14 jun 2015

El bloque ratifica voluntad de firmar acuerdo económico con la Unión Europea

Los bloques del Mercosur y de la Unión Europea (UE) ratificaron ayer en Bruselas, Bélgica, el compromiso con las negociaciones para definir un acuerdo bilateral de libre comercio.

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En los meses que vienen, las partes discutirán los términos del intercambio, con el objetivo del Mercosur de moderar el potencial de los europeos y arribar a un acuerdo comercial “durante el último trimestre de 2015″, comunicaron los dos bloques en el marco de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Los ministros (entre ellos el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco) intercambiaron información sobre las condiciones comerciales de cada bloque y ordenaron reuniones técnicas “a la brevedad”.
En la cumbre de Bruselas, Brasil abogó claramente por un futuro convenio de libre intercambio pero el canciller, Héctor Timerman, se manifestó escéptico. En ese orden, diferenció que mientras el Mercosur tiene una oferta de intercambio desde hace un año, la UE todavía no definió la suya. Así, el f uncionario condicionó el acuerdo a lo que salga de las mesas técnicas: “Si estamos de acuerdo en que las ofertas son aceptables, recién habría un intercambio a fin de año.”
El sector privado está atento a las alternativas. El presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores (Aiera), Daniel Solda, mostró reservas frente a un a pacto que “puede ser un peligro para la industria”. El empresario lamentó como agravante que “Brasil no acompaña” la postura nacional.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, se manifestó a favor de un convenio “razonable para las dos partes y con beneficios en el corto plazo”. De la Vega señaló que “la CAC apoya esas negociaciones pero reclama equilibrio y beneficios tangibles para meter nuestros productos en Europa”.

13 jun 2015

Sobrevivientes de Orletti

En el juicio por el Plan Cóndor en Roma se examinó el caso de Gerardo Gatti.

El juicio por el Plan Cóndor, que comenzó en Roma en febrero y tiene como imputados a ex militares y civiles uruguayos, peruanos, bolivianos y chilenos, tomó mayor impulso ayer. La jueza Evelina Canale, que volvió a presidir la Corte, pareció querer acelerar el juicio interviniendo con preguntas puntuales y aclaraciones.

Ayer se terminó de examinar el caso de Gerardo Gatti, por el cual la semana pasada ya habían testificado Daniel Gatti, Edelweiss Zahn y Eduardo Dean. Las fotografías de Gerardo volvieron a aparecen en las pantallas ubicadas en los corredores laterales de la sala. Está acostado en un colchón y mira al objetivo. A su lado, Washington Pérez muestra un diario. Ésa fue la prueba para demostrar la existencia en vida del líder del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y poder chantajear a sus compañeros. Los secuestradores, “militares terroristas”, como los nombró durante todo su testimonio Ana Cuadros, intentaron conseguir un rescate por la vida de Gatti, primero, y por la de León Duarte, después; un intento de extorsión que duró semanas. Al mes de su caída, empezaron los secuestros de los otros militantes del PVP: casi 30 personas secuestradas entre junio y julio de 1977. La historia termina con la desaparición de los dirigentes Gerardo Gatti y León Duarte, y el traslado de 24 personas a Uruguay en el “primer vuelo”. En Uruguay se puso en escena una farsa para detener a los 24, que fueron procesados por la Justicia militar.

Las fotos de Gerardo, al que todos llamaban El Viejo porque tenía 44 años, interrogan a los testigos, unos muchachos cuando fueron tomadas, hombres y mujeres ya mayores ahora. Daniel Gatti, hijo de Gerardo, cuenta del adolescente que era cuando su padre desapareció. Cuenta de las búsquedas, del peligro que corrieron él y su familia y de cómo tuvieron que irse a Suecia.

Los testigos del caso Gatti son sobre todo sobrevivientes del centro de detención clandestino Automotores Orletti. Sus relatos se parecen. Las palabras suben en los muros de la sala, se dejan traducir en la voz de la intérprete, que a veces no encuentra el término o el ánimo para pronunciarlas. El infierno de Orletti, cuya cortina de hierro se levantaba al pronunciar la palabra “Sésamo”, es dibujado mediante los ruidos, los gritos, la música en volumen alto, el mal olor, el piso helado y mojado, lleno de aceite y grasa. Un infierno de torturas -picana eléctrica, colgamientos, alambres, violaciones-; seres humanos destrozados por el maltrato, la violencia y la humillación, despojados de su dignidad como de sus trajes, tirados en colchonetas o en el piso; personas que después de una sesión de torturas se arrastran por el piso buscando la calidez de una voz amiga; diálogos entre presos que intentan ubicarse, entender qué pasa, buscar una explicación a lo inexplicable.

El cuerpo hecho pedazos de Gatti fue utilizado para asustar a sus compañeros, y los cuerpos torturados de los militantes del PVP fueron usados para acabar de destruir psicológicamente a Gatti. “Nos llevaban donde Gerardo después de la tortura para que él viera cómo estábamos destrozados. Era otra manera de torturarlo”, cuenta Sara Méndez. Mara Martínez recuerda cómo escuchó a los militares discutir qué hacer con él: curarle la herida en el brazo, ya podrida, o dejarlo morir. Ana Cuadros, con su aspecto de dulce señora mayor, heló al jurado: “Manuel Cordero se presenta con su nombre y apellido. Lo hace para inspirarme terror, porqué él era muy conocido entre los detenidos por su violencia. Me lleva a un cuarto, me pone en una mesa y me viola”. Cuadros relata también la última vez que habló con Duarte, el dirigente sindical de Funsa: “Estaba en Orletti, tirada en el piso, y él se me acercó. Me dijo que estaba tratando con los militares terroristas para sacarnos de allí, aunque fuera lo último que hacía en su vida. Iban a llevarlo a Campo de Mayo para negociar la libertad para nosotros. Nunca más supe de él”.

Sara Méndez contó cómo la separaron de su hijo Simón, cómo la tortura empezó en su domicilio: “Me golpeaban acostada en la cama, y a mi lado el moisés con Simón adentro, que dormía”.

Estamos en un juicio y la corte pide pruebas. Los testigos cuentan cómo llegan a hacer un reconocimiento: primero por la voz, el acento, luego por la posibilidad de vichar debajo de la venda, y por último, porque, lamentan, se terminaba compartiendo mucha vida con los represores. Ana Cuadros y Sara Méndez son muy puntuales en la identificación de sus verdugos. Localizan en Orletti, y luego en Montevideo, las ocasiones en las que vieron a muchos de los acusados: José Gavazzo, Pedro Mato Narbondo, Luis Maurente Mata, Ernesto Soca, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas Pereira, José Sande Lima, José Ricardo Arab Fernández, Ricardo Medina Blanco, Gregorio Álvarez, Gilberto Vázquez.

Sobrevivir para contarlo. “Los testigos son sobrevivientes y víctimas -dice Sara Méndez-. Tenemos todavía que romper el terror que tenemos, para contar el terror. Y no queremos ser víctimas, sino rescatar nuestra función, que es la razón por la cual sobrevivimos. Para hablar”.

Nadia Angelucci desde Roma, Italia
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/6/sobrevivientes-de-orletti/

Ley de Herencia: la tensión política sigue en las calles y llega al Congreso

ECUADOR:NO ME TOQUEN MI DINERO...


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Los plantones y marchas que se realizan en el país a propósito del incremento al Impuesto a la Herencia y a la Plusvalía están tocando todo el escenario político.
El Pleno de la Asamblea de ayer fue el reflejo de ello; las cámaras de la producción piden que se archiven los dos proyectos de ley. Ayer hubo una nueva reunión del buró de Alianza País (AP) en su sede de la avenida De los Shyris, en el norte de Quito, para seguir analizando estrategias para contrarrestar lo que han llamado reiteradamente la “conspiración”. La disputa política mayor será en las calles.
AP se alista para demostrar que su proyecto político aún goza de la confianza de las mayorías, pero esperarán que el presidente Rafael Correa regrese de su gira internacional -mañana dará su enlace ciudadano en Milán- para definir fechas. Los oficialistas se limitan a contar que será la siguiente semana. Hay preocupación en AP. Las concentraciones se convirtieron en un elemento inesperado. Por ello, hay autocríticas entre algunos legisladores oficialistas porque no han logrado superar numéricamente las concentraciones de aquellos que los critican. Pero aseguran que el escenario cambiará.
Ante los micrófonos, asambleístas de AP hablan de un intento desestabilizador como parte de una campaña permanente para desacreditar al Gobierno; dicen que apenas el 2% de ciudadanos serán afectados por la Ley de Herencias; que la gente está desinformada; que los ciudadanos defienden los intereses de los más ricos. Además, alertaron de agresiones y provocaciones. Dejaron en claro que la lucha se trasladará a las calles.Y desde Bélgica, Correa reforzó el discurso: hay una “conspiración en marcha”.
Puertas adentro del movimiento hay incertidumbre porque aparte del costo político que pueda tener la aprobación de estas dos leyes, se está generando un ambiente de polarización social. Además, se critica, por ejemplo, el mal manejo comunicativo que tuvo el tema de las herencias, pues se lanzó sin una campaña previa. También hay sectores que impulsan una revisión de la norma, en especial en lo que se refiere a pisos y porcentajes para el Estado. El lunes, el bloque de AP tendrá una reunión para acordar posturas frente a los debates que se generarán, y más aún con la sesión accidentada de ayer en la Legislatura.
Los de AP acusaban de golpista a la minoría y esta les respondió que no quiere más impuestos. Incluso, la sesión en la que se tenía previsto tratar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil fue suspendida, pues los oficialistas no tenían los votos necesarios para ratificarla. Presión empresarial ​ El sector empresarial presiona para que se archiven los proyectos enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador rechazó ayer las iniciativas sobre el Impuesto a la Herencia y a la Plusvalía, los cuales pudieran aprobarse en la Asamblea Nacional el próximo mes.
La razón: el primero tiene carácter de económico urgente y su trámite debe durar 30 días. El segundo también tendrá un trámite rápido, porque el oficialismo decidió incorporarlo dentro de un proyecto que ya pasó el primer debate. Los representantes de las cámaras de Comercio de Guayaquil, Santa Elena, Santa Ana (Manabí) y Cuenca, solicitaron que se archive las dos propuestas y anunciaron que hoy se reu­nirán con otros gremios del sector industrial y de la construcción, para hacer un pronunciamiento conjunto. Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industriales, también lo solicitó.
El poco tiempo para discutir estas leyes genera incertidumbre y desincentiva la inversión privada. Una nueva reforma tributaria no ayuda a estimular la inversión en momentos en que se necesita atraer capitales frescos, por la coyuntura petrolera y las necesidades fiscales, dijo. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, ni siquiera hay tiempo para el diálogo sobre el Impuesto a la Herencia. “Lo único que nos queda es pedir que lo archiven”. Pero no como un favor, sostuvo el representante de la Cámara de Comercio de Cuenca, Jaime Arturo Moreno: “El sector privado es el que genera dinero y lo que hace el Estado es administrarlo.
Y debe hacerlo escuchando a los ciudadanos”, a quienes llamó para seguir manifestándose. Miles de policías en protestas 500 en Quito; 300 en Cuenca y un número similar en Guayaquil. Así operaron los policías en las marchas de oficialistas y oposición. Y ayer en la tarde, el Ministerio del Interior dijo que habrá “cero tolerancia” con personas “que se manifiesten de manera violenta”. De hecho, seis unidades especializadas han operado con canes, caballos, motos. Incluso ha intervenido el servicio aeropolicial.
En la protesta del miércoles hubo cuatro detenidos “por actos violentos” registrados en la capital y dos uniformados heridos. Los afectados, entre ellos una mujer golpeada con una pila, se encuentran estables. Ayer, el director general de Operaciones de la Policía, Lino Proaño, dijo que las imágenes captadas en las manifestaciones no son para seguir procesos legales, sino para tener un archivo de personas que podrían generar inconvenientes.
Hasta la mañana, los agentes tenían identificadas a Quito, Guayaquil y Cuenca como las ciudades en donde se han realizado las manifestaciones más fuertes. Por eso, el oficial adelantó que el número de uniformados a emplear dependerá de la magnitud de las protestas. “Se aplicará el uso progresivo de la fuerza”, dijo Proaño. En las cuentas oficiales de la red social Twitter también se ha identificado a personas que supuestamente son responsables de los hechos violentos.

“Nos quieren volver al pasado con engaños”

El presidente Rafael Correa señaló desde Bruselas que las manifestaciones de la oposición son una estrategia. “Ese es el pretexto para lanzar toda la ofensiva”, agregó el Mandatario, recordando que estos grupos se preparan desde hace tiempo. “Es una pena que nos quieran volver al pasado con engaños, manipulando a la gente”, dijo Correa, quien señaló que dentro de las manifestaciones hay “gente muy agresiva y violenta”.
Mientras, en varias ciudades se dio otra jornada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, sin la vehemencia de días anteriores.
En Quito, la oposición inició la jornada pasadas las 17:00. Un cerco policial dividió a unos 300 manifestantes que se ubicaron a la altura de la calle Holanda y av. Los Shyris. Se vieron rostros conocidos, como el excoronel César Carrión, procesado por el 30S, o el editor de diario La Hora, Luis Eduardo Vivanco. En medio de la manifestación pacífica, ciudadanos quemaron una bandera de Alianza PAIS entre arengas.
Miembros de PAIS se reunieron en Los Shyris. Una pantalla fue colocada en la sede del Movimiento para que los asistentes observaran el partido Ecuador-Chile en la inauguración de la Copa América.
El asambleísta Virgilio Hernández afirmó que el respaldo recibido en estos días demuestra que el gobierno de la Revolución Ciudadana es para el pueblo y los sectores medios. “En la medida que hay justicia, equidad, también hay impacto social”, indicó.
En Cuenca, los opositores permanecieron en el parque Calderón, en menor cantidad que el miércoles. De nuevo hubo gritos contra el régimen; mientras, los partidarios del Gobierno se fueron hasta su sede, situada en el sur de la ciudad.
En Machala, Tulcán y Ambato también hubo manifestaciones, que se desarrollaron sin contratiempos.
Consignas en la Asamblea
En el momento de la instalación de la sesión de la Asamblea, los legisladores de la oposición gritaron “No más impuestos”. Los parlamentarios de Alianza PAIS respondieron: “Fuera golpistas”.
Estos últimos colocaron banderas de Ecuador en sus curules, al igual que los asambleístas de oposición, quienes se ubicaron al frente del estrado para cantar el Himno Nacional. Mauro Andino, asambleísta de PAIS, aseguró que las banderas eran para defender al actual gobierno y apoyar a la Selección de Fútbol.

Por cuarto día se concentran opositores y afines al Gobierno en la Shyris

Las concentraciones a favor y en contra del Gobierno Nacional iniciaron cerca de las 16:55 de este jueves en la avenida de los Shyris, al norte de Quito, por cuarto día consecutivo. A diferencia de los días pasados, los graderíos de la tribuna lucieron vacíos de partidarios y simpatizantes del presidente de la República Rafael Correa, quienes se ubicaron afuera de la sede de la agrupación.
A la protesta antigubernamental siguieron llegando asistentes. La misma se caracteriza por usar la frase: “Fuera Correa, fuera”.
Un grupo de unos 50 policías se ubicó en las primeras gradas de la tribuna. En tanto, los opositores se apostaron en la calle Holanda, separados de los afines al mandatario por un amplio cordón policial.
Del lado oficialista tampoco se instalaron parlantes como ocurrió desde el lunes, por la sanción anunciada por el Municipio de Quito, por no solicitar autorización para usarlos.
Personal de la Agencia Metropolitana de Control y de la Policía Metropolitana recorren la zona donde se concentran las manifestaciones para verificar si el uso de equipos de sonido tiene los permisos respectivos.
“Los organizadores de cualquier concentración deben tener los permisos para la ubicación de cualquier elemento en el espacio público, pues tienen que cumplir con la Ordenanza Metropolitana 201”, explicó a través de un comunicado Gabriela Larreátegui, supervisora Metropolitana de la Agencia de Control de Quito.
Se ampara en la Ordenanza Metropolitana 201, en su artículo 33, que “prohíbe el uso de espacio público sin autorización municipal”. Mientras el artículo 58 de la misma Ordenanza sanciona el uso de espacios públicos sin la correspondiente autorización, “con una multa de $ 100 dólares, que se duplicará en caso de reincidencia”.
Marchas y concentraciones en otras ciudades
Tal como ha ocurrido desde el lunes pasado, otras ciudades además de Quito han registrado concentraciones a favor y en contra del Régimen. Así ocurrió este jueves en Machala, donde decenas de ciudadanos marcharon para expresar rechazo por las políticas del Régimen.
En el parque central de Loja, frente a la gobernación de la provincia, un grupo de simpatizantes del Gobierno gritaba consignas a favor del régimen, mientras la gobernadora Johanna Ortiz salía al balcón de la edificación para saludar con algunos de los funcionarios públicos que se hicieron presentes en el lugar. Abajo se colocó una pantalla gigante.
A escasos 500 metros del lugar, en la plaza de San Sebastián, casi un centenar de lojanos, se vistieron con prendas de color negro. Muchos de ellos cargaban una bandera del mismo color y protestaban contra el Régimen.
Concentración en el Centenario
El parque Centenario de Guayaquil nuevamente será el viernes el escenario de concentraciones de quienes rechazan los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía. Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, hizo un llamado a la ciudadanía para que asistan a las 17:00.
En redes sociales también se llama a las movilizaciones. Se prevé que sectores sociales, gremiales y empresariales participen en esa marcha.
Seguidores del Gobierno no se pronunciaron hasta las 19:00 de este jueves para conocer si tendrán alguna concentración.
Protestas ante proyectos
Por segundo día consecutivo, en Latacunga se cumplió una manifestación por parte de ciudadanos que rechazan las propuestas del Ejecutivo. Portaron cacerolas y banderas. La concentración se desarrolló en el parque Vicente León, según fotografías difundidas por Radio Latacunga AM en Twitter.
Dos plantones en una zona de la Amazonía
Habitantes del Puyo, flameando banderas negras y portando pancartas, también protestaron frente a la Gobernación de Pastaza. La multitud era acordonada por policías que la dividía de la concentración oficialista que también se reunía en ese lugar, publicó Teleamazonas en su cuenta de Twitter.

La pata judicial de la última dictadura

ARGENTINA

EL EX JUEZ TUCUMANO MANLIO MARTINEZ FUE CONDENADO A 16 AÑOS DE PRISION POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Es el primer condenado por delitos de lesa humanidad que fue juez durante la última dictadura. Fue considerado culpable de encubrir el asesinato de cinco jóvenes y participar en el secuestro de una persona, asociación ilícita y abuso de autoridad, entre otros delitos.


 Por Ailín Bullentini

El tucumano Manlio Torcuato Martínez se convirtió en el primer argentino en ser condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de sus funciones como juez federal durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo sentenció ayer a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad de otra persona en mayo de 1976. Los familiares de las víctimas y querellantes en el juicio, así como quienes en ese debate representaron al Ministerio Público Fiscal, celebraron el veredicto y lo analizaron como “un paso adelante”, tanto para la Justicia local cuanto para la nacional. “Es una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, entendió Agustín Chit, fiscal ad hoc.
Si bien las partes acusadoras exigieron penas más altas durante sus alegatos, evaluaron positivamente el fallo de los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón, que resolvieron condenar a Martínez. El debate oral y público en el que se evaluó la responsabilidad del ex juez en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, asesinados en lo que en Tucumán se conoce como la Matanza de la Calle Azcuénaga, y en la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, duró poco más de tres meses y contó con el testimonio de alrededor de 60 personas.
Martínez es el primer ex magistrado que resulta condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco de sus funciones. El ex juez Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión hace algunos años. La diferencia es que cuando torturó a casi una decena de jóvenes, durante la última dictadura, era secretario, no magistrado. Los mendocinos Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo aún están siendo juzgados por su rol durante el terrorismo de Estado. El resto de los casos que mantienen bajo la mirada de la Justicia a ex miembros del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad permanecen, aún, en investigación o no llegaron a juicio. “Martínez fue el juez federal más importante de la provincia durante la dictadura, gozó de los privilegios que la magistratura le dio desde entonces, fue profesor universitario y caminó impune por las calles de la ciudad durante 40 años. Que se lo haya condenado es algo con lo que soñábamos y un procedente de peso para avanzar en causas similares en el resto del país. Detrás de él vienen Miret, Romano, los secretarios de Bahía Blanca y los funcionarios de Chaco y Santiago del Estero”, analizó Chit.
El TOF consideró que Martínez cometió abusó de la autoridad que tenía como juez, incumplió los deberes que esa función le dictaba y encubrió el asesinato de los cinco militantes populares que se hallaban en una vivienda de Azcuénaga al 1600, en la ciudad capital de la provincia, perpetrado por una patota el 20 de mayo de 1976. Según consta en registros y tal como él mismo reconoció en la primera audiencia del debate, el ex juez estuvo en el sitio de la matanza, pero no la investigó. El hecho ya cuenta con otros dos condenados: el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, el jefe del centro clandestino de detención tucumano conocido como Jefatura.
Pero la pena de 16 años de cárcel que recibió Martínez no sólo comprende esos hechos: también fue condenado por prevaricato, abuso de autoridad y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el dueño de la casa en la que sucedió la matanza. Días después de los asesinatos, Romano se presentó en el juzgado de Martínez con la intención de desligarse de las víctimas, quienes le alquilaban la vivienda. Martínez lo detuvo y lo dejó a disposición de la policía provincial. Romano, por entonces paciente psiquiátrico, “paseó por diferentes centros clandestinos”, señaló Chit. Su esposa y su hija reclamaron ante Martínez, quien no movió un dedo, tal como testimoniaron ante los jueces.
Por último, el ex magistrado fue condenado por integrar una asociación ilícita en la que su rol era “ejercer la magistratura para permitir y asegurar el plan sistemático de tortura y exterminio”, remarcó el fiscal ad hoc, quien trabajó junto con Diego Velasco: “Formó parte de una organización criminal destinada a cometer delitos en el marco del terrorismo de Estado”, completó.
La hija de Niklison, que se llama igual que su mamá, integró una de las querellas junto a Emilio Guagnini. “Recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”, evaluó. “La sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad”, sostuvo.
Bernardo Lobo Bougeu, quien junto con Pablo Gargiulo querelló a Martínez en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y parte de la familia de Romano, sopesó la importancia del fallo a nivel general. “Es una sentencia de máxima importancia, sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”, indicó. De la misma manera lo analizó Chit, quien además de indicar que “es un precedente muy importante en Tucumán, que implica una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, lo postuló como “un hecho histórico que ojalá siente precedentes en todo el país”.

DESTRUYEN CASAS DEL SIGLO XI EN LA CAPITAL YEMENI


Arabia bombardeó patrimonio

Según la ONU, los ataques de la coalición árabe ya dejaron más de 2300 muertes y un millón de desplazados y provocaron un colapso en el más pobre de los países árabes. Cayeron bombas sobre el histórico barrio de Qassimi.

La coalición árabe liderada por Arabia Saudita bombardeó el casco antiguo de Sanaá, la capital de Yemen, que dejó un saldo de seis civiles muertos y recibió la condena de la Unesco. En tanto, la ONU decidió posponer las conversaciones de paz pactadas para hoy en Ginebra entre las fuerzas leales al presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi y las tropas hutíes, dado que una de las delegaciones llegará recién mañana a la ciudad Suiza. Desde las primeras horas de ayer, la aviación aliada estuvo bombardeando posiciones y depósitos de armas de los rebeldes y la facción del Ejército fiel al ex presidente Ali Abdalá Saleh. Sin embargo, cayeron bombas sobre el histórico barrio de Qassimi, que posee miles de viviendas construidas en el siglo XI. Residentes de la zona dijeron que se trató del primer ataque aéreo contra la zona desde que la coalición árabe inició su campaña de bombardeos contra los rebeldes hutíes que controlan Sanaá. Hasah al Shamsi, testigo del suceso, agregó que los escombros de las tres casas destruidas quedaron esparcidos y los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los restos de los edificios. “El valor histórico y las memorias que guardaban esos sitios han sido dañadas irreparablemente o destruidas”, expresó Al Shamsi. Aunque es la primera vez que un proyectil cae directamente sobre esa zona, los vecinos ya se quejaron con anterioridad de daños en algunas casas como consecuencia de los bombardeos contra el cercano Ministerio de Defensa.
La Unesco, el organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, deploró el ataque. “Esta destrucción sólo exacerbará la crisis humanitaria, y reitero mi pedido a todas las partes de respetar y proteger la herencia cultural de Yemen”, dijo la directora de la institución, Irina Bokova. “Estoy conmocionada por las imágenes de esas magníficas casas torre de múltiples pisos y serenos jardines reducidos a escombros”, señaló la funcionaria.
El conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení, que ya lleva varios años, se agravó en septiembre pasado cuando los rebeldes tomaron la capital, y más aún en marzo último, cuando los insurgentes acorralaron al presidente Hadi en la sureña ciudad portuaria de Adén, el 26 de marzo. Ese mismo día, Hadi huyó a Arabia Saudita, que por su parte comenzó la campaña de bombardeos contra los hutíes. Según la ONU, los ataques de la coalición árabe ya dejaron más de 2300 muertes y un millón de desplazados y provocó un colapso en el más pobre de los países árabes.
En tanto, la ONU informó ayer que las negociaciones de paz entre las partes, pautadas para mañana en la ciudad suiza de Ginebra, fueron postergadas para el lunes debido a que una de las delegaciones yemeníes arribará a la ciudad recién el lunes a la noche. El secretario general del organismo, Ban Ki-moon, se reunirá con representantes de los hutíes y de Hadi en el país helvético para mantener las primeras conversaciones de paz mediadas por la ONU. A la cita asistirán todos los bandos yemeníes enfrentados, aunque no la coalición árabe. El vocero de la ONU, Ahmad Fawzi, dijo que secretario general de la ONU espera que las conversaciones redunden en una “nueva dinámica para generar confianza entre los actores yemeníes y produzcan beneficios concretos para la población” del sur del país de la península arábiga. Fawzi expresó que el enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, buscará sentar a las partes en la misma mesa de negociaciones, que comenzarán con “conversaciones de aproximación” y que se estima durarán dos o tres días. También participarán del proceso de diálogo los embajadores en Suiza de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia–, la Unión Europea (UE), Alemania, Japón y Holanda.
Pese a las expectativas, las partes dieron pocas señales de estar dispuestas a alcanzar un compromiso. De hecho, Hadi dijo que no habrá ninguna negociación con los hutíes, sino que sus enviados simplemente irán a Ginebra a discutir la implementación de una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en abril pasado que exige a los rebeldes retirarse de los territorios que hayan conquistado.