La herencia envenenada de Pinochet

La reforma constitucional que arranca en septiembre puede reabrir y aumentar las tradicionales diferencias entre los aliados en el actual Gobierno de Chile: democristianos, socialistas, radicales y comunistas.

 5/14/15 

FRANCISCO HERRANZ / SPUTNIK 

Evo Morales tiene razón. El líder boliviano dijo hace unos días que Chile sigue teniendo una Constitución que heredó de la dictadura de Augusto Pinochet. Y esa circunstancia atípica y sorprendente es un argumento demoledor para quienes no ven el país como un ejemplo de democracia y de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.

Pero eso puede cambiar. Debilitada por una crisis de liderazgo que ha minado su popularidad, la presidenta chilena ha emprendido una huida hacia adelante y ha anunciado que dentro de cuatro meses arrancará un proceso para transformar por completo el actual texto constitucional.

“La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, dijo Bachelet en una comparecencia que pilló a más de uno con el paso cambiado. Queriéndolo o no, la jefe del Estado ha abierto una especie de Caja de Pandora: ¿recuerdan?, aquella tinaja que según la mitología griega esparció por el mundo todos los males.

La Carta Magna chilena, elaborada en 1980, no tenía ninguna legitimidad democrática cuando fue adoptada, aunque desde 1989 se han venido acometiendo una serie de reformas que taparon los principales agujeros autoritarios. Se afirmó el pluralismo político, se fortalecieron los derechos y libertades fundamentales y se supeditó el poder militar al civil. Eso ha permitido que Chile sea un referente de transición política a nivel continental y que haya experimentado una alternancia efectiva del poder pues entre 2010 y 2014 ha gobernado tanto la izquierda (Michelle Bachelet) como la derecha (Sebastián Piñera), lo que ha favorecido el auge económico. Pero la esencia de la Constitución sigue siendo pinochetista y eso se presenta como algo inaceptable para muchos chilenos que no sólo quieren pasar página sino también alcanzar mayores cotas de democracia y solidaridad. De ahí que el proyecto de reescribir la Ley de Leyes haya sido una demanda histórica de la Concertación (centro-izquierda) y del bloque político que ha heredado sus posiciones, la Nueva Mayoría. Esa exigencia fue recogida por Bachelet en el programa electoral que le llevó a la victoria en las presidenciales de 2013.

La elaboración de un nuevo texto constitucional puede reabrir y aumentar las tradicionales diferencias entre los aliados en el actual Gobierno: democristianos, socialistas, radicales y comunistas. Además, la oposición de derechas —golpeada por los últimos escándalos de corrupción- está dividida en lo que respecta a este debate. Actualmente, la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechaza que se cambie la Carta Magna mientras que Renovación Nacional (RN) se muestra más proclive a esa posibilidad.

Lo importante es que las encuestas de opinión sostienen que dos de cada chilenos no quieren la actual Constitución e incluso apoyarían que se redactara una nueva mediante la formación de una Asamblea Constituyente. Lo lógico sería que se organizara un referéndum nacional para saber si los ciudadanos aceptan o no lanzarse a un proceso constituyente que tomará meses de deliberaciones y que podría ser motivo de incertidumbre e incluso frenar el ansiado crecimiento económico. La patronal no parece muy interesada en mover este asunto, reticente a que se reduzca el ritmo de inversiones.

¿Es el mejor momento para acometer cambios tan profundos? ¿No habría que esperar a una ocasión menos tensa y evitar hacerlo en medio de una crisis política? ¿Es necesaria una reforma constitucional completa? El paso puede ser arriesgado, inoportuno y hasta populista, pero es el correcto y el necesario al fin y al cabo. No sólo porque cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía sino también porque tiene como fin reforzar la cohesión del país de cara al futuro y analizar con espíritu crítico 30 años de sistema de gobierno de cara al pasado. Como apunta un analista del periódico local La Tercera, el presidencialismo en Chile puede estar “perdiendo aceite”, lo que significaría abrir el melón de adoptar un modelo más parlamentarista. La tarea exige mucha valentía y determinación.

Lo cierto, además, es que los últimos escándalos de corrupción y de financiación ilegal de los partidos políticos chilenos han sido un revulsivo social y se han transformado en el catalizador de una vieja promesa que aguardaba en un cajón.

Bachelet es una política muy inteligente y ha sabido trasladar el debate de la crisis —que incluye hasta un cambio de ministros- a un plano distinto y superior, que se supone será más favorable para ella y su coalición. Falta les hace. Y el anuncio de un “proceso constituyente” no implica necesariamente una Asamblea Constituyente, hecho que plantearía más dificultades formales, pues habría que definir con qué criterios se elegiría a los legisladores o si optaría por formarla con los actuales diputados y senadores.

Cambiar de Carta Magna no es cosa fácil. Hay que buscar el máximo de consenso político y social porque, en caso contrario, las transformaciones sólo serán cosméticas y efímeras.

El primer paso de esta democratización ha sido la reciente reforma de la ley electoral, otra herencia envenenada de la época de Pinochet. Era el sistema binominal, según el cual cada circunscripción parlamentaria tenía dos escaños; el candidato ganador se quedaba con uno y en la mayoría de los casos el segundo mejor clasificado obtenía el segundo. Esta fórmula ha estado primando a las dos grandes coaliciones ideológicas, pero ha penalizado a las pequeñas formaciones políticas, impidiendo que entraran en el Congreso Nacional.

La nueva legislación acaba con este “cerrojo” —así lo define la propia Bachelet- al reducir el número de circunscripciones en la Cámara de Diputados de 60 a 28. Cada una de ellas tendrá entre tres y ocho candidatos, dependiendo de la población, que se elegirán de acuerdo a un criterio proporcional. En algunas circunscripciones, los pequeños partidos se asegurarán un escaño con sólo el 13% de los votos. El sistema también afecta a la Cámara Alta, pues algunas circunscripciones tendrán cinco senadores en vez de dos. La reforma implica finalmente una medida más impopular: aumentar el número de escaños de la Cámara de Diputados de 120 a 155, y el de senadores de 38 a 50.

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EEUU abatió a otro líder del Estado Islámico en Siria

La Casa Blanca informó que fuerzas especiales de Estados Unidos mataron en Siria a Abu Sayyaf, uno de los líderes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y capturaron a su esposa, según afirmó el secretario de Defensa del país norteamericano, Ash Carter.

Dirigía el comercio ilegal de petróleo y gas del grupo yihadista.

Sayyaf estaba implicado en las operaciones militares del EI y, además, dirigía el comercio ilegal de petróleo y gas, así como las operaciones financieras del grupo yihadista, según precisó Carter, citado por la agencia EFE.

"Bajo la dirección del presidente Barack Obama las fuerzas estadounidenses basadas en Irak llevaron a cabo una operación en al-Amr, en el este de Siria para capturar a uno de los líderes del EI y su mujer, Umm Sayyaf", explicó, por su parte, la portavoz del Consejo de seguridad nacional (NSC), Bernadette Meehan, a la cadena CNN.

La mujer del yihadista muerto se encuentra detenida en una prisión estadounidense en Irak, "puesto que sospechamos que sea cómplice de su marido y tenga un rol importante dentro del EI", precisó la vocera.

"Durante la operación Abou Sayyaf fue muerto tras un tiroteo con las fuerzas estadounidenses. La operación permitió liberar a una joven mujer yazidí, que parecería haber sido utilizada como esclava de la pareja", agregó la portavoz.

Según la CNN, una docena de combatientes del EI habrían muerto durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Por otra parte, en el norte del país al menos 19 integrantes del EI perecieron hoy por bombardeos contra sus posiciones en el campo petrolero de Al Omr, en la periferia de la provincia de Deir al Zur, uno de los bastiones de esta organización extremista.

Se desconoce si estos ataques aéreos fueron llevados a cabo por la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, o por el régimen sirio, da cuenta la agencia EFE.

Asimismo, otras 42 personas, entre ellas 11 menores, murieron hoy en la provincia de Idleb, en el noroeste de Siria, por bombardeos de la aviación siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

La ONG no descartó que la cifra de muertos en ambos ataques pueda aumentar debido a la gravedad de algunos de los heridos.

Informe demoledor: explota la burbuja del fracking

Demoledor informe de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de USA confirma contaminación por tóxicos en agua potable de viviendas próximas a explotación de Shale Gas. 

Publicado el 5/13/15 

 

Como el Cambio Climático, ha dejado de ser hipótesis, la técnica de fractura hidráulica -fracking- es una técnica nociva para el ecosistema y de toda la vida de la que es sustento.La prestigiosa National Academy of Sciencesha publicado informe- Proceedings of the National Academy of Sciences- demostrando de forma incuestionable la relación directa entre la práctica del fracking y la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable de viviendas en el estado de Pennsylvania.

En el estudio científico queda acreditada sin lugar a dudas la presencia de agentes químicos en las muestras de agua potable tomadas en varias viviendas y fuentes de agua potable próximas a pozos de gas Marcellus Shale en explotación.Aunque la contaminación de las aguas subterráneas por gas natural  y derrames de fluidos de perforación se sabe que ocurre, nunca antes había sido plenamente documentada la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable.

Al respecto, se investigó sobre el caso en los pozos de gas en Marcellus Shale de Pennsylvania, que causaron inundación de gas natural y de espuma en el agua subterránea potable básicamente utilizada por varios hogares.

En las muestras de agua potable tomadas se han encontrado restos de una sustancia química que normalmente se encuentra en líquidos usados durante ‘fracking’ en el yacimiento de esquisto de Marcellus, que también se extiende por el sur del vecino y densamente poblado Estado de Nueva York.

Mediante análisis cromatológico de gases, ha sido detectada mezcla compleja de compuestos orgánicos en el acuífero, así como la presencia de un compuesto positivamente identificado como 2-n-butoxietanol  (sustancia disruptora endocrina, y neurotóxica ) en el agua de una fuente potable próxima a la plataforma de explotación de gas en Marcellus Shale.

INVERSIÓN RUINOSA

Los mercados no han sido ajenos al significado de la sentencia por parte de la comunidad científica, y así David Einhorn, director y fundador de la firma de inversión Greenlight Capital, aseguró durante una conferencia en Nueva York que las empresas de fracking no valen nada.

Según este inversor  “Las compañías de fracking contaminan la rentabilidad de la inversión, es un negocio que quema dinero y no crece, no valen nada”, indicando lo inexplicable que resulta que Pioneer Natural Resources(empresa de fracking) puede tener una capitalización bursátil de 27.000 millones de dólares.

Tras las declaraciones del director de Greenlight Capital, Pioneer llegó a desplomarse en bolsa más de un 5%, su mayor caída intradía desde febrero, según publica el diario financiero The Wall Street Journal.

Einhorn aconsejó a los inversores que si están interesados en el petróleo inviertan en la propia materia prima. Hacerlo en las empresas de fracking puede ser una decisión fatal, pues se encuentra “Dramáticamente Sobrevaluado” , indicando que ni aunque el barril de crudo esté a 100 dólares estas empresas lograrán unos ingresos fuertes respecto a su endeudamiento.

El influyente inversor también señaló a Concho Resources como ejemplo de empresa dedicada a la fracturación hidráulica que invierte mucho y genera pocos beneficios. De la misma forma que Pioneer, las acciones de esta compañía comenzaron a caer tras sus palabras.

suelosolar.com

Panamá: cómo el tratado de libre comercio con EEUU arruinó el agro

Los banqueros están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de aprobar[1] en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority – TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.

5/15/15 

MARIO A. GANDASEGUI / ALAINET – 

Panamá firmó con EEUU un ‘Tratado de Promoción Comercial’ que en pocos años ha arruinado el agro, la industria, la pesca y ha abierto la economía a la especulación con las exportaciones norteamericanas. EEUU se siente satisfecho con su éxito en Panamá. En cambio, los productores, consumidores y, en general, todos los panameños se sienten engañados por los gobiernos de turno por la entrega del futuro del país a los piratas internacionales.

El gobierno del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se destacó creando negocios turbios aprovechando las políticas de comercio acordadas con EEUU. El actual presidente Juan C. Varela ha actuado subiendo los aranceles a los productos agrícolas del cero por ciento al 10 por ciento. EEUU, en cambio, no le pone aranceles a los productos que importan considerados estratégicos (alimentos, textiles y otros). Simplemente, prohíbe su importación.

La nueva legislación norteamericana también señala que todo acuerdo con otro país puede ser ignorado por EEUU si así lo decide el gobierno de Washington. En cambio, EEUU no le permite a su ‘socio’ modificar ni presentar una solicitud de cambio de lo pactado. Panamá está actualmente obligada a disminuir los aranceles a los productos alimenticios del país poco a poco en los próximos diez años. Al mismo tiempo, presenciamos la agonía y muerte del sector agrícola del país.

Las actividades agropecuarias de Panamá constituyen un baluarte de la economía nacional y de la estabilidad política del país. A menor producción en las áreas rurales, mayor inestabilidad (crimen organizado, corrupción y pandillas) en las ciudades. Igualmente, el cierre de industrias golpean a las familias panameñas que se desintegran creando un vacío en los sistemas educativos y comunitarios.

Según Humberto Mazzei, la nueva legislación norteamericana instruye al ejecutivo (presidente de EEUU) a extender los acuerdos comerciales para que engloben sectores no comerciales. El Congreso de EEUU introdujo un nuevo concepto al hablar de ‘cadenas globales de valor’. Es un concepto que da “mucho mayor valor a la propiedad intelectual y a la inversión de capital en el valor final de un producto, que al trabajo, los materiales y cualquier otro insumo local de la producción”. Katú Arkonada plantea que “a pesar de que desde 2007 China es la principal productora de software y hardware, el 84 por ciento de las ganancias en este rubro siguen estando en manos de capitalistas de EEUU”.

Según el nuevo ordenamiento del Congreso de EEUU, el presidente de EEUU debe intervenir en otros países para asegurar que pongan en práctica políticas que beneficien a ese país. Panamá no tiene una política que defienda sus intereses en el mundo político y menos económico. Sólo sigue la línea del más poderoso. En la década de 1970, cuando el gobierno panameño negociaba con EEUU los Tratados del Canal, el país tuvo una política exterior coherente. Teníamos presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y su representante llegó a ocupar la Presidencia de la Asamblea General.

Según Mazzei, en medidas sanitarias y fitosanitarias (EEUU quiere) imponer sus propios patrones y reemplazar las normas internacionales. En el caso de Panamá ya logró imponer sus propias normas como patrón y que se acepten productos, entre otros, con organismos genéticamente modificados de EEUU.

Otro objetivo es reducir o eliminar subsidios de otros países, aunque los de EEUU son los más altos del mundo. Según Mazzei, este objetivo está “impregnado de cinismo”. En 2012, EEUU subsidió con US$139,5 mil millones a sus exportaciones agrícolas. En la OMC, EEUU denuncia a la India, que en 2010 gastó US$58 mil millones en ayuda a sus campesinos. Cada agricultor norteamericano recibe US$58 mil en subsidios. En cambio, cada agricultor de la India recibe sólo US$ 98.

Nota:

[1] Los demócratas del senado de EEUU impiden el debate sobre el acuerdo comercial secreto.

En una sorprendente derrota para el presidente Obama, los senadores de su propio partido impidieron (el 12 de mayo) que se realizara el debate sobre un proyecto de ley que habría dado al presidente una vía rápida para negociar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). La votación significó el triunfo del líder demócrata del senado Harry Reid, Elizabeth Warren y otros críticos del TPP, un pacto comercial de doce países que incluiría el 40 por ciento de la economía global y está siendo negociado en secreto entre Estados Unidos y otros once países del Pacífico. Los detractores afirman que el acuerdo perjudicaría a los trabajadores, debilitaría las regulaciones y aumentaría el poder de las grandes empresas. La vía rápida le concedería al presidente la autoridad para negociar el TPP y después presentarlo ante el Congreso para que este se expida por sí o por no, sin posibilidades de enmiendas. (Tomado de Democracy Now! 13 de mayo de de 2015)

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA). www.marcoagandasegui14.blogspot.com, www.salacela.net

Abandonados en alta mar

Entre 6.000 y 10.000 inmigrantes y refugiados rohingya y bangladeshíes, a la deriva en el sureste asiático tras la campaña contra el tráfico humano lanzada por las autoridades tailandesas.


 may 15 2015 - 8:00am Por Nerea Castro

Indonesia, Tailandia y Malasia han decidido expulsar a los barcos de sus costas, abandonando a su suerte barcos cargados de personas sin agua ni alimentos.

Muchos traficantes están abandonando sus barcos, con sus ocupantes a bordo, para evitar ser detenidos.

Mónica G. Prieto · (Tailandia)⎮PerdiodismoHumano⎮15/05/2015




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En las imágenes se ven familias enteras a bordo de barcazas de madera, anegadas por el oleaje y la lluvia. Padres llorosos e impotentes con niños aterrados y demacrados que parecen amontonados, sin apenas espacio para moverse, que viajan hacinados en endebles embarcaciones donde se agotan las reservas de alimentos y agua potable, soportando las altas temperaturas sin destino fijo. Partieron hace dos meses con destino a Malasia pero hace varios días la tripulación abandonó el barco a nado, para evitar ser detenidos. De las costas malasias fueron rechazados, como les ocurrió en las aguas territoriales tailandesas. Hoy, los pasajeros beben su propia orina y lanzan por la borda los cadáveres de aquellos que no superan la travesía. A gritos, contaban a los periodistas que se acercaron a ellos que ya llevan 10 muertos.

Hablamos sólo de un barco con 350 pasajeros pero son miles los refugiados e inmigrantes que, en estos momentos, pasan por la espeluznante experiencia de haber sido abandonados en alta mar y que se enfrentan a una muerte segura si nadie les rescata. No se trata del Mediterráneo sino de la Bahía de Bengali y el estrecho de Malacca, entre el Pacífico y el Indico. Es allí donde unas 6.000 personas, según las estimaciones más conservadoras, y 10.000 según las más alarmistas corren el riesgo de morir de hambre y sed o, simplemente, de ahogarse después de que las autoridades de Malasia, Tailandia e Indonesia hayan anunciado que rechazarán toda embarcación que se acerque a sus costas. “No dejaremos que se acerque ningún barco extranjero salvo que se esté hundiendo”, ha anunciado el responsable de la agencia marítima malasia, Tan Kok Kwee. “En caso contrario, les entregaremos provisiones y les obligaremos a marcharse”. La postura es similar a la adoptada por Indonesia. “No deberían haber entrado en aguas indonesias sin permiso”, denunciaba el portavoz del Ejército Fuad Basya.

Según UNCHR, agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, un millar de personas han muerto desde marzo en esta huida desesperada por el mar. Fallecen de hambre, deshidratación o golpeados hasta la muerte por los traficantes, y la cifra aumentará en las próximas horas si prosigue el rechazo a lanzar operaciones de rescate para auxiliar a los barcos que permanecen en alta mar a la espera de una costa segura donde atracar. “Francamente, tienen pocas posibilidades de sobrevivir sin agua ni alimentos”, evalúa John Lowry, portavoz de la Organización Internacional de Migraciones. “Las condiciones a bordo deben ser horribles”.

Sólo en 2014, se estima que casi 55.000 birmanos rohingya o bangaldeshíes tomaron estos barcos como último recurso para escapar de la persecución o de la miseria, una cifra rebasada con creces este año: sólo en los tres primeros meses,25.000 rohingya pagaron una fortuna para escapar.



Mapim

El problema que ahoga hoy a centenares no es nuevo, simplemente ha sido ignorado hasta que la realidad de las fosas comunes ha estallado en la cara de los dirigentes. Hace dos semanas, el hallazgo de un campo de tráfico humano en la jungla tailandesa con una treintena de fosas removía conciencias. Fueron hallados 26 cadáveres de inmigrantes bangladesíes o refugiados birmanos de la comunidad rohingya, una de las más perseguidas del mundo.

En su país, Birmania, esta minoría musulmana (800.000 habitantantes) no tiene derechos. Ni siquiera es llamada por su nombre. “Llevan sufriendo desde hace muchos años abusos y persecución estatal. Hay unas 150.000 personas en situación de apartheid y eso les lleva a embarcarse”, explica el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, desde Bangkok. Los rohingya viven confinados en poblados rodeados por el Ejército, sin posibilidad de trabajar y por tanto sin futuro: una situación tan desesperada que todo aquel que puede reunir los 2.000 dólares necesarios, los paga a una mafia de inmigración para que le ayude a escapar a Malasia, Estado musulmán vecino donde siempre hay un familiar o amigo que, confía, le ayude a empezar una nueva vida, o a cualquier otro destino donde no sean perseguidos. Unos 140.000 rohingya ya han seguido ese caminodesde que en 2012 la violencia religiosa se cobrara 280 muertos. En cuanto a los bangladeshíes, la pobreza les lleva a buscar oportunidades a cualquier precio.

Se trata de un negocio que mueve 250 millones de dólares al año, valoran en Tailandia, y una oportunidad de oro para las mafias sin escrúpulos que han desarrollado una industria intermedia, la del secuestro: tras pagar sumas astronómicas por un pasaje en una barcaza ilegal, sin apenas agua ni alimentos, que a veces tarda meses en consumarse –dependiendo de si se llena o no la barcaza y de los controles marítimos- muchos traficantes les obligan a parar en la costa tailandesa. Allí les hacen andar a pie por la jungla con la promesa de hacerles cruzar la frontera con Malasia a pie, pero antes deben parar en campamentos provisionales erigidos por la jungla donde son confinados, a veces encadenados, por guardianes armados.

Allí el agua escasea, los alimentos son casi inexistentes y los abusos están a la orden del día. Pueden hacer una llamada telefónica a sus familiares, durante la cual serán golpeados para añadir dramatismo: en ella, pedirán a sus seres queridos que paguen un rescate a sus secuestradores. Otros 2.000 dólares que no todos pueden recaudar. En el caso de no pagar –mediante un intermediario en su país de origen- a las mafias, hay variantes: pueden ser golpeados hasta la muerte o vendidos como esclavos a barcos pesqueros, en el caso de los varones, o como esclavas sexuales en el caso de las mujeres.



El relato de Mohammed Tasin, un joven rohingya de 18 años de Sittwe, en el Estado de Rakhine (Arakan) resume bien esa realidad. El joven abandonó Birmania en 2012 en un barco que llevaba a un centenar de mujeres, hombres y niños. “Nos arrestaron las autoridades tailandesas en el mar”, explicaba a la ONG Fortify Rights. “Nos dieron agua potable y cortaron el ancla remolcando el barco al oeste por un día y una noche. Después, nos dejaron marchar”. El barco terminó encallando en una isla tailandesa, donde volvieron a ser detenidos. Durante 11 meses, el grupo permaneció arrestado en un centro de inmigrantes ilegales de Ranong. Después, los oficiales tailandeses les entregaron a traficantes de personas que se llevaron a Mohammad y al resto a un campo situado en lo más remoto de la jungla. Entre torturas, les exigían 60.000 bath (unos 2.000 dólares) por persona. El joven describió cómo asistió al asesinato de varios secuestrados: los traficantes les obligaron a cavar fosas comunes donde enterrar sus cadáveres. “En las últimas semanas, 17 personas murieron. Los enterramos al amanecer. A veces, cuando regresábamos al campo, encontrábamos que otro había muerto”.

El negocio del secuestro de refugiados e inmigrantes era un secreto a voces en Tailandia, como ya contamos en Periodismo Humano, pero las autoridades negaban su existencia hasta que las imágenes de las fosas y de los famélicos supervivientes hallados al borde de la muerte fueron publicadas en la prensa. En un momento, además, sensible para las autoridades ya que el próximo mes Estados Unidos revisará su Informe de Tráfico de Personas (Tailandia, que ocupa el último escalón, intenta mejorar su graduación para así evitar sanciones) y la UE acaba de sacar ‘tarjeta amarilla’ amenazando con prohibir las importaciones de pescado a Tailandia si Bangkok no se compromete con el final de la pesca ilegal y de la esclavitud en los barcos pesqueros.

La maquinaria tailandesa de las relaciones públicas se inició con una campaña por todo lo alto, con batidas en la jungla e investigaciones en las localidades próximas a los campos hallados. A fuerza de buscar ya han sido hallados 78 campos de traficantes, tres de ellos masivos –con capacidad para mantener secuestradas a un millar de personas- y han sido ‘rescatados’ 213 inmigrantes y 63 víctimas de tráfico humano. Unos 80 funcionarios, cifra que incluye alcaldes y responsables municipales de toda índole, han sido detenidos o están en busca y captura y 67 policías han sido apartados de su cargo. Las autoridades aseguran que el líder de la principal red de trata de blancos es Patchuban Angchotipan, más conocido como Ko Tong (Gran Hermano), antiguo responsable municipal y propietario de varios complejos hoteleros en la provincia de Satul, incluida una isla privada cerca de Malasia desde donde se sospecha que dirigía su red de tráfico humano. Ko Tong está huido de la Justicia.

“Hemos acabado con el problema al 50%”, se ufanaba un alto cargo tailandés ante el escepticismo de las ONG, que consideran la campaña una mera estrategia propagandística para mejorar la imagen de la dictadura. La Junta militar discute la posible apertura de campos de refugiados para rohingya tras hallar a 300 rohingya y bangladeshíes abandonados por la red de traficantes, una posibilidad que horroriza a muchas víctimas: de los 300 rescatados por la Policía tailandesa, 187 han sido acusados formalmente por entrar ilegalmente en el país mientras que el resto será considerado víctima de trata.



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El despliegue militar ha congelado el paso de refugiados e inmigrantes por Tailandia y ha generado pánico entre las mafias, que están optando porabandonar su ‘carga’ en alta mar. Unos 1000 civiles habrían sido dejados a su suerte en las costas de Langkawi, en Malasia, mientras que otros 900 fueron rescatados en las costas de Aceh, en Indonesia, en los últimos días antes de que Yakarta se negara a permitir la entrada de más barcos. Las autoridades de Kuala Lumpur también aceptaron inicialmente la entrada de 350 refugiados antes de cerrar sus aguas territoriales, pese a los llamamientos internacionales como el del portavoz de UNCHR Adrian Edwards, que ha pedido a los gobiernos que “continúen sus operaciones de salvamento para encontrar y lograr el desembarco seguro de los pasajeros, muchos de los cuales están en un estado de extrema debilidad después de días, posiblemente semanas, sin comida ni agua”. La Organización Internacional para la Migración (OIM) se ha expresado en el mismo sentido. “Se necesita un esfuerzo regional… No tenemos capacidad para buscarles pero los Gobiernos sí la tienen. Ellos tienen barcos y satélites”, explicaba Joe Lowry.

Chris Lewa, fundadora de Proyecto Arakan –ONG especializada en la persecución de la comunidad rohingya- suena conmocionada al otro lado de la línea. “Una de las experiencias más duras de mi carrera se produjo esta misma tarde, cuando hablábamos con los ocupantes de un barco abandonado en alta mar: se podía escuchar a los niños llorando y gritando de miedo”, se desesperaba. Se refería al barco finalmente hallado por los reporteros y la Armada tailandesa al principio del texto. “Hemos estado en contacto con esa embarcación desde hace días. Tras dos meses en el mar, fueron abandonados hace tres días cerca de Langkawi, hoy (por el lunes) vieron un barco oficial de color blanco aproximarse a ellos y en lugar de rescatarles, se marchó. Podía oir a los niños gritando, es terrible. Necesitamos rescates, necesitamos acción. Esa gente está muriendo en medio del mar. Cientos de personas están muriendo por falta de agua y de alimentos, necesitamos que desembarquen y sean asistidos”.



El barco fue avistado finalmente por varios reporteros que fletaron barcas, entre ellos un equipo de la BBC. “Son unos 350 rohingya y están desesperadamente hambrientos y sedientos”, decía su corresponsal mientras la cámara enfocaba a un nutrido grupo de niños llorosos que se llevaban la mano a la boca pidiendo comida. Un barco de la Armada tailandesa también se aproximó: les entregó provisiones y se volvió a alejar. Se sabe con certeza que al menos otros siete cargueros de grandes dimensiones están errando por el mar.

Proyecto Arakan está siguiendo varios barcos con refugiados e inmigrantes. Uno de ellos lleva 350 pasajeros, la mayor parte rohingya, y partió desde la costa birmana hace dos meses. “Sus ocupantes ya han pagado a las mafias pero éstas ahora no les pueden desembarcar por la vigilancia que se ha impuesto en todos los países involucrados. Muchos capitanes y tripulaciones han decidido huir para evitar se arrestados, así que abandonan a la gente en el mar. Es el caso de este barco de 350 personas: fue abandonado por su capitán tres días atrás porque consideraba demasiado arriesgado atracar en la costa tailandesa. Los inmigrantes no saben cómo utilizar el motor, no saben cómo dirigir la barca”.

Otras mafias de los barcos habían optado por convertir sus embarcaciones en el nuevo campo de secuestrados: quien no pague el rescate exigido es arrojado por la borda. Una vez que pagaban, eran desembarcados hasta que el despliegue militar impidió nuevas llegadas en Tailandia. Pero los secuestros se ejecutan de formas variadas y por diferentes agentes, no sólo las mafias implicadas en el tránsito de personas. En declaraciones a Burma Times, Noor Kayas, una refugiada rohingya, relataba cómo asistió al secuestro de su marido junto a otros 12 hombres cuando atravesaban la frontera de Bangladesh provenientes de Birmania: el grupo, compuesto por 12 mujeres, 13 hombres y varios niños permanecía agazapado en la jungla para evitar ser detectados por los agentes de fronteras cuando siete hombres armados con machetes aparecieron y se llevaron a los varones. Nunca más se les volvió a ver.

Ahora, la campaña tailandesa para acabar con los campos de tráfico humano condena a los inmigrantes y refugiados a morir en el mar si nadie pone remedio, “lo cual es casi peor que los campos”, evalúa Lewa. “No podemos dejar a esa gente morir en medio del mar”, continúa. “Todo es un maquillaje político. Nos pretenden hacer creer que combaten contra la corrupción y contra el tráfico de personas y usan para ello a los rohingya, pero no creo que sea una política destinada a salvar vidas. De hecho, más gente va a morir si no se les permite desembarcar. No tienen a dónde ir, ningún país les quiere, no pueden regresar a Birmania porque no tienen documentos, porque el Gobierno birmano les niega su documentación. Siempre salen perdiendo”.

El representante especial de la Organización de Cooperación Islámica para los Rohingya, Tan Sri Syed Hamid Albar, ha pedido a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) una acción conjunta y urgente. “Si este problema no es afrontado por Tailandia, Indonesia, Malasia y Birmania, se convertirá en unatragedia humana de dimensiones catastróficas”, ha evaluado. Syed Hamid ha pedido al régimen birmano que revalide las ‘tarjetas blancas’ –tarjetas de identidad temporales emitidas a la comunidad rohingya y retiradas el pasado 31 de marzo por órdenes del presidente Thein Sein, dejando a los rohingya del Estado de Arakan sin papeles- para evitar que crezca el éxodo. “Si la mayoría de la gente opta por marcharse, podemos ver una repetición de la crisis de las gentes del barco vietnamita”, estimaba el representante en referencia a los cientos de miles de personas que abandonaron la represión de Vietnam tras la guerra, a finales de los 70 y los años 80, a bordo de precarias embarcaciones con rumbo a Malasia provocando una crisis de refugiados que terminó afectando a todo el sureste asiático: unos 800.000 sobrevivieron (llevó dos décadas reasentarles en todo el mundo) pero incontables personas murieron en alta mar.

La temible posibilidad de que aparezcan barcos cargados de cadáveres en las costas del sureste asiático está llevando a organizaciones internacionales como la ONU a presionar a los países concernidos. Tailandia ha convocado una cumbre regional el próximo día 29 a la que han sido invitados, además de Indonesia, Bangladesh, Malasia y Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Australia y Estados Unidos además de instituciones como la OIM o UNCHR. “Tailandia sólo es un país de tránsito”, ha señalado el general Prayuth, a cargo de la Junta militar tailandesa. “Se trata de un movimiento criminal trans nacional y sólo nos afecta como país de tránsito, así que tenemos que resolver el problema con la cooperación de otros países”. ONG como Fortify Rights han pedido a las autoridades de Tailandia, Indonesia y Malasia que “abran sus fronteras a los refugiados, garanticen su acceso a los procedimientos de asilo y les protejan de detenciones y regresos forzados, garantizando su libertad de movimientos”. Matthew Smith califica la situación de “grave crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata, porque hay vidas en juego”.



Fuente: http://periodismohumano.com/migracion/abandonados-en-alta-mar.html