2 sept 2015

Argentina:El Banco Central descabezó ayer el directorio del HSBC

 EL BANCO CENTRAL REVOCO LA LICENCIA DEL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA ENTIDAD

El HSBC perdió la cabeza por la fuga de divisas

La autoridad monetaria le dio 24 horas al banco para que nombre reemplazantes de Gabriel Martino, presidente, y Miguel Estévez, vice, por graves irregularidades en la prevención del lavado de activos. El primero, además, está acusado de asociación ilícita y evasión agravada.
 Por Cristian Carrillo

El Banco Central descabezó ayer el directorio del HSBC por incumplimiento en los deberes de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El organismo dispuso revocar las licencias del presidente de la entidad, Gabriel Martino, y de su vice, Miguel Angel Estévez. Según justificó la autoridad monetaria, estos directivos no gestionaron de forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad, acusada de facilitar la fuga de capitales a través de su filial suiza. La causa penal que impulsa la AFIP por esta situación involucra a Martino por delitos de asociación ilícita y evasión fiscal agravada, uno de los motivos para que se revocara su licencia. También disparó esa decisión las contradicciones en que incurrió al declarar ante la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros, creada para analizar el caso de las 4040 cuentas de argentinos en el HSBC Ginebra sin declarar, y la respuesta ante el requerimiento del BCRA. El banco cuenta con 24 horas para designar a sus reemplazantes.
El HSBC Bank Argentina comunicó que está asegurado el normal funcionamiento de la entidad y ratificó “el compromiso de colaborar” con la Justicia. Martino se encuentra acusado de facilitar maniobras de fuga de divisas en el marco de la causa de las cuentas sin declarar de argentinos en el exterior. La AFIP había solicitado en julio último ante el Juzgado en lo Penal Tributario Nº 11 que el directivo no pueda salir del país sin pedir autorización, lo cual fue confirmado por el tribunal. El organismo tributario envió además en aquella oportunidad una carta con la firma de su titular, Ricardo Echegaray, al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, con el objetivo de que la autoridad monetaria revea la posición de Martino al frente del HSBC en la Argentina (ver aparte). La Ley de Entidades Financieras le brinda al Central la capacidad de rechazar la composición de los directorios de los bancos.
La decisión de revocar la licencia de Martino y Estévez se adoptó luego de la intervención del Comité de Evaluación de Idoneidad y Experiencia del organismo. En la Resolución “A” 5785 del 31 de julio pasado se establecen las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, probidad y experiencia, las cuales “deberán ser mantenidas durante todo el período de desempeño del cargo”. Los cambios fundamentales en ellas podrán dar lugar a la revocación de la autorización y/o a la orden de cese en las funciones. Los estándares vertidos en esa normativa, a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se realizó en base al marco del Reino Unido.
Martino fue notificado a las 12.30 por directivos del Comité de Evaluación de Idoneidad, quienes lo citaron al Banco Central. El directivo asistió acompañado por sus abogados. Según consta en la Resolución 259, en la destitución de los directivos se tuvo en cuenta “la causa penal en la que se encuentra involucrado Martino, promovida por la AFIP ante la Justicia en lo Penal Económico”. Principalmente, las críticas apuntan a las contradicciones en las que incurrió entre sus dichos al frente de la Comisión Bicameral Investigadora y ante el Central. En la reunión frente a los legisladores, Martino había sostenido que el banco contaba con respaldo de todas sus operaciones y que se encontraban a disposición de la Justicia. Sin embargo, ante el requerimiento de las autoridades del Banco Central, el HSBC se excusó de presentar esa documentación argumentando que había desaparecido en el incendio de la contratista Iron Mountain.
Según relató una fuente del organismo monetario, Martino había ofrecido brindar la información de su sistema de datos. “Te imprimo lo que sale del sistema”, fue la respuesta del directivo ante el pedido del BCRA, lo que fue considerado un hecho grave de falta de cooperación, explicó la fuente a este diario. En la resolución se recuerda que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias suspendió transitoriamente para operar en cambios a HSBC Bank, en enero último, a efectos de que acredite “fehacientemente haber adoptado las medidas correctivas necesarias en materia de sistemas informáticos que garanticen la integridad de los registros de las operaciones de transferencia al exterior de divisas y de títulos”.
El Directorio del BCRA intimó entonces al HSBC a que, “dentro del plazo de 24 horas desde la notificación de la resolución, informe el esquema de operatividad vigente”. A diferencia de lo que sucedió con la revocación de la licencia de Gabriel Ribisich, CEO de la filial local de Citibank, por acordar con un grupo de fondos buitre para condicionar el pago de los servicios de deuda (ver aparte), el HSBC detenta un esquema de directorio en su administración. Es por eso que, en caso de que se desplace a Martino y a Estévez, la conducción podría recaer en Antonio Losada, director del banco, aunque éste había anticipado que dejaría la entidad luego de más de cuarenta años. El HSBC podría recurrir la decisión por vía administrativa –es decir, ante las autoridades del BCRA– o acudir al Fuero Contencioso Administrativo y Federal. Desde la entidad dejaron trascender que se responderá por la vía legal, pero no dieron precisiones sobre la estrategia. Por su parte, tanto el Central en la resolución como el HSBC en su comunicado dejaron en claro que la decisión adoptada por el Directorio del BCRA no afecta el normal funcionamiento de la entidad.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-280756-2015-09-02.html

La OPEP, dispuesta a dialogar para estabilizar el precio del petróleo

El mensaje del cártel de los países productores fue acompañado por fuertes subidas en el mercado de la energía en Europa y EE UU

SANDRO POZZI Nueva York 31 AGO 2015


La volatilidad vuelve a apoderarse del mercado de la energía. Esta vez alimentada por la intención expresada por los miembros del cartel de la OPEP, productores del 40% del petróleo mundial, que señalaron este lunes estar “preocupados” por la fuerte bajada de los precios del barril y que están dispuestos a discutir “con otros productores” de petróleo sobre la situación. La reacción a este comunicado, que apunta a una futura intervención para impulsar los precios, fue inmediata. El barril de crudo de referencia en Estados Unidos pasó de cambiarse a 43,6 dólares al inicio de la sesión a los 49,3 dólares. Una escalada de casi sies dólares en solo unas horas (5,3 euros).

El último boletín publicado por el grupo de países productores de petróleo admite que la presión en los precios le preocupa, como al resto de actores del mercado, y por eso estarían dispuestos a dar pasos hacia un acuerdo para estabilizarlos. “La OPEP protegerá sus propios intereses”, advirtió. A las posibles negociaciones se le suman las primeras evidencias de la Agencia Internacional de la Energía de que la producción se moderó ya en junio, con 9,3 millones de barriles diarios frente a los 9,4 millones de mayo.

El petróleo que se negocia en Nueva York inició la jornada a la baja, hasta 43,6 dólares el barril. Pero tras el comunicado el barril cambio de tendencia de golpe y siguió escalando en las horas sucesivas hasta cerrar en los 49,2 dólares , lo que representa un alza del 8,8%. El crudo que se negocia en Europa, el brent, subió a 52,78 dólares (47 euros) en la jornada.

El próximo nivel de resistencia se ven en los 50 dólares el barril, a la vista de que el suministro sigue superando a la demanda y eso seguirá alimentando los inventarios. El bajo precio del petróleo, sin embargo, favorece a las compañías que se dedican a refinar la materia prima para producir gasolina. Warren Buffett acaba de anunciar que incrementa así su participación en Phillips 66.
Un eje Rusia-Venezuela


El precio del barril se paga ahora aproximadamente a la mitad de precio que hace un año, cuando rondaba los 100 dólares la unidad. A lo largo de la primavera logró recuperar los 60 dólares ante las expectativa de una incremento de la demanda. Pero los últimos datos sobre el estado de las reservas volvió a ejercer una fuerte presión durante todo el mes de julio y agosto, y eso dio rienda suelta a la especulación mientras se cuestionaba el vigor de la economía en China.


Fruto de esta preocupación creciente, el presidente ruso Vladimir Putin está abierto también a discutir con el venezolano Nicolás Maduro la posibilidad de dar pasos para marcar un suelo al precio de la energía, fuente principal de recursos de ambos países. Ambos dirigentes coincidirán esta semana Pekín para participar en el desfile militar por los 70 años desde el fin de las Segunda Guerra Mundial en Asia.

1 sept 2015

Argentina: Abuelas de Plaza de Mayo recuperan nieta 117, apropiada por la dictadura

Comunicado de las Abuelas de Plaza de Mayo:

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Las Abuelas de Plaza de Mayo informamos con enorme alegría que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978.
Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977, en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellos.
Hoy nos acompañan las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, que viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro.
La familia
Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Walter nació el 30 de marzo de 1955, en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él, Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.
En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.
Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.
Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.
El caso
En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.
A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas. Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN. La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio.
El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia. El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

Paraguay: periodistas marchan contra la concentración mediática propiciada por el presidente Cartes

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) realizó una marcha rechazando la creciente concentración de medios en el país, teniendo como uno de los casos emblemáticos de los últimos meses la adquisición de dos grupos multimedios por el presidente Horacio Cartes.


La actividad se inició en la plaza Infante Rivarola, del barrio Villa Morra, desde donde se realizó una marcha hasta el diario Popular, para llevar el apoyo a los trabajadores y anunciar que se defenderán los puestos de trabajo ante eventuales presiones o despidos que pretenda implementar el nuevo propietario.
Santiago Ortiz, secretario general del SPP, explicó que convocaron a la movilización contra el autoritarismo y la concentración de medios, que además de ser peligroso para la democracia porque suprime la diversidad de voces implica también precarización y pérdida de puestos de trabajo. Advirtió, asimismo, que esta avanzada de Cartes en el sector de los medios responde a su intención de ser reelecto y para legitimar la creciente ola represiva contra las organizaciones sociales.
Por su parte, Rubén Ayala, de Voces Paraguay, señaló la preocupación de los medios alternativos por la agudización de la concentración, a lo que se suman las obstrucciones a radios comunitarias para salir al aire, con confiscaciones y persecución penal contra las estaciones, mientras las radios comerciales acaparan cada vez más licencias imponiendo una uniformidad en la oferta informativa, que solo representa la visión de un sector.
En tanto, Mariela González, secretaria de Interior del SPP, pidió justicia para los 17 comunicadores asesinados en la llamada “transición democrática”, de los cuales cinco han caído en los últimos dos años, coincidiendo con la asunción de Cartes al poder. Asimismo, abogó por la reapertura de los 15 casos que ya están cerrados y que han terminado en la impunidad con el fin de combatir los crímenes de la mafia y el narcotráfico.
Al llegar la marcha frente a la sede de Multimedia, Pablo Galeano, en representación de los delegados sindicales que trabajan en el Popular, agradeció esta muestra de apoyo en una situación ante la cual ya habían manifestado su preocupación por las posibles presiones y censura al que estarían sometidos cuando se trata de asuntos que afectan al presidente Cartes, quien ya estaría avanzando en negociaciones para la compra de un canal de televisión.

Según AI, se registran 12.500 personas desaparecidas durante gestión de Peña Nieto

México, como Gambia, Siria, Sri Lanka y Bosnia y Herzegovina, es uno de los países cuyos gobiernos usan la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo, denunció la organización civil Amnistía Internacional (AI).

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Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, presentó un reporte con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Casi la mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración, informó AI y añadió que “gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto”, dijo Shetty este 27 de agosto.
Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial.
“Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas“, dice el documento.
La organización ha solicitado el Gobierno de México resolver el problema de los desaparecidos y ha organizado una campaña de cartas en español llamada #Noesnormal, instando al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones.
Carta de AI dirigida a Enrique Peña Nieto:
Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Sr. Presidente,
Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la crisis de derechos humanos que atraviesa México.
Es momento de que las autoridades reconozcan que las desapariciones y desapariciones forzadas en México son uno de los temas que ha enmarcado esta crisis y de que cumplan su obligación de poner en marcha acciones efectivas para combatirla. Por esto, le pido que se tomen las siguientes medidas:
Generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para todos los casos de desaparición.
La aprobación de una ley general sobre desaparición forzada que incluya la declaración de ausencia por desaparición.
La creación de un registro único de personas desaparecidas.
Que se adopten medidas legislativas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.
Que las investigaciones sean exhaustivas, agotando hasta la última línea de investigación y se facilite la participación de personas allegadas a las víctimas.
También, le pido que se prevengan y sancionen actos de intimidación y hostigamiento contra las familias de personas desaparecidas y contra organizaciones que las acompañan.

Ver documento 

La PGR debe dar información sobre desapariciones forzadas desde 1960: INAI

La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar y entregar información estadística sobre investigaciones iniciadas por el delito de desaparición forzada entre 1960 y febrero de 2015.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular solicitó el número de hechos investigados por la PGR.
De acuerdo con la resolución del INAI, La Procuraduría deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.
Asimismo aquellas averiguaciones en las que se ejercitó acción penal, contra cuántas personas, por qué delitos y el estado de los procesos; de las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en cuántos actos se desestimó por razones de prescripción de los delitos;
Además a cuáles dependencias de gobierno federal, estatal o municipal se adscribía cada funcionario público investigado, y el estado de la República en donde sucedieron los hechos investigados en cada averiguación previa abierta.
La resolución del INAI ocurre luego de que un particular solicitó esa información y la PGR proporcionó un cuadro con información estadística del fuero federal, relacionada con el delito de desaparición forzada, de 1960 a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga como “Información no disponible” aquella correspondiente al periodo comprendido de 1960 a 2000.
Señaló también que en sus bases de datos no existen variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, su sexo, las dependencias de gobierno a las que estaban adscritos los funcionarios investigados, ni el estado procesal de las investigaciones.
Por ese motivo y debido a que el inconforme consideró que la PGR atendió parcialmente su requerimiento, presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
En alegatos, la PGR aseveró que puso a disposición la totalidad de la información estadística con la que cuenta y agregó que, en su caso, los documentos fuente serían las propias averiguaciones previas en cuestión que tienen el carácter de reservadas.
La PGR se declaró incompetente para conocer los procedimientos penales federales y las sentencias emitidas, con el argumento de que la instancia competente es el Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente la procuraduría envió un alcance al recurrente que le informaba de un micrositio en su portal de Internet, en el cual podría obtener mayor información a la proporcionada inicialmente.
No obstante, éste corresponde a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunado a que únicamente refiere a las averiguaciones previas iniciadas por esa dependencia a partir de enero de 2014.
Al analizar el caso, el INAI advirtió que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la ley, ya que cuenta con los sistemas Informático de Procuración de Justicia Federal, de Registro de Detenidos y el Institucional de Información Estadística.
Aunado a ello se observó que, en respuesta a solicitudes de información presentadas con anterioridad, la PGR ha entregado información con un nivel de desglose mayor al que obra en sus bases de datos.
En ese sentido se concluyó que la dependencia omitió garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, toda vez que cuenta y está en posibilidad de entregar datos adicionales como sexo de las víctimas, órdenes de aprehensión, estado procesal y tipo de sentencias, entre otros.
Por tanto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de la PGR y le instruyó una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes y en los sistemas de datos con los que cuente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.