Rupert Murdoch compra National Geographic por 650 millones de euros

La revista, que durante 127 años ha sido propiedad de una entidad sin ánimo de lucro, pasa a formar parte de Fox

EL PAÍS Madrid 10 SEP 2015


El magnate de la comunicación Rupert Murdoch interviene en un foro. / JOSH REYNOLDS (AP)

Rupert Murdoch (Melbourne, 1931) ultima la compra del 73% deNational Geographic por 650 millones de euros. El conglomerado corporativo del magnate australiano, 21st Century Fox (propietaria de cabeceras como The Sun o The Times), no solo adquiere la famosa revista, que desde su fundación en 1888 han pertenecido a una entidad sin ánimo de lucro. La compra incluye los activos televisivos, los medios digitales y los estudios de la organización.

National Geographic Society, con sede en Washington (EE UU), mantendrá el 27% de las acciones de una nueva entidad, la que creará Fox con sus nuevos medios, y que recibirá el nombre de Partners National Geographic. El acuerdo permitirá a la fundación dedicada a la investigación científica aumentar sus fondos hasta los 892 millones de euros, con los que ampliará sus estudios. Ese dinero permitirá invertir más en patrocinar a exploradores y a científicos. "El valor añadido por esta transacción generará un atractivo flujo de beneficios que National Geographic Partners invertirá en enriquecer nuestro trabajo", aseguró el CEO de la organización, Gary Knell, a través de un comunicado.

National Geographic tiene casi siete millones de afiliados en el mundo. Su revista se vende en todo el planeta y, además de incluir artículos sobre lugares e historias de esos rincones, incorpora mapas detallados y fotografías de alta calidad. En 1995 comenzó a publicarse en japonés. Fue la primera edición en un idioma local, ya que años más tarde la revista saldría en otras 30 lenguas. Su televisión comenzó a emitir documentales en 1964 para la CBS. En 1973 se trasladó a la cadena ABC y, finalmente, a la PBS dos años más tarde.

LOS PAISES DE LA UNASUR DECIDIERON NEGOCIAR EN FORMA CONJUNTA EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Un bloque único contra los laboratorios

Los ministros de Salud del continente, reunidos en Montevideo, acordaron conformar un comité internacional para tratar de manera conjunta con la industria farmacéutica. Buscan aumentar así el poder de negociación y lograr una reducción de los precios.

 Por Soledad Vallejos

Los ministros de Salud de Unasur acordaron la creación de un comité internacional para negociar de manera conjunta los precios que los Estados pagan a los grandes laboratorios por medicamentos de alto costo y garantizar, así, el acceso de la población a los tratamientos. El ministro de Salud argentino, Daniel Gollan, calificó la decisión de “histórica”. “Veníamos trabajando en la resolución, con los equipos de los distintos países, desde hace dos meses y medio, y además con una coincidencia del 100 por ciento entre los equipos de la región. Eso es algo llamativo, porque estamos hablando de distintas políticas, y sin embargo la coincidencia en esto es absoluta porque el problema es muy grave para todos. Hemos decidido actuar fuertemente con unidad de acción histórica. Nunca antes se había dado en reuniones del Consejo Unasur tanta unanimidad y ejecutividad”, señaló Gollan. En dos semanas, el comité ad hoc se reunirá para comenzar las negociaciones por un primer grupo de medicamentos, tres que sirven para tratar la Hepatitis C –sofosbuvir, declatasvir y simeprevir– y uno para VIH –darunavir.

En la reunión, celebrada en Montevideo, participaron representantes de los once países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Además del ministro Gollan, fueron parte sus pares de Uruguay (Jorge Basso), Ecuador (Carina Vance), Paraguay (Antonio Barrios), Chile (Carmen Castillo), Brasi (el viceministro, Adriano Massuda), Venezuela (Claudia Morón), Colombia (Martha Lucía Ospina), y representantes de Perú, Surinam y Bolivia.

En las próximas dos semanas el comité, que está conformado por un representante técnico y el viceministro de Salud de cada país, “va a entrar en etapa de negociación”, explicó Gollan en diálogo con Página/12. “El comité va a estar llamando a las empresas proveedoras de los cuatro productos, con los que iniciamos la ronda de negociación. De culminar con éxito la ronda, el acuerdo inmediatamente va a ser refrendado por los ministros”.

–¿Y el proceso cómo continúa?

–Luego hay un camino que recorrer, porque la negociación es conjunta pero la compra se hace a través del Fondo Estratégico de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para compras a gran escala, que está trabajando para adecuar la logística y los equipos de trabajo para asumir el volumen, mucho más importante en comparación con lo que se compra ahora. El Fondo Estratégico compra una enorme cantidad de medicinas de costo bajo y medio de manera habitual, pero con esto estamos agregando medicamentos innovadores de alto costo. Habitualmente compra medicamentos con precios mucho menores que los diez mil o treinta mil dólares el tratamiento, como éstos de que hablamos ahora, sino tratamientos con comprimidos a 4,7 dólares. Dicho sea de paso, esos tratamientos los compramos mediante el Fondo Estratégico a 4,7, pero los proveedores, en negociación directa con el país, nos lo ofrecían a 75 dólares. Y ese precio, obtenido en licitación, y ofertado por el laboratorio, fue el resultado de una negociación larga, porque el precio inicial era de 90 y pico. En este caso, de los medicamentos por los que vamos a negociar no tengo cifras exactas, pero es claro que las diferencias son abismales.

De acuerdo con las previsiones de la reunión, y por los tiempos en que comenzará la negociación, los ministros estiman que los primeros medicamentos comprados por este sistema estarán disponibles en los países el año próximo. Además, por un acuerdo con OPS, los países de la región que no formen parte de Unasur pero quieran acceder a compras a esos mismos precios acordados por el comité, podrán hacerlo a través del Fondo Estratégico. En las rondas de negociación siguientes, se incorporarán más producto. En tres años, señaló el ministro Gollan, el comité ad hoc proyecta llegar a un total de 40 medicamentos, “con un ahorro importantísimo para los Estados”. “El objetivo es que todos accedan a los medicamentos que necesitan. A precios altos, las compras son menores y hay gente que queda fuera del acceso a tratamientos. A precios razonables, van a poder acceder todos”, explicó el funcionario.

–¿Cree que este modelo de negociación conjunta a cargo de los Estados de una región se puede exportar?

–Hoy, después de firmar la resolución, nos quedamos hablando informalmente con otros ministros. Todos estábamos de acuerdo en que, si esto funciona, sería perfectamente razonable llevarlo a otros continentes. La variabilidad de precios de medicamentos es un problema que tienen también los países europeos de alta y mediana renta, y, por supuesto, el continente africano. Si esto funcionara, podría ser un ejemplo a copiar a nivel mundial. Si uno actúa de esta manera, las empresas se garantizan un volumen de productos a vender, y pueden hacer un plan de negocio a lo largo de los años. Nosotros, así, logramos bajar los precios y las empresas logran ganar también, pero a menor precio, y entregándole medicamentos a todo el mundo, para que nadie quede sin acceder.

BUITRES FINANCIEROS

La parábola de S&P

 Por David Cufré

El mercado financiero internacional, del que la Argentina dejó de participar como tomador de deuda crónico en 2001, no ha cambiado en esencia sus reglas de funcionamiento en todos estos años. Sigue operando bajo los principios de la ortodoxia económica, los mismos que llevaron al país a la catástrofe de entonces. Si el próximo gobierno quiere volver a entrar a ese juego deberá asumir el paquete completo, sin beneficio de inventario, como dice la Presidenta. Los Estados que emiten títulos de deuda para acceder al financiamiento de los mercados no imponen las condiciones a los prestamistas (o inversores) sino que deben someterse a la estructura institucional que ellos han armado para marcarles la cancha. Esto es así en especial para los países emergentes o no desarrollados.

Los argentinos se hicieron expertos en la materia en los 90 y 2000, cuando incorporaron, por ejemplo, el tema del riesgo país a sus conversaciones cotidianas. Si el riesgo país subía, las placas rojas y los “urgentes” de los canales de noticias se encendían en la televisión. Alfredo Zaiat explica el dispositivo del miedo en la economía en su último libro, Amenazados. Ese recurso es aplicado de manera sistemática por los actores dominantes del mundo financiero a quienes van a pedirles dinero. Mientras más débil sea la posición del país tomador de crédito, más amenazados estarán.

Brasil lo padece estos días. Era el espejo en el que los economistas del establishment nacional recomendaban mirarse, aunque parezcan no recordarlo. En especial en 2008, cuando las calificadoras de riesgo internacionales consagraron al país vecino con el rutilante título de investment grade. Alcanzar ese nivel le permite al Estado (o empresa) bendecido por los evaluadores acceder al mercado de deuda de los grandes fondos de inversión globales, quienes no están autorizados a invertir en activos que tengan calificaciones inferiores a esa. Y supuestamente los emisores podrán lanzar sus bonos a una menor tasa de interés, dado que aquella nota garantiza que el riesgo de invertir en ellos es bajo, y por lo tanto la retribución para los inversores también deberá ser menor. Así de seductor suena alcanzar el investment grade de básicamente tres empresas mundiales: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.

Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota de Brasil a investment grade (grado de inversión) en abril de 2008. El portal de un centro de estudios chileno publicó una crónica que merece ser recordada:

“El pasado 29 de abril, Brasil recibió una gran noticia: la agencia internacional Standard & Poor’s elevó por primera vez el grado de su deuda de largo plazo en moneda internacional a la categoría de ‘Investment Grade’, desde un BB+ a BBB, entrando de esta forma al grado más bajo dentro de la categoría de inversión segura. El anuncio causó un efecto positivo inmediato sobre la bolsa de Brasil, que alcanzó el mejor desempeño en el año, ubicándose entre los veinte primeros mercados bursátiles del mundo”, decía el primer párrafo. Luego ponderaba “el último gesto del Banco Central, de subir la tasa de política monetaria Selic antes de la nueva clasificación de riesgo soberano, que fue simbólica del compromiso con la estabilidad monetaria”.

El artículo pertenece al centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo. En su página web se autodefine como “independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental”, y enuncia como sus valores fundamentales “defender la libertad individual, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho de propiedad y el progreso e igualdad de oportunidades de sus habitantes a través del desarrollo económico”. La euforia no era menor en Brasil y entre los economistas argentinos con más apariciones en los medios dominantes.

La celebración de la Bolsa de San Pablo que destaca la crónica echa luz sobre quien tenía motivos para festejar. Y que la última prueba de amor haya sido una suba de la tasa de interés del Banco Central directamente los cautivó. Como se mencionó en este espacio el 22 de agosto pasado, Brasil tuvo ministros de Hacienda (Economía en Argentina) y del Banco Central durante los gobiernos de Lula y Dilma de ese perfil, más moderados como Guido Mantega o directamente del núcleo neoliberal como el actual Joaquim Levi o el ex BC Antonio Palocci. La conducción política de los presidentes resguardó de los criterios ortodoxos de sus funcionarios importantes acciones de redistribución del ingreso, ya desde el primer mandato de Lula. Eso activó aún más una economía que, como la de Argentina y las del resto de la región, se benefició de precios record de las materias primas que constituyen la base de su comercio exterior. Esa combinación hacía a Brasil merecedor del investment grade.

La nota, como se ve, es exhibida por parte del establishment como algo a conquistar, una meta en si misma de política económica. Si la variable que marca el camino es esa, las restantes pasan a ser de menor importancia. Lo central es alinearlas con el objetivo prioritario, que es convencer al evaluador, S&P y compañía, de la consistencia del modelo. El problema radica ahí, en que la entidad convalidada para juzgar es representante de la arquitectura financiera internacional que sostienen los acreedores. No se puede emitir deuda sin una calificación de riesgo. Es regla. Y los criterios de los evaluadores son los de la ortodoxia más dura: contención fiscal, contracción monetaria, desregulación de capitales, apertura comercial, reducción de aportes patronales a la seguridad social, eliminación de retenciones agropecuarias, “autonomía” del Banco Central. El menú completo.

Brasil lo hizo y por eso S&P y las otras calificadoras lo distinguieron con el investment grade. Esa política económica empezó por enfriar una economía supuestamente “recalentada”, según la interpretación de esas empresas. y terminó por hundirla en una recesión dolorosa, con una caída del PIB este año que ya se estima en 2,5 por ciento. El golpe de gracia lo dio Levy desde que asumió en Hacienda al inicio del segundo mandato de Dilma, en enero pasado, profundizando el ajuste fiscal en medio de un estancamiento económico prolongado. Por eso se dice que Brasil se autoinfrigió la crisis. El empecinamiento de seguir atado al esquema de “hacer todo lo necesario” para mantener el investment grade lo arrastró a ello.

Y como si fuera poco, la misma S&P que le exigió bajar el gasto público, subir las tasas y el resto de las políticas mencionadas más arriba, el último miércoles degradó a Brasil de BBB otra vez a BB+. Es decir, ya no es investment grade. El veredicto de S&P fue lapidario, según la descripción de medios de la derecha. Gustavo Segre, por ejemplo, le dijo al portal iProfesional que “la razón por la cual Brasil perdió el grado de inversión se explica por algo muy simple: tiene las cuentas en desorden”. En tono de reproche, agregó: “El presupuesto que enviaron al Congreso consignaba un fuerte déficit fiscal. En otras palabras, estaban pidiendo a gritos que le bajaran la nota”. La culpa no es de S&P de haber forzado la aplicación de políticas que llevaron al país a la crisis, lo dejaron endeudado y con déficit, es del Gobierno por no haber hecho el ajuste fiscal con la severidad requerida. A esta altura, los recuerdos de la Argentina de hace dos décadas permite identificar un proceso muy similar.

El próximo gobierno nacional asumirá con el país desendeudado, una tentación para los vendedores de ilusiones financieras, ansiosos de hacer negocios. La parábola de S&P desaconseja repetir la experiencia. El apoyo de 135 países en Naciones Unidas a los principios que impulsó el Gobierno para limitar a los fondos buitre evidencia que el camino de la defensa del interés y la soberanía nacional no lo dejaba aislado del mundo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281506-2015-09-12.html

DESCLASIFICAN DOCUMENTOS MILITARES SECRETOS DE LA EPOCA DE MALVINAS

ARGENTINA

Las pruebas del ocultamiento

Los documentos fueron desclasificados por orden de la presidenta Cristina Kirchner. Ratifican las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados durante la guerra y los mecanismos de la dictadura para ocultarlas.

Documentos militares secretos desclasificados por orden de la presidenta Cristina Kirchner ratifican las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados por órdenes de sus jefes durante la guerra de Malvinas y revelan los mecanismos aplicados por la dictadura para ocultar los delitos tras el retorno de las tropas al continente. Más allá de su valor histórico, el material “es una prueba muy importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en tanto aporta una constatación precisa de lo que implica el cierre de la vía judicial para los soldados víctimas”, destacó el abogado Pablo Vassel, autor de la primera investigación sistemática sobre torturas, vejámenes y abusos en Malvinas. El mes próximo la CIDH podría declarar la admisibilidad de la denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata luego de que la Corte Suprema de Justicia considerara que los delitos cometidos en 1982 estaban prescriptos.

El decreto 503/15, que ordenó “revelar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación” sobre la guerra, fue la respuesta del Poder Ejecutivo al fallo de la Corte que clausuró la investigación sobre graves delitos –como estaqueamientos hasta la muerte– por los que había 80 militares imputados. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó esta semana un primer informe a la Comisión Nacional de Ex Combatientes. “En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por sus compañeros”, explicó Stella Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Entre la documentación se encuentran las “actas de recepción” que debieron completar los soldados al volver al continente, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados. Los archivos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección de Derechos Humanos, luego fue digitalizada, y su inventario puede ser consultado en www.archivosabiertos.com. La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron “pie de trinchera” (congelamiento de los pies por la humedad y el frío), desnutrición, estaqueamientos, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de comida.

Una de las actas da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial “lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”. En otro un sargento dice haber recibido una “patada en los testículos” por lo cual “debe ser operado”. Un documento firmado por el jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, en diciembre de 1982, revela el plan de la dictadura para ocultar esos delitos. En el texto, rotulado como “secreto”, Nicolaides dejó asentado que a la hora de impulsar investigaciones internas los vejámenes debían considerarse simples “faltas disciplinarias” y en los casos en que fuera imposible por la gravedad del hecho se le debía informar en persona para resolver el problema. “En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva”, escribió Nicolaides, preocupado por evitar las filtraciones que acrecentaran el descrédito de la dictadura.

“Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las Fuerzas Armadas y serán un gran aporte para la justicia”, manifestó Ernesto Alonso, titular de la Comisión de ex Combatientes y miembro del Cecim platense, que motorizó en 2007 la denuncia judicial. “Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente”, agregó Alonso, y anticipó que el material será enviado a la CIDH. La información desclasificada será remitida además a la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, donde tramita la causa, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.

“La documentación tiene un valor trascendente porque implica el reconocimiento del Estado sobre los crímenes cometidos contra sus propios soldados y en las peores condiciones posibles. Al hambre, al frío, a la guerra y la improvisación, tuvieron que sumarle la perversidad de muchos de sus jefes, que reprodujeron en los soldados, en pleno escenario bélico frente al enemigo inglés, las prácticas que traían de los campos de concentración de la dictadura”, destacó Vassel. “Estos archivos vuelven a poner de relieve la trascendencia de que haya una solución jurídica que acompañe al proceso de conocimiento de la verdad. No sirve de nada tener esta documentación que prueba los crímenes si el Poder Judicial no investiga a fondo. No puede haber un solo caso de impunidad ante delitos de esta magnitud en la Argentina de la memoria, la verdad y la justicia”, destacó. El abogado recordó que los tratados de derechos humanos suscriptos por el Estado lo obligan a investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y remarcó que “negarles el acceso a la justicia a quienes la sociedad argentina considera héroes de Malvinas habla muy mal del Poder Judicial”.

Facsímil de dos de los documentos secretos desclasificados.
Imagen: Télam.

Con algunos incidentes, comenzaron los actos por los 42 años del golpe

Incidentes aislados marcaron la jornada previa a la conmemoración del 11 de septiembre, en los que un carabinero resultó lesionado tras recibir un impacto de bala en San Bernardo.

11 septiembre, 2015   Chile

Diversas barricadas se registraron en sectores de San Bernardo y en las cercanías de la Universidad de Santiago, las que no tuvieron mayores repercusiones.

Mientras tanto, en Villa Francia ocurrieron incidentes menores, los que obligaron a modificar las rutas de diversos recorridos del Transantiago.

Incidentes menores se registraron también en La Florida, donde un vehículo fue incendiado, mientras que en Valparaíso y Rancagua se registraron cortes de tránsito, cortes de luz y barricadas.

En otras comunas como Pedro Aguirre Cerda, Renca y Estación Central la normalidad fue la tónica.

Carabinero herido

Un carabinero resultó herido leve tras recibir un impacto de bala, que de acuerdo a informaciones preliminares lo impactó en un tobillo.

Las heridas no fueron mayores debido a los implementos de seguridad usados por el uniformado.

El funcionario, cuya identidad se desconoce, solamente terminó con un hematoma producto del roce del proyectil.

Cooperativa

Autorizan recorrido de marcha del domingo que pasará por La Moneda

La Intendencia Metropolitana y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acordaron el recorrido de la marcha que se realizará el domingo 13 de septiembre por las calles de Santiago.

A la reunión realizada en dependencias del gobierno regional, asistieron el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orregpo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, además el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y representantes de Carabineros.

La movilización comenzará a partir de las 10 horas desde Plaza los Héroes para continuar por la Alameda, pasando frente al Palacio de la Moneda y doblará por calle San Antonio en dirección a la comuna de Recoleta para terminar en el Cementerio General.

Junto con hacer un llamado a que la marcha sea pacífica, Orrego pidió que el 11 de septiembre sea “un día de reflexión, un día de recuerdo de las personas que partieron y en caso alguno un día en que algunos se aprovechen para hacer actos, no solamente violentos, sino que en muchos casos abiertamente delictuales”.

En tanto que Pizarro destacó el acuerdo, el que calificó de “muy importante que por la autoridad se haya entendido que el derecho a marchar y rendir homenaje en La Moneda es fundamental, porque tiene que ver con que es el símbolo del quiebre institucional”.

Para el viernes 11, se han autorizado 12 actos conmemorativos, entre los cuales se encuentran romerías al monumeto del ex Presidente Salvador Allende, un acto en Cerro Chena en la comuna de San Bernardo, una velatón en el Estadio Nacional y un acto convocado por la agrupación en el Caupolicán.

Medidas para el 11 de septiembre

Un plan preventivo en coordinación con el Ministerio de Transportes, Transantiago, Carabineros y 13 municipios, es lo que está llevando a cabo la Intendencia Metropolitana para la jornada del 11 en la capital.

138 cuadrillas estarán dispuestas en caso de cortes de electricidad durante la noche y madrugada. A ello se suma la labor de las policías y fiscalías en la incautación de armas y la solución de órdenes pendientes.

Además, por primera vez se realizó un listado con 180 menores de edad que recurrentemente son detenidos realizando disturbios durante esta fecha.

La Nación

Gobierno conmemora 11 de septiembre con retraso en proyecto clave de DD.HH.

Durante toda la tarde de ayer, en el patio de Los Cañones en La Moneda se alistaron los últimos detalles para la ceremonia interreligiosa que se realizará hoy en Palacio como parte de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973.

La actividad se iniciará a las 11.00 y tendrá como objetivo central rendir un homenaje al ex Presidente Salvador Allende, donde están invitadas 500 personas. Pese a que todos los ex Presidentes fueron convocados a esta cita, sólo Patricio Aylwin y Sebastián Piñera no asistirán a la ceremonia.

Durante el discurso pronunciado el 11 de septiembre pasado, la Presidenta Michelle Bachelet destacó la decisión del gobierno de crear la Subsecretaría de Derechos Humanos como parte esencial de la agenda de su administración en esta materia, proyecto que en ese momento se encontraba en tramitación.

Un año después, la intención del Ejecutivo de destacar en el acto de hoy la aprobación de esta iniciativa se vio truncada: el miércoles el proyecto sufrió un revés en la comisión de Hacienda del Senado, luego que parlamentarios de la Alianza rechazaran cuatro puntos del texto, forzando ir a una comisión mixta. Esta se constituirá entre lunes y martes de la próxima semana.

Tras esto, el proyecto deberá ser revisado nuevamente por las salas de la Cámara y el Senado, lo que podría dilataría aún más su aprobación final. “La subsecretaría de DD.HH., lo más probable es que podamos despacharla, sino la próxima semana, de todas maneras durante el mes de septiembre”, aseguró ayer la ministra Javiera Blanco de Justicia, a cargo de sacar adelante esta iniciativa.

Dentro de los proyectos que aún se mantienen en tramitación en el Parlamento en materia de derechos humanos también se encuentra el proyecto que tipifica el delito de tortura, el que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y el reglamento que busca prohibir la entrega de beneficios carcelarios a condenados en causas de DD.HH.

Punta Peuco

La conmemoración del 42° aniversario del Golpe de 1973 en La Moneda también se da en medio de una serie de presiones por parte de organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de la Nueva Mayoría para que Bachelet decida el cierre el penal de Punta Peuco, donde actualmente hay 101 reos cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad.

La Mandataria, sin embargo, aún no ha manifestado una postura oficial al respecto.

Y ayer, tras una actividad en Palacio, la ministra Blanco dijo respecto de Punta Peuco que “hoy no hay una decisión en ese sentido”. Junto a esto, la secretaria de Estado agregó: “Lo que es un hecho cierto es que la capacidad de ese recinto está a su límite y por lo tanto lo que corresponde, como cualquier otro recinto, es poder identificar y habilitar otro para los futuros ingresos”.

Frente a este escenario, ayer la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, lamentó la poca relevancia que le ha entregado al gobierno a esta materia. “Sería un error que a casi dos años del gobierno de la Nueva Mayoría, de Michelle Bachelet, no haya señal alguna respecto de que se materialicen políticas que permitan terminar con la impunidad”.

Pese a que Pizarro, junto a otros dirigentes, está convocada al acto de hoy, ayer puso en duda su participación: “No hemos resuelto como organización si vamos a asistir o no”.

La Tercera