El Pentágono envía un equipo de militares a Nigeria
Publicado: 7 may 2014 | 17:05 GMT
El Pentágono ha enviado un equipo de militares a Nigeria para ayudar a Nigeria a rescatar a las más de 200 niñas secuestradas por los islamistas Boko Haram.
Barack Obama anunció que el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, ha aceptado la oferta del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, consistente en el envío de un equipo estadounidense para ayudar a afrontar la crisis que atraviesa el país. De momento han sido enviados 10 soldados.
A largo plazo, añadió Obama, "también tendremos que lidiar con el problema más amplio de las organizaciones de este tipo, que causan esa clase de destrucción en la vida cotidiana de las personas".
LAS VENDEN A 12 DÓLARES
ABUJA (Uypress) — El líder del grupo islamista Boko Haram reivindicó este lunes, a través de un video, el secuestro de 276 niñas cometido el 14 de abril en Nigeria, cuando tomaron una escuela por asalto. Hasta el momento, 53 de ellas lograron escapar.
"Secuestré niñas de una escuela de educación occidental. He dicho que la educación occidental debe cesar. Niñas: ustedes deben abandonar la escuela y casarse", dice el líder en el video difundido este lunes 5 de mayo a través de distintas agencias de noticias.
Más adelante el extremista jura que "por Alá venderé estas mujeres al mercado" clandestino.
Según la prensa local, algunas ya fueron vendidas en la frontera entre Chad y Camerún al precio de 12 dólares cada una.
En las últimas horas se conoció el testimonio de una de las niñas que pudo fugarse y relató que son violadas sistemáticamente, hasta 15 veces por día.
Boko Haram significa literalmente "la educación occidental es pecado" y reivindica la creación de un estado islámico en el norte de Nigeria.
7 may 2014
EEUU pidió “cautela” al gobierno de Bachelet en la aplicación de las reformas previstas
EEUU pidió “cautela” al gobierno de Bachelet en la aplicación de las reformas previstas
7 mayo, 2014
Chile
El departamento de Estado sale a defender intereses norteamericanos en Chile y manda señal a La Moneda sobre reformas
Embajador en Chile señaló ayer que el gobierno tiene que consultar a “todas las partes interesadas”. Pidió reglas claras y estabilidad. EE.UU. es el principal inversionista extranjero con US$ 25,000 millones y las reformas en curso afectarían a empresas como Laureate, AES, Freeport-McMoran, Principal Financial y Met Life.
Ayer, el gobierno de Barak Obama salió a defender esas inversiones y se metió de lleno en el debate político nacional.
En su primer encuentro con la comunidad empresarial, organizado por la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, hizo una advertencia acerca de las reformas que está proponiendo el gobierno de Michelle Bachelet.
Dijo que antes de hacer los cambios, el gobierno tiene que consultar a “todas las partes interesadas”. Y remarcó que los inversionistas norteamericanos piden “reglas claras” y “estabilidad política”.
“Cuando hay cambios es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas), y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente”, señaló el diplomático.
Durante su intervención, hizo hincapié en que la discusión es “enteramente del pueblo chileno”, agregando que “mientras haya transparencia y se trate a todos igual, aquí seguiremos y, claro, tomamos nota”.
Las reformas que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet podrían afectar a empresas como Grupo Laureate (educación), AES (energía), Freeport-McMoran (minería – DL 600), Principal Financial (AFP Cuprum) y Met Life (AFP Provida).
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 2003, el intercambio comercial se ha triplicado.
EL LOBBY DE ESTADOS UNIDOS CON CAMPICHE
No sería la primera vez que la embajada norteamericana interviene ante un gobierno de Michelle Bachelet para salvaguardar inversiones y ayudar a sus empresas.
La decisión de la Suprema fue resistida desde la empresa y desde los gobiernos chileno y norteamericano.Durante su primer paso por La Moneda, Bachelet cedió al lobby político norteamericano y dio su respaldo a la termoeléctrica Campiche, propiedad de AES Gener, luego de que la Corte Suprema ordenara detener la construcción del proyecto, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de suelo donde se emplaza, que estaba destinado a áreas verdes.
Tras el fallo, desde Estados Unidos se inició un importante lobby para impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar una vía para destrabar el proyecto, cuya construcción ya estaba avanzada en casi un cincuenta por ciento.
Los detalles de la operación, que terminó dando vuelta la mano al fallo de la Suprema y al rechazo de los vecinos, fueron filtrados a través de dos cables de Wikileaks, publicados en Ciper, y dan cuenta de reuniones, cartas y recados para abrirle el camino a la termoeléctrica. El entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, tuvo un rol clave en defender la posición de AES.
De acuerdo a los cables, el 4 de agosto de ese año, Simons se reunió con el ministro del Interior de ese entonces, Edmundo Pérez Yoma, para discutir el caso. El secretario de Estado estaba bien informado, ya que según Wikileaks le señaló que el gobierno entendía que era un problema grave, “más allá del impacto inmediato sobre la inversión de AES, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile”, detallando que se estaba trabajando para encontrar una salida y que, para ello, se había asignado “a uno de sus principales asesores”.
El embajador también planteó la cuestión ante el ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien se comprometió a darle su apoyo.
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/05/07/el-departamento-de-estado-sale-a-defender-intereses-norteamericanos-en-chile-y-manda-senal-a-la-moneda-sobre-reformas/
7 mayo, 2014
Chile
El departamento de Estado sale a defender intereses norteamericanos en Chile y manda señal a La Moneda sobre reformas
Embajador en Chile señaló ayer que el gobierno tiene que consultar a “todas las partes interesadas”. Pidió reglas claras y estabilidad. EE.UU. es el principal inversionista extranjero con US$ 25,000 millones y las reformas en curso afectarían a empresas como Laureate, AES, Freeport-McMoran, Principal Financial y Met Life.
Ayer, el gobierno de Barak Obama salió a defender esas inversiones y se metió de lleno en el debate político nacional.
En su primer encuentro con la comunidad empresarial, organizado por la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, hizo una advertencia acerca de las reformas que está proponiendo el gobierno de Michelle Bachelet.
Dijo que antes de hacer los cambios, el gobierno tiene que consultar a “todas las partes interesadas”. Y remarcó que los inversionistas norteamericanos piden “reglas claras” y “estabilidad política”.
“Cuando hay cambios es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas), y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente”, señaló el diplomático.
Durante su intervención, hizo hincapié en que la discusión es “enteramente del pueblo chileno”, agregando que “mientras haya transparencia y se trate a todos igual, aquí seguiremos y, claro, tomamos nota”.
Las reformas que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet podrían afectar a empresas como Grupo Laureate (educación), AES (energía), Freeport-McMoran (minería – DL 600), Principal Financial (AFP Cuprum) y Met Life (AFP Provida).
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 2003, el intercambio comercial se ha triplicado.
EL LOBBY DE ESTADOS UNIDOS CON CAMPICHE
No sería la primera vez que la embajada norteamericana interviene ante un gobierno de Michelle Bachelet para salvaguardar inversiones y ayudar a sus empresas.
La decisión de la Suprema fue resistida desde la empresa y desde los gobiernos chileno y norteamericano.Durante su primer paso por La Moneda, Bachelet cedió al lobby político norteamericano y dio su respaldo a la termoeléctrica Campiche, propiedad de AES Gener, luego de que la Corte Suprema ordenara detener la construcción del proyecto, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de suelo donde se emplaza, que estaba destinado a áreas verdes.
Tras el fallo, desde Estados Unidos se inició un importante lobby para impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar una vía para destrabar el proyecto, cuya construcción ya estaba avanzada en casi un cincuenta por ciento.
Los detalles de la operación, que terminó dando vuelta la mano al fallo de la Suprema y al rechazo de los vecinos, fueron filtrados a través de dos cables de Wikileaks, publicados en Ciper, y dan cuenta de reuniones, cartas y recados para abrirle el camino a la termoeléctrica. El entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, tuvo un rol clave en defender la posición de AES.
De acuerdo a los cables, el 4 de agosto de ese año, Simons se reunió con el ministro del Interior de ese entonces, Edmundo Pérez Yoma, para discutir el caso. El secretario de Estado estaba bien informado, ya que según Wikileaks le señaló que el gobierno entendía que era un problema grave, “más allá del impacto inmediato sobre la inversión de AES, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile”, detallando que se estaba trabajando para encontrar una salida y que, para ello, se había asignado “a uno de sus principales asesores”.
El embajador también planteó la cuestión ante el ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien se comprometió a darle su apoyo.
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/05/07/el-departamento-de-estado-sale-a-defender-intereses-norteamericanos-en-chile-y-manda-senal-a-la-moneda-sobre-reformas/
TLC EUROPA EE.UU.:TODO EL PODER A LAS MULTINACIONALES
Hundamos su Unión Europea
Alberto Garzón
Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática realidad.
La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3]Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087317
Alberto Garzón
Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
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Alberto Garzón
Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática realidad.
La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3]Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087317
Alberto Garzón
Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
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Kiev moviliza mas fuerzas especiales para controlar Odesa
La comunidad judía de Odesa se prepara para una eventual evacuación de urgencia
Grupos de ultraderecha ucranianos han pronunciado amenazas y quemado sinagogas. Alemania recomienda a sus nacionales abandonar el sur y este de Ucrania
06/05/2014
Donetsk cierra su espacio aéreo tras el ataque de las fuerzas de Kiev
La comunidad judía de la localidad ucraniana de Odesa, escenario de violentos enfrentamientos durante el fin de semana principalmente instigados por grupos de ultraderecha, está preparando planes para una eventual evacuación de urgencia en caso de que se deteriore la situación de seguridad. Al menos 46 personas fallecieron el viernes durante los enfrentamientos entre separatistas prorrusos y milicianos progubernamentales, la mayoría de ellos durante el incendio aparentemente provocado por ultraderechistas de la Casa de los Sindicatos, que había sido tomada poco antes por separatistas.
Los incidentes en Odesa tuvieron lugar el mismo día en que el Ejército lanzó una operación contra los separatistas en la localidad de Slaviansk, que se saldó con la muerte de varios milicianos y soldados. Pese a que los líderes de la comunidad judía han reiterado que la violencia no está conectada con los judíos de Odesa, han indicado que, en caso de que la situación empeore, sería fácil que se conviertan en objetivo de los ataques, según ha informado el diario israelí The Jerusalem Post.
El principal temor gira en torno a grupos ultranacionalistas ucranianos como Sector Derecho, que han expresado previamente opiniones antisemitas y cuyos seguidores han incendiado ya varias sinagogas en el país. En este sentido, el rabino Refael Kruskal ha detallado que varios de los heridos en los enfrentamientos del viernes son judíos. "Durante el fin de semana cerramos la sinagoga. Alejamos a los estudiantes del centro de la ciudad porque estamos preocupados de que se difunda la violencia", ha añadido.
Los grupos de ultraderecha ucranianos han expresado opiniones antisemitas y quemado sinagogas
"Cuando se registran tiroteos, el plan inicial es sacar a los niños del centro de la ciudad. Si la cosa empeora, les sacaremos de la ciudad. Tenemos planes para ello e incluso para llevarles a otro país, pero preferimos no hablar sobre ello", ha manifestado. Asimismo, Kruskal ha dicho que teme que el viernes se puedan registrar mayores "provocaciones", debido a que en dicha fecha se conmemorará la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. "El próximo fin de semana va a ser muy violento", ha valorado.
Por su parte, la directora del Centro Internacional Migdal de Programas de la Comunidad Judía, Kira Verjovski, ha indicado que sus operaciones no se han visto detenidas por la violencia, si bien ha asegurado que "si la situación empeora, hay planes de evacuación". En esta línea se ha expresado la comunidad hasídica Chabad, que ha asegurado tener también planes de evacuación, si bien sus instituciones han permanecido abiertas con la presencia de guardias armados.
Por último, el director ejecutivo del Comité Judío Ucraniano en Kiev, Eduard Dolinski, ha resaltado que "los judíos de Odesa necesitan seguridad", antes de culpar a Rusia de los incidentes y advertir de que los enfrentamientos "podrían extenderse a la capital" durante la jornada del viernes.
Alemania pide a sus nacionales que abandonen el país
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconsejó a sus ciudadanos que viajen a la península de Crimea, así como al este o el sur de Ucrania, y recomendó a quienes se encuentre en esas regiones que las abandonen ante los enfrentamientos entre tropas ucranianas y milicias prorrusas. "Desde el punto de vista del Gobierno, Crimea pertenece a Ucrania, pero está actualmente de modo fáctico controlada por Rusia. Debido a la actual situación no se puede proporcionar protección consular", subraya el Ministerio a través de un comunicado en su página web.
"Igualmente se desaconseja viajar a las zonas sur y este del país. Se recomiendo a los ciudadanos que se encuentren en esos territorios que los abandonen", continúa. El Ministerio de Exteriores germano, ante los incidentes violentos protagonizados por tropas ucranianas y milicias prorusas, que se han recrudecido en los últimos días, pide a sus conciudadanos que permanezcan en lugares seguros.
Alerta especialmente del peligro que corren los periodistas de ser detenidos por miembros de los grupos separatistas. En una entrevista publicada hoy por varios periódicos europeos el titular de Exteriores alemán, Frank Walter Steinmeier, admitió que la evolución del conflicto en Ucrania ha tenido una rapidez inesperada.
"El conflicto de Ucrania ha crecido con una velocidad y agudeza que no hubiéramos considerado posible hace un tiempo", manifestó Steinmeier quien también apuntó que se deben hacer todos los esfuerzos para evitar una "nueva Guerra Fría".
Grupos de ultraderecha ucranianos han pronunciado amenazas y quemado sinagogas. Alemania recomienda a sus nacionales abandonar el sur y este de Ucrania
06/05/2014
Donetsk cierra su espacio aéreo tras el ataque de las fuerzas de Kiev
La comunidad judía de la localidad ucraniana de Odesa, escenario de violentos enfrentamientos durante el fin de semana principalmente instigados por grupos de ultraderecha, está preparando planes para una eventual evacuación de urgencia en caso de que se deteriore la situación de seguridad. Al menos 46 personas fallecieron el viernes durante los enfrentamientos entre separatistas prorrusos y milicianos progubernamentales, la mayoría de ellos durante el incendio aparentemente provocado por ultraderechistas de la Casa de los Sindicatos, que había sido tomada poco antes por separatistas.
Los incidentes en Odesa tuvieron lugar el mismo día en que el Ejército lanzó una operación contra los separatistas en la localidad de Slaviansk, que se saldó con la muerte de varios milicianos y soldados. Pese a que los líderes de la comunidad judía han reiterado que la violencia no está conectada con los judíos de Odesa, han indicado que, en caso de que la situación empeore, sería fácil que se conviertan en objetivo de los ataques, según ha informado el diario israelí The Jerusalem Post.
El principal temor gira en torno a grupos ultranacionalistas ucranianos como Sector Derecho, que han expresado previamente opiniones antisemitas y cuyos seguidores han incendiado ya varias sinagogas en el país. En este sentido, el rabino Refael Kruskal ha detallado que varios de los heridos en los enfrentamientos del viernes son judíos. "Durante el fin de semana cerramos la sinagoga. Alejamos a los estudiantes del centro de la ciudad porque estamos preocupados de que se difunda la violencia", ha añadido.
Los grupos de ultraderecha ucranianos han expresado opiniones antisemitas y quemado sinagogas
"Cuando se registran tiroteos, el plan inicial es sacar a los niños del centro de la ciudad. Si la cosa empeora, les sacaremos de la ciudad. Tenemos planes para ello e incluso para llevarles a otro país, pero preferimos no hablar sobre ello", ha manifestado. Asimismo, Kruskal ha dicho que teme que el viernes se puedan registrar mayores "provocaciones", debido a que en dicha fecha se conmemorará la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. "El próximo fin de semana va a ser muy violento", ha valorado.
Por su parte, la directora del Centro Internacional Migdal de Programas de la Comunidad Judía, Kira Verjovski, ha indicado que sus operaciones no se han visto detenidas por la violencia, si bien ha asegurado que "si la situación empeora, hay planes de evacuación". En esta línea se ha expresado la comunidad hasídica Chabad, que ha asegurado tener también planes de evacuación, si bien sus instituciones han permanecido abiertas con la presencia de guardias armados.
Por último, el director ejecutivo del Comité Judío Ucraniano en Kiev, Eduard Dolinski, ha resaltado que "los judíos de Odesa necesitan seguridad", antes de culpar a Rusia de los incidentes y advertir de que los enfrentamientos "podrían extenderse a la capital" durante la jornada del viernes.
Alemania pide a sus nacionales que abandonen el país
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconsejó a sus ciudadanos que viajen a la península de Crimea, así como al este o el sur de Ucrania, y recomendó a quienes se encuentre en esas regiones que las abandonen ante los enfrentamientos entre tropas ucranianas y milicias prorrusas. "Desde el punto de vista del Gobierno, Crimea pertenece a Ucrania, pero está actualmente de modo fáctico controlada por Rusia. Debido a la actual situación no se puede proporcionar protección consular", subraya el Ministerio a través de un comunicado en su página web.
"Igualmente se desaconseja viajar a las zonas sur y este del país. Se recomiendo a los ciudadanos que se encuentren en esos territorios que los abandonen", continúa. El Ministerio de Exteriores germano, ante los incidentes violentos protagonizados por tropas ucranianas y milicias prorusas, que se han recrudecido en los últimos días, pide a sus conciudadanos que permanezcan en lugares seguros.
Alerta especialmente del peligro que corren los periodistas de ser detenidos por miembros de los grupos separatistas. En una entrevista publicada hoy por varios periódicos europeos el titular de Exteriores alemán, Frank Walter Steinmeier, admitió que la evolución del conflicto en Ucrania ha tenido una rapidez inesperada.
"El conflicto de Ucrania ha crecido con una velocidad y agudeza que no hubiéramos considerado posible hace un tiempo", manifestó Steinmeier quien también apuntó que se deben hacer todos los esfuerzos para evitar una "nueva Guerra Fría".
Ganan batalla a Coca Cola: Adiós al aceite vegetal bromado
Ganan batalla a Coca Cola: Adiós al aceite vegetal bromado
BOV: Aceite inhibidor de incendios
El aceite vegetal bromado se utiliza como retardador de llamas,
puede generar pérdida de memoria, problemas a la piel y al sistema nervioso.
Coca Cola, se vio obligada a eliminar de sus productos el controvertido componente conocido como aceite vegetal bromado, luego de que un adolescente de Mississippi (sur) iniciara una campaña de recolección de firmas para que se eliminara el ingrediente de las bebidas rehidratantes Gatorade (de Pepsi) y Powerade (de Coca Cola).
La compañía, con sede en Atlanta (EE.UU.), informó el lunes que ese aceite (BOV, por su sigla en inglés) sigue siendo usado en algunos de sus refrescos, aunque no en todos los países.
El ingrediente, que está prohibido en Europa y Japón, aún se utiliza en EE.UU., Canadá y América Latina. La firma espera descontinuar los productos con BOV hacia fines de este año.
Pepsi ya había retirado el componente de Gatorade el año pasado.
El ingrediente, usado en las bebidas como estabilizador del sabor, ha sido ampliamente cuestionado. Los problemas de salud se derivan de que el BVO contiene bromuro, que se encuentra en los retardantes de llama bromados.
Según los investigadores médicos de la Clínica Mayo de EE.UU., el consumo excesivo de bebidas que contengan BVO está relacionado con efectos negativos para la salud, incluida la pérdida de memoria y problemas a la piel y al sistema nervioso.
Además, el BOV deja residuos en la grasa corporal, así como en el cerebro, el hígado y otros órganos.
Sin embargo, Josh Gold, portavoz de Coca Cola aseguró que la medida no responde a problemas de seguridad. "Todas nuestras bebidas, incluyendo las con BVO, son seguras, siempre lo han sido y cumplen con todas las regulaciones de los países donde se venden", dijo en un comunicado.
teleSUR-BBC/ao - FC
BOV: Aceite inhibidor de incendios
El aceite vegetal bromado se utiliza como retardador de llamas,
puede generar pérdida de memoria, problemas a la piel y al sistema nervioso.
Coca Cola, se vio obligada a eliminar de sus productos el controvertido componente conocido como aceite vegetal bromado, luego de que un adolescente de Mississippi (sur) iniciara una campaña de recolección de firmas para que se eliminara el ingrediente de las bebidas rehidratantes Gatorade (de Pepsi) y Powerade (de Coca Cola).
La compañía, con sede en Atlanta (EE.UU.), informó el lunes que ese aceite (BOV, por su sigla en inglés) sigue siendo usado en algunos de sus refrescos, aunque no en todos los países.
El ingrediente, que está prohibido en Europa y Japón, aún se utiliza en EE.UU., Canadá y América Latina. La firma espera descontinuar los productos con BOV hacia fines de este año.
Pepsi ya había retirado el componente de Gatorade el año pasado.
El ingrediente, usado en las bebidas como estabilizador del sabor, ha sido ampliamente cuestionado. Los problemas de salud se derivan de que el BVO contiene bromuro, que se encuentra en los retardantes de llama bromados.
Según los investigadores médicos de la Clínica Mayo de EE.UU., el consumo excesivo de bebidas que contengan BVO está relacionado con efectos negativos para la salud, incluida la pérdida de memoria y problemas a la piel y al sistema nervioso.
Además, el BOV deja residuos en la grasa corporal, así como en el cerebro, el hígado y otros órganos.
Sin embargo, Josh Gold, portavoz de Coca Cola aseguró que la medida no responde a problemas de seguridad. "Todas nuestras bebidas, incluyendo las con BVO, son seguras, siempre lo han sido y cumplen con todas las regulaciones de los países donde se venden", dijo en un comunicado.
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