A raíz de las constantes violaciones a los derechos humanos que siguen habiendo en Paraguay, los desalojos a campesinos y la falta de voluntad política por parte del Estado y la justicia paraguaya de esclarecer los crímenes, desapariciones y torturas que ha dejado la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), Resumen Latinoamericano pudo entrevistar a Jorge Miguel Soler militante por los derechos humanos de Paraguay en el exterior, en Argentina y miembro de la Asociación de Crímenes de Estado de Paraguay, quién trabaja junto a Rogelio Goiburú[1] en el Equipo de Búsqueda e Identificación de Cuerpos (ENABI).
SEBASTIAN POLISCHUK / Resumen Latinoamericano –
-¿Cómo ves la situación de derechos humanos en Paraguay, en lo que hace a la búsqueda de la verdad y justicia por los crímenes de Estado ocurridos durante la dictadura de Alfredo Stroessner?
Nosotros consideramos que los derechos humanos en Paraguay están en una situación límite digamos, crítica porque tenemos toda una estructura ya fenecida por ley, y de la cual la cabeza es la señora Yudith Rolón[2] que tiene todo el presupuesto, y el presupuesto que tiene que tener la Mesa Nacional de Justicia y Reparación Histórica, lo toma ella por orden de presidencia de Horacio Cartes, para que la ENABI no pueda funcionar, para no poder buscar a los cuerpos e inclusive estuvieron a punto de hacerse cargo también del presupuesto para la identificación de los cuerpos para hacer la prueba de ADN, que logramos revertir, pero nos dieron la mitad.
El Estado se niega terminantemente a que haya un reconocimiento de cadáveres, no quiere saber nada, entonces nos pone en una situación límite, ahora estamos unificando todos los derechos humanos en el exterior para constituir un solo frente donde podamos ser soporte de los compañeros que están adentro, unificando desde la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado a las distintas organizaciones como HIJOS, Familiares y Mártires del Paraguay, Comisión de Derechos Humanos de paraguayos residentes, entre otras, sin que pierdan sus identidades como organizaciones, para que puedan trabajar y que sea un solo organismo.
-Y te hago una consulta, el tema de la situación actual de los presos políticos, los derechos humanos en la actualidad de Paraguay, más allá de los desaparecidos, ¿Cómo lo ves o cómo son los juicios?
Los juicios son digamos como una entelequia, porque digamos en realidad son para afuera los juicios, pero para adentro esta determinado desde el momento en que los detuvieron.
-¿O sea que por ejemplo un campesino que lo detienen ya sabe que lo van a condenar?
El campesino que automáticamente lo detuvieron, ya está condenado. Porque los que definen quienes van a ser detenidos son los grandes empresarios y los grandes terratenientes. Las fuerzas que intervienen en los desalojos provienen más que del Estado, de los grandes terratenientes, lo que vendría a ser los paramilitares. Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) están para tapar las actividades de los paramilitares y los parapoliciales.
-¿Y eso más o menos en qué sentido?
Hay un chileno Francisco “Pancho” Benavente, que es el yerno de Pastor Coronel que fue el Jefe de Investigaciones de la dictadura de Stroessner. Este hombre que es pinochetista ha organizado la fuerza de choque de los grandes terratenientes[3]. Entonces ellos más la fuerza, de por ejemplo de los colonos de los llamados “brasiguayos” que fueron en su primer momento un anillo de contención de seguridad para Itaipú, de un cuerpo del ejército brasilero, una división brasilera que se asentó como colonos a treinta kilómetros de Itaipú. Itaipú, todo Itaipú era de Paraguay, los brasileros ocuparon una cantidad de kilómetros para que sea binacional con el apoyo de Stroessner, y la dictadura de Ernesto Geisel en Brasil. Y desde ese momento, desde el año ´67 que los brasileros están poniendo colonos, en realidad son soldados, esa gente también trae policía brasilera para hacer los desalojos. A ese nivel estamos. A todo esto le tenes que aportar los narcos que son parte de toda la estructura, incluido el actual presidente de Paraguay Horacio Cartes quién vende sus tabacos a grupos narcos de otros países como el grupo los Zetas (en México) o el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil. Está todo relacionado.
-Y una consulta ¿Cómo es el tema de la fiscalía? ¿Cómo la vez, teniendo en cuenta por los diarios que tiene bastantes irregularidades?
Bueno las fiscalías en general, funcionan con hijos de torturadores. Porque al sacarlo a Stroessner toda esa estructura tenía que ir a algún lado, no se iba a ir a su casa, entonces fueron a las fiscalías y a los juzgados. O sea tenes que la mayoría de los fiscales son hijos de torturadores, fue el mismo Estado el que los puso, es el mismo Estado que está. Cuando subió Fernando Lugo, entro una ventanita de aire puro, pero no podía hacer nada[4].
-¿Y por eso esta la Masacre de Curuguaty[5]?
La Masacre fue hecha para poder sacarlo, porque ya lo habían querido sacar y no lo habían podido sacar.
-Y ahora ¿Cómo es esta este tema, la causa del juicio?
Esta el compañero Rubén Villalba, Néstor Castro y otros compañero están en prisión domiciliaria. Rubén es un caso testigo de lo que pasa con los campesinos, estás condenado. A Castro y a otros compañeros (Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro) los tuvieron que sacar porque fue tal la presión, que los tuvieron que sacar, pero a Villalba lo pusieron de nuevo para que quede como ejemplo de que no cambia la situación, bueno tuvieron que bajarse de dos testigos, pero lo demás sigue igual[6].
Algo similar pasó con otros campesinos, los seis campesinos que fueron extraditados de Argentina y que fueron ilegalmente extraditados, porque ya tenían el refugio[7].
[1] Rogelio Goiburú es coordinador del Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas-Desaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente (ENABI) y Director de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia
[2] Yudith Rolón, es la actual directora de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay quién además recientemente se postulo como candidata a ocupar el cargo de defensora dentro de la Defensoría del Pueblo de Paraguay, apoyada por el nefasto juez Baltasar Garzón, quién es conocido por haber ordenado detenciones y torturas arbitrarias a catalanes y vascos (ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156969)
[3] Francisco “Pancho” Benavente, amigo de Eduardo Avilés uno de los fundadores durante el 2009 de grupos de choque como el Comando Anticomunista Paraguayo, en estrecha relación con la Asociación Rural de Paraguay durante el año 2009.http://mariategui.blogspot.com.ar/2009/10/paraguay-se-esta-organizando-grupo.html
[4] Uno de los fiscales conocidos es el fiscal Jalil Rachid quién está a cargo del caso de la Masacre de Curuguaty, y es hijo de Bader Rachid referente stronista.
[5] La Masacre de Curuguaty fue un hecho ocurrido el 15 de junio del 2012, en el que campesinos que resistían al desalojo de tierras fueron brutalmente desalojados por la policía que se negó a dialogar. Del hecho resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías. A los pocos días de ese hecho el propio poder político saco al ex-presidente Fernando Lugo de su mandato, quién no hizo nada y demoraba en realizar la prometida Reforma Agraria.
[6] En el caso de Curuguaty se sigue acusando a: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta por los hechos de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Mientras que no se imputo a ningún policía o empresario, por las muertes de los campesinos, solo se intento indagar sobre la muerte de los policías.
[7] http://2014.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al2/ecuador/92241-paraguay-caso-de-los-seis-campesinos-extraditados-por-argentina: En julio del año 2014, seis dirigentes campesinos paraguayos Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano Vera Silguero, fueron devueltos a Paraguay por parte del gobierno argentino, tras refugiarse políticamente en ese país, por falta de garantías en el juicio, por el caso de mayo de 2006 en el que se los acusa, junto a un grupo mayor de militantes del Partido Patria Libre, de su participación en la planificación del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.
