30 may 2015

Herencia dictatorial

EL BRASILEÑO MARIN, UNO DE LOS IMPUTADOS

Simpatizante y colaborador de la dictadura militar, había dejado la presidencia de la CBF en abril en medio en grandes desavenencias con la presidenta Dilma Rousseff. El papel del senador Romario.



Arriba: Esquivel, Leoz, Webb, Warner; abajo: Li, Figueredo y José María Marín.

 Por Darío Pignotti

Página/12 En Brasil

Desde Brasilia
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, prometió prestar su apoyo a las investigaciones por corrupción contra el ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol José María Marín, un activo colaborador de la dictadura militar. “Yo creo que toda investigación sobre este tema es muy importante, si hay que investigar que se investiguen todas las copas del mundo”, sostuvo la mandataria, quien fue presa política durante el régimen militar, al respaldar el trabajo de la Justicia norteamericana que derivó en la prisión de Marín, ocurrida en Suiza junto a otros dirigentes de la FIFA.
Al ex jefe de la CBF y del comité organizador local de la Copa del Mundo se lo imputa de haber cobrado millones de dólares de sobornos, parte de los cuales habrían sido abonados por la empresa de marketing Traffic.
Rousseff expresó su certeza de que no hay nada irregular en “todo nuestro dinero (gobierno) gastado” en la Copa, pero eludió poner las manos en el fuego sobre los gastos de la FIFA y la CBF.
Fueron públicas las desavenencias entre Dilma y Marín, que sucedió a Ricardo Teixeira en marzo de 2012, cuando ambos encabezaron la organización del Mundial disputado el año pasado en Brasil. Dilma evitó cuanto pudo recibirlo en el Palacio del Planalto, sede presidencial, y cada vez que se encontraron fue porque lo imponía el protocolo.
Ella hizo saber, a través de colaboradores, que el desprecio hacia el dirigente se debía a su participación en el gobierno de facto, durante el cual ocupó la gobernación de San Pablo, el estado más rico y poblado del país.
No sólo eso: Dilma nunca olvidó la complicidad política de Marín con el asesinato del periodista Vladimir Herzog, ligado al Partido Comunista, ocurrido en 1975, en un presidio paulista. Días antes de la ejecución de Herzog, Marín pronunció un discurso incitando a los órganos represivos a que eliminen a los opositores y meses más tarde manifestó las “mejores felicitaciones” al comisario a cargo de la policía política paulista.
Debido a este precedente en 2013 la familia de Herzog impulsó, junto al ex futbolista Romario, un petitorio para que Marín fuera despedido del Comité Organizador de la Copa. El petitorio recogió más de 60.000 firmas, incluyendo las de intelectuales y artistas, como Chico Buarque, pero no logró derribar a Marín.
Para Dilma esa prisión es un espaldarazo en su duelo con los “cartolas” (viejos dirigentes) del fútbol abroquelados contra cualquier reforma que amenace sus pactos gracias a los cuales permanecen enquistados en la CBF desde hace décadas.
El actual titular de la CBF, Marco Polo del Nero, integra esa cofradía mafiosa de la que eran parte José María Marín y Ricardo Teixeira, actualmente “exiliado” en Miami. “Espero que esta investigación (en Estados Unidos)” tenga impacto en Brasil y contribuya a “una mayor profesionalización del fútbol, esto va a beneficiar al fútbol brasileño”, aseguró Dilma, impulsora de una reforma apoyada por la agrupación Sentido Común, integrada por jugadores profesionales.
Las noticias procedentes de Zurich conmocionaron al mundo futbolístico y parlamentario, donde el senador Romario recogió 43 firmas (se necesitan 27) para la formación de una comisión investigadora sobre los manejos de la CBF. Luego de denostar al “corrupto” Marín el ex campeón del mundo en 1994 se despachó contra el actual rector de la CBF, “el ladrón y ordinario Marco Polo del Nero”.
Los investigadores norteamericanos contaron con el apoyo de José Hawilla, titular de la empresa de marketing deportivo Traffic, que gracias a la delación premiada permanece en libertad. En Brasilia hay quienes consideran que Marín es el primero de una lista de procesados que podría engrosarse con Teixeira y Del Nero. “Yo voy a estar más feliz cuando Ricardo quede preso, lo que debe acontecer en breve. Ellos, los de la CBF, se creían intocables”, pero al final están cayendo, afirmó ayer Romario.

La política migratoria de la UE: la insolidaridad como lema

27.05.2015

MADRID (OTHER NEWS /Javier Doz*) — ¡Vergogna!, pronunció el Papa Francisco, contundente y sintético, al referirse a las muertes de miles de refugiados y emigrantes en las aguas del Mediterráneo y a la insensibilidad de los gobiernos europeos, incapaces de encontrar una solución racional y solidaria a la matanza.


¿Qué podemos decir ahora al constatar que la principal solución encontrada por los responsables políticos de la UE y de los gobiernos europeos es la de atacar militarmente a las bandas de traficantes de personas y procurar hundir, si se puede, los barcos que utilizan? Aunque con gestos de esta naturaleza quieran aparentar energía de cara a una parte de las opiniones públicas, sensibles a los postulados de las derechas nacionalistas y xenófobas, los líderes políticos europeos saben que la etapa final de su acción militar -la actuación de buques de guerra europeos contra las embarcaciones de los traficantes en aguas territoriales libias- difícilmente contaría con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿O es que no se acuerdan de las repercusiones geopolíticas que tuvo la ampliación unilateral del mandato de la ONU de proteger a la población de la Cirenaica de las amenazas de Gadafi al objetivo de facto de derribar su régimen, con las consecuencias que todos conocemos? ¿Es que piensan que Rusia no ejercería su derecho de veto? ¿O se volvería a actuar al margen de Naciones Unidas?
En todo caso, esa aparente contundencia contra uno de los actores malos de esta dramática película no oculta el escandaloso hecho de que fuese la única medida supuestamente aprobada en la reunión de ministros de exteriores y defensa de la UE, el pasado 18 de mayo; y que estuviese acompañada de un bochornoso debate acerca del modo de repartir entre sus países la ridícula cifra de 20.000 refugiados anuales. Sobre este punto no se llegó a ningún acuerdo por la negativa de bastantes países europeos a aceptar las cifras propuestas por la Comisión Europea, o el hecho mismo de que la Comisión les dijera algo al respecto. El contraste entre lo acordado y lo rechazado lo dice todo acerca de los bajísimos niveles de sensibilidad política y moral que tienen quienes hoy gobiernan Europa, máxime si se tiene en cuenta quienes son las naciones que están realmente cargando con el dramático problema de los refugiados y cuales ha sido la responsabilidades políticas de los gobiernos europeos -y de los EE UU, por supuesto- en la génesis o/y gestión de los conflictos bélicos del Norte de África y el Oriente Próximo que están produciendo buena parte de esos refugiados.
Según los últimos datos publicados por ACNUR, correspondientes a 2014, los refugiados en el mundo han alcanzado la cifra de 51,2 millones de personas, cifra record desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. De ellos, 33,3 millones son desplazados internos en sus propios países. El 86% de los mismos malviven en los países más pobres del mundo, los denominados en la jerga actual "países en vías de desarrollo". Las naciones desarrolladas y emergentes, juntas, apenas acogen a 7,2 millones del total. En toda la UE hay actualmente 435.000 refugiados, de los que sólo tienen reconocido el estatuto de refugiado 185.000. Estas cifras suponen apenas el 0,85% y el 0,36%, respectivamente, del total de refugiados. Aún si comparamos las cifras europeas sólo con el total de refugiados que viven fuera de sus países de origen, 18 millones, todos los Estados miembros de la UE estarían acogiendo, de hecho, apenas el 2,42% del total de refugiados expatriados, y habrían reconocido jurídicamente su estatuto de refugiado a sólo el 1.02% de ese total. Sólo la Guerra Civil de Siria, ahora ya superpuesta a la guerra yihadista promovida por Estado Islámico en Siria e Iraq, ha producido ya 3,5 millones de refugiados expatriados y 6,5 millones de desplazados internos. Al lado de todas estas cifras ¿Qué se puede decir de la pelea de los gobiernos europeos por la distribución de la ridícula cifra de 20.000 refugiados al año en toda la UE? ¿Y qué más del hecho de que tampoco se atienden los angustiosos llamamientos de ayuda financiera de ACNUR para atender a millones de personas en unos campos de refugiados sobresaturados? No cabe sino decir bien alto: ¡es una vergüenza! Todo un monumento al egoísmo y la insolidaridad, que lo dice todo acerca de una UE desnortada en casi todas sus señas de identidad durante la última década.
El severo juicio que merecen los responsables políticos de la UE y los gobiernos europeos por actuar así, se ve agravado por la responsabilidad política que tienen algunos de los gobiernos de nuestro continente -aquí sí que hay que individualizar las responsabilidades- en la generación de algunos de los conflictos político militares -o en los errores en la intervención en ellos-, que están provocando los refugiados que ahora se rechazan. El principal ejemplo es el surgimiento del Estado Islámico. Es inseparable de la desastrosa intervención militar de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras naciones europeas en Iraq (2003), y de la posterior disolución del ejército y del Estado del régimen baasista. No hay más que repasar el estado mayor y la nómina de dirigentes militares de la organización terrorista/Estado que preside Abubaker al Bagdadi para encontrarse con muchos destacados oficiales del Ejército y de los servicios secretos de Sadam Hussein. Si desastrosa ha sido, sin duda, la guerra de Iraq desde un punto de vista geoestratégico, desde un punto de vista político y moral habría que calificarla de ilegítima e ilegal. Y en la nómina de los políticos irresponsables que acompañaron a George W. Bush, en las Islas Azores, a dictar el ultimátum que la desencadenó -aduciendo motivos que ya entonces eran manifiestamente falsos-, estaban -nunca nos olvidaremos- los primeros ministros del Reino Unido (Blair) y España (Aznar).
Hoy, las consecuencias de la Guerra de Iraq complican el ya de por sí difícil final de la Guerra Civil Siria. Si en los orígenes de la misma, al igual que en las demás rebeliones de la Primavera Árabe, están el rechazo de la tiranía por el pueblo y la resistencia del régimen dictatorial a aceptarlo, la pronta intromisión del yihadismo en el conflicto, con fines bien diferentes, provocó una cadena de vacilaciones, contradicciones y errores (involuntarios y voluntarios) por parte de los enemigos del Gobierno de al-Asad: las naciones occidentales, los Estados del Golfo y Turquía. Inicialmente, sus armas y pertrechos llegaron también a la oposición islamista, la mayor parte de cuyos combatientes se integraron finalmente en el Frente Al Nusra (Al Qaeda) y el Estado Islámico de Iraq y el Levante. Las monarquías (teocráticas y suníes) del Golfo y Turquía continuaron estos suministros bastante tiempo más allá que los EE UU. Incluso, una vez que el Estado Islámico proclamó el Califato en amplias porciones del territorio de Iraq y Siria, Turquía siguió permitiendo el contrabando de petróleo a través de su frontera con Siria, su principal fuente de financiación. Y Turquía es miembro de la OTAN.
Y para terminar: Libia. De este país parten la mayoría de los barcos repletos de refugiados (la mayoría) y emigrantes económicos. La destrucción del frágil Estado libio ha llevado al país al caos, a una nueva guerra civil y a la condición -no se sabe si temporal- de Estado fallido, en el que Estado Islámico está construyendo su base territorial más cercana a Europa. Pues bien, nadie duda que a esta situación contribuyó la violación del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y la ampliación de los bombardeos intensivos hasta que el régimen de Gadafi fue destruido (y su líder asesinado por linchamiento). Los bombardeos, ejecutados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fueron apoyados militarmente por otras naciones europeas, entre ellas España, y políticamente por la UE.
Y ahora, la UE, presos muchos de sus líderes por el ascenso de corrientes nacionalistas y xenófobas en sus opiniones públicas o en el interior de sus propios partidos, mira para otro lado sobre el drama de los refugiados, en otro alarde de insolidaridad y egoísmo -y ceguera estratégica- hacia sus vecinos del Sur.
En los últimos tiempos, son ya demasiadas las equivocaciones, malas orientaciones e insuficiencias acumuladas por las políticas exteriores, de seguridad y de migraciones de la UE, o de uno o varios de sus principales Estados. Entre ellas: promover o participar en intervenciones militares y desentenderse de las consecuencias geoestratégicas, políticas y sociales posteriores de las mismas; hacerlo, en ocasiones, al margen de la legalidad internacional; volver a apoyar a las dictaduras -como la egipcia de Al-Sisi- como remedio frente al ascenso del islamismo, al tiempo que se racanea la ayuda económica al único país democrático, Túnez, que queda de la Primavera Árabe; etc. Y en el tema que nos ocupa: primacía absoluta de un enfoque de seguridad interna, insolidario y egoísta, sobre los de política migratoria común europea, cooperación para el desarrollo económico y social y la democracia política de los vecinos del Sur, y cumplimiento de las obligaciones de los convenios internacionales sobre los refugiados de la ONU.
Algunos dirán, con razón, que no se puede esperar que los responsables políticos de la austeridad, de los recortes salariales y laborales y de la devaluación de rentas de los europeos (de trabajadores y clases medias, no de los más ricos, por supuesto), y del acoso que sufre el gobierno griego de Syriza, se aparten de los rumbos de insolidaridad, egoísmo nacional y ceguera estratégica que caracterizan hoy su falta de proyecto europeo de futuro, para ser generosos con los que vienen de fuera.
Yo sólo añadiré que ambas conductas son las dos caras de la misma mala moneda política, que lo que decidieron y lo que no fueron capaces de decidir los ministros de exteriores y de defensa el 18 de mayo es una vergüenza, y que todo ello apuntala mi convicción de que la UE sólo tiene salvación si se produce un profundo cambio político -una refundación política de Europa- basada en la democracia, la igualdad y el progreso social, y la solidaridad. Todo un programa de cambio para realizar en Europa que requiere que sus Estados miembros avancen en la misma dirección. Difícil pero necesario.

*Presidente de la Fundación 1º de Mayo, España. En Público.es, 26.05.15

29 may 2015

“El malo que antes era bueno”

FIGUEREDO

Diego Muñoz escribe sobre Eugenio Figueredo 

28.05.2015

MONTEVIDEO (Uypress) — El periodista Diego Muñoz publicó una columna en el portal 180.COM. Allí realiza una pormenorizada crónica sobre la actividad del Eugenio Figueredo en el fútbol uruguayo. Muñoz es preciso en los datos y recupera la memoria de eventos lamentables en el fútbol uruguayo.

Uypress reproduce la columna de Diego Muñoz en 180.COM .

Eugenio, el malo que antes era bueno
Eugenio Figueredo pasó de vender autos a ser presidente de la Conmebol y vicepresidente de FIFA. Su poder lo construyó en sus años de máxima autoridad de la AUF. Allí fue socio de Tenfield y tuvo la complacencia de los clubes que hoy lo defenestran.
Eugenio Hermes Figueredo Aguerre nació el 10 de marzo de 1932 en Santa Lucía, Canelones. Como jugador de fútbol fue un discreto lateral derecho de Huracán Buceo. Años más tarde intentó, sin éxito, ser periodista deportivo.
Su trayectoria como dirigente comenzó como delegado de Huracán Buceo, del que llegó a ser presidente en dos períodos (1971-72  y 1976-77).
Durante años se dedicó al negocio automotor. Figueredo era dueño de una modesta automotora en Montevideo.  "Tenía que vender un auto para poder comprar otro", recuerda una persona que lo conoce desde aquellos años.
Pero cuando llegó al fútbol la vida le cambió a todo nivel. Arribó a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol en julio de 1997 y ocupó el cargo por nueve años. Su permanencia sólo es superada por César Batlle Pacheco, quien estuvo al frente de la AUF en 1931 y entre 1943 y 1952, dos de los períodos de mayor brillo del fútbol uruguayo.
La plataforma electoral de Figueredo se cimentó en el triunfo en la Copa América de Uruguay 1995, de la que fue presidente del comité organizador. Ganó las elecciones en AUF sobre Ney Castillo y muy poco tiempo después la selección perdió con Perú en Lima y quedó eliminada del Mundial de Francia.
Así, aunque su gestión comenzó al final de la Eliminatoria, el ex dirigente de Huracán Buceo sufrió su primer golpe como presidente de la AUF.
En los nueve años en los que presidió la Asociación, Figueredo la manejó como un club de amigos, dio atribuciones a sus fieles colaboradores y permitió que los clubes violaran el reglamento a cambio de que a la hora de votar, siempre se cumpliera su voluntad. Para sus opositores montó el circo, aunque no hubiera ni para el pan.
El primer gran movimiento político de Figueredo al frente de la AUF fue licitar los derechos televisivos del fútbol uruguayo. Aquella asamblea de clubes que él mismo presidió le otorgó los derechos a Tenfield a pesar de que la empresa Bersabel SA ofrecía 32 millones más que la empresa de Francisco Casal, Nelson Gutiérrez y Enzo Francescoli y le daba la posibilidad de la AUF de negociar por fuera los derechos de la televisión.
La asamblea quedó  en el recuerdo porque sin pedir permiso, Casal, Gutiérrez  y Francescoli se metieron en la sala de sesiones  antes de la votación. Una fuente contó en ese momento: "la mano venía para votar por mayoría la propuesta de Bersabel y alguien llamó a Paco por teléfono. No sé quién fue, pero alguien lo llamó y apareció en la asamblea".
El contrato fue firmado por Figueredo y Jorge Almada por la AUF y Nelson Gutiérrez  por Tenfield. A partir de la firma, comenzó el cogobierno Figueredo-Tenfield.
Juntos mandaron en la AUF y eligieron al técnico Daniel Passarella para la selección. Después de 10 partidos de la Eliminatoria para Japón y Corea 2002, Passarella renunció a su cargo. Además del argentino, durante la presidencia de Figueredo,  dirigieron a la selección  la dupla Roque Máspoli - Osvaldo Giménez, Victor Púa, Juan Ramón Carrasco, Jorge Fossati y el actual entrenador Oscar Tabárez.
Uruguay  terminó séptimo en las Eliminatorias para Francia 1998, quinto en Corea Japón 2002 y quinto en la clasificatoria sudamericana para Alemania 2006 y, bajo su gestión, nunca un técnico que empezó la Eliminatoria la pudo culminar.
Uno de sus más fieles colaboradores por esos años en la AUF fue Osvaldo Giménez, hoy mano derecha de Casal y ejecutor de la denuncia penal que los clubes firmaron contra Figueredo y la Conmebol. Es que como presidente, siempre eligió a sus colaboradores por el grado de confianza que les tuviera y, en aquel tiempo, Giménez le era leal.
En su gobierno la cantidad de público en las canchas se vino a pique. Cuando llegó, se vendían un promedio de 5.200 por partido y cuando se fue el promedio había caído a 1.373 entradas por juego. Hubo un partido en el que Paysandú y Deportivo Colonia vendieron ocho entradas.
Las últimas fechas del Torneo  Clausura 2006 se jugaron en el medio  del Mundial de Alemania. La primera final del Uruguayo 2005-2006 entre Rocha y Nacional se disputó un jueves a las 14 horas en Rocha ante 4.000 personas y la segunda final se disputó a la misma hora del domingo con 12.000 personas en el Parque Central.
Durante la Liguilla, que cerró la temporada, se jugó una fecha el mismo día de la final del mundo. El partido que definió al campeón, entre  Defensor  y Nacional, vendió 800 entradas. Figueredo  no pudo ver ni las finales ni la Liguilla porque estuvo 45 días en Alemania.
En los nueve años amplió el contrato con Tenfield sin pedir siquiera permiso a los clubes. A las sombras el presidente de la AUF y los directivos de la empresa agregaban años y potestades cada tanto sin permitir que los presidentes de los clubes leyeran los nuevos contratos.
Figueredo  siempre subrayó  su perfil de hombre que ayudó a los demás. Su nuera fue su secretaria privada en la AUF con el sueldo más alto dentro de la Asociación.
También supo ayudar a algunos periodistas. "Hay periodistas que pasan situaciones difíciles y que los he ayudado con resultados económicos, con sponsors o con otros servicios. Cuando  veo que el tipo está en la lona o anda mal le doy una mano. Lo hago de pierna", dijo en El Observador.
Su control sobre los clubes y la mayoría de los periodistas fue inversamente proporcional a su popularidad. En un programa de Punto Penal de Canal 10, al cual estaba invitado, se le pidió al público que opinara si Figueredo debía continuar o no al frente de la AUF.  La mayoría en su contra era abrumadora y Figueredo llamó al canal y condicionó su presencia a que sacaran la pregunta del aire. Consiguió su propósito. En el mismo programa algunas semanas después se volvió a plantear la pregunta. El 60% votó que no debería seguir y el 40% dijo que sí. Luego se descubrió que alguien llamó 900 veces desde el mismo teléfono para apoyarlo calurosamente.
El principal argumento para explicar la presencia de Figueredo  en la AUF fueron siempre sus contactos internacionales. Desde el 26 de noviembre de 1993 es el vicepresidente  de la Confederación Sudamericana de Fútbol. De ahí saltó a la presidencia y con la muerte de Julio Grondona pasó a ser vicepresidente de FIFA.
"Cuando Japón vino a jugar la Copa América nadie sabe la cantidad de plata que pusieron los japoneses. La televisión y hasta el gobierno. Esa plata nunca llegó a las asociaciones. Y eso se repitió año a año con México en la Copa Libertadores. Imaginate la fuerza de Televisa", contó a 180 un integrante de Conmebol. 
La fuente dijo que Figueredo, Eduardo De Lucca, Romer Osuna y Nicolás Leoz "dictaban la justicia dentro de la Conmebol".
Ya estaba a primer nivel en la Conmebol cuando en el 2 de setiembre de 2000 jugaron Chile y Colombia en Santiago por las Eliminatorias de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. La terna arbitral fue uruguaya: la encabezó Gustavo Gallesio con Marcelo Costa y Ruben Meneses como líneas. Daniel Bello fue el cuarto árbitro.
Según relató en su momento Gallesio al suplemento Qué Pasa de El País, el cuarto árbitro recibió una llamada para que hicieran que el partido terminara empatado porque así se beneficiaría la selección uruguaya, cuya clasificación peligraba.
Gallesio dijo que Bello le trasladó el pedido. "Le contesté en términos muy groseros que la próxima vez que hablase de algo así se le iban a caer todos los dientes de la boca, y el asunto quedó por eso", relató.
Bello negó haber trasladado el pedido a la terna, pero admite haber recibido una llamada del presidente de la AUF antes del partido: "a mí me llamó por teléfono el señor presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, y me preguntó si yo viajaba a Chile. Le dije que sí, pero como cuarto árbitro. Le dije que a mí no me tenía que preguntar... no sé qué me quería preguntar, si tenía que preguntar algo sería a la terna arbitral. A mí no me dijo nada".
Gallesio, quien no tenía buena relación con Bello ni con sus asistentes por pertenecer a dos gremios de árbitros en ese momento enfrentados, relató que luego de haber escuchado lo que le dijo Bello se reunió por separado con cada uno de los líneas que iban a actuar en ese partido entre Chile y Colombia.
"Les dije que si no cumplían con su función me iba a encargar de cortarles la carrera. Pero se comportaron como debían", contó el ex árbitro.
El partido lo ganó Colombia 1 a 0 y Gallesio le anuló un gol a Chile porque el línea Meneses indicó una posición fuera de juego de un futbolista chileno. Era el resultado que menos convenía a los intereses de la selección uruguaya.
Gallesio volvió a Montevideo muy preocupado. "Cuando llegué le dije a mi gente que había arbitrado el último partido de mi vida por una eliminatoria. Y así fue", dijo. Dos semanas después, Gallesio perdió su categoría de internacional.
La pregunta sobre por qué los mismos clubes que lo amaron años y los periodistas que lo veneraron con obsecuencia hoy lo defenestran tiene una fácil explicación: Figueredo rompió su sociedad con Casal.
Los ingresos que se le conocían eran los sueldos mensuales por sus cargos en la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde estuvo hasta fin del 2014, y en FIFA. Además, percibe los viáticos cada vez que viaja a un torneo o algún lugar en el exterior. "La FIFA paga hotel y desayuno. Hay países en los que si no te quedás encerrado en el hotel, gastás el doble de lo que recibís por día", solía decir.
Casado con una empresaria de origen boliviano, que se dedica al negocio de la explotación minera, el dirigente vive parte de su tiempo en Estados Unidos y en especial en la ciudad de Los Ángeles, California. Eso sí, el verano lo pasa en Punta del Este, donde tiene un piso valuado en un millón de dólares frente a la playa de los dedos.
Este miércoles por la mañana Figueredo dormía en un hotel cinco estrellas suizo, al pie de Los Alpes. A las seis lo despertaron. Era el FBI.

El control oculto de las empresas

APUNTES SOBRE LOS TISA

Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea

JOSEPH E. STIGLITZ

MAY 2015 -


RAFAEL RICOY

Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.

No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.

Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intención de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.

El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.

En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

Las compañías no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar cómo vamos a vivir

No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.

Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.

Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.

Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.

Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.

Es clave que EE UU tenga un poder judicial imparcial y público

Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.

Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.

Joseph E. Stiglitz, es premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.

Copyright: Project Syndicate, 2015.

www.project-syndicate.org. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Myanmar se enfrenta a la ONU ante la crisis de refugiados en el océano Índico

Representantes de 17 países y de organizaciones internacionales participan en la cumbre

Fotografías de Yusuf, un joven rohingya de 22 años, antes y después de ser rescatado en alta mar y llegar a costas de Tailandia. / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (AFP)

El Gobierno de Birmania (antigua Myanmar) ha asegurado hoy que las miles de personas que han vagado durante las últimas semanas en el océano Índico a la espera de asistencia por parte de algún país de la zona son trabajadores ilegales y no demandantes de asilo. “Apuntar con el dedo no servirá de nada. Cada país tiene sus propios retos. Naciones Unidas necesita estar más informada, son trabajadores ilegales, no buscadores de asilo o refugiados”, ha expuesto Htin Lynn, representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Birmania.
Unas 2.600 personas seguirían a día de hoy atrapadas en alta mar en el golfo de Bengala, según estimaciones de la ONU, mientras otras lograron llegar a Indonesia y Malasia, el destino preferido por la mayoría.
El representante birmano realizó estas declaraciones durante la reunión en Bangkok, capital de Tailandia, de los 17 países más afectados por esta crisis migratoria del sudeste asiático. Las autoridades han asegurado que la reunión está dirigida a buscar una solución conjunta; sin embargo, ninguno de los asistentes son primeros ministros y el propio representante birmano aseguró que no tenía planes de alcanzar un acuerdo en la cumbre de hoy. “Vamos únicamente para discutir la crisis regional que todos los países de la ASEAN [La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático] están enfrentando”, aseguró.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Tailandia, Tanasak Patimapragorn, expuso que “la influencia de inmigrantes ilegales ha llegado a niveles alarmantes”. Agregó que “la razón que motiva a estas personas a huir debe también ser abordada”, en declaraciones aparentemente dirigidas a Birmania y Bangladés, de donde procedían los inmigrantes rescatados.
Estados Unidos, a través de la asistente del secretario de Estado, Anne Richard, alertó de que miles de inmigrantes en situación vulnerable se encuentran a la deriva en aguas del sudeste de Asia y que necesitan un rescate urgente, informa Efe. Tailandia ha enviado dos fragatas a la zona para controlar e investigar el tráfico y servir de ayuda humanitaria en caso necesario, y ha dado permiso a los aviones estadounidenses desplazados a la región para sobrevolar sus aguas territoriales.
Durante el último mes se han encontrado en Tailandia y Malasia varios campamentos clandestinos y fosas comunes con cientos de cadáveres. Las autoridades creen que los cuerpos encontrados pertenecen a bangladesíes que huyen de la pobreza y a refugiados rohingya que escapan de la persecución en Birmania donde se les deniega la ciudadanía porque no están incluidos en la lista de 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos por el Gobierno.
Durante la sesión, los participantes evitaron referirse directamente a la comunidad rohingya ante las amenazas de la delegación birmana de abandonar la sala si surge el asunto.
Al encuentro asisten Afganistán, Australia, Bangladesh, Birmania, Camboya, India, Indonesia, Irán, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam y Tailandia. También hay observadores de Estados Unidos y Suiza, y delegados de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, las migraciones y contra el crimen.