“Es sólo la punta del iceberg de lo que viene”,

Un ataque a dos mezquitas chiíes mata a 142 personas en Yemen

ÁNGELES ESPINOSA Dubái 

20 MAR 2015


 REUTERS

Hasta 142 personas han muerto este viernes en Saná, la capital deYemen, cuando varios suicidas han atacado dos mezquitas chiíes, según fuentes hospitalarias citadas por las agencias de noticias. El objetivo eran sin duda los rebeldes Huthi que desde finales de enero se hicieron con el poder y cuyos seguidores son sobre todo chiíes zaydíes. Su golpe de mano no sólo ha abierto una grave crisis política en el empobrecido país árabe, sino que ha azuzado la baza sectaria que Al Qaeda lleva años tratando de explotar y de la que ahora quiere aprovecharse el Estado Islámico, que se ha responsabilizado de los atentados.

Los ataques, con escaso intervalo entre sí, se han producido durante la plegaria del mediodía del viernes, justo cuando las aljamas están más concurridas. El primer suicida ha hecho estallar su cinturón explosivo en el interior de la mezquita de Badr, en el centro de Saná; pocos minutos después, un segundo terrorista activaba su bomba entre medio de los fieles que salían despavoridos. Casi al mismo tiempo otro individuo (dos según la agencia yemení Saba) se reventaba en la mezquita de Al Hashush, al norte de la ciudad. En Saada, al norte del país, la policía logró interceptar a otro suicida que pretendía atacar la mezquita del Imam Hadi.

En la de Badr ha resultado muerto su imam, Murtada al Mohadwari, considerado el líder espiritual de los Huthi. Entre los 350 heridos de distinta consideración que ha dejado la múltiple agresión, se halla Jaled al Madani, un destacado dirigente de ese grupo.
“Es sólo la punta del iceberg de lo que viene”, ha asegurado una desconocida división del Estado Islámico (EI) en Yemen a través de varias cuentas afiliadas en las redes sociales, según recoge la web de seguimiento del terrorismo SITE. Es la primera vez que el EI se responsabiliza de una acción terrorista en Yemen.

“Las huellas son de Al Qaeda… pero no me sorprendería saber que el EI esté operando ya allí también”, señala a este diario el embajador y analista yemení Mustapha Noman, en referencia al caos en el que se ha sumido su país.

Las dos mezquitas atacadas este viernes en Saná eran lugares habituales de rezo de los simpatizantes de Ansarullah, el grupo político armado más conocido por el nombre del clan que lo dirige, los Huthi. Se trata de un movimiento al estilo del Hezbolá libanés que tiene su feudo en las provincias del norte de Yemen fronterizas con Arabia Saudí. Sin embargo, desde el pasado verano, ha avanzado hasta tomar la capital y trata de extenderse a otras zonas del país con el apoyo de las fuerzas leales al ex presidente Ali Abdalá Saleh, quien en 2012 cedió el poder tras un año de protestas populares y ante la presión internacional.

Su espectacular éxito, apoyado en la lucha contra la corrupción y, según sus críticos, con ayuda de Irán, el líder regional de los chiíes, ha agravado las divisiones políticas, tribales y sectarias de Yemen, un país que lleva años al borde del abismo. A la pobreza, la explosión demográfica, la escasez de agua y penuria de alimentos, se superponen el separatismo del sur, la revuelta Huthi del norte, la amenaza de Al Qaeda en la Península Arábiga (una fusión de las ramas local y saudí de Al Qaeda que se halla entre su franquicia más activa) y, de confirmarse las reclamaciones de este viernes, ahora el EI.
El descontrol que supuso la toma del poder de los Huthi a finales de enero, y la consecuente dimisión del presidente Abdrabbo Mansur Hadiy el Gobierno en pleno, llevó al cierre temporal de numerosas embajadas extranjeras, incluidas las de EEUU y las europeas. Algunas legaciones árabes, entre ellas la de Arabia Saudí, han reanudado sus actividades desde sus consulados en Adén, el gran puerto del sur y segunda ciudad del país, a donde se trasladó Hadi cuando logró escapardel arresto domiciliario al que le sometieron los Huthi. Pero incluso allí, desde donde intenta recuperar la autoridad, fue objeto de un ataque el jueves.

La Marcha de la Dignidad vuelve a tomar cuerpo en Madrid

La madrileña plaza de Colón ha ejercido este sábado como punto de encuentro de miles de personas. Parados, preferentistas, sindicalistas, desahuciados y un amplio abanico de representantes de los colectivos sociales han confluido en este punto de la capital para cerrar de nuevo la Marcha de la Dignidad.

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GÁLVEZ


Manifestantes de las "Marchas de la dignidad", hoy en Madrid. / BALLESTEROS (EFE)

También lo hicieron el año pasado, aunque esta vez, como reconocen los propios impulsores, no se ha podido repetir la exitosa afluencia de 2014. “Pero hemos llenado la plaza y las calles adyacentes. Calculamos que estamos aquí cientos de miles”, subraya Ginés Fernádez, uno de los organizadores. La delegación del Gobierno ha cifrado en 12.000 los asistentes en el momento más álgido de la protesta.

Tras la marcha, que se ha desarrollado de manera pacífica, un grupo de unos 200 alborotadores cubiertos con pasamontañas han protagonizado varios incidentes. Han cortado la Gran Vía y han lanzado bengalas y petardos, además de destrozar mobiliario urbano. Los alborotadores se han enfrentado con la policía tras quemar varios contenedores y romper lunas. Finalmente, la policía los ha dispersado y rodeado en la calle La Paz, donde ha procedido a identificarlos. 17 personas han sido detenidas por los disturbios, según fuentes policiales. Uno de los arrestados, JM Bustamante, fue detenido en los incidentes del 22-M el año pasado, por causar destrozos.



Despliegue policial en Gran Vía ante los destrozos de un grupo de alborotadores. /BALLESTEROS (EFE)
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Llegados en nueve columnas procedentes de diferentes extremos de la Península, los asistentes han señalado a los Gobiernos del PP y PSOE como responsables de la crisis que atraviesa el país. Los han calificado de “instrumentos” de la Troika para “ahogar” a España con las políticas de austeridad. Y han insistido en que la recesión no ha acabado: “Sigue habiendo millones de desempleados, miles de familias a las que el banco echa a la calle, cientos de jóvenes que se tienen que ir al extranjero”, reflexiona Juan Guerrero, de 56 años, junto a la Cuesta de Moyano.

Este jornalero sevillano se ha tirado a la carretera a las nueve de la mañana de este sábado. Junto a otro medio centenar de compañeros, se ha subido a un autobús en Morón de la Frontera para unirse en Madrid a la columna que partió de Andalucía hace días. “Estamos aquí por la situación a la que nos ha llevado los recortes. Mientras a nosotros nos quitan derechos, algunos no dejan de enriquecerse”, remacha este padre de dos hijos, que sobrevive con una paga de 460 euros, y a quien no ha detenido el agua que ha caído en la capital desde la primera hora de la tarde. Precisamente, bajo una fina e intermitente lluvia, los congregados han recorrido las calles ensalzando los lemas en común que los unían: “Pan, trabajo y techo”; “No al pago de la deuda”; “Ni un recorte más; y “Fuera los Gobiernos de la Troika”. Unas consignas recogidas en un manifiesto que exige la salida del Ejecutivo de Rajoy, pero que se han diluido ante la heterogeneidad de los movimientos sociales presentes en la Marcha.



Un coche de policía, con las lunas rotas tras los disturbios. / J.J. GÁLVEZ

Los yayoflautas, las mareas de la Educación y la Sanidad, los afectados por los despidos de Coca-Cola, la PAH... Y, por supuesto, sindicatos y partidos políticos de izquierdas, como IU, Podemos y Equo, que tampoco han querido perderse la cita. “¿Qué ha cambiado respecto al pasado año?”, se ha preguntado Cayo Lara, coordinador federal de la coalición: “Pues ha aumentado la pobreza en el país. Y el empleo que se crea es precario. Y, además, continúan los desahucios. Por eso siguen vigentes las mismas causas por la que se convocó la Marcha en 2014”. En esa cita estuvo Beni de Blas, una madrileña de 62 años del barrio de Aluche, afectada por las preferentes de Bankia. Este sábado ha repetido: “He venido porque nos han estafado a muchas personas mayores. Y las autoridades nos han dejado tres años tirados en la calle. Solos”.

La mujer, que perdió los 45.000 euros que tenía ahorrados, relata su historia junto Roberto Rodríguez, un comercial de Bankia de 51 años que perdió su empleo en 2013, cuando la entidad financiera acometió un ERE. A su lado se pasean banderas de la III República y del Partido Comunista. Todo un conglomerado de símbolos unidos en la calle. Con el apoyo desde la distancia, también, de líderes del pasado. Como Julio Anguita, que animaba esta semana a sumarse al movimiento. “La democracia está siendo secuestrada. Los poderes económicos hacen y deshacen a su antojo”, subrayaba el excoordinador federal de IU e impulsor actual del Frente Cívico Somos Mayoría, uno de los colectivos que ha promovido la Marcha, junto al Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) de José Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero.

Porque el embrión de la actual Marcha de la Dignidad se remonta a 2013. “Entonces, había una sensación de que se estaban produciendo muchas movilizaciones esporádicas, de diferentes temas, pero sin que toda esa fuerza se llegara a aunar nunca”, recuerda Ginés Fernández, uno de los organizadores llegado este sábado desde Murcia. Fue entonces cuando, apoyado en los Campamentos Dignidad deExtremadura, el SAT decidió impulsar la idea. El objetivo: debían tomar Madrid la masa de afectados por los recortes derivados de las “políticas neoliberales” de los Gobiernos de Rajoy y Zapatero. “La dignidad ciudadana” debía, insistían sus promotores, recorrer las calles de la capital y señalar a los culpables de la crisis.

Así que, tomado el nombre de ese movimiento nacido en Mérida durante una concentración frente a una oficina de empleo para reclamar trabajo y una renta básica; la Marcha se tradujo finalmente el 22 de marzo de 2014 en una inmensa manifestación. Apoyados en centenares de colectivos de todo el país —300 solo de la Comunidad de Madrid—,decenas de miles de personas se dieron el pasado año cita en la capital. Los organizadores cifraron los asistentes en dos millones. La Delegación del Gobierno afirmó primero que solo eran 50.000, y después rebajó el dato a 36.000. Una cita que se desarrolló de forma pacífica hasta que, cuando apenas faltaban unos minutos para su conclusión, se enfrentaron varios grupos de radicales y los antidisturbios. Hubo más de 100 heridos y decenas de detenidos.

El recuerdo de ese episodio violento se ha traducido este sábado en un amplio despliegue de seguridad. Decenas de furgones con agentes se han apostado en el Paseo de la Castellana. Según fuentes policiales, más de 1.100 agentes de Policía Nacional han compuesto el operativo, pese a que la Delegación del Gobierno ya preveía una asistencia menor a la del año pasado, cuando repartió por las calles de la capital cerca de 1.650 antidisturbios.

Entonces, Madrid representó el fin del camino. La Marcha de la Dignidad suponía en 2014 el culmen de sucesivas pequeñas protestas repartidas por el país. La manifestación ha sido este sábado, en cambio, el principio de una travesía que concluye el próximo 22 de octubre. Para ese día, los promotores de la iniciativa han convocado una huelga general. “Y seguiremos. Y volveremos en 2016 si hace falta. Porque esto lo ha empezado la gente. Y acabará cuando la gente quiera”, concluye el sevillano Guerrero.

La devaluación salarial en España

Pos neoliberalismo : Plantillas renovadas, sueldos más bajos
La devaluación salarial se ceba en los que han perdido su trabajo y vuelven a ser contratados



La mayoría de los españoles están sufriendo la devaluación salarial / ULY MARTÍN

Casi una década después, España vuelve a situarse entre los países que más empleo crean en Europa. Y lo ha hecho con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mucho menor que en salidas de crisis anteriores. Un avance medio del 1,4% en 2014 ha bastado para que se hayan generado casi medio millón de puestos de trabajos nuevos en un año. El empleo crece, el PIB acelera su ritmo de expansión —al 2% en el tramo final de 2014, a cerca del 3% en las previsiones para 2015—, pero la devaluación salarial sigue ahí, atenuada por el menor coste de la vida. Esta misma semana, la encuesta de coste laboral reveló que a finales del año pasado, el salario medio había descendido un 0,2% en tasa anual. Un nuevo retroceso que llega en buena medida de la mano de los sueldos de esos nuevos empleos, significativamente más bajos que los de los destruidos durante la crisis.
La devaluación salarial es un poliedro de muchas caras. Está en la nómina de quienes, en el mismo empleo, cobran menos; también se aprecia en los que trabajan más horas ganando lo mismo; en la intensidad de las tareas de quienes continúan conservando el trabajo. Pero, sobre todo, impacta en los que perdieron su empleo y han encontrado otro, en los llamados salarios nuevos.

Con datos de cotizaciones hasta 2013, tres investigadores de la fundación Fedea calcularon que la reducción en cinco años para los nuevos contratados fue de un 8% para hombres y de un 4% para mujeres. Si en la ecuación se introduce la inflación, la reducción aumenta hasta el 17% y el 13%, respectivamente. Si se mide la evolución con la Encuesta de Población Activa, en el mismo periodo, la caída es de un 12% sin contar la inflación. En cambio, en la misma EPA, el sueldo de quienes tienen cinco o más años de antigüedad ha crecido, sin tener en cuenta la marcha de los precios. “Esto es un proceso natural”, explica Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. “Cuando alguien pierde su empleo en una crisis, al volver a trabajar cobra menos”.

Las nóminas de los nuevos contratados han caído hasta un 12% en cinco años, según la Encuesta de Población Activa
Tanto un dato como otro acaban en 2013, pero la tendencia no se detuvo el año pasado y eso puede verse (y deducirse) con lo sucedido en 2014. En las grandes empresas el empleo creció un 1,8% mientras que el salario medio bajó un 0,8%. Eso, teniendo en cuenta que, por el momento, los descuelgues o incumplimientos de convenios no se han generalizado, tiene un claro motivo: los sueldos de los nuevos empleados son sensiblemente inferiores y empujan la media a la baja.

“Mirando a los datos es difícil sostener que el ajuste no ha existido”, apunta Marcel Jansen, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, que al comienzo del proceso defendía la necesidad de ese ajuste. Según los números de UGT, entre 2009 y 2014 la pérdida de poder adquisitivo del salario medio es del 6,9%.

Volviendo a la investigación, publicada por Fedea en el blog de referencia Nada es gratis y elaborada por Marcel Jansen, Sergi Jiménez y José Ignacio García-Pérez, se aprecia algo de lo que advirtió el presidente del BCE, Mario Draghi, hace meses: “En algunos países los salarios reales de los nuevos contratos están en niveles vistos en los años ochenta del siglo pasado”. Una apreciación que sirve para España, aunque los investigadores de Fedea se detienen en 1993.

La apuesta por la reducción de costes de mano de obra para recuperar la productividad y la competitividad perdida, y así revitalizar el mercado de trabajo era uno de los propósitos de la reforma laboral. Una de las medidas de aquella norma era la de facilitar los despidos colectivos de los trabajadores indefinidos y con antigüedad. Ese camino, el de reducir los costes laborales, tuvo continuidad con subvenciones a la creación de nuevos empleos, como la tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones por contingencias comunes de 2014 para la contratación indefinida, o su última corrección, que reduce en 500 euros la base de cotización de los nuevos contratos fijos. Y en una vuelta de tuerca más se abre la puerta a que las empresas que hayan hecho ERE puedan acogerse a la ayuda, algo nuevo.

Y todo esto ha tenido frutos. España ha empezado a crear empleo antes de crecer al 2% como en crisis anteriores. Si se compara la marcha del PIB, el empleo o los costes laborales con Europa se observa cómo los dos primeros han cogido velocidad de crucero, mientras los costes laborales van muy por detrás.

Lo que también muestran los datos es la desigualdad de la devaluación salarial. El estudio de la EPA por deciles —división de la población asalariada en diez grupos por nivel de ingresos— muestra que el retroceso de los sueldos se ha cebado más en quienes menos cobran. En un artículo que verá la luz después de Semana Santa en la revista de CC OO EnClave de Economía, se pone de relieve cómo durante la crisis ha crecido esa desigualdad entre quienes tienen un salario más alto y uno más bajo: en 2007 el salario medio de los trabajadores que más ganaban multiplicaba por 5,9 el de quienes tenían un sueldo más bajo; en 2013, el múltiplo llegaba a 8,1.

En esto también tiene mucho que ver el comportamiento de los sueldos de los nuevos empleados con trabajos a tiempo parcial, una modalidad de empleo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. El economista de UGT Alberto del Pozo lo explica porque las empresas en los procesos de ajuste se desprenden de los trabajadores menos cualificados y, por tanto, menos pagados. En el inicio de la recuperación, estos empleos de más baja cualificación se han cubierto con contratos a tiempo parcial, en los que se retribuye peor la hora trabajada.

La reforma laboral apostó por la reducción del coste de la mano de obra
Con una reserva de más de cinco millones de parados, no parece que la devaluación salarial vaya a acabarse este año. Los sindicatos mayoritarios y los empresarios vuelven a debatir mañana el incremento de sueldos que servirá de referencia para los convenios de este año. Según las fuentes consultadas, la CEOE no está dispuesta a ir más allá del 0,9%, cuando la referencia de 2014 fue un aumento salarial del 0,6%.

Jansen defiende que ha llegado el momento de “poner fin al ajuste” pero, al mismo tiempo, aboga por la moderación salarial en la negociación sobre los convenios. “Tenemos que evitar que el ajuste siga en los salarios iniciales. Si los convenios apuran demasiado, se va a deteriorar la posición de los nuevos trabajadores”.

También Javier Andrés, partidario del ajuste en su comienzo, cree que ha llegado el momento de poner fin a la devaluación salarial, que no a la moderación. Pero sobre todo, este economista defiende que la evolución de los salarios sea “flexible”, es decir, que se revisen al alza si el sector o la empresa va bien. Y apostilla: “Tienen que estar alineados con la evolución de la productividad”.

Por su parte, Del Pozo, economista de UGT, defiende que los sueldos deben ganar poder adquisitivo. “No se va a consolidar el crecimiento si el consumo interno no tira. Para que la confianza crezca la gente tiene que tener empleo, claro, pero también tienen que crecer los sueldos”.

Un posible pacto de transición

Los líderes de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, y de las patronales CEOE y Cepyme se volverán a ver mañana. Tratarán de acercar posiciones para cerrar el pacto salarial que llevan negociando desde hace meses. Sobre la mesa hay tres puntos clave. El primero, lógicamente, es cuánto van a subir los salarios. En lo referente a 2015 los empresarios se han plantado en el 0,9%; mientras los sindicatos no están dispuestos a bajar del 1%, “y algunas décimas”, apostilla un negociador sindical.

Más difícil aún resulta encontrar un punto común sobre 2016 y esta vez no es solo por el porcentaje de incremento, sino por la introducción o no de una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los salarios. La incertidumbre sobre lo que va a suceder con la inflación el año que viene, por las incógnitas sobre el crudo, lleva a sindicatos y empresarios a ser inflexibles: los primeros, la exigen; los otros, la rechazan.

La solución puede estar, admiten fuentes de ambas partes, en recortar la extensión del acuerdo. Reducir su vigencia a 2015 y retomar las negociaciones en otoño con el horizonte de precios más despejado. En cambio, otra fuente señala que esta posibilidad está perdiendo fuerza. “No tendría sentido firmar en abril un acuerdo solo para 2015 y volver en poco tiempo a la mesa”, continúa.

El tercer punto en el que hay desacuerdo gira en torno a qué sucede con los convenios caducados que no se han renovado. El mes pasado, tras la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre que falló que las condiciones laborales pactadas continuaban vigentes porque se integraban en los contratos, ambas partes estaban de acuerdo en buscar una solución consensuada. En cambio, el miércoles, en la junta directiva de CEOE, la cúpula de la patronal abogó por dejar este asunto al margen de la negociación.

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Un fraude billonario

Ya es una tradición del Partido Republicano: una vez al año, el partido elabora un presupuesto que, según dice, sirve para reducir drásticamente el déficit, pero que resulta contener un "asterisco mágico" de un billón de dólares; una frase que promete grandes recortes del gasto o aumentos de los ingresos, pero sin explicar de dónde se supone que va a salir el dinero.
Paul Krugman

El País

© Cliff Owen Tom Price, presidente del comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, presenta la propuesta republicana de cuentas para 2015.

Pero los presupuestos que acaban de publicar las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado abren nuevos caminos. Cada uno de ellos contiene, no uno, sino dos asteriscos mágicos billonarios: uno de gastos y otro de ingresos. Y, de hecho, este cálculo se queda corto. Si cualquiera de los presupuestos se convirtiera en ley, la deuda del Gobierno federal aumentaría varios billones de dólares más de lo que afirman, y esto solo durante la primera década.

Uno podría sentirse tentado a hacer caso omiso de esto, dado que esos presupuestos no van a convertirse en ley en la práctica. O podría decir que todos los políticos hacen cosas así. Pero no es cierto. La falta de honradez fiscal del Partido Republicano es algo nuevo en la política estadounidense. Y esto nos dice algo importante sobre lo que le ha sucedido a la mitad de nuestro espectro político.

Pero volvamos a los presupuestos: ambos piden reducciones drásticas del gasto federal. Y se concretan algunas de esas reducciones del gasto: habría recortes despiadados en los cupones para alimentos, recortes más o menos igual de despiadados en Medicaid que contrarrestarían con creces su reciente ampliación y se acabaría con las subvenciones para seguros sanitarios que contempla el Obamacare. Un cálculo aproximado indica que cada plan ente duplicaría el número de estadounidenses sin seguro sanitario. Pero ambos reclaman también más de un billón de dólares en recortes adicionales del gasto obligatorio, cantidad que casi con seguridad tendría que venir de Medicaid o la Seguridad Social. ¿Qué forma adoptarían estos recortes adicionales? No nos dan ninguna pista.

Mientras tanto, ambos presupuestos piden que se revoque la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, incluidos los impuestos que sirven para subvencionar los seguros. Esos ingresos ascienden a un billón de dólares. Pero los dos presupuestos afirman no tener ningún efecto sobre los ingresos tributarios; se supone que el Gobierno federal tiene que compensar de algún modo el dinero no ingresado por el Obamacare. ¿Cómo exactamente? Una vez más, no se nos da ninguna pista.

Y hay más: los presupuestos también piden que se reduzca considerablemente el gasto destinado a otros programas. ¿Cómo se pondrán estos en práctica? Ya saben la respuesta.

Es muy importante darse cuenta de que este no es un comportamiento político normal. El Gobierno de George W. Bush no se quedaba atrás a la hora de presentar los planes tributarios de forma engañosa, pero nunca fue tan descarado. Y el Gobierno de Obama ha sido extraordinariamente escrupuloso en sus dictámenes fiscales.

Sí, ya estoy oyendo las risas, pero es la pura verdad. ¿Recuerdan todas las mofas que hubo sobre las previsiones de gasto de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible? El gasto real se está quedando muy por debajo de lo esperado y la Oficina Presupuestaria del Congreso ha reducido un 20% su previsión para la próxima década. ¿Se acuerdan de las burlas que hubo cuando el presidente Obama declaró que reduciría el déficit a la mitad antes de que acabara su primer mandato? Bueno, la escasa actividad económica retrasó las cosas, pero solo un año. El déficit de 2013 fue menos de la mitad que el de 2009, y ha seguido bajando.

De modo que no, la falsedad fiscal no es la norma histórica ni es propia del bipartidismo. Es un rasgo republicano moderno. Y la pregunta que debemos plantearnos es por qué.

La respuesta que a veces oímos es que, en el fondo, los republicanos piensan que el hecho de reducir la presión fiscal sobre los ricos se traduciría en una enorme expansión y en un aumento de los ingresos, pero les preocupa que la ciudadanía no considere creíble este argumento. Así que los asteriscos mágicos son en realidad un sustituto de su fe en la magia de la economía de oferta, fe que permanece intacta aunque los defensores de dicha doctrina lleven décadas equivocándose en todo.

La forma más sencilla de entender estos presupuestos seguramente consista en suponer que están pensados para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a las familias corrientes
Pero yo me inclino por una explicación más cínica. Piensen en lo que harían estos presupuestos si no prestásemos atención a los misteriosos billones de dólares en recortes del gasto y aumentos de los ingresos que no se explican. Lo que tendríamos serían unas enormes transferencias de ingresos de los pobres y la clase trabajadora, que verían tremendamente recortadas sus prestaciones, a los ricos, que disfrutarían de una gran reducción de la presión fiscal. Y la forma más sencilla de entender estos presupuestos seguramente consista en suponer que están pensados para hacer lo que, de hecho, harían en realidad: enriquecer más a los ricos y empobrecer más a las familias corrientes.

Pero, por supuesto, este no es un rumbo político que los ciudadanos respaldarían si se lo explicasen claramente. Así que hay que vender los presupuestos como si fueran un valiente esfuerzo por suprimir el déficit y pagar lo que se debe (para lo cual, deben contemplar un ahorro inexplicable de billones de dólares).

¿Significa esto que todos esos políticos que pronuncian discursos sobre lo malos que son los déficits presupuestarios, y que dicen estar decididos a acabar con la plaga de la deuda, nunca han sido sinceros? Sí, así es.

Miren, sé que es difícil mantener viva la indignación tras tantos años de fraudulencia fiscal. Pero, por favor, inténtenlo. Nos encontramos ante una estafa enorme y destructiva, y deberíamos estar muy, muy enfadados.

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Punta de Sayago en la tormenta

TENSIONES GLOBALES

20.03.2015

MONTEVIDEO (Uypress) - Luego de varios anuncios en la prensa se concretó la ruptura de la empresa franco-belga Gaz de France-Suez (GDF) con la constructora brasilera OAS por la ejecución de las obras de ingeniería en la planta regasificadora, básicamente el puerto para el atraque del barco regasificador y los gaseros que transportarán el gas líquido.

Desde que se iniciaron las obras comenzaron las tensiones entre ambas empresas, sobre todo por parte de GDF que asociada a la japonesa Marubeni forma el consorcio GNLS y que contrató posteriormente a OAS para las obras de ingeniería. Esas tensiones tuvieron reflejo en diversos medios de prensa. Ahora se concretó el divorcio.

El diario La República publica hoy un completo informe sobre la situación de un proyecto emblemático para la independencia energética del país y que estuvo detenido durante muchos años mientras el acuerdo incluía la empresa argentina ENARSA.

La puesta en funcionamiento de esta planta es clave para el funcionamiento de la central de energía térmica de Puntas del Tigre que actualmente tiene una capacidad de 300 MB. La empresa coreana Hyndai ganó la licitación para ampliar la capacidad de esta gestión hasta 840 MB y adaptarla para funcional con diversos combustibles (ciclo combinado) en particular para utilizar el gas producido por la planta regasificadora. El consumo a pleno ritmo de esta planta superara los 4 millones de M3 de gas. Las obras en Punta del Tigre tienen un importante atraso, de casi un año.

El texto completo de La República:

CRÓNICA DE UN DIVORCIO ANUNCIADO

Gaz de France anunció la ruptura del contrato que la une a la brasilera OAS

Publicado el Viernes 20 marzo de 2015

La empresa franco belga Gaz de France-Suez (GDF) que junto con la japonesa Marubeni forman el consorcio GNLS anunció ayer la ruptura del contrato que la une a la brasilera OAS para la realización de las obras civiles del puerto de Puntas de Sayago donde funcionará la planta regasificadora. El valor del contrato entre ambas empresas supera los 400 millones de dólares.

Es un contratiempo importante pero relativo para los planes del gobierno que pretendía operar las instalaciones a finales del 2015, con un barco regasificador alquilado, y para finales del 2016 con una nave que se está construyendo especialmente en los astilleros de Corea del Sur. El valor total de lo que deberá invertir Gaz de France-Suez serán 1.125 millones de dólares.

La relación entre Gaz de France- Suez y OAS está regulada por un contrato entre empresas privadas y aunque obviamente el Estado uruguayo a través de Gas Sayago (90% de propiedad de UTE y 10% de propiedad de Ancap) no tiene directa relación con este contrato, el impacto que provocará la ruptura, tanto en los aspectos laborales como en el cronograma de las obras, son importantes para el país.

OAS tiene contratados a 700 trabajadores uruguayos y desde la empresa aseguran que cumplió regularmente con sus obligaciones laborales, y que incluso en el caso de los 150 que envió al seguro de paro "se les garantizó el pago por adelantado de la diferencia con sus salarios normales". Ahora el Sunca le reclamó a GDF que le garantizara que todos los funcionarios serían tomados nuevamente en caso de un cambio de la constructora.

La valoración de las ofertas desde el punto de vista de su robustez y del concepto sobre su capacidad de ejecución, arrojaron en su momento la siguiente valoración por parte de las autoridades: Gaz de France - Suez (Franco belga) 76%, Enagás (España) 48%, Samsung (Corea del Sur) 48% y Höegh (Noruega) 24%". Con esa evaluación, la propuesta de la noruega Höegh acompañada por la constructora chilena Belfi quedó descartada.

La ruptura entre la empresa francesa y la empresa brasilera determinará la necesidad de contratar otra gran constructora con capacidades técnicas para la continuación de los trabajos.

Gaz de France-Suez, según revelaron diversas fuentes, habría reclamado a la OAS un aumento de los costos en la ejecución de las obras en el puerto de más de 400 millones de dólares, lo que implicaría una duplicación de los costos.

Las desavenencias comenzaron hace varios meses con cuestionamientos por parte de GDF del proyecto de ingeniería que presentó originalmente OAS, al punto que contrató a una empresa de ingeniería,- la belga Tractebel-, para reformular el proyecto original. Tractebel que forma parte del grupo belga Suez fue contratada por GDF para realizar un estudio complementario para sostener la ruptura de las relaciones con OAS.

Antecedentes

Gaz de France es ampliamente conocida en Uruguay, fue propietaria de la compañía de gas de Montevideo y la operó durante 10 años en medio de duras polémicas, en particular con los trabajadores que le reclamaban inversiones y mantenimiento adecuado por razones de seguridad y para garantizar una calidad mínima del servicio.

GDF vendió la empresa a Petrobras que la opera actualmente quien renovó totalmente las instalaciones subterráneas. La empresa de construcción que hizo esa renovación fue precisamente OAS.

Esta empresa brasilera que se encuentra en medio de la tormenta por el escándalo Petrobras en Brasil ha realizado en Uruguay diversas obras de importancia, como el nuevo saneamiento en el departamento de Maldonado y la nueva línea de bombeo de OSE entre otras obras ; y en nuestro país, actuando sola o asociada a empresas uruguayas, no enfrentó hasta ahora dificultades ni reclamos.

OAS además de la construcción del puerto de la regasificadora está culminando las obras de los 14 kilómetros del gasoducto que conectará estas instalaciones con el gasoducto existente que nos conecta con Argentina. Esta obra está también detenida por el mismo conflicto sindical con el Sunca a pesar de que en ese caso no hay controversias pendientes.

El futuro no es fácil. A pesar de que han aparecido insistentes versiones de que GDF pretendería contratar a la chilena Belfi, que tuvo a su cargo la construcción del puerto de la papelera Montes del Plata y con la cual tiene un juicio pendiente por controversias relativas a esa obra, en realidad en el muy reducido ambiente de los grandes operadores del sector se apunta con mucha insistencia a que desde el inicio GDF quería contratar a la empresa belga Dredging International y a pesar que en diversos medios se habla de la chilena Belfi, endefinitiva serán los belgas los beneficiarios del nuevo contrato.

La ruptura del contrato por parte de GDF con OAS terminará inexorablemente en los juzgados.

Los franceses tienen depositados 130 millones de dólares en garantía de ejecución de obra a disposición de la empresa estatal Gas Sayago y a su vez OAS tiene depositados en garantía la cantidad de 120 millones de dólares, en este caso por el contrato con GDF.

Una primera pregunta básica es ¿quién se hará cargo del aumento de costos estimado por los franceses de 420 millones de dólares? El estado uruguayo en la licitación internacional tiene comprometido el pago de 14 millones de dólares mensuales durante 15 años por el valor total de las obras, el alquiler del barco regasificador y la operación de la planta por parte de GDF.

El contrato está blindado en esa cifra, pero resulta difícil creer los franceses estarán dispuestos a absorber un aumento de costos de esas proporciones que implica un 40% del total de la inversión. Y es allí donde comenzará una ofensiva de GDF, por reformular el contrato con el Estado.

Además de las elementales razones económicas para no aceptar ese descomunal aumento de costos, existe una razón legal. En caso de un cambio de los valores del contrato entrarían a jugar las otras empresas que participaron en el concurso cuestionando la legalidad de esos cambios. Otro frente de complejidad jurídica para la obra y para el Estado.

La planta regasificadora, básicamente se basa una nave fondeada que procesará el gas líquido que transportarán diversos navíos gasíferos y tendrá una capacidad máxima de 10 millones de M3 por día.

Los uruguayos consumimos hoy una cantidad de aproximadamente 300.000 m3 de gas diario que importamos totalmente de la Argentina, con un contrato que tiene vigencia hasta abril del 2016 y a un precio promedio de 24 dólares por 1.000.000 de BTU.

El gas producido por nuestra planta regasificadora con un costo de la materia prima de entre 12 y 13 dólares, más 2 dólares de costo industrial, tendría un precio estimado de entre 14 y 15 dólares el millón de BTU.

BTU es una british thermal unit y equivale aproximadamente a 252 calorías, la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales.

Un millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos de gas. Los usuarios nacionales del gas líquido serían en un 90% UTE para la generación de energía eléctrica en su planta de Punta del Tigre y Ancap, además del consumo domiciliario y de las empresas que decidan pasarse al gas con costos muy convenientes en comparación con el gas oil o cualquier otra energía.

La suma estimada máxima de consumo sería de 4.500.000 BTU diarios para el Uruguay. ¿Y el resto?

Podrá exportarse de dos maneras. A la Argentina a través del gasoducto que se está completando y otra, en forma de energía eléctrica a Brasil. En la planta de Punta del Tigre de UTE que actualmente tiene una capacidad de generación de 300 MW se están realizando obras por la coreana Hyundai para aumentar la potencia en 540 MW (840 MW total) y para transformarla en una planta de ciclo combinado, es decir que puede utilizar gas oil o gas natural.

Esta transformación es clave para el aumento del consumo del gas que produciría la regasificadora aunque hay que destacar que actualmente se registran atrasos en la obra. Las condiciones han cambiado. Desde el momento de la definición sobre construir la planta regasificadora, se han producido algunos cambios importantes.

El primero es la gran caída del precio del petróleo, que bajó a menos de la mitad de los más de 100 dólares el barril y hoy se sitúa en el entorno de los 50 dólares. ¿Cuánto durará esta situación? No es fácil establecerlo por los intereses geopolíticos y comerciales que están en juego.

También cambió la situación de las reservas hídricas de los embalses de las represas uruguayas. Esto, más el constante y sostenido aumento de la capacidad de generación de energías renovables, (más de 600 MW en particular eólica y a partir de biomasa) pone al Estado uruguayo en una situación mucho más cómoda para negociar con la empresa francesa. No hay urgencias y además corren los plazos a partir de los cuales las demoras en la finalización de las obras implican multas de 475.000 dólares diarios hasta 100 millones de dólares. Uruguay no tiene ningún apuro.
La brasilera OAS que en Uruguay desarrolló varias importantes obras no enfrentó ningún tipo de escándalo ni procesos judiciales, pero en Brasil la situación es diferente. Forma parte del mega proceso judicial englobado en la empresa petrolera estatal Petrobrás.
En este proceso judicial se encuentran involucradas las mayores empresas constructoras de Brasil. Se aguarda para las próximas semanas que explote otro flanco de la investigación que involucra a la mayor empresa constructora de todo el Brasil con una fuerte presencia en el exterior en lo que se ha dado en llamar la operación Apocalipsis. Solo su nombre nos da ya una dimensión del problema y de la empresa.

La Corte Suprema de Brasil autorizó a la fiscalía a proseguir con la investigación de la llamada "lista negra" que fue revelada el pasado viernes 6 de marzo y que está conmocionando no solo al ambiente político sino también a la economía brasilera. La lista incluye a 49 personalidades que serán citadas y que ejercen o ejercieron cargos de importancia actualmente o en el pasado.

En la lista figuran los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, aliado clave de todos los gobiernos, incluido el actual. 

Figuran 12 senadores y 22 diputados actualmente en el cargo que pertenecen a cinco partidos, tres de los cuales forman parte de la coalición gobernante. Es notorio que, de comprobarse, son esquemas de corrupción que abarcaban a la mayoría del sistema político y que tienen hondas raíces y antecedentes.

Lo cierto es que si el precio que debe pagar Brasil por este escándalo es el hundimiento de buena parte de su estructura empresarial y por lo tanto de su presencia internacional y de su economía, la situación es realmente muy grave.

Y es notorio que los competidores empresariales de Brasil están sacando provecho de esta situación interna y sería muy complejo que el Uruguay quedara atrapado en medio de estos choques. En particular por sus relaciones políticas y comerciales con el país norteño.