28 jul 2013

LULA Y LOS JOVENES

Sábado 27 de julio de 2013 | 11:17
Los jóvenes, conectados a través de los medios sociales, sus ágiles dedos en su celular, han tomado las calles para protestar en varias partes del mundo.
Parecería más fácil explicar estas protestas cuando ocurrían en países no democráticos, como en Egipto y Túnez en 2011, o en países donde la crisis económica ha elevado el número de jóvenes desempleados a alturas atemorizantes, como en España y Grecia. Pero no es tan fácil cuando estallan en países con gobiernos populares y democráticos, como Brasil, donde ahora disfrutamos de uno de los índices de desempleo más bajos de nuestra historia y experimentamos una expansión sin paralelo de los derechos económicos y sociales. Esto requiere una reflexión muy profunda por parte de todos los dirigentes políticos.
Muchos analistas atribuyen las recientes protestas en Brasil al rechazo de la política. Yo pienso que es precisamente lo contrario. Las protestas reflejan la necesidad de ampliar la democracia y aumentar la participación ciudadana; de renovar la política, acercándola más al pueblo y a sus aspiraciones cotidianas.
Yo sólo puedo hablar con autoridad acerca de mi propio país, Brasil, donde existe una ávida generación nueva. Pienso que las manifestaciones son en gran medida el resultado de los éxitos sociales, económicos y políticos alcanzados los últimos años. En el último decenio, Brasil duplicó el número de estudiantes universitarios y muchos de ellos provienen de familias pobres. Redujimos marcadamente la pobreza y también las desigualdades.
Estos son logros colectivos muy significativos, pero también es completamente natural que los jóvenes de hoy deseen todavía más, en especial aquellos que están obteniendo cosas que sus padres jamás pudieron tener.
Estos jóvenes tendrían quizá 8, 10 o 12 años cuando el Partido de los Trabajadores, en cuya fundación participé, llegó al poder junto con sus aliados. Ellos no vivieron la represión de la dictadura militar de los años 60 y 70. No vivieron la inflación de los años 80, cuando lo primero que hacíamos al recibir nuestro sueldo era correr al mercado y comprar todo lo posible, antes de que los precios subieran más al día siguiente. Recuerdan muy poco de los años 90, cuando el estancamiento y el desempleo deprimieron a nuestro país. Ellos quieren más.
Es comprensible que sea así. A los jóvenes se les abrieron las puertas de la educación universitaria y ahora quieren mejores empleos para empezar a aplicar lo que aprendieron. Empezaron a usar servicios públicos de los que no disponían antes y ahora quieren que se eleve su calidad. Millones de brasileños, especialmente los de las capas más populares, compraron su primer auto y viajaron en avión por primera vez. Ahora, el transporte público debe ser eficiente y digno, debe facilitar la movilidad urbana, haciendo la vida en las grandes ciudades menos difícil y menos estresante.
Los anhelos de los jóvenes no son meramente materiales. También quieren tener más acceso a actividades recreativas y culturales. Sobre todo, sin embargo, exigen que las instituciones políticas sean más limpias y transparentes, sin las distorsiones del anacrónico sistema electoral y de partidos políticos de Brasil, que recientemente ha demostrado su incapacidad de manejar la reforma política .
No puede negarse la legitimidad de estas demandas, aunque sea imposible satisfacerlas todas de inmediato. Primero es necesario encontrar los fondos, trazar las metas y definir cómo se alcanzarán.
La democracia no es un pacto de silencio. Una sociedad democrática siempre está en movimiento, debatiendo y definiendo sus prioridades y sus desafíos, anhelando nuevos logros continuamente. Sólo en una democracia un indígena podría haber sido elegido presidente de Bolivia y un afroamericano presidente de Estados Unidos.
Sólo en una democracia un obrero metalúrgico y después una mujer podrían haber sido elegidos presidentes de Brasil.
La historia nos enseña que cuando se acallan la política y los partidos políticos, los resultados son desastrosos: guerras, dictaduras y la persecución de las minorías. Todos sabemos que sin partidos políticos no puede haber una democracia verdadera.
Pero como se ha hecho más evidente cada día, la gente no quiere simplemente votar cada cuatro años, delegando su futuro en los funcionarios elegidos.
Quiere una interacción cotidiana con los gobiernos, tanto locales como nacionales, quiere tomar parte en la definición de las políticas públicas, ofreciendo opiniones en las decisiones que la van a afectar en la vida cotidiana.
En pocas palabras, el pueblo quiere no solo votar, sino ser escuchado. Esto representa un tremendo desafío para los partidos y los dirigentes políticos. Requiere mejores formas de escuchar y consultar, así como el compromiso de un diálogo permanente con la sociedad, a través de los medios sociales y en las calles, en los centros de trabajo y estudio, reforzando la interacción con los grupos de trabajadores, las entidades civiles, los intelectuales y los líderes de opinión, pero también con los llamados ‘sectores desorganizados’, cuyos deseos y necesidades no tienen por qué ser ignorados sólo por su falta de organización.
Todo esto debe efectuarse no sólo en los años electorales. Se ha dicho, y con justa razón, que mientras que la sociedad ha entrado en la era digital, la política se ha quedado en la analógica. Si las instituciones democráticas usan con creatividad las nuevas tecnologías de comunicación, como instrumentos de diálogo y participación, y no meramente para propaganda, podrán inyectarles aire fresco – y mucho aire fresco – a sus operaciones. Y eso las pondría en sintonía más efectivamente con los jóvenes y todos los sectores de la sociedad.
Incluso el Partido de los Trabajadores, que ha contribuido tanto a modernizar y democratizar la política en Brasil y ha gobernado mi país los últimos 10 años, necesita una renovación profunda. Debe recuperar sus vínculos cotidianos con los movimientos sociales, ofrecer nuevas soluciones a los nuevos problemas y hacer todo esto sin tratar a los jóvenes de manera paternalista.
Lo bueno es que los jóvenes no son conformistas, apáticos o indiferentes a la vida pública. Incluso los que piensan que odian la política ya empiezan a participar en política a más temprana edad que cuando yo mismo empecé.
Cuando yo tenía su edad, nunca imaginé que llegaría a ser militante político. Empero, terminamos creando un partido político cuando descubrimos que el Congreso nacional prácticamente no tenía representantes de la clase trabajadora.
Al principio nunca imaginé que sería candidato a ningún puesto; terminé siendo presidente de Brasil. A través de la política logramos restablecer la democracia, consolidar la estabilidad económica y regresar al crecimiento, crear millones de empleos nuevos y reducir las desigualdades.
Es evidente que queda mucho por hacer todavía.
Lo bueno es que nuestros jóvenes quieren luchar para que el cambio social siga profundizándose y avanzando a un ritmo más intenso.
La otra buena noticia es que la presidenta Dilma Rousseff sabe escuchar la voz de la calle y brindó una respuesta audaz e innovadora.
Propuso un plebiscito para llevar a cabo las reformas políticas que son tan necesarias. También propuso el compromiso nacional con la educación, la atención médica y el transporte público, ámbitos en los que el gobierno federal aportará un sustancial apoyo financiero y técnico a los estados y municipios.
Al hablar con jóvenes de Brasil, suelo decirles: Aun cuando estén insatisfechos con la situación de su ciudad, de su estado o de su país; decepcionados con todo y con todos, no rechacen la política. Por el contrario, ¡participen! Porque si ustedes no encuentran en los demás al político que anhelan, quizá lo encuentren en sí mismos. (EL FINANCIERO)
luladasilva
Escrito por: Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil quiso invadir Uruguay por temor al auge de la izquierda




MARÍA CAPPA / la marea 22/7/13



MADRID //

Brasil planeó invadir Uruguay en los años 60 por miedo al ascenso de la izquierda revolucionaria y de las corrientes más progresistas.



Esta es la tesis que defiende y documenta Federico Leicht, escritor y periodista uruguayo, en su nuevo libro Orden y Progreso (Ediciones de la Plaza, 2013).

Respaldado por Estados Unidos, el gobierno golpista brasileño contribuyó a hacer efectivo el fraude electoral de 1971 que puso en el poder a Juan María Bordaberry, quien dos años más tarde dio el golpe de Estado que sumió a Uruguay en una feroz dictadura cívico-militar que se prolongó hasta 1985.



A pesar de ser una verdad socialmente asumida, el principal aporte de su investigación consiste en la demostración de estos hechos.

A partir de documentos desclasificados de los gobiernos estadounidenses, brasilero, argentino y uruguayo, además de las publicaciones periodísticas de la época, Leicht explica detalladamente cómo se planearon y se llevaron a cabo.



Paradójicamente, es Uruguay el país que presenta mayores dificultades de acceso a los documentos de la dictadura militar. “Los papeles que pueden enriquecer esta investigación no son aún accesibles.



Al gobierno del Frente Amplio [la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay desde 2005] le fueron entregados archivos microfilmados de aquella época que aún se mantienen reservados”, cuenta el escritor desde Uruguay en conversación telefónica con La Marea.



Brasil, el gendarme de EEUU en América Latina



Cuando hablamos de la Doctrina de la Seguridad Nacional nos referimos a las acciones políticas estadounidenses durante los años 60 y 70 para que los distintos ejércitos latinoamericanos gobernaran en sus países.

El objetivo principal era la erradicación de la ideología de izquierdas (comunista o socialista) y la imposición de una economía neoliberal a partir de la que sus empresas y las de sus socios pudi eran enriquecerse. Y el primer país que sirvió a sus intereses fue Brasil.

Según Leicht, el gigante sudamericano “actuó de gendarme de Estados Unidos en toda América del Sur“.



A partir de 1964 (año en el que comenzó la dictadura cívico-militar), Brasil, previamente adoctrinado por los estadounidenses, comenzó a entrenar ideológicamente, así como en técnicas de guerra y de tortura, a los militares de las Fuerzas Armadas de Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. Aquí se gestó el Plan Cóndor, un plan de coordinación de operaciones entre los regímenes dictatoriales del Cono Sur y Estados Unidos, que permitió el traslado de personas entre estos países para llevar a cabo acciones de represión, tortura y desaparición de miles de personas.



A partir de 1967 Brasil quiso ir un paso más allá. Preparó lo que en los documentos estudiados por Federico Leicht se conoce como Plan 30 Horas. Básicamente consistía en tomar Uruguay en ese lapso de tiempo para evitar que reaccionaran las organizaciones internacionales como la ONU o la OEA (Organización de Estados Americanos) y neutralizar así la amenaza comunista. No pudieron llevarlo a cabo, aunque finalmente lograron sus propósitos gracias al fraude electoral de 1971, que benefició al Partido Colorado y puso a Bordaberry en el poder.



“Sin verdad no hay justicia”



Leicht define a Uruguay como un “país gerontocrático”, la forma oligárquica de gobierno en la que el poder de las instituciones está en manos de los más ancianos.

“Los que fueron principales actores durante la dictadura cívico-militar también lo son ahora”, recalca el autor. Y es que tanto el presidente de la República José Mujica, como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, formaron parte del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaro, principal fuerza de izquierdas de la época. Ambos fueron encarcelados y torturados por los dictadores de la época.



“Sabemos que desde 1985 los principales dirigentes tupamaros, entre ellos Mujica y Fernández Huidobro, han tenido encuentros esporádicos con los militares”, explica Leicht. Como ha ocurrido con muchas dictaduras, incluida la franquista, el paso a la democracia se basó en una amnistía para los genocidas.< /u> En Uruguay, este perdón generalizado se tradujo en la Ley de Caducidad.



Hubo dos referendos, uno en 1989 y otro en 2009, para que la gente decidiera si se anulaba la prescripción de esos delitos de lesa humanidad.

En ambos casos se votó en contra.



Desde el Parlamento, uno de los que manifiestamente rehusó juzgar aquellos delitos fue el propio ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Además, José Mujica declaró que “recién cuando todos estemos muertos se sabrá la verdad” y que había que liberar a los pocos militares presos porque estaban “muy viejitos”.

Así, Mujica aboga por el perdón histórico de quienes violaron los Derechos Humanos.



“Con esta investigación intento rascar en la Memoria Histórica uruguaya. Creo que sin verdad no puede haber justicia”, explica Leicht, que asegura que no es una inquietud exclusivamente suya:

“En los últimos años se ha notado una corriente revisionista por parte de los sectores más jóvenes de la sociedad”.



Esto se ha traducido en un auge de la edición de libros y reportajes basados en el periodismo de investigaci&oacut e;n para tratar de arrojar luz sobre ese período oscuro de la Historia de Uruguay.



Su objetivo es, por un lado, terminar con las leyendas y los mitos heroicos de algunos miembros de la izquierda. Por el otro que, antes de que mueran, puedan ser juzgados los criminales fascistas que sumieron al país en una dictadura del terror durante más de una década





posta - postaporteñ@ 998 - 2013-07-26





27 jul 2013

TESTIMONIO VII : A 40 años del golpe de Estado



Iván Altesor Hafliger



Sr. Director:



De Realidades y Falsedades Históricas

Con algún retraso leí en Cartas al Director de Búsqueda (04.07.2013) la nota titulada "Ante una falsedad histórica" con la que León Lev pretende desacreditar una parte del testimonio que ofrecí en el Coloquio "Chile-Uruguay. A 40 años de los golpes de Estado", organizado en México por varias instituciones académicas, uno de cuyos fragmentos fue recogido por Sergio Israel, periodista de ese semanario, quien siguió el evento vía remota y escogió un aspecto del testimonio para darle relieve en su nota periodística.



Coincidentemente, pocos días antes vi en las redes un video catalán relativo a la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura.

Y ahí estaba León. Salía del penal, abrazaba a su esposa y a sus hijas, reivindicaba su lucha de resistencia a la dictadura y decía que todo había valido la pena. Fue como una onda cálida.



Esas vueltas atrás del tiempo histórico que por la vía de los medios audiovisuales genera la ficción de transportarlo a uno al pasado en tiempo real. Lo miré con cariño y admiración y no pude dejar de preguntarme:



¿qué le habrá pasado a este muchacho puro, íntegro, heroico, ortodoxo y poco flexible? ¿Cómo terminó siendo diputado por las listas de Alianza Progresista? No lo atribuí, claro está, a delirios de orden psiquiátrico sino a meras razones ideológicas, a procesos histórico-políticos y a otras explicaciones más terrenales y pedestres, no por ello menos difíciles de explicar.



Por eso cuando veo que León titula su respuesta "Ante una falsedad histórica" no dejo de preguntarme: ¿cómo se atreve?



Y, ¿quién lo impulsa a esta acción temeraria? Él afirma que mi primer error es sostener que mi padre, "el entrañable Alberto Altesor", "no tenía responsabilidades en el área sindical del PCU", sino que sus atribuciones eran en el frente de organización de ese partido.



Pues yo les puedo asegurar a León y a quienes lo mal informaron que Alberto Altesor fue responsable de la fracción sindical del PCU en el momento del golpe de Estado.



No puedo precisar si asumió esta función poco antes o inmediatamente después d e iniciada la huelga general.

Pero sí puedo sostener sin la menor duda que esa era su responsabilidad política concreta como miembro de la dirección del PCU en junio de 1973. Puedo comprender el error de León y un cierto mecanicismo que lo lleva a creer que en el partido cada quien se mantuvo congelado en sus puestos en esas circunstancias decisorias. Pues no fue así y León haría bien en informarse sobre realidades de las que aparentemente no tuvo conocimiento.



Y me pregunto entonces, si León ignoró e ignora qué función cumplió Altesor durante la huelga general, ignorancia que le permite negar sus responsabilidades en el área sindical, ¿cómo puede atreverse a sostener que no existieron contactos en la búsqueda de salidas, una de cuyas expresiones fue esa muestra de "buena voluntad" que involucró al transporte municipal?



Reafirmo con toda responsabilidad lo dicho en el testimonio que brindé.



Ese testimonio trató de atenerse a los hechos. No quiere decir que no haya volcado opinión.

La búsqueda de salidas democráticas y populares a la coyuntura que intentó el PCU y otros sectores de la izquierda nacional n o pueden ser equiparadas de ninguna manera a las turbias negociaciones que, como las Batallón Florida, mantuvieron otros sectores cuyas consecuencias todavía sufre el movimiento popular uruguayo.



El PCU enfrentaba de manera decidida a la dictadura pero buscaba salidas. Y me pregunto: ¿acaso León fue ajeno a todo el debate que existió antes del golpe en torno a la concepción que acuñamos sobre las FFAA?



¿Entendíamos o no que no eran un grupo monolítico, que albergaban tendencias, que la lucha de clases no se frenaba en la puerta de los cuarteles, que el involucramiento en la política de este sector se equiparaba al proceso de radicalización de las clases medias?



Pues en este tema hay que abrir una discusión sobre el papel de las FFAA.



En el medio académico hay mucho terreno avanzado sobre su condición. Deberíamos revisarlo a fin de valorar su posible prescindencia en un pequeño país como Uruguay, dada su problemática y reiterada voluntad reivindicatoria de sus crímenes y atentados.



La historia se hace de hechos e interpretaciones. Pero las interpretaciones no están por encima de los hechos, o caeríamos en u n relativismo al que ideológicamente no deberíamos ser afines ninguno de los dos. Y la realidad histórica es que mi padre, en su condición de responsable de la fracción sindical del PCU, fue encargado de transmitir esa orden.

Siempre es difícil hablar a nombre de los muertos y valoré ese hecho antes de dar el testimonio. Evalué también que a la hora de los balances no se le puede sustraer a la historia la información, porque ello tuerce la interpretación.



Aparentemente León entiende que mi testimonio ataca a la entonces dirección más estrecha del PCU y pretende generalizar la ofensa extendiéndola al movimiento sindical uruguayo.

Dice, en tono exaltado, que: "Dejar pasar este dislate, no es solo una canallada contra Arismendi, sino una infamia contra el movimiento sindical y su autodeterminación"



Realmente yo no hice una valoración estricta de los hechos.

En todo caso avancé la idea de que "lamentablemente llegamos a pensar que acaso era posible encontrar una salida a la coyuntura a través de una negociación con algunos sectores de las FFAA".

No puse en duda la autonomía del movimien to sindical frente a los partidos de izquierda, ni desconozco el funcionamiento de este movimiento.

Menos aún dudé jamás de su heroicidad en el enfrentamiento. Sentí siempre que la huelga general con la que enfrentó al golpe de Estado fue uno de los momentos potencialmente más coagulantes de la historia nacional.



Supongo que esto último no es lo que le importa a León. A él le afecta lo primero. La crítica estuvo alejada de mi intención. Esa búsqueda de salidas, en el acierto o en el error, no significó jamás que el PCU haya apoyado al golpe de Estado, como algunos pretenden.



Tampoco significa que cuarenta años después debamos dejar de poner sobre la mesa el conjunto de hechos que deben ser sopesados e integrados interpretativamente al legado futuro. Para ese testimonio fui convocado. Otros podrán volcar diferentes aspectos, guardar memorias y sensaciones que seguramente se me escapan en mi visión acotada.



Quiero decir además que soy Iván Altesor, el testimoniante al que Leó ;n no nombra quién sabe por qué razón. Quién sabe también por qué, pese a la admiración que manifiesta por mi padre, a la mera hora política e ideológicamente se situó en la calle de enfrente.



En fin, yo no diría que cometió una canallada aunque sí un error. En materia de políticamente equivocados y canallas hay diferencias y muchos matices. Los sé apreciar. Finalmente me gustaría señalarle que "el honor del apellido familiar" y la transparencia de mi padre no necesitan de su aval.



¿Qué le permite pensar a León que requieren de su "Doy fe"?



Iván Altesor Hafliger







publicada Búsqueda Año 2013 Nº 1723- 25/7/13