Artículo del sociólogo argentino Jorge Elbaum, en el que analiza la estrategia de las derechas regionales para deslegitimar los triunfos de los gobiernos populares
Las recientes elecciones en la provincia de Tucumán, realizadas el 23 de agosto último, en la que ha triunfado un gobernador del oficialismo kirchnerista, se han visto cuestionadas por parte de la oposición que ha judicializado el resultado electoral. La disputa político-judicial ha puesto nuevamente en la agenda la desestabilización que la alianza neoliberal lleva a cabo con el objetivo de quebrar al bloque latinoamericanista. La táctica utilizada en el caso de los procesos electorales consiste en deslegitimar sus convocatorias, anunciar posibles irregularidades y poner en duda los resultados de aquellos comicios cuyos vencedores responden, de alguna u otra manera, al bloque popular emergente desde hace quince años en el sur de nuestro continente. La estrategia ha sido pergeñada en escritorios de fundaciones y centros de estudio financiados por empresas trasnacionales que se han visto limitadas por las políticas económicas expansivas, sustentadas en el desarrollo de mercados internos, en complicidad con actores conservadores locales que han perdido sus privilegios políticos en los dos últimos decenios.
La ultima elección presidencial en Venezuela en 2013/2014 evidenció la utilización de estos dispositivos que algunos analistas nominan como “fraudización”. El primer movimiento consistió –en el caso venezolano– en difundir mediante medios de comunicación hegemónicos, la ausencia de garantías. El segundo movimiento consistió en estipular las pequeñas irregularidades (que suceden en toda elección) como genéricas y planificadas desde el oficialismo chavista. Desde ese momento, finales de año 2013, todos los procesos electorales de nuestro sub-continente han sido prejuzgados como potencialmente fraudulentos, sobre todo si alguno de sus competidores viene desafiando el clima político hegemónico sustentado por Europa y Estados Unidos.
La deslegitimación de los procesos electorales fue ejemplificada inicialmente por Henrique Capriles quien meses antes de las elecciones generales solicitó a la OEA, con sede en Washington, la presencia de veedores, ante lo que denominó un inminente “fraude escandaloso”, cuestionando a los observadores designados por la Unión de Naciones Suramericancas (UNASUR), comprometidas par ese fin. Otro de los dispositivos pre-electorales de deslegitimación, utilizado para cuestionar los resultados posteriores consistió en la utilización de indicadores de encuestas adulteradas, dispuestas para generar situaciones de conmoción interna para el caso de que la votación no corresponda con los guarismos pre-anunciados por dichas consultoras electorales.
Las estrategias post electorales de “imposición de agenda difusa” incluyeron exigencias extensivas hacia países vecinos reclamando –como sugirió la ex diputada opositora venezolana, María Corina Machado, en 2013—“posiciones mas firmes” en relación a la entonces contienda electoral. Esta demanda estuvo orientada a producir enfrentamientos con países vecinos, como el que se sucede en al actualidad entre Caracas y Bogotá, con el objetivo de sembrar un clima de conflictividad regional que contribuya a la desestabilización del Cono Sur.
El antecedente venezolano aparece como una clara estrategia continental que fue repetida sin mucho éxito en Brasil (http://bit.ly/1QLDtA8) y tiene su último capitulo en Argentina. Los justificativos de la deslegitimación han sido expresados por uno de los voceros de la oposición, quien defendió las acusaciones de fraude (en elecciones provinciales en Tucumán) postulando dudas sobre el voto universal: “La UCR nunca consentirá que se siga utilizando la pobreza como medio de sometimiento ciudadano”. Dicha afirmación asocia el voto de los sectores populares argentinos a una intrínseca forma de manipulación electoral, sugiriendo tácitamente la potencial conveniencia del voto calificado para los sectores “ilustrados”, libres del sometimiento electoral “generado” por la pobreza.
Algunos de los actores institucionales que aparecen como difusores de estos mecanismos son seguidores de las premisas del Think Tank “Instituto Albert Einstein”, cuya acción prioritaria supone “liberar a los pueblos del autoritarismo en todas sus formas”. El diagnóstico sobre el que se basa parte de la idea que el Estado no debe ser fuerte. Que la fortaleza del estado supone automáticamente concepciones autoritarias y cuasi-dictatoriales. Los “Estados fuertes” limitan –según estos seguidores del neoliberalismo– los mercados y las libertades ciudadanas. Todo Estado fuerte –sobre todo en su capacidad para generar políticas—debe ser derribado. Una gran parte de los tanques de pensamiento del republicanismo estadounidense son tributarios y seguidores de estos principios, sobre todo a la hora de pensar América Latina en la actualidad. Para estos intelectuales orgánicos, los gobiernos denominados populistas son –incluso– un peligro para la seguridad nacional de EEUU.
Sharp publicó su famoso texto en el año 1993 y fue titulado “De la Dictadura a la Democracia. Un sistema conceptual para la liberación”. En sus páginas se detalla un modelo para enfrentar a las dictaduras (aunque muchos de sus seguidores ampliaron su objetivo hacia gobiernos democráticamente electos etiquetados como “autoritarios” y/o populistas). La estrategia ha sido difundida como “estrategia de golpes blandos”, es decir, con ejercicios de intervención política ajenos a las intervenciones militares, usuales en la segunda parte del Siglo XX. Lo llamativo de los seguidores académicos y políticos de Sharp es la asociación (no siempre avalada por el autor de “La Dictadura a la Democracia) de lo que llaman “populismo” con las dictaduras. Para los sharpianos –distribuidos homogéneamente en todos los Think Tanks conservadores de las universidades estadounidenses— no existe diferencia entre una dictadura sangrienta y un gobierno electo democráticamente cuyo presidente sostenga concepciones contrarias al neoliberalismo. Esta incapacidad de disociación es lo que lleva a muchos diplomáticos y agregados políticos de Estados centrales a divulgar y promocionar la “lectura” de los 198 dispositivos sharpianos. El número 124 hace referencia a los proceso electorales. Y su desarrollo remite a (1) generar climas pre-electorales de desconfianza con respecto a situaciones de clientelismo, (2) divulgar situaciones de manipulación durante los comicios, (3) postular dudas sobre la fidelidad de los conteos y (4) dilatar los resultados finales para desacreditar a los triunfadores.
El texto es una “guía para quebrar gobiernos”, y está organizado en cinco fases. La primera etapa consiste en instalar el “malestar”, promoviendo un clima enrarecido de queja e incertidumbre. La segunda etapa se basa en pregonar y defender la “libertad de prensa”, supuestamente limitada por quien sustenta el gobierno (popular). La tercera etapa consiste en la convocatoria a acciones callejeras (como las que se sucedieron en agosto en Brasil y en 2009 en Argentina), de índole pacificas. La cuarta etapa es la divulgación del clima de ingobernabilidad, y la última, las organización de revueltas callejeras dispuestas a exigir la renuncia del gobierno.
La “fraudización” es uno de los 198 dispositivos dispuestos y sugeridos en la primera, la tercera y la cuarta etapa, orientado a deslegitimar el proceso electoral en sí y vaciar las capacidades de autonomía y gestión a futuro en el caso que el partido o el frente triunfador pertenezcan al “universo populista”. El fantasma del fraude, de esta manera, se instala paradójicamente como mecanismo para deslegitimar procesos electorales cuya participación, en porcentaje, duplica o triplica la masividad del voto en los países centrales.
Los sectores conservadores de América Latina (coherentes con sus guías estipuladas por los Think Tank) tienen la convicción que el movimiento actual de autodeterminación soberana ha tomado un impulso lo suficientemente peligroso como para permitir que se siga desarrollando. Leer con detenimiento las cinco etapas propuestas por los “sharpianos” se ha transformado en un ejercicio atractivo para quienes no pueden aceptar el deterioro de sus privilegios. Y menos aún, la estabilización y el crecimiento de los proyectos de integración latinoamericana.
