Según el economista Gerardo Esquivel, quien redactó el informe, si bien entre 2005 y 2014 la economía mexicana se estancó en mediocres niveles de crecimiento, la suma de las fortunas de los cuatro multimillonarios más ricos de México, por su parte, se disparó a un ritmo de 5% anual.
Así, en 2002 las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bailleres y del dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente de 2% del PIB nacional. Dos años después, en 2014 incrementaron de manera vertiginosa para alcanzar 9% del PIB.
Con el puro rendimiento anual de sus fortunas, es decir, el dinero que se genera cada año a partir de la fortuna ya existente, los cuatro magnates podrían contratar hasta 3 millones de personas remuneradas con un salario mínimo.
De acuerdo con el autor del informe, el economista Gerardo Esquivel, el 10% más adinerado concentra 64.4% de las riquezas totales del país, una cifra en incremento de casi 8 puntos desde 1992.
En entrevista con Apro, señaló que 10% de la población más rica de México está conformada por burócratas u oficinistas bien remunerados, entre otros, quienes tienen un ingreso por persona de 20 mil pesos mensuales en promedio –entre 15 mil y 40 mil pesos– y suelen considerarse como “clase media”.
Esta nueva cifra rompe con las estimaciones oficiales proporcionadas en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la cual el primer decil “sólo” concentraba 43% de las riquezas en 2012.
Pero Esquivel aseveró que la encuesta de hogares del INEGI tiene fallas metodológicas, ya que los encuestadores nunca entrevistan a la pequeña elite económica del país, ni se acercan a los lugares exclusivos donde viven los magnates. En cambio, el economista realizó estimaciones a partir de varios factores pero deploró que los datos fiscales estén protegidos en México.
A diferencia de los ingresos, los cuales son flujos de dinero que transitan entre las personas, las riquezas de un país representan la suma del valor de todos los activos de la economía, precisó Esquivel.
Amos de la política
Así, según Oxfam, la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra en un círculo vicioso, ya que los más ricos del país, al concentrar riqueza y poder, fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y, a su vez, agravan la desigualdad.
Según Esquivel, no es casualidad que los sectores de telecomunicaciones, minería y televisivo, de los que estos magnates sacan beneficios millonarios cada año, sean “sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público”, subrayó el informe.
Y precisó: “En su calidad de empresarios multimillonarios (…) es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado mexicano”.
De hecho, Esquivel recordó que al imponer precios muy elevadas a sus clientes, Telmex, y posteriormente América Móvil, costaron a los mexicanos 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, lo que representa 1.8% del PIB por año.
También resaltó que el sector minero se beneficia de privilegios fiscales por lo que la frenética extracción de recursos naturales de la nación “ha beneficiado sólo a unos cuantos”.
Pero los multimillonarios no son los únicos en verse beneficiados por las políticas del gobierno. Las propias políticas fiscales de México suelen alimentar la desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos –54%– a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen todos los ciudadanos.
En cambio, el sistema protege a los más adinerados, al recaudar sólo 32% de la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 30% a los dividendos de las empresas –sin recaudar nada a los dividendos que reciben los directivos de las mismas–, e incluso permite múltiples formas de evadir el impuesto a quienes ingresan dinero a través de su capital.
De acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso, el sistema de redistribución en México está fallido, ya que sólo se redistribuye 1.1% de los ingresos.
También estimó que la política social del país, por su parte, no funciona, ya que “es como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza, lo único que hacemos es mitigarla pero perpetuándola”.
Además, el sistema tributario otorga deducciones sobre ciertos gastos específicos de los ciudadanos. Pero de nuevo, los más beneficiados resultan pertenecer al 10% más adinerado de la población.
El Estado mexicano deduce de los impuestos el precio de las colegiaturas que pagan los padres para enviar sus hijos a escuelas privadas, así como el transporte escolar; también deduce los intereses de los créditos hipotecarios o los honorarios médicos. Todos estos servicios los utiliza en más de 88% el decil más rico de México.
En cambio, el informe subrayó que “48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitario, 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica; en 61.2% de ellas los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva, y 80% de los estudiantes no tiene Internet”.
Y señaló: “El que las personas de mayores ingresos obtengan deducciones fiscales por enviar a sus hijos a escuelas privadas y que al mismo tiempo las escuelas públicas carezcan de lo más elemental, no es más que un reflejo de la captura del diseño de políticas públicas por parte de una minoría en perjuicio de la gran mayoría de la población”.
El mismo mercado financiero y bancario favorece la reproducción del capital en las manos de unos cuantos privilegiados, ya que los más pobres, a diferencia de los ricos, no tienen acceso al crédito.
La política monetaria, basada en la contención de la inflación, llevó a la congelación del salario mínimo desde 1996, lo cual a su vez disparó la desigualdad ya que, al equivaler a una cuarta parte de lo que era hace 30 años, se convirtió en un salario de pobreza –“ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica”–, a beneficio del empleador.
De acuerdo con el informe, un trabajador con un salario mínimo está considerado como “pobre” en México, y si además tiene que mantener a uno o más familiares, se convierte en persona en pobreza extrema. Sin embargo, la Constitución mexicana estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno.
“Auténtico Estado social”
Desde hace unos años, los organismos internacionales más ortodoxos en materia de promoción del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial iniciaron un cambio de paradigma al observar que el crecimiento económico, al beneficiar a los más ricos, no “chorreaba” de manera mecánica hacia los más pobres.
Cantú destacó que las reformas estructurales que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto partieron de esta misma base teórica equivocada, según la cual cuando existe crecimiento económico, éste termina repartiéndose en toda la sociedad.
En cambio, y a raíz de nuevos estudios como los del recién nombrado premio Nobel de Economía, Tomás Piketty, estas instituciones aceptaron que las desigualdades y la mala redistribución de las riquezas conllevaban nefastas consecuencias sobre la propia economía y el crecimiento.
De acuerdo con la OCDE, el aumento de las desigualdades en México entre 1985 y 2005 redujo el crecimiento en un monto acumulado de 10%.
Es más: el incremento del PIB en México no ha reducido las tasas de pobreza desde hace 20 años. Pero como la población aumentó, la cifra de pobres creció en paralelo para alcanzar en la actualidad a 53.3 millones de mexicanos.
“El cambio de paradigma se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en el caso de México creo que no. Para nada”, deploró Esquivel.
Para luchar de manera eficaz contra la desigualdad, Oxfam urgió a la creación de un “auténtico Estado social”, el cual superaría al Estado de bienestar, ya que basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, planteó la necesidad de implementar una política fiscal más progresiva, la cual adaptaría las tasas de recaudación según la riqueza de los tributarios, pero también de transparentar y dirigir mejor el gasto público, así como luchar de manera efectiva contra la corrupción, a través por ejemplo de la obligación de todos los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Oxfam publicó una petición en línea, que presentará en septiembre a la nueva legislatura, con la intención de revertir la desigualdad a través de la iniciativa ciudadana.
“No hay otra vía que la exigencia ciudadana”, asumió Cantú, al subrayar que mediante este método, “hemos podido avanzar en la construcción de un país menos autoritario”.
Ver el informe completo Desigualdad Extrema-Informe OMX 2015
