botana, perpetuados en el poder mediante el mecanismo nada elegante del fraude electoral y la interdicción de sus opositores.
Tercero, una visión del mundo neocolonial, como sintetizó en una discusión en el Congreso de la Nación en diciembre de 1940 el senador conservador Caballero por Salta: “los ingleses han ennoblecido el móvil dominante en ellos de comerciar con el mundo […] en el asta de sus barcos mercantes, cuando los vemos arribar a los puertos o alejarse de ellos, percibimos ese nimbo espiritual que los envuelve”.
Por algo se llegó a pensar a la Argentina como una especie de “colonia informal” del Reino Unido, el principal comprador de nuestros productos. En estos tiempos se adoptó la ciudadanía estadounidense que no nos favorece ni carnal ni espiritualmente, al interior de un sistema pseudodemocrático que favorece la exclusión de las mayorías y la corrupción, como en aquel pasado.
En síntesis, existen dos caras distintas de interpretación de la realidad nacional según se la mire desde el punto de vista del conjunto de los intereses nacionales o desde sus distintas corporaciones. En otra época se hablaba de una patria contratista, una patria sindicalista o una patria militar; es hora de pensar ahora en una patria común, donde los intereses corporativos no se impongan a los del resto de la población.
Más concretamente, en un modelo de crecimiento con equidad, que reconozca las lecciones del pasado y supere sus errores. En donde el aprovechamiento de los mayores precios en los mercados mundiales, la mejor explotación de los recursos naturales y el desarrollo de las agroindustrias se articulen con la ampliación del mercado interno y un proceso de industrialización que pueda abastecerlo.
Todo esto acompañado por una mejora de las condiciones sociales, el pleno empleo sin trabajo informal, la erradicación de la pobreza y la elevación de la calidad educativa en todos sus niveles. Pero, para ello, resulta necesario, ante todo, dar de baja el cruel experimento mileísta y recrear una nueva cultura nacional con una visión productivista -no rentística- adaptada a los desafíos del nuevo siglo, que contemple los intereses y el desarrollo del conjunto de la ciudadanía y no de minúsculas élites de poder.
*Profesor Emérito de la UBA. Con la colaboración del tesista de grado Yair Arce (UNSAM).
Argentina se halla en la trampa sin salida de un modelo de país disfuncional frente a los desafíos incumplidos del desarrollo. Un modelo sin país que no alcanza para alimentar a la población ni para mejorar industrias y empleos, salvo los de una pequeña élite. Es hora de pensar en una patria común, donde los intereses corporativos no se impongan a los del resto de la población.
El pasado 22 de septiembre, el Gobierno a través del decreto 682/2025 eliminó las retenciones a granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden los 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
Ocurrió lo segundo y en tiempo récord. Una medida financiera para obtener divisas en el mercado cambiario, que se sabía, no podía sostenerse por la presión de los perjudicados intereses agrarios estadounidenses, ahora bajo el sol tremendo de Trump sobre nuestras cabezas.
Si bien el decreto apuntaba a reducir los derechos de exportación de ciertas mercaderías agroindustriales, dicha medida se mantuvo sólo por tres días beneficiando casi exclusivamente a las grandes compañías cerealeras exportadoras.
Grandes acopiadoras y comercializadoras de granos y derivados colocaron anticipada y virtualmente órdenes de compra. Maniobra denunciada por los medianos y pequeños productores que acusan a los grandes exportadores de arrogarse el beneficio.
En esta línea, el presidente y productor agrícola de la Confederación General de la Producción (CGP), Gastón Borsini, caracterizó de “kamikaze”, improvisada y meramente electoralista la medida económica de eliminar las retenciones con el afán infructuoso de resolver problemas macroeconómicos
En la evolución de la economía argentina los productos primarios, especialmente los alimentos originados en la región pampeana, desempeñan un papel relevante y constituyen un componente esencial de las exportaciones. La experiencia histórica muestra que el Estado argentino tuvo en cuenta muy tempranamente esta problemática y ha venido interviniendo en el mercado agropecuario desde su misma fundación.
Sin embargo, en el último medio siglo, bajo gobiernos civiles y militares, los problemas fiscales y el endeudamiento externo llevaron a la aplicación una y otra vez de retenciones a las exportaciones agropecuarias que dieron lugar a reacciones de un tenor diferente por parte de las principales entidades rurales.
Conflictos
Diversas medidas de fuerzas se produjeron en el pasado como durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987 en respuesta a las retenciones mismas, y en 1988, como consecuencia de un desdoblamiento cambiario. Los presidentes de las organizaciones agropecuarias más importantes del país -la SRA, la Confederación de Productores, la Federación Agraria y Coninagro- coincidieron en que esa política era “confusa y lamentable”.
"Nos obligan a rechazarlo en todos sus términos", decía el representante de una de esas entidades. Los productores agropecuarios advertían que la liquidación de sus exportaciones según el tipo de cambio llamado comercial -que se cotizaba un 20% menos que el denominado financiero- era un "impuesto encubierto". En esta ocasión también esas acciones contribuyeron a acelerar la caída del gobierno y Alfonsín tuvo que traspasar el mando, en medio de una galopante hiperinflación, antes de terminar su mandato.
En 2008, en pleno boom de los commodities, sucedió el denominado conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la resolución 125, que establecía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo y maíz. El conflicto escaló de tal manera que produjo un paro del sector que duró 129 días y la salida del ministro de economía Martín Lousteau, culminando con el fracaso de un proyecto de ley debatido en el congreso que selló la derrota oficialista.
La controversia sobre las retenciones tiene una larga historia en las relaciones entre el campo y gobiernos de muy distinto origen e ideologías, que trasciende el conflicto actual y que en ocasiones tomó nítidamente un carácter político que en otras no tuvo.
De cualquier modo, si como dice el viejo lema de la SRA “cultivar el suelo es servir a la patria”, se trataría de una patria especial, donde el excedente del sector no tiene que ver con las políticas públicas ni con una distribución más equitativa de las riquezas del país.
Apoyo
Sin embargo, la historia nos muestra también el otro lado de la moneda. Para los intereses rurales la intervención del Estado puede justificarse si en vez de excedentes se tienen pérdidas, como ocurrió en la década de 1930.
Entonces, para paliar la crisis que vivía el sector por la baja de los precios internacionales de sus productos, los gobiernos conservadores de aquellos años crearon la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que tenían por finalidad compensar esas pérdidas.
En este caso se invertían los términos: era “la patria” la que servía a los que cultivaban el suelo. La función de la primera consistía en comprar los granos a un precio básico que cubriese los costos de producción a los agricultores y venderlos gradualmente a los exportadores.
Estos precios-sostén se pusieron en vigencia en casi todas las cosechas y en aquellas operaciones con pérdidas para el organismo se empleaba el margen de cambios. Es decir que la diferencia que obtenía el Estado al desdoblar el tipo de cambio, comprando a un precio oficial y vendiendo las divisas a un precio mayor. Recién bajo Carlos Menem, en el marco de la convertibilidad, se eliminaron las juntas reguladoras.
En debate
La quita temporal de retenciones de los productos agrícolas de exportación vuelve a colocar en el debate público la cuestión de las reformas del sistema tributario, la diferenciación interna y conflictiva de los agentes económicos del sector agrario y el juego de los poderes externos en un país dependiente.
Pero, sobre todo, coloca en primer plano la lógica de la política económica de La Libertad Avanza (LLA) que se debe comprender desde dos registros diferenciados pero articulados al calor de la coyuntura nacional e internacional.
Un aspecto estructural en el que se relegitiman las ideas neoliberales ancladas en la crítica al Estado y en el fuerte proceso de financiarización de la cadena agrocomercial y de la exportación de granos en las últimas tres décadas. Un segundo aspecto, en el marco de la profundización de la dependencia, está vinculado al pseudo pragmatismo político gubernamental, que se sostiene en un continuo endeudamiento externo por la acuciante pérdida de reservas del BCRA.
Pero debido a que no se contará con la totalidad de las divisas hasta el año que viene, el decreto sólo sirvió para que los grandes exportadores del sector agropecuario obtengan ganancias extraordinarias por 1.500 millones de dólares y se continúe financiando la fuga de capitales. Lo que produjo, al mismo tiempo, una considerable pérdida de ingresos fiscales.
Agronegocios
Félix J. Weil le daba por nombre “la tierra del estanciero” a uno de los capítulos de “El enigma argentino” (1944), obra esencial para conocer la Argentina en las vísperas del peronismo. Weil era miembro de una familia que poseía a principios del siglo XX una de las más grandes firmas de exportación de granos del país y reconocía que la producción agropecuaria estaba manejada por un reducido número de grandes compañías agroexportadoras como Bunge y Born, Louis Dreyfus and Co., Weil Hermanos, Huni y Worsmer.
En la actualidad se repite el mismo esquema e incluso algunas empresas siguen vigentes como principales beneficiarias del decreto. Tal es el caso de Bunge y Louis Dreyfus Company (LDC) que junto a Cargill (norteamericana), Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) concentran más del 70% del comercio agroexportador del país.
En suma, un rodeo histórico que coloque en primer plano la anatomía del poder económico agrario y su relación con el estado puede ayudarnos a clarificar las controversias del presente.
El campo no es uno sólo. En el nuevo modelo de agronegocios conviven realidades muy distintas con sectores altamente concentrados que disponen de la mayor parte de la tierra y de los recursos financieros y productivos y otros que dependen de ellos.
A su vez, la complejización del sector agrario cuenta con varios actores. En el circuito de producción se encuentran los grandes propietarios que cuentan con nuevo equipamiento tecnológico; los “contratistas” que pueden ser considerados como productores sin tierra como los pools de siembra y los fondos de inversión; y medianos y pequeños productores, parte de los cuales se convirtieron también en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de soja.
La historia y su proyección
El dilema del desarrollo argentino y su proyección internacional lo señalamos allá por 1980 en Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas 1940-1945, al plantear que la política exterior y comercial de las clases conservadoras locales fue el de tener, al mismo tiempo, mercados compradores asegurados y permear sus fronteras a los países que nos compraban, pero nunca buscó exprofeso la industrialización o la diversificación de sus exportaciones.
La posible salida a través de la Unión Sudamericana y el Mercosur, una alianza de intereses comunes con Brasil, o la incorporación a los BRICS se ha desvanecido por la política de extrema derecha del gobierno. Quedaría la presencia cada vez más notoria del gigante chino. Pero difícilmente pueda armarse otra triada semejante basada en la vigencia plena del modelo agroexportador como con los países anglosajones. La actual guerra comercial entre China y Estados Unidos impide cualquier tipo de nueva triangulación.
Argentina, fuertemente endeudada, se halla en la trampa sin salida de un modelo de país disfuncional frente a los desafíos incumplidos del desarrollo. Un modelo sin país que no alcanza para alimentar a nuestra población, ni para mantener ni mejorar sus industrias y empleos, salvo los de una pequeña élite agropecuaria (ahora también extractivista) y exportadora con socios económicos y financieros que succionan nuestros ingresos, enviándolos al exterior. Sólo nos queda la “alianza estratégica” con un EE. UU. en declive hegemónico; con mercados competitivos y sólidamente protegidos contra nuestra economía, ya condicionada por el endeudamiento externo.
La poderosa oligarquía que gobernaba el país a principios del siglo XX, en función de sus intereses agroexportadores, tenía tres características principales que aún hoy mantienen los grupos de poder concentrados en condiciones y con coyunturas muy distintas.
Primero, una cultura fuertemente rentística, pues sus principales ingresos provenían de las extraordinarias ganancias que les brindaba la renta de la tierra, ahora la especulación financiera. Segundo, una conducta antidemocrática que permitió a “todos los hombres del mundo habitar el suelo argentino”, pero marginó políticamente a los inmigrantes que llegaron para trabajar, pero no para ser ciudadanos. Fue, en un principio, la llamada “república restringida” de la que nos habla Botana, perpetuados en el poder mediante el mecanismo nada elegante del fraude electoral y la interdicción de sus opositores.
Tercero, una visión del mundo neocolonial, como sintetizó en una discusión en el Congreso de la Nación en diciembre de 1940 el senador conservador Caballero por Salta: “los ingleses han ennoblecido el móvil dominante en ellos de comerciar con el mundo […] en el asta de sus barcos mercantes, cuando los vemos arribar a los puertos o alejarse de ellos, percibimos ese nimbo espiritual que los envuelve”.
Por algo se llegó a pensar a la Argentina como una especie de “colonia informal” del Reino Unido, el principal comprador de nuestros productos. En estos tiempos se adoptó la ciudadanía estadounidense que no nos favorece ni carnal ni espiritualmente, al interior de un sistema pseudodemocrático que favorece la exclusión de las mayorías y la corrupción, como en aquel pasado.
En síntesis, existen dos caras distintas de interpretación de la realidad nacional según se la mire desde el punto de vista del conjunto de los intereses nacionales o desde sus distintas corporaciones. En otra época se hablaba de una patria contratista, una patria sindicalista o una patria militar; es hora de pensar ahora en una patria común, donde los intereses corporativos no se impongan a los del resto de la población.
Más concretamente, en un modelo de crecimiento con equidad, que reconozca las lecciones del pasado y supere sus errores. En donde el aprovechamiento de los mayores precios en los mercados mundiales, la mejor explotación de los recursos naturales y el desarrollo de las agroindustrias se articulen con la ampliación del mercado interno y un proceso de industrialización que pueda abastecerlo.
Todo esto acompañado por una mejora de las condiciones sociales, el pleno empleo sin trabajo informal, la erradicación de la pobreza y la elevación de la calidad educativa en todos sus niveles. Pero, para ello, resulta necesario, ante todo, dar de baja el cruel experimento mileísta y recrear una nueva cultura nacional con una visión productivista -no rentística- adaptada a los desafíos del nuevo siglo, que contemple los intereses y el desarrollo del conjunto de la ciudadanía y no de minúsculas élites de poder.
*Profesor Emérito de la UBA. Con la colaboración del tesista de grado Yair Arce (UNSAM).
