GOLPE SUAVE A LA PÁRAGUAYA

Brasil en vilo
Dilma teme que el Congreso dé hoy paso clave para su remoción

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EDUARDO CUNHA, ANUNCIARÁ SI ACEPTA UN PEDIDO DE "IMPEACHMENT"

Dilma Rousseff enfrenta horas decisivas para el futuro de su Gobierno. La posibilidad de un juicio político en su contra se ha convertido en más que una mera posibilidad. La presidenta de Brasil moviliza todos sus recursos de poder para impedirlo.
Brasilia - Dilma Rousseff suspendió su descanso y retornó precipitadamente a Brasilia para coordinar una nueva estrategia tras el anuncio del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de que definirá hoy la posibilidad del inicio de un juicio político contra la presidenta de Brasil.

Hoy a las 10 la Cámara baja reanudará sus actividades después de un receso, ocasión en la que Cunha definirá si da curso a alguno de los más de veinte pedidos de "impeachment" que fueron presentados en su despacho, lo que amenaza con desatar una tormenta política en el país.

"Mi actuación será la normal. Voy a tomar una decisión, dijo Cunha según el diario O Globo.

Se especula que entre los pedidos con más chances de ser avalados por el jefe de Diputados está el del jurista Hélio Bicudo, uno de los miembros de la primera hora del Partido de los Trabajadores, que hace una década rompió con la agrupación de Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva. Bicudo fundamentó su pedido en las llamadas"pedaladas" fiscales, esto es el maquillaje del déficit primario en 2014, y fue avalado la semana pasada cuando el Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó las cuentas públicas de ese ejercicio y giró su tratamiento final al Congreso.

Al conocer los planes de Cunha, Rousseff se trasladó el domingo al Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, a donde llegó procedente de la sureña ciudad de Porto Alegre, se informó ayer.

Desde allí monitoreó los contactos y dialogó con sus principales ministros y asesores sobre las formas en las que se podría bloquear en el Congreso el inicio de un proceso de juicio político en su contra.

"Tenemos que tener mayoría en el Congreso, tenemos que hacer valer la coalición" con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo la jefa de Estado a poco de retornar a la Capital Federal el domingo.

Aunque pertenece al PMDB, partido aliado del Gobierno, Cunha declaró oficialmente su paso a las filas opositoras el 17 de julio pasado. De él depende en principio dar curso o rechazar los pedidos de "impeachment".

"En realidad no hay ninguna acusación (real) contra la presidenta, pero Eduardo Cunha parece una fiera herida y podría aceptar un pedido de 'impeachment'", dijo un ministro bajo condición de permanecer en el anonimato.

El funcionario opinó que "el escenario es imprevisible" dado que Cunha podría estar dispuesto a generar una gran conmoción política luego de ser acusado por la Justicia de Suiza de tener activas al menos dos cuentas secretas con 2,4 millones de dólares, al parecer provenientes de coimas en el contexto del Petrolão.

En un clima interno que denota cada vez más desesperación, un grupo de diputados del Partido de los Trabajadores le pidió al STF que le impida a Cunha dar inicio hoy al proceso de juicio político.

Poco después de las acusaciones en su contra, los principales partidos opositores solicitaron a Cunha que deje su cargo hasta que se esclarezcan las denuncias.

Otro miembro del equipo de Rousseff consideró probable en diálogo con el sitio del Grupo Globo que Cunha dé luz verde al "impeachment" y de hacerlo "será su último acto antes de ir a la horca".

Así, a partir de hoy se pondrá a prueba la eficacia del nuevo gabinete presentado hace una semana por Rousseff, en el que se dio más peso al PMDB para asegurar su fidelidad ante un juicio político.

En el Gobierno entienden que ante la eventualidad de tener que dejar la presidencia de Diputados, Cunha podría acelerar la tramitación del "impeachment"o, al menos, la apertura de un trámite para analizar su viabilidad.


Agencias ANSA y Brasil247,

Reino Unido impondrá 4 condiciones a Bruselas para no dejar la Unión Europea

El Gobierno del primer ministro británico, David Cameron, trasladará cuatro exigencias clave a las autoridades de la Unión Europea como condición para que su país siga formando parte de la UE, escribe el periódico ‘The Telegraph’, que cita fuentes en el Gobierno británico.

Por Medios CC/CL -

11/10/2015




Actualidad RT | 11/10/2015

El primer punto del plan de Londres pasa por que Bruselas haga “una declaración explícita” acerca de que el Reino Unido no formará parte de ningún movimiento de la UE hacia “un superestado europeo”. Esto requerirá la exclusión de Reino Unido del principio fundamental de la UE de “unión cada vez más estrecha”, escribe ‘The Telegraph’.


Londres también exige de la Unión “una declaración explícita” que establezca que el euro no es la moneda oficial de la UE, dejando claro que Europa es una unión “multi-moneda”. Los ministros abogan por esta declaración a fin de proteger el estatus de la libra esterlina como moneda legítima.


En tercer lugar, Londres exige dar poderes al parlamento del país para que pueda bloquear directivas no deseadas de la UE y revisar las legislaciones vigentes de la Unión.


La exigencia final del Reino Unido pasa por cambiar la propia estructura de la Unión Europea. Londres insiste en una reorganización del bloque de los 28 países miembros a fin de proteger los intereses de los nueve países que no son miembros de la zona euro. Asimismo, exige protección especial para la City de Londres, uno de los distritos financieros más importantes de Europa.


A finales de mayo el Gobierno británico aprobó un proyecto de ley para celebrar un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE. La consulta debería celebrarse antes del 31 de diciembre de 2017.

Donald Trump ya reveló su plan fiscal

PAUL KRUGMAN - PROFESOR DE ECONOMÍA, ECONOMISTA INTERNACIONAL EN NUEVA YORK
Prueba de que el vudú no muere
Resulta que prodigaría enormes recortes a los ricos al tiempo que dispararía el déficit.
12 oct 2015

Barack Obama Foto: Reuters

Esto no marca un contraste con el plan de Jeb Bush, que bañaría con enormes recortes a los ricos al tiempo que dispararía el déficit, y el plan de Marco Rubio, el cual prodigaría enormes recortes a los ricos al tiempo que dispararía el déficit.

Por lo que vale, es como si el plan de Trump creara un hoyo incluso más grande en el presupuesto que el de Jeb. Alegando que duplicaría la tasa de crecimiento del país, Jeb justifica su plan; Donald promueve esto alegando que él triplicaría la tasa de crecimiento. Pero, de verdad, ¿por qué sudar los detalles? Todo es vudú.

La cuestión interesante es por qué cada candidato republicano se siente obligado a seguir este camino.

Se pudiera creer que hubiera un argumento defendible de tipo económico por la obsesión de reducir impuestos a los ricos. Esto es, se pudiera creer si uno hubiera pasado los últimos 20 años en una cueva (o en un conservador centro de análisis estratégico). De lo contrario, usted estaría consciente de que los entusiastas de reducciones fiscales tienen un notable registro probado: han estado equivocados con respecto a todo, año tras año.

Algunos lectores podrán recordar los pronósticos de perdición económica de vuelta en 1993, cuando Bill Clinton elevó la principal tasa fiscal. Lo que ocurrió más bien fue un auge sostenido, superando los años de Reagan en cada medida.

Sin intimidarse, la misma gente pronosticó grandes cosas como resultado de los recortes fiscales de George W. Bush. Lo que ocurrió más bien fue una lenta recuperación seguida de una catastrófica caída de la economía.

En fechas más recientes, los sospechosos usuales pronosticaron nuevamente la perdición en 2013, cuando los impuestos al 1% subieron marcadamente debido a la expiración de algunos de los recortes fiscales de Bush y nuevos impuestos que contribuyen a pagar la reforma de salud. Lo que ocurrió más bien fue un crecimiento de empleos a tasas no vistas desde los años noventa.

Cierto, se puede encontrar autoproclamados expertos económicos alegando que encuentran evidencia general de que bajas tasas fiscales impulsan el crecimiento económico, pero ese tipo de expertos invariablemente termina estando en la nómina de grupos de presión de la derecha. Estudios independientes de la correlación entre tasas fiscales y crecimiento económico, por ejemplo por parte del Servicio de Investigación del Congreso, no encuentran de manera consistente relación alguna. No existe un solo argumento serio en lo económico para la obsesión con la reducción de impuestos.

De cualquier forma, los recortes fiscales son populares políticamente, ¿cierto? De hecho, no lo son, cuando menos cuando se trata de reducciones fiscales para los ricos. Con base en Gallup, solo 13% de los estadounidenses cree que individuos de altos ingresos pagan demasiados impuestos, en tanto 61% o cree que pagan muy poco. Incluso entre quienes se identifican como republicanos, aquellos que dicen que los ricos deberían pagar más superan a quienes dicen que dicen que ellos deberían pagar menos, por 2 a 1.

Así que cada republicano que pudiera ser presidente está comprometido con una política que es tanto demostrablemente mala economía como profundamente impopular. ¿Qué está pasando? Bien, consideremos la trayectoria de Marco Rubio, quien pudiera en este punto ser el nominado republicano más probable. El año pasado apoyó un plan de reducción fiscal concebido por el senador Mike Lee, que supuestamente iba enfocado a los pobres y la clase media. En realidad, sus beneficios se inclinaron con fuerza hacia los ingresos altos… pero siguió captando duras críticas de la derecha por darles demasiado a familias ordinarias al tiempo que no redujo impuestos en la medida suficiente para los mayores ingresos.

Así que Rubio regresó con un plan que eliminaba impuestos sobre dividendos, ganancias de capital y riqueza heredada, suministrando una enorme bonanza para los muy ricos. Repentinamente, se hablaba mucho sobre él entre donadores republicanos. El nuevo plan sumaria billones de dólares al déficit, por lo cual se interesan conservadores, según alegan, pero eso no tiene importancia.

En otras palabras, es directo y bastante claro: los republicanos apoyan grandes reducciones de impuestos para los ricos porque eso es lo que quieren donadores ricos. Sin duda la mayoría de esos donadores han logrado convencerse de que lo que es bueno para ellos es bueno para Estados Unidos. Sin embargo, en la raíz es sobre gente rica que apoya a políticos que los volverán más ricos. Todo lo demás es mera racionalización.

Por supuesto, una vez que los republicanos se pongan de acuerdo en un nominado, un ejército de armas a sueldo será movilizado para oscurecer esta escueta verdad. Veremos alegatos de que es realmente una reducción de impuestos para la clase media, que éste también hará grandes cosas por el crecimiento económico, que miren por allá: ¡mensajes de correo electrónico! Además, dadas las convenciones del periodismo del tipo de "él dijo-ella dijo", esta campaña de ofuscación podría funcionar.

Aunque rechazó hablar de soberanía.

Chile dispuesto a mejorar acceso de Bolivia al mar (Canciller Muñoz)

10/10/15 

“Chile siempre ha estado dispuesto a mejorar el acceso que Bolivia tiene el mar, eso sin lugar a dudas, lo hemos dicho, incluso se realizaron conversaciones sobre el tema en el pasado”, destacó Muñoz a la emisora.

Sin embargo, el diplomático remarcó que no hablaría de soberanía porque entiende que obligaría a remitirse a la lógica del siglo XIX y discutir todo lo que fue zanjado entonces.

Creo que debemos considerar las pérdidas que tuvo Bolivia con todos sus vecinos y eso me parece algo inconducente a una relación de respeto y provecho mutuo, añadió Muñoz a la emisora, inaugurada el 2 de febrero de 1939.

En ese sentido, puso como ejemplo que Chile dio a Bolivia una concesión de 3,7 hectáreas en Arica para el oleoducto Arica-Sica Sica, además de 13 hectáreas para el “conducto”, lo que se suma, según dijo al más “amplio y libre” tránsito que tiene por territorio y puertos chilenos.

Muñoz considera que lo adecuado sería apuntar a mejorar esas concesiones a Bolivia en territorio chileno y sentarse para ver “qué otras variantes podemos hacer juntos”, afirmó.

Según el diplomático chileno, Bolivia no está lejos de esa postura porque el presidente Evo Morales, con la demanda ante La Haya intentaba “tocar” el Tratado de 1904, detalle que reiteradamente el gobierno boliviano negó.

No obstante el titular de Relaciones Exteriores de Chile agregó que es posible encontrar fórmulas que no toquen la soberanía, pero que apunten a mejorar el acceso de Bolivia al océano Pacífico.

Bolivia fue invadida en febrero de 1879 por Chile en lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, que dejó al país sin 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales.

Desde entonces los gobiernos bolivianos reivindicaron la causa en diferentes foros internacionales, hasta que en 2013 presentó el caso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual acaba de declararse competente para analizar la demanda.

PL

Cinco miradas sobre el Acuerdo Transpacífico (TPP)

Stiglitz-Hersh, Selley, Adrianzén, Elizondo, Gershenson

11/10/2015


San Diego, CA - STOP TPP - Trans-Pacific Partnership Agreement - Overpass Light Brigade. Clairemont Mesa Drive over I-5.

A contnuación ofrecemos cincoo miradas distintas sobre la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y sus consecuencias para América latina y el Caribe, y sobre las discrepacias en la interno de Estados Unidos.


La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica

Joseph Stiglitz-Adam S.Hersh| Mientras negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico se reúnen en Atlanta con el propósito de ultimar detalles del radicalmente nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), es justo y necesario realizar un análisis sobrio. El mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia no es lo que aparenta ser.

Oirá mucho sobre la importancia que tiene el TPP para el “libre comercio”. La realidad es que este es un acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros –y para hacer esto en representación de los más poderosos lobistas de negocios de cada país–. No nos confundamos: es evidente del análisis de los principales asuntos pendientes, sobre los que los negociadores aún están regateando, que el TPP no gira alrededor del “libre” comercio.

Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo debido a la forma en que Canadá y Estados Unidos administran el comercio de los productos lácteos. Australia no está contenta con la forma como Estados Unidos y México administran el comercio del azúcar. Y Estados Unidos no está contento con la forma en que Japón administra el comercio del arroz. Estos sectores industriales están respaldados por significativos bloques de votantes en sus respectivos países. Y ellos representan solo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP implementaría una agenda que, en los hechos, funcionaría en contra del libre comercio.

Para empezar, considere lo que haría el acuerdo en cuanto a ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, tal como nos dimos cuenta al leer versiones del texto de negociación que se filtraron al exterior. La investigación económica muestra claramente las razones por las que tales derechos de propiedad intelectual conducen, en el mejor de los casos, a que la investigación farmacéutica sea débil. En los hechos, existe prueba de que ocurre lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre los genes BRCA, ello condujo a una expansión rápida de la innovación, lo que a su vez se tradujo en mejores pruebas de detección a menores costos. Ciertamente, las disposiciones del TPP van a restringir la competencia abierta y elevarán los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos y en todo el mundo –esto se constituye en un anatema para el libre comercio.

El TPP administraría el comercio de productos farmacéuticos a través de una variedad de ostensiblemente arcanos cambios en las reglas, sobre temas tales como la “vinculación de patentes”, la “exclusividad de los datos” y los “productos biofarmaceúticos”. El resultado de esto es que a las compañías farmacéuticas se les permitiría alargar prácticamente –y algunas veces casi indefinidamente– sus monopolios de medicamentos patentados, así como mantener fuera del mercado a medicamentos genéricos más baratos y bloquear, durante muchos años, la introducción de nuevos medicamentos por parte de competidores “biosimilares”. Esta sería la forma como el TPP administraría el comercio en lo que respecta a la industria farmacéutica, si Estados Unidos se sale con la suya.

Del mismo modo, considere cómo Estados Unidos espera utilizar el TPP para administrar el comercio en el ámbito de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras con sede en Estados Unidos han utilizado mecanismos de adjudicación para inversores extranjeros, mismos que fueron creados mediante acuerdos similares al TPP, para luchar en contra de regulaciones destinadas a frenar el tabaquismo, un flagelo que afecta a la salud pública. Bajo estos sistemas de arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por su denominativo en inglés: investor-state dispute settlement), los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos pára de mandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones.

Los intereses corporativos internacionales promueven el uso de los sistemas ISDS, cuando ello se considere necesario, con el fin de proteger los derechos de propiedad donde no hay imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. Estados Unidos está tras el logro de implementar el mismo mecanismo en el caso de un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión, a pesar de que existen pocas dudas sobre la calidad del sistema legal y judicial de Europa.
Con toda certeza, los inversores –independientemente de dónde estén ubicadas sus sedes principales– merecen protección frente a la expropiación o las regulaciones discriminatorias. Pero, los ISDS van mucho más allá: la obligación de compensar a los inversores por pérdidas de ganancias esperadas puede y se ha aplicado incluso cuando las reglas no son discriminatorias y las ganancias se obtienen causando daños a la comunidad.

La corporación conocida anteriormente como Philip Morris está actualmente tramitando casos de este tipo en contra de los gobiernos de Australia y Uruguay (que no es un socio del TPP) debido a que dichos gobiernos exigieron que los cigarrillos lleven etiquetas de advertencia. Hace unos años, Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, se retractó de introducir el uso de una etiqueta de advertencia que tenía una eficacia análoga.

Dado el velo del secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido de algunos aspectos de los ISDS. De cualquier manera, el tema más amplio continúa siendo el mismo: dichas disposiciones hacen que sea difícil para los gobiernos llevar a cabo sus funciones básicas; es decir, proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y proteger el medio ambiente.

Imagínese lo que hubiese sucedido si estas disposiciones hubieran estado establecidas cuando se descubrieron los efectos letales del asbesto. En lugar de clausurar a los fabricantes y obligarlos a indemnizar a quienes sufrieron daños, bajo las disposiciones de los ISDS, los gobiernos hubiesen tenido que pagar a los fabricantes para que dichos fabricantes no maten a sus ciudadanos. Los contribuyentes hubiesen sido gravados por doble partida: primero para pagar por los daños a la salud causados por el asbesto, y luego para pagar a los fabricantes por haber perdido ganancias cuando el gobierno intervino con el objetivo de regular un producto peligroso.

No debería sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de Estados Unidos produzcan comercio administrado en lugar de libre comercio. Eso es lo que sucede cuando se cierra el acceso al proceso de formulación de políticas a las partes interesadas no empresariales– sin tener que mencionar a los congresistas, quienes son los representantes elegidos por los ciudadanos.

El Acuerdo Transpacífico: nuevas ilusiones y tercas realidades


Orlando Delgado Selley| 

Negociando en sigilo, como si se tratara de estrategias para ganar alguna guerra, operadores de 12 países han firmado lo que denominan el mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia. Aunque se nos pretende vender como la nueva gran oportunidad para que México se incorpore decisivamente a los flujos comerciales de mayor trascendencia, la declaración del presidente Obama al firmar el documento explicita claramente el sentido estratégico de este acuerdo: evitar que China controle el grueso de los flujos de mercancías y servicios en esta importante zona comercial del mundo, señalando que no se le permitirá escribir las reglas del comercio mundial. Este propósito no ha sido discutido en ninguno de los espacios deliberativos mexicanos. Así que habría que ver lo que se opina en el Senado de la República en relación con este planteo estratégico que ha aceptado implícitamente nuestro gobierno.

La Secretaría de Relaciones Exteriores planteó ayer que este acuerdo será una vía privilegiadapara que México profundice su participación en una región fundamental. No precisó la manera en la que se ha protegido a la industria nacional ya que, como es obvio, cuando se firman acuerdos iguales entre desiguales quienes se benefician son los que tienen mayor fortaleza económica. Los grandes jugadores en este acuerdo son Estados Unidos, Canadá, Japón y, más precisamente, los propietarios de industrias específicas cuyos lobbies han logrado que se aprueben acuerdos contrarios al libre comercio y al impulso a la innovación, como la industria farmacéutica que consiguió que se amplíen los derechos de propiedad intelectual de modo que se restringirá la competencia y se elevarán los precios.

Otro asunto relevante que la Cancillería y la Secretaría de Economía tendrá que explicar es el relativo a la aceptación de los sistemas de arbitraje de diferencias Estado-inversionista, los llamados ISDS (por sus siglas en inglés). Con esta aceptación, como lo ha explicado Stiglitz (La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, Project Syndicate, 2 de octubre), se reconoce el derecho a que los inversionistas extranjeros demanden a gobiernos nacionales frente a árbitros privados, cuyas resoluciones serán vinculantes, cuando consideren que las normativas nacionales disminuyen la rentabilidad esperada. Estos ISDS pueden obligar a compensar a inversionistas privados por ganancias menores a las esperadas, aunque estas ganancias causen daños tangibles a la comunidad. Es obvio que gobiernos relativamente débiles serán vulnerables a las presiones de empresas globales fuertes.


El acuerdo tendrá que ser aprobado por los parlamentarios de los países firmantes. Obama ha iniciado una campaña para convencer al Congreso de ese país que los intereses que se salvaguardaron son relevantes para el conjunto de los empresarios de su país. Se trata de convencerles que su gobierno le ha dicho al mundo que se trata de un acuerdo de libre comercio, aunque en realidad sea otra cosa: un acuerdo para un comercio administrado, porque ello sirve a los intereses estadunidenses. En México, el gobierno federal ni siquiera será capaz de articular inteligentemente una campaña para que se apruebe lo que firmó escondiéndose de empresarios y productores legítimamente interesados en lo que se firmaba. Apelará a su mayoría en el Senado que, como se mostró ayer, repetirá los argumentos gubernamentales, aunque sean absurdos.

En el proceso de aprobación parlamentaria en México se demostrará que, de nuevo, para el gobierno federal no hay intereses que valgan salvo los suyos. No les importa que sectores económicos relevantes del país resulten perjudicados. Les interesa poder presumir que están cambiando al país. Lo están haciendo, pero en un sentido contrario a los intereses de la mayoría. Abrir la discusión y hacer públicos los acuerdos firmados es un paso absolutamente indispensable para conocer la naturaleza de lo firmado. Lo que se sabe hasta ahora es alarmante. Esperemos que en el Senado, por lo menos, se genere una discusión que permita analizar cuidadosamente las pretensiones de los dueños de industrias en las que predominan los intereses estadunidenses y sus efectos sobre la economía mexicana.

* Publicado en La Jornada

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El TTP o la capitulación de la nación

Alberto Adrianzén|Dos días después del tres de octubre, fecha del famoso golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, en 1968, y cuatro días antes del llamado “Día de Dignidad Nacional”, que recuerda la toma de la IPC en ese mismo año, el presidente Humala, militar de carrera y seguidor según él mismo del pensamiento velasquista, dio “luz verde” a la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP). Acuerdo que reúne a doce países de la cuenca del Pacífico, entre ellos al Perú y EE.UU., y que crea una zona de libre de comercio.

El tema del TPP no es poca cosa. No solo porque va más allá de los TLC, o porque los consumidores se verán afectados como sucede con el tema de los medicamentos y la salud, o porque limita nuestros derechos en Internet y pone obstáculos al acceso al conocimiento y la cultura, o porque afecta nuestros derechos como consumidores; sino también –como bien ha dicho Joseph Stiglitz– porque “está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados”.

No es extraño que este tratado se haya negociado en el más absoluto secreto por cinco años. Y la razón simple: se han aceptado casi todas las demandas de EE.UU. y de las empresas transnacionales, como ha sucedido en el tema de la salud y medicamentos al permitirles ampliar el plazo de exclusividad de algunos medicamentos, retrasando así que las industrias locales puedan fabricar medicamentos genéricos más accesibles para la población.
Como también que el Perú renuncie a su soberanía al aceptar tribunales arbitrales internacionales frente a los reclamos de las transnacionales. Ahora, si un gobierno promulga una ley que afecta las posibles ganancias de una transnacional, esta puede acudir a dichos tribunales porque sus expectativas económicas se han visto frustradas o perjudicadas. De ahora en adelante los países que han firmado el TPP tendrán que pedirle permiso a las transnacionales antes de legislar. Por eso hablar de “capitulación” como bien ha dicho el Premio Nobel no es ninguna exageración y menos demagogia.

Y es que en realidad, la política que solo busca firmar los Tratados de Libre Comercio, como ha hecho este gobierno y los anteriores (y que el TPP supera), que rebajan los aranceles para productos agrícolas importados, que aumenta la protección para las inversiones extranjeras, así como para las patentes médicas, que desregula más aún los derechos laborales y sobre todo, como decimos, recorta la soberanía de los estados permitiendo que las empresas transnacionales los demanden en fueros internacionales cuando consideran que sus intereses han sido perjudicados, no ha sido ni es el mejor camino.

Año tras año, desde el 2010, nuestro déficit comercial se acrecienta a pesar de los TLC, habiendo batido el 2014 un récord histórico de menos de US 2,554 millones de dólares, cifra que seguramente será mucho mayor el 2015, ahora que han caído estrepitosamente los precios de los minerales, que constituyen lo central de nuestra canasta exportadora.
Y si a todo ello le sumamos la posibilidad de que el Perú firma también el TISA (Trade in Service Agreement), por sus siglas en inglés, es decir un Tratado Comercial de Servicios que está negociando también secretamente, al margen de la OMC y que liberaliza aún más, como lo hace el TPP, el comercio de servicio, es claro que pasaremos a ser una colonia de las transnacionales.

Como ha dicho Julian Assange, fundador de los wikileaks, EE.UU. es un “imperio moderno” que tiene como principales armas por un lado, las bases militares (más de 1,000 repartidas en 120 países); y por otro, los tratados comerciales que se negocian secretamente y que son básicamente tres: el TPP que abarca la cuenca del Pacífico y que ya se firmó; el TISA el Tratado de Servicios que lo negocian más de 100 países y el TTIP (Tratado de Comercio y de Inversiones) que abarca a Europa y que hoy está detenido por desacuerdos con Francia.

Con estos tres tratados, más las bases militares, EE.UU. y las transnacionales, buscan dar un golpe de estado geopolítico a nivel mundial con el objetivo de enfrentar el poderío de la China y mantener su hegemonía a nivel mundial. Asistimos a una nueva fase o una nueva época en la cual lo importante es el dominio creciente de las transnacionales, tanto en el mundo económico como el político.

Por eso resulta no sé si trágico o irónico que en el mes de octubre, que nos recuerda al proceso velasquista, un Presidente y un gobierno que levantaron las banderas del nacionalismo, acaben firmando el TPP que no es otra cosa que la capitulación de una nación.

**Parlamentario Andino

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El Mercosur ante un nuevo dilema: sumarse al TTP

Marcelo Elizondo|En los últimos días se ha firmado entre los jefes de Gobierno de 12 países el más relevante acuerdo intercontinental de integración económica. El denominado TTP prevé ambiciosas reducciones arancelarias para el comercio y a la vez armonizaciones y confluencias en normas que rigen la administración de las relaciones económicas entre esos países. El acuerdo incrementará definitivamente el comercio entre las empresas de esos países. Y generará que, como ocurre cuando el comercio internacional crece, crezcan para ellos la producción, la calidad del empleo, el encadenamiento virtuoso entre grandes y pequeñas empresas, el acceso a divisas y la recaudación fiscal.

Los firmantes (12 países, entre los que están EE.UU., Japón, Canadá, Australia, Malasia; y tres latinoamericanos: México, Perú y Chile) conforman un conjunto de economías que representan el 40% del producto bruto mundial, el 12% de la población del globo y un tercio del comercio internacional en el planeta.

Ahora bien, este muy relevante hecho internacional no ocurre aislado. En verdad, en el mundo hay hoy (además de este acuerdo celebrado en los días recientes) otros dos grandes procesos negociatorios de integración económica: el llamado TTIP (EE.UU., Canadá, UE), que involucra el 45% del PBI mundial y el 12% de la población del globo; y el gigantesco RCEP (China, India, Asia Pacífico, Australia), que incluye el 49% de la población mundial y el 29% del producto bruto del globo).

Algo relevante es que estos procesos (que no se detienen ante la desaceleración del comercio transfronterizo de los últimos meses) no se conforman con la negociación de reducciones arancelarias, cupos para comercio o tratamiento de defensa comercial, ya que ahora estas nuevas negociaciones además generan marcos para la propiedad intelectual, comercio de servicios, protección de inversiones, contratación pública, movimiento de personas, regulaciones ambientales, normas laborales, convergencia regulatoria para la actividad económica y normas técnicas de administración del comercio en general. Conceden marcos de referencia (económicos, jurídicos y políticos), más allá de las fronteras, para que la actividad económica se desarrolle.

Este hecho es de gran relevancia para el Mercosur, principal bloque al que la Argentina pertenece. El Mercosur está invitado a iniciar conversaciones con la Alianza del Pacífico (al que pertenecen los tres latinoamericanos firmantes del TTP) y tiene por delante el desafío de la ya larga negociación con la Unión Europea, que generaría un espacio que incluiría al 25% del producto bruto mundial.

Los grandes bloques mundiales no se conforman ya con su mera existencia, y tienen en plena marcha negociaciones (algunas, como hemos visto en estos días, ya con avances de ribetes históricos) con terceros para ampliar los espacios de integración.

En nuestra misma América del Sur los acuerdos también han avanzado. Mientras que a mediados de la década de los años 90 poco más del 20% del comercio regional estaba libre de aranceles, al inicio de la presente década (2010) este porcentaje se acercó al 60%. Dice la CAF que el porcentaje del comercio regional que se beneficia de las preferencias arancelarias negociadas es de más del 77% del total.

Sin embargo, si bien hay numerosos acuerdos entre países de la región; no son tan abundantes los de los países de Sudamérica con terceros mercados. Mientras intra región hay acuerdos entre casi todos, sólo Colombia, Chile y Perú concentran la casi totalidad de acuerdos de libre comercio celebrados por países de América del Sur con terceros países.

En todo el mundo se expanden las negociaciones para la integración económica. Según la OMC hay más de 300 acuerdos comerciales celebrados entre países que se conceden condiciones preferenciales (facilitadas) para los negocios. Esta realidad (que ha hecho que el mundo exportara el año pasado casi el 40% de lo que produjo) es nueva: de los alrededor de 300 acuerdos vigentes, más de 200 han sido negociados desde 1990 hasta hoy. Todos los países de la OMC (con excepción de Mongolia) participan en al menos uno de estos acuerdos.

Hay diversos tipos de acuerdos comerciales internacionales. Los hay menos profundos, pues sólo eliminan aranceles, mientras que otros son más intensos, dado que incluyen compromisos regulatorios en distintas áreas (inversiones, propiedad intelectual, solución de controversias, etc.). El Mercosur está incluido entre los primeros. Pero las manifestaciones de los últimos meses sobre el presente y el futuro del propio bloque provenientes de Brasil y Uruguay llevan a pensar que, ante la dinámica descripta, el bloque al que pertenecemos se enfrenta a una discusión sobre una nueva estrategia.

Según la OMC, alrededor de la mitad de los flujos comerciales globales se lleva a cabo entre países que tienen entre sí acuerdos comerciales. Nuestra región sudamericana no escapa a esta tendencia. En América del Sur los países han suscripto un total de 65 acuerdos comerciales, de los cuales 54 se han negociado con otros países en vías de desarrollo y 11 con países desarrollados (15 de los acuerdos comerciales existentes han sido negociados con países asiáticos).

El Mercosur, pues, se enfrenta ahora, y ante la dinámica integrativa internacional, a la necesidad de una discusión interna esencial.

* Director general de la consultora DNI, Publicado en La República

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Oposición … también en Estados Unidos

Antonio Gershenson| Hay varios ejemplos de un viraje a la izquierda en Estados Unidos con un ascenso en las encuestas del candidato socialista Sanders, y una baja en la de Hillary Clinton, que de todos modos sigue siendo la favorita para la candidatura presidencial del Partido Demócrata, y también de la próxima presidencia.


Clinton había tenido el cuidado de no pronunciarse sobre el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, que ha de ser terrible para que lo hayan mantenido en secreto. En Estados Unidos han expresado su oposición al acuerdo, entre otros, los sindicatos, los grupos defensores del medio ambiente y varios de los llamados grupos liberales. Todos ellos, cuyos votos son muy necesarios para Clinton, en las elecciones primarias pero especialmente en los comicios presidenciales, por lo que ya hizo la primera declaración al respecto:

Clinton ahora ya se pronunció, afirmó no respaldar el acuerdo porque no contempla sanciones contra los países acusados de manipular su moneda, y porque las medidas dan demasiadas ventajas a las compañías farmacéuticas en detrimento de los pacientes y los consumidores.

El mes pasado, Clinton se opuso al oleoducto Keystone KL, que transportaría petróleo de Canadá al sur de Estados Unidos. En agosto, ella misma dijo que la decisión de Barack Obama de aprobar excavaciones petroleras submarinas en el Ártico no justifican los riesgos que representan para el medio ambiente. Además, ha dado a entender un desacuerdo con la política dura de Obama contra Rusia, Siria e Irán.

La mayor de las organizaciones sindicales, la AFL-CIO, pidió que se dieran a conocer los aspectos secretos del acuerdo, pues como lo dijimos, apresurarse a un mal acuerdo no traerá estabilidad económica a las familias trabajadoras.


Ya no digamos la presión del número creciente de posibles votantes que ha favorecido a Sanders en las encuestas.

Ahora se han filtrado de otros países algunos secretos como libertad para las grandes empresas para productos químicos para la agricultura y protección para su propiedad intelectual. Otros golpes al campo mexicano.

También hay limitaciones por el derecho a la información y al uso de Internet.

Todo indica que el gran apoyo a Obama es de grandes negocios, en especial de farmacéuticas. Pero, ¿cuántos votos le van a garantizar a su partido, si buena parte de ellos apoya a los republicanos?

Dicen que hacen esta medida para defenderse de China, pero ¿quiénes tienen más crecimiento económico? Hablan de la crisis de China y los que están o estamos en verdadera crisis somos nosotros. Vamos a hacer listas comparativas, todas del Banco Mundial, de 2014.

De esta parte del mundo (incluimos a Japón, primermundista y con bases militares estadunidenses):



¿Qué, se los va a comer China? Ella y sus vecinos sí progresan, aunque digan que está en crisis (mira quién habla). El presidente de Estados Unidos, en vez de trabajar para monopolios de su país y de otros, debería preocuparse por su posición política, como vimos al principio en la forma como se le critica.

Nosotros sí debemos preocuparnos por nuestro país. Ya hemos visto lo del Tratado de América del Norte, pregúntenles a los campesinos, a los ex obreros de industrias quebradas y demás.

En las oficinas de altos funcionarios han de estar brindando. Cada vez más lana. Cada vez más agradecimientos, principalmente en inglés.

Si en Estados Unidos están en contra sindicatos, ambientalistas y otros, ¿quiénes no lo estarán aquí cuando empiecen a sentir los trancazos, ahora en secreto?

*Economita mexicano. Publicado en La Jornada